26 de Marzo de 2005
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Bitácora de Juan Ramón Rallo Julián
NO al concierto, pero no sólo al concierto
El blog de Manu enlaza un sugerente artículo en contra de los conciertos educativos (I y II).
Ya de entrada el título promete: "El dinero público al servicio de un negocio particular". Yo más bien diría "el dinero que han ganado unas personas trabajando al servicio de negocios particulares". Mucha osadía hay en afirmar que el dinero pertenece al Estado cuando no ha hecho nada por conseguirlo -salvo robarlo, claro está.
Aún así, el título es atractivo. Estoy seguro de que nuestro autor también defenderá, cómo no, la supresión inmediata de todo tipo de subvenciones: a los partidos políticos, a los sindicatos, a las empresas públicas y prividas deficitarias, a los agricultores, a los cineastas, a las ONGs y a los desempleados. Nadie debe conseguir dinero ajeno, riqueza ajena, si no es mediante el acuerdo voluntario entre las partes.
De hecho, se produce una sintomática perversión del lenguaje: De entrada, en todo documento oficial que se precie e incluso en los círculos más contestatarios ante esta práctica, no se habla de financiación pública de la enseñanza privada sino de "enseñanza concertada", eufemismo que intenta encubrir el objeto real de la relación entre las Administraciones y los beneficiarios de esas aportaciones económicas. Cierto, el Estado siempre intenta vestir al emperados desnudo camuflando los nombres en un peligroso mecanismo orwelliano. Así, cuando se trata de dar dinero a los cineastas, se habla de "subvencionar la cultura"; las transferencias a los desempleados se denominan "seguro de desempleo" (cuando el desempleo es por naturaleza no asegurable); el reequilibrio de una empresa pública deficitaria que no sirve en absoluto a los consumidores pasa a llamarse "saneamiento"; y el dinero entregado alegremente a los agricultores de toda España se entiende como una inversión en el "equilibrio territorial" y el "crecimiento sostenible" para evitar la "degradación del medio rural" y el "modo de vida tradicional".
Las coincidencias con Joaquim terminan en este momento. Mientras que yo estoy profundamente preocupado porque el fruto del trabajo de unas personas no se entregue por la fuerza a otras (y el caso de los conciertos es un ejemplo), nuestro autor parece más preocupado por la falta de control en el adoctrinamiento que este estimulo artificial a la competencia educativa parece generar: lo que se concierta entre las unas y los otros no es la "enseñanza" que recibirán los alumnos en esos centros educativos subvencionados, sino la "financiación" de dichos centros. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de centros educativos privados son de carácter religioso (católicos, para más señas), no es difícil deducir qué tipo de "ideario educativo" (otro eufemismo más, éste para encubrir la ideología que se imparte en los centros) se transmite a los educandos, y en definitiva, qué enseñanza reciben éstos.
Católica, sintoísta o "laica", el problema fundacional es financiación. Faltaría más que el Estado, después de esquilmar mediante impuestos a la población y de entregarlo a quien considera conveniente, estableciera, además, el modo en que debe gastarse ese dinero. Ésa es una competencia propia, en todo caso, del legítimo dueño del dinero quien, como un mecenas, podría dirigir la actividad del receptor voluntario. Lo que no tiene sentido es que el Estado se arrogue esa legitimidad y, todavía menos, para dirigir las líneas maestras educativas hacia un adoctrinamiento más que discutible. ¿O es que la financiación pública de empresas privadas pasa a estar legitimada si esas escuelas se adhieren a la ideología del gobernante? Parece que Joaquim, pese a oponerse a los conciertos, demandaría que, como mínimo, así fuera: ¿Modifica el "ideario" del centro la percepción de esas subvenciones públicas? Para nada.
¿Y qué ideario debe imperar? El de la religión estatal, claro está.
