10 de Octubre de 2004

Parece que San Zapatero está generoso concediendo milagros: en un alarde de populismo irresponsable ha prometido salvar los astilleros de Izar. Ya le advirtió Solbes de que tal promesa era muy difícil de cumplir; si bien, no imposible. El parlamento todo lo puede, decían los ingleses, salvo transformar al hombre en mujer (e incluso algunos no han tardado en ponerlo en duda). El análisis de esta máxima es peligrosa, pues, traducido al roman paladino, viene a decir que el Estado utilizará toda la coacción y represión necesaria para conseguir sus fines.

Por supuesto Izar puede salvarse; no es una cuestión de buena o mala gestión, sino de voluntad política. No es necesario más que observar TVE para darse cuenta. El Estado es capaz de alterar las indefectibles consecuencias redistributivas de las pérdidas contables; si en el libre mercado toda empresa que utilice factores de producción más valorados para otros fines que el bien económico que fabrica esta condenada al desmembramiento, en un mercado trabado y estatalizado, sólo es necesario que las continuas pérdidas de capital que sorporta una empresa se vean compensadas por ingresos coactivos de capital procedentes de otras empresas exitosas -que sirven a los consumidores- con la no suficientemente alabada mediación estatal.

La cuestión no es si Izar puede salvarse, sino quién va a salvarnos a nosotros. Izar no está en crisis por una inherente naturaleza del oficio (muchos keynesianos opinan que el Estado debe funcionar allí donde las empresas no sean rentables); Izar está en crisis por una incapacidad profunda para competir con otras empresas más eficientes. No es más que otro ejemplo de la insuficiencia del burocratismo para competir con la libertad individual de emprender y de progresar. Por tanto, la cuestión, al igual que en la PAC, no es qué harán los trabajadores si les dejamos a su suerte; la cuestión es qué podemos hacer nosotros para que nos deje a nuestra suerte y cuáles serán las nefastas consecuencias de no hacerlo. No veo porque las aspiraciones ilegítimas de unos cuantos trabajadores públicos deben primar sobre las aspiraciones legítimas de los ciudadanos, de cada ciudadano. O si lo prefieren, no veo por qué las aspiraciones de esos trabajadores tienen más valor que las mías; no encuentro justificación a sufrir una vez más el expolio público para que otros vivan a mi costa.

Espero que algún sabio gubernamental nos explique cómo puede ser que se le otorgue un valor intrínseco a la producción, a cualquier tipo de producción, desplazando al consumo. No olvidemos que todo cuanto se produce se hace ante la expectativa de ser consumido, toda producción que no se dirija al consumo no debe merecer tan siquiera ni ese nombre. El trabajo se emplea para llegar al fin apetecido, el esfuerzo físico no focalizado hacia un fin es simple consumo de energías. Los trabajadores de Izar, con el apoyo socialista, reivindican ser servidos por los demás; no han entendido que el mercado es un juego de cooperación, de servir al prójimo de la mejor manera. No han entendido que utilizar a los demás en contra de su voluntad para cumplir con los fines de uno se llama esclavitud.

Los trabajadores pretenden asegurarse una renta perpetua procedente de nuestro trabajo. Y quiero recalcar ambas palabras; nuestro porque aún cuando se apropien coactivamente de él, no dejará de serlo y, sobre todo, trabajo porque a diferencia de lo que ellos hacen, nuestro esfuerzo si está dirigido a servir a los demás. Su objetivo no es diferente al de los parásitos, al de las alimañas chupasangre, pues eso pretenden, sobrevivir a costa de la sangre que efectivamente permite hacer funcionar al sistema.

Pero Zapatero, como depositario de las aspiraciones delictivas y criminosas de unos cuantos, no merece palabras menos gruesas. Estamos asistiendo a un populismo electoralista pasmoso y vergonzante. A una compra de votos, a costa del resto de los españoles, que una vez más demuestra la trasposición de los fines particulares del político en la acción pública-criminal. Y conviene decir que, en este caso concreto, importa poco que el PP haga o haya hecho lo mismo. Nadie está defendiendo al PP y menos en el caso de los astilleros -no olvidemos que votó en el Parlamento con IU y ERC en contra de la segregación de los mismos.

Pero la responsabilidad de Zapatero, como presidente del gobierno, se extiende más allá de una adquisición de votos con nuestras cuentas corrientes. Los obstáculos gubernamentales, como leyes de salario mínimo, costes de despido y cotizaciones a la SS, son responsables directos de la dificultad para recolocar a unas personas que han dejado de ser útiles en una ocupación concreta. Sus aspiraciones serán vivir de los demás, como la de casi todos, pero esas aspiraciones sólo pueden encontrar eco social en un ámbiente de profusas trabas a la contratación. Ambiente que Zapatero mantiene y, con total seguridad, mantendrá ad kalendas graecas.

Este círculo de retroalimentación en favor del intervencionismo, sólo demuestra una vez más las advertencias de Mises en contra del mismo. No podremos detener los fallos que el gobierno genere mediante nuevas intervenciones, pues ello sólo provocará nuevos fallos. El caso de los astilleros es paradigmático: se junta el hambre con las ganas de comer. El deseo de Zapatero por expandir sus poderes y hacer electoralismo barato con la demanda de los trabajadores, ante una ciudadanía amilanada ante sus legítimas reivindicaciones, para que este poder se expanda. Esperemos que se empachen, unos y otros.