17 de Diciembre de 2004

Cuando Molinari se dispuso a teorizar sobre un sistema de defensa privado lo hizo partiendo de la base de que todo bien ofertado por el mercado debía resultar, al final, mejor y más barato que los provistos por el Estado. Para el autor francés, ésta era una ley económica fundamental que no conocía excepciones. Si el Estado era capaz de producir y distribuir mejor un bien que el mercado, ¿qué podía impedir que no tuviera la misma habilidad para con el resto de productos?

Esta genial intuición de Gustave de Molinari fue desarrollada y expuesta con claridad más adelante por Ludwig von Mises; el socialismo, toda producción socialista, no tenía base racional para el cálculo económico al carecer de precios de mercado. De ahí que las cantidades producidas, los medios con que opera, la reposición del capital, los fines que persigue, la localización, incluso su existencia misma, serán del todo arbitrarios.

Mises demostró, pues, porque toda producción realizada al margen del mercado, no por empresarios sino por burócratas, tenía que degenerar necesariamente en una hinchazón fabril, al margen de toda necesidad de los individuos, tratados como votantes y no como consumidores.

En el anterior post intenté demostrar mediante la experiencia iraquí porque la teoría de los bienes públicos era infundada, de manera que un sistema de seguridad privada sí era posible. En este post mi objetivo es exponer por qué la seguridad privada no es ya posible, sino más conveniente que la pública, la provista mediante los métodos socialistas.

No sólo existe una total disociación entre la productividad del trabajador y su salario (entiendo productividad en un sentido amplio, esto es, la eficacia y la eficiencia de su trabajo), sino que convive con una imposibilidad manifiesta para distribuir los recursos de una manera adecuada (nuevamente, utilizo distribuir de una forma lata: distribución geográfica, distribución temporal consumo/ahorro, distribución funcional entre las distintas actividades de la seguridad y distribución de las retribuciones a sus empleados)

El Estado es incapaz de conocer si debe incrementar la provisión de seguridad en una determinada zona, si, en caso de ser así, debe aumentar la cantidad de policías o su equipo técnico, si las funciones internas de la policía consistirán en prevenir el crimen (y de qué manera, con qué sistemas, en qué lugares especialmente…) en investigarlo o en perseguirlo (y en caso de que debe acometer las tres tareas, en qué proporción cada cual), y por último será incapaz de fijar una retribución para sus trabajadores (una retribución no arbitraria, claro), en tanto se ha impedido que se forme un valor de mercado para el servicio "seguridad" (la demanda de trabajo, y por tanto, el salario, es derivada de la demanda del bien de consumo, esto significa que si no existe un precio para el bien de consumo no podrá haberlo para el medio que se dirija a satisfacer ese bien de consumo)

Todo este complejo de intervenciones alocadas, ciegas y fundamentalmente políticas (es decir, al margen de cualquier necesidad real de la ciudadanía) da como resultado un servicio de seguridad socialista que, ni tiene como objetivo, ni posee los medios, para satisfacer las distintas necesidades de los ciudadanos. No olvidemos que no existe una sola necesidad de seguridad, cada persona se siente segura de una determinada forma; algunas aumentando el número de guardias en su barrio (prevención), otras castigando siempre y en toda circunstancia a quien delinque (represión), otros con una presencia testimonial de los guardias, algunos con un ostentoso despliegue de medios. El sentimiento de seguridad es una percepción subjetiva ante la que el Estado nos ofrece una respuesta monolítica.

El mercado, en cambio, ofrece distintos productos dependiendo de las necesidades de cada consumidor (es decir, ofrece propiamente "seguridad"), asigna eficientemente (si no la empresa desaparece) los medios de los que dispone (que a su vez han sido otorgados por los consumidores) y lo hace tanto geográfica como intertemporalmente.

Todo ello se traduce en un mejor equipo, en una mejor preparación y en unos objetivos más claros de la seguridad privada. En Irak por ejemplo, una empresa privada abastece al Ejército estadounidense de cualquier cosa que pueda necesitar: desde materiales de construcción hasta guardaespaldas. No es casual que se busque en el sector privado la provisión de los bienes demandados, tanto los guardaespaldas como los materiales son de una cualidad superior. De hecho, incluso, como ya dijimos, entrenan a policías y soldados, proveen de materiales y personal auxiliar al Ejército, y vigilan oleoductos, hoteles, convoyes de mercancías, empresarios, periodistas y altos funcionarios, incluido un presidente, el afgano Hamid Karzai.

