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Dictadura del mercado: contradictio in terminis

Por Juan Ramón Rallo Julián

Los furibundos defensores del mastodóntico intervencionismo estatal, al ser anatematizados como enemigos de la libertad, responden complacientes que es el Estado quien realmente garantiza la libertad al impedir la dictadura del mercado.

Es curioso que los defensores del Estado interventor sólo puedan denigrar el mercado recurriendo a una construcción imaginaria, la dictadura, que únicamente existe en cuanto a Estado. Se suele hablar de dictadura de los sentimientos, de dictadura de las necesidades, de dictadura de las pasiones, etc..., pero en todos los casos se trata de comparar una situación más o menos agradable con una forma de administrar la fuerza: el Estado dictatorial.

El mercado sería malo, pues, en tanto en cuanto se pareciera al Estado y, en concreto, al Estado dictatorial. Sin embargo, los remedios keynesianos para garantizar nuestra libertad pasan por la contradicción de restar protagonismo al mercado y sustituirlo por la única estructura que precisamente puede dar forma a una dictadura y acabar con la libertad, esto es, el Estado.

Es el mercado el que reduce a su mínima expresión las dictaduras; el mercado nunca podrá ser una dictadura, precisamente, porque se enfrenta al Estado, el único que puede derivar en una dictadura en cuanto a tal.

Claro que tal vez los antiliberales se refieran a que el mercado se comporta como una dictadura, esto es, sigue las pautas de una de las expresiones y facetas de su queridísimo Estado. Para ello habría que especificar cuál es la característica definitoria de la dictadura y comprobar si se reproduce, o no, en el mercado.

Todo Estado se asienta sobre la necesidad de que algunas, muchas o pocas, personas deben ser coaccionadas para que varíen su comportamiento hacia el deseado por los políticos. Si el Estado no comportara coacción, si se supone que el Estado actúa de acuerdo a como actuarían todos y cada uno de los miembros que engloba y domina, simplemente la existencia del Estado sería algo irrelevante e inservible: los individuos llegarían a idéntico destino con o sin Estado. Pero, a todas luces, ese extremo no se sostiene.

El Estado posee el poder legítimo para cambiar de rumbo a la acción humana según la fantasiosa idea de la soberanía estatal, entelequia renacentista acuñada por Bodino que sirvió de apoyatura moral al absolutismo. La soberanía estatal liga la realidad a los deseos del poder gubernamental; de ahí, que desde el Renacimiento, la ciencia del "deber ser", el Derecho, haya sido absorbido de una manera total por el Estado. Le es lícito al Estado imponer su ideal del mundo porque tiene soberanía.

La evolución histórica y de las ideas políticas preponderantes no atacó de clave el concepto de soberanía estatal, se limitó a alterar su origen. La soberanía ya no procedía, como en las monarquías absolutas, de la tradición o de Dios, sino del pueblo. Era, pues, el pueblo el que tenía legitimidad para coaccionar determinadas partes de su cuerpo conjunto. Los individuos seguían sumidos a un idéntico poder represivo, con la diferencia de que éste hallaba su base fundacional en una suerte de propiedad común, de soberanía nacional, de todo el país. La representación política, el sistema democrático, es tan sólo el instrumento con el que dotar de cierta funcionalidad a la idea de soberanía nacional.

La dictadura, si bien mantiene la idea de soberanía estatal, troca su procedencia. La legitimidad, como en el caso del absolutismo, puede proceder del ungimiento divino, del sentir de la patria, del inexorable devenir histórico o de la simple victoria militar. Con todo, la idea central es idéntica: el Estado puede ejercer su poder coactivo para alterar el comportamiento libre de algunas personas. Y como ya dijo José Martí, cambiar de amos no es ser libre.

El mercado, en cambio, se basa en las relaciones voluntarias. Sólo los derechos naturales establecen límites a la acción individual, ésta no depende de la arbitraria aquiescencia de ningún superhombre estatalizado. El mercado, pues, torpedea la anquilosada idea de soberanía estatal: somos soberanos de nosotros mismos, podemos actuar legítimamente, sin cortapisa alguna, sobre nuestro cuerpo. Esta concepción de soberanía, a diferencia de la estatal, limita el ejercicio del poder legítimo al propio individuo y a su propiedad. No altera únicamente la procedencia, sino también y, en especial, los destinatarios. Nadie puede iniciar el uso de la fuerza contra otra persona, ya que ésta no viene avalada por ninguna soberanía sobre el resto de los individuos.

Así pues, las ideas de mercado y de dictadura son antagónicas. Los requisitos sobre los que descansa la dictadura no se ven, en absoluto, satisfechos con el mercado. La dictadura es una estructura estatal emparentada con la idea de soberanía estatal que irradia. Lo mismo puede señalarse de la democracia, o dictadura de la mayoría, que parte, igualmente, del concepto de soberanía estatal; en otras palabras, que la abstracción del todo reprima a la realidad material de las partes.

Son las ideas keynesianas las que, en definitiva, posibilitan comportamientos dictatoriales y estrujan la libertad. Al fin y al cabo, fue el propio Keynes quien manifestó que sus ideas se adaptaban mucho más fácilmente a las condiciones de un estado totalitario que a las del libre mercado. Dicho de otro modo, se adaptan más fácilmente a una situación donde el Estado prime sobre el mercado, donde la coacción y la dirección determinen el camino de la acción. ¿Es ésa la libertad que nos promete el intervencionismo?
 