Y es que Joaquim parece estar más preocupado por el control que por la libertad lo confirman las siguientes preguntas: ¿Quién administra los fondos recibidos? El propietario o propietarios del centro subvencionado. ¿En qué los aplica? En aquello que le genera plusvalías, es decir, en su negocio. ¿Es incompatible la percepción de esas subvenciones con el establecimiento de cuotas a satisfacer por las familias de los alumnos o la percepción de ingresos por otras vías?
Me resulta chocante la pregunta, ¿en qué los aplica? Ignoraré la palabra "plusvalía", y creeré haber leído "beneficio". Parece que el autor reclame que el propietario invierta los fondos recibidos en aquello que no genere beneficios, esto es, o bien que despilfarre el dinero o bien que lo ingrese en su cuenta corriente.
No es que este detalle sea importante. La cuestión es que ese dinero nunca debería haber llegado a manos de ese propietario, ni para invertirlo, ni para ahorrarlo, ni para consumirlo. El destino del montante no legitimirá el pecado de origen. Sobre todo porque la subvención suele darse o bien porque el negocio no es rentable, o bien porque se pretende que lo sea a unos precios menores. En ese sentido, el modelo de financiación mixto (con subvención y con cuota) será, en todo caso, menos malo que el de financiación pública pura. Si eliminamos las cuotas será preciso incrementar la financiación, de manera que el empresario escolar se convertiría en un chupóptero puro; en un funcionario de facto. Tan despreciable es esta última opción que coincide con el modelo de educación pública.
Fijémonos en el argumento de Joaquim: el programa educativo X (no voy a calificarlo de izquierdista o estatalista porque, en todo caso, es secundario para el argumento) merece la consideración de programa de educación estatal y, por tanto, genere un derecho positivo de unas personas frente a otras; el programa educativo Y (que podría ser el católico) sólo debe poder ser provisto si los padres abonan el importe íntegro de las cuotas: argumento falaz, que intenta hacernos olvidar la obligación de toda Administración Pública de prestar aquellos servicios que son de su competencia.
El Estado tiene la obligación de crear una educación pública universal (traducido, está legitimado para sustraer dinero de unos ciudadanos para financiar la educación estatal), pero esa educación no puede revestir la forma de educación católica, aún cuando un tercio de los alumnos están escolarizados en colegios privados, de los cuales el 90% de los centros concertados pertenecen a congregaciones religiosas católicas.
Es decir, más de un tercio de los receptores del servicio estatal prefieren otro tipo de educación que el autor se niega a concederles, aún cuando supuestamente se trate de un derecho suyo. De nuevo, pues, nos encontramos con que nunca se ha tratado de financiar ningún servicio educativo, sino de adoctrinar a los alumnos. ¿Le molesta al autor que se financien centros educativos donde los padres deciden llevar a sus hijos en buena medida por su contenido moral? A mí sí, pero no por la forma superficial del asunto, sino porque nadie tiene derecho al fruto del trabajo ajeno. Ni los padres laicos ni los católicos.
Ahora bien, si, como argumentan los socialistas, el derecho a la educación es un derecho de las personas y un tercio de esas personas elige un tipo determinado de educación. ¿Qué hay de criticable según los socialistas en que el Estado lo financie? Realmente, nada. Pero es que, en realidad, lo que los socialistas defienden no es un falso derecho positivo a la educación, sino un obsceno derecho del Estado para moldear las mentes de todas las personas. Es el Estado el que determina qué pueden exigir los titulares de ese derecho y lo determina, no atendiendo a las "demandas ciudadanas", sino a la lógica de su poder político.
Con todo, es bastante ingenuo creer que un sistema privado con financiación púlica supondría un sistema realmente libre, sin injerencias y controles políticos. El argumento central de Joaquim es que extendiendo el concierto se orquesta, en la práctica, una privatización de la educación pública: De lo expuesto hasta aquí cabe deducir que nos hallamos ante una ofensiva, sostenida en el tiempo y probablemente cuidadosamente planificada, de sustitución de la enseñanza pública por la privada. El instrumento primero de esa política es la transferencia de fondos públicos a la enseñanza privada, combinada con el recorte del gasto público en materia educativa.
Eso es una mentira catedralicia. Un sistema educativo de gestión privada pero con financiación pública en ningún caso puede calificarse como un sistema privado. El sistema educativo privado extrae su financiación del acuerdo voluntario con los padres para el pago del precio, y no de la coacción estatal. La financiación pública de los centros privados los sustrae totalmente del mercado. Si a privatizar se llama sacar al sector público de la producción pero no de la financiación presupuestaria, la llevamos clara. (Por no hablar de la determinación de los planes de estudio)
No sólo eso, quien pretenda recurrir a este sistema de concierto universal, o de mercado de bonos, como garante de la libertad educativa se está equivocando por completo. Queda pendiente la discusión de si son menos catastróficos los vouchers o la producción pública de educación, pero no olvidemos que, de todas formas, la financiación pública de los centros privados los somete al arbitrio político. Nadie puede sustraerse a las leyes económicas; la soberanía del consumidor no es una excepción. De ahí, que un sistema privado financiado presupuestariamente se adapte a las necesidades de su único consumidor: el Estado. Todos estos caminos socialistas para llegar a objetivos liberales prestan un flaco favor a la libertad.
El cierre del artículo no deja de ser servilmente consecuente: las consecuencias de tipo ideológico que se derivan de esa tutela que la Iglesia Católica mantiene e incluso incrementa sobre una parte importante de los educandos, compromete seriamente la calidad de nuestra democracia: en vez de formar ciudadanos libres, se están modelando creyentes sumisos. Y esa aberración la estamos sufragando entre todos.
Sustituyan "ciudadanos libres" por "ciudadanos educados en la fe estatal". Díficilmente puede el Estado inculcar el valor de la libertad cuando es su principal transgresor. Lo importante para el autor, y la mayoría de socialistas, no es, como hemos visto que los ciudadanos sean tan libres como para elegir cómo educar a sus hijos, sino que sean ciudadanos que se crean libres. La sumisión la practica el Estado para con todos los ciudadanos; sumisión a sus presupuestos ideológicos y a su estructura. Una sumisión dependiente que se inculca día a día cuando toda nuestra vida opera a través de sus canales.
El Estado genera, así, esta ficción de necesidad; es imprescindible. ¿Cómo hubiera sido nuestra vida sin el Estado si él lo ha sido todo? Se nos hace vivir en el Estado, para que vivamos para el Estado.
Y esto, según Joaquim, sí debemos sufragarlo todos, incluidos los padres que no comulgan con esta completa servidumbre. Al final, se ha eliminado toda ligazón parental con la educación y, como en los regímenes totalitarios, la relación filial y educativa se ha establecido con el aparato político. Esto es lo que debemos sufragar todos. Los látigos policiales del Estado nos imponen el adoquinamiento de nuestro propio camino de servidumbre. Y todo ello, por nuestro bien.
Ya de entrada el título promete: "El dinero público al servicio de un negocio particular". Yo más bien diría "el dinero que han ganado unas personas trabajando al servicio de negocios particulares". Mucha osadía hay en afirmar que el dinero pertenece al Estado cuando no ha hecho nada por conseguirlo -salvo robarlo, claro está.
Aún así, el título es atractivo. Estoy seguro de que nuestro autor también defenderá, cómo no, la supresión inmediata de todo tipo de subvenciones: a los partidos políticos, a los sindicatos, a las empresas públicas y prividas deficitarias, a los agricultores, a los cineastas, a las ONGs y a los desempleados. Nadie debe conseguir dinero ajeno, riqueza ajena, si no es mediante el acuerdo voluntario entre las partes.
De hecho, se produce una sintomática perversión del lenguaje: De entrada, en todo documento oficial que se precie e incluso en los círculos más contestatarios ante esta práctica, no se habla de financiación pública de la enseñanza privada sino de "enseñanza concertada", eufemismo que intenta encubrir el objeto real de la relación entre las Administraciones y los beneficiarios de esas aportaciones económicas. Cierto, el Estado siempre intenta vestir al emperados desnudo camuflando los nombres en un peligroso mecanismo orwelliano. Así, cuando se trata de dar dinero a los cineastas, se habla de "subvencionar la cultura"; las transferencias a los desempleados se denominan "seguro de desempleo" (cuando el desempleo es por naturaleza no asegurable); el reequilibrio de una empresa pública deficitaria que no sirve en absoluto a los consumidores pasa a llamarse "saneamiento"; y el dinero entregado alegremente a los agricultores de toda España se entiende como una inversión en el "equilibrio territorial" y el "crecimiento sostenible" para evitar la "degradación del medio rural" y el "modo de vida tradicional".
Las coincidencias con Joaquim terminan en este momento. Mientras que yo estoy profundamente preocupado porque el fruto del trabajo de unas personas no se entregue por la fuerza a otras (y el caso de los conciertos es un ejemplo), nuestro autor parece más preocupado por la falta de control en el adoctrinamiento que este estimulo artificial a la competencia educativa parece generar: lo que se concierta entre las unas y los otros no es la "enseñanza" que recibirán los alumnos en esos centros educativos subvencionados, sino la "financiación" de dichos centros. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de centros educativos privados son de carácter religioso (católicos, para más señas), no es difícil deducir qué tipo de "ideario educativo" (otro eufemismo más, éste para encubrir la ideología que se imparte en los centros) se transmite a los educandos, y en definitiva, qué enseñanza reciben éstos.
Católica, sintoísta o "laica", el problema fundacional es financiación. Faltaría más que el Estado, después de esquilmar mediante impuestos a la población y de entregarlo a quien considera conveniente, estableciera, además, el modo en que debe gastarse ese dinero. Ésa es una competencia propia, en todo caso, del legítimo dueño del dinero quien, como un mecenas, podría dirigir la actividad del receptor voluntario. Lo que no tiene sentido es que el Estado se arrogue esa legitimidad y, todavía menos, para dirigir las líneas maestras educativas hacia un adoctrinamiento más que discutible. ¿O es que la financiación pública de empresas privadas pasa a estar legitimada si esas escuelas se adhieren a la ideología del gobernante? Parece que Joaquim, pese a oponerse a los conciertos, demandaría que, como mínimo, así fuera: ¿Modifica el "ideario" del centro la percepción de esas subvenciones públicas? Para nada.
¿Y qué ideario debe imperar? El de la religión estatal, claro está.
Y es que Joaquim parece estar más preocupado por el control que por la libertad lo confirman las siguientes preguntas: ¿Quién administra los fondos recibidos? El propietario o propietarios del centro subvencionado. ¿En qué los aplica? En aquello que le genera plusvalías, es decir, en su negocio. ¿Es incompatible la percepción de esas subvenciones con el establecimiento de cuotas a satisfacer por las familias de los alumnos o la percepción de ingresos por otras vías?
Me resulta chocante la pregunta, ¿en qué los aplica? Ignoraré la palabra "plusvalía", y creeré haber leído "beneficio". Parece que el autor reclame que el propietario invierta los fondos recibidos en aquello que no genere beneficios, esto es, o bien que despilfarre el dinero o bien que lo ingrese en su cuenta corriente.
No es que este detalle sea importante. La cuestión es que ese dinero nunca debería haber llegado a manos de ese propietario, ni para invertirlo, ni para ahorrarlo, ni para consumirlo. El destino del montante no legitimirá el pecado de origen. Sobre todo porque la subvención suele darse o bien porque el negocio no es rentable, o bien porque se pretende que lo sea a unos precios menores. En ese sentido, el modelo de financiación mixto (con subvención y con cuota) será, en todo caso, menos malo que el de financiación pública pura. Si eliminamos las cuotas será