Se encargan de las tareas más importantes, y han llegado a ocupar el país. En Irak están por todas partes. En el aeropuerto, en la zona verde o a las puertas de cualquier empresa internacional. También los escoltas del embajador de Estados Unidos, John Negroponte, como antes los de Paul Bremer, que fue procónsul de Washington hasta la devolución de la soberanía, son agentes privados, de Blackwater.

En otra ocasión, fueron ocho comandos de Blackwater los que defendieron la vecina sede del gobierno provincial. Antes de que pudieran llegar refuerzos militares, la compañía envió sus propios helicópteros para abastecer de municiones a sus guardas y evacuar a un marine herido. Es decir, fueron empresas privadas las que enviaron helicópteros capaces de rescatar al todopoderoso ejército americano. La eficacia y eficiencia de la operación, la limpieza y escasez de bajas, tampoco es casual. Ni a la compañía le interesa perder a los soldados que ha seleccionado (y los ha seleccionado por ser mejores que otros) ni a los soldados les interesa perder su trabajo (con lo que serán diligentes con el material) Mejor entrenados y con mejor equipo, eficacia y eficiencia.

Las empresas de seguridad privada, según reconoce uno de sus encargados, tienen unas exigencias de selección muy elevadas. No en vano, su existencia depende de que la selección del personal sea la adecuada. Recomprobamos todas las referencias, pero además reclutamos entre veteranos militares con experiencia en zonas de guerra, lo cual garantiza que son gente adecuada. Sólo los mejores son contratados; no puede ser de otra forma. Alguien podría oponer que serán los mejores "en opinión de las empresas", pero precisamente la bondad del mercado reside en que si sólo son los mejores en opinión de las empresas, las empresas desaparecerán o, al menos, no obtendrán tantos beneficios como podrían haberlo hecho.

Claro que las empresas tampoco están exentas de error. Una vez un candidato con antecedentes penales logró entrar en la compañía. Sin embargo, fue detectado enseguida. No quiero hacer demagogia barata, pero comparen la excepcionalidad de estas palabras (estamos hablando de UN candidato) con la putrefacción de la seguridad pública asturiana. Todos conocemos casos de funcionarios que no deberían estar en sus puestos (no necesariamente funcionarios dedicados a la seguridad), bien por no contar con el perfil adecuado, bien por dejación de sus labores. Ninguna empresa privada puede permitir que semejante extremo tenga lugar, pues iría contra sus propios intereses.

No se trata de que el egoísmo haga a los hombres mejores. Cada persona puede ocuparse, preocuparse, de un radio de acción muy limitado. Si pensamos un momento en cuáles son nuestros intereses, veremos que se limitan a nosotros mismos, a nuestros familiares y a la relativamente escasa gente que conocemos. No puede ser de otra forma; si intentáramos incluir en nuestras acciones la preocupación por la gente que no conocemos o que conocemos pero muy vagamente, nos encontraríamos en que la planificación de nuestras acciones posiblemente nos conduciría al error. La cuestión, por tanto, se reduce a que, persiguiendo nuestro interés propio, beneficiemos a los demás.

Este sencillo hecho es el que queda institucionalizado en el mercado. Participamos en los planes ajenos y ayudamos a los demás como parte de nuestros propios fines. Al pretender planificar cuáles deben ser las acciones de todos los individuos para así generar una red de colaboración es cuando el Estado inequívocamente yerra.

Su monopolio sobre la seguridad sólo consolida un demacrado proceso empresarial, cada vez más ineficiente e ineficaz. Su financiación coactiva mantiene su actividad, como sucede con TVE1 o los astilleros; no obstante, no resistiría ni un mes la competencia de unas empresas que ofrecieran unos mejores servicios a un mejor precio. Tal ha sido el caso de Irak, donde el ejército se ha visto desbordado y ha tenido que recurrir a las empresas privadas, no ya para labores secundarias, sino para las principales misiones.

Una vez más, todo cuanto sabíamos por la teoría austriaca (imposibilidad de planificar las instituciones, ineficiencia del intervencionismo, pauperización de los métodos socialistas, virtud de la libre competencia…) viene confirmándose en la práctica. Si en Europa o en territorio de EEUU el gobierno no permite que la misma teoría se confirme es porque no existe una situación de necesidad tan grande como en Irak. Nuestros Estados saben perfectamente que el monopolio de la compulsión y de la violencia, plasmado en la policía y el ejército, es el fundamento último sobre el que se sostienen. Si este monopolio desapareciera, su capacidad coactiva se extinguiría y su función última aparecería como lo que siempre fue: una monumental ilusión.