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Las muy poco liberales denominaciones de origen

Por Pablo Molina

El hecho de que a mayores cotas de libertad de empresa corresponde un mayor nivel de satisfacción y una mayor prosperidad del ser humano, es algo más que demostrado por la realidad desde que los primeros teóricos liberales observaran dicha circunstancia.

Además de aumentar los niveles de riqueza, la libertad de empresa lleva implícita de forma ineluctable un avance notable de la ciencia y la técnica. El afán por encontrar nuevos procesos que faciliten la labor productiva, que encuentra su especial caldo de cultivo en los regímenes respetuosos con esa libertad de empresa de la que hablamos, suele desembocar en la constante aparición de nuevos descubrimientos científicos y ello a su vez incide de forma notable en el progreso de la humanidad.

Esto que decimos, que por elemental debería ser asumido sin mayor dificultad por cualquier observador imparcial, parece que sigue costando bastante esfuerzo llevarlo a la práctica en según qué sectores productivos.

Tomemos como ejemplo el mundo del vino. Actualmente, en España funcionan unos entes (nunca mejor dicho) semipúblicos cuya función es regular las condiciones de la producción de vino en las distintas zonas vitivinícolas de nuestro país. Se trata de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, una de cuyas misiones es preservar la calidad de los vinos producidos en el ámbito de su competencia.

Esto, que en principio no tiene por qué suponer un problema para los productores (todo lo contrario), adquiere tintes bastante más preocupantes cuando los excesos de celo, o quizá la pulsión autoritaria inherente al ser humano convierte las normas pensadas para garantizar unos estándares de calidad en auténticas camisas de fuerza que limitan groseramente las aspiraciones innovadoras de los más emprendedores. Así, el hecho de que en todas las Denominaciones de Origen existan unos límites a los porcentajes de cada clase de uva que puede contener el vino producido supone una rémora de tal calibre que, de hecho, la mayoría de los grandes vinos españoles carecen del marchamo de su denominación, debiendo llevar por tanto la vitola peyorativa de "vino de mesa". Y estamos hablando de vinos que nos han dado y nos dan fama internacional como los acreditados Vega Sicilia, por ejemplo.

Hay ya bastantes productores de vinos de calidad (hablamos de Marqués de Griñón, Alejandro Fernández y sus famosos "Pesquera", etc.) que han declarado la guerra al ansia uniformador de estos organismos, hasta el punto de que producen algunos de sus vinos con total libertad fuera de las denominaciones. Son empresarios que reclaman para sí mismos la entera libertad de configurar sus productos de acuerdo con su propio criterio, para que sean los consumidores y no la burocracia del sector, quienes decidan qué vino alcanza el éxito y cual ha resultado un experimento fallido.

Desde un punto de vista liberal la posición de estos empresarios resulta impecable. Dejemos que sea el mercado quien decida la suerte de estos productos y asigne el valor justo a cada cual. Es lo que se hace con todo éxito en la mayoría de sectores productivos, ¿Por qué hay que impedir entonces que se beneficie de las ventajas de la libertad de empresa precisamente uno de los productos que, como el buen vino, nos distingue y prestigia en la esfera internacional?

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