El intervencionismo proclama que el mercado sólo sirve para "aquellos que pueden pagárselo", por ello, aseveran, es necesario que el Estado provea gratuitamente los servicios básicos y fundamentales; que satisfaga las auténticas necesidades de las personas.

Desde luego, en primer lugar habría que objetar que los mentados servicios básicos no pueden ser provistos gratuitamente, al menos, si no legalizamos la esclavitud y el trabajo forzoso. La gente espera recibir una compensación a cambio de sus horas de trabajo, y ese salario lo obtiene el Estado sustrayéndolo de la renta de una parte de sus súbditos. La gratuitidad hace referencia a que unas personas pagarán por los productos que otras disfrutarán.

Pero existe, si cabe, una mayor objeción contra este plan gubernamental: la imposibilidad material de conocer cuáles son las necesidades de las personas. Se trata, en el fondo, de un problema de orden epistemológico que incapacita tanto la recolección de la información necesaria, en continua y revolucionaria creación, cuanto la valoración y estimación correcta de la misma.

Sin mercado, como bien acertó en señalar Mises, los individuos no disponemos de medio alguno para averiguar las necesidades humanas. Son los precios de mercado los que incorporan las comparaciones históricas de valor y, por tanto, los que descubren al empresario una apoyatura sobre la que auscultar las necesidades futuras.

Claro que el empresario puede errar en su vaticinio; puede cometer errores empresariales y, en consecuencia, incurrir en pérdidas. Este hecho sólo constituye un magnífico indicador de que el empresario está utilizando recursos que tienen otros usos preferentes. Es lógico, pues, que la empresa desaparezca del mercado y sus factores de producción se dirijan hacia aquellas producciones donde afloran los beneficios, esto es, que satisfacen necesidades que la mayoría de los individuos juzga esenciales.

El Estado entre otras actuaciones contra "la dictadura del mercado" propone, aunque ésta sea una solución caída en desuso, la creación de empresas públicas que no sigan estrictamente el patrón "usurero de los beneficios". Deben tenerse en cuenta, braman, otras consideraciones como los beneficios sociales.

Aún admitiendo a efectos dialécticos la existencia de estos "beneficios sociales"(que en todo caso serán descubiertos, apreciados y procesados de manera subjetiva por cada individuo) al Estado le resultaría imposible reconocerlos y delimitarlos. Sería una pura y dura profesión de fe hacia las letanías del filósofo gobernante.

Ahí pues reside el núcleo duro de la controversia. El Estado denigra los beneficios como un fruto de la explotación y de la avaricia capitalista. Ignora su componente indicador de la función empresarial y trata de suprimirlos u obviarlos. La empresa pública no debe buscar el beneficio, sino el bienestar social. Pero ello es tanto como señalar que la empresa pública tiene que desatender y despreciar las necesidades de los individuos. La provisión pública debe ir desligada de cualquier sustrato y demanda real; se corresponde llanamente a una inducción fantasiosa y a una interpretación grotesca de algunos parámetros subjetivamente seleccionados que llevan, por lo general, a conclusiones preconcebidas.

Cuando una empresa pública incurre en pérdidas y éstas son compensadas con ingresos fiscales, se perpetúa una dilapidación de recursos a la que el mercado ya habría puesto fin. Los consumidores buscan productos que, por emplearse los factores productivos en el dispendio público, no pueden proveerse. Por causa del Estado, miles de proyectos deseados con mayor ahínco por los individuos se tornan irrealizables. En realidad, el Estado pretende que las necesidades ciudadanas se acoplen a su provisión de bienes y servicios. No es ya la oferta la que debe postrarse ante la demanda, sino que los actores deben trocar sus valoraciones y conformarse con una oferta ciega y despótica. La soberanía del consumidor desaparece ante la gula de la soberanía del burócrata.

Todo ello nos conduce a una conclusión bastante evidente. Cuando la provisión de bienes y servicios tiene lugar por vías ajenas al mercado nos encontramos ante una indudable coacción por parte del gobierno, coacción que sólo podrá mantenerse si el aparato estatal deviene dictatorial y toma las medidas necesarias para que los individuos aprecien, conforme a la escala valorativa del gobernante, los bienes y servicios ofertados. Una vez más, cobran plena validez las ideas de Mises: Si los gobiernos no abandonan estas medidas y retornan a la libre economía de mercado, si persisten obstinadamente en el intento de compensar con ulteriores intervenciones los inconvenientes generados por las medidas anteriores, constataremos al final que hemos adoptado el socialismo.

No es tanto el mercado lo que propicia la dictadura, sino, como intuitivamente podemos comprender, todas aquellas medidas que vayan dirigidas a enmendar y alterar las libres decisiones y acuerdos de los individuos; sólo el Estado puede revestir formas dictatoriales y el desprecio al mercado es el mejor estímulo para hacerlo. Olvidemos ya la falaz y contradictoria "dictadura del mercado", hablemos más bien de "dictadura del no-mercado": el sinuoso recorrido de nuestro camino de servidumbre.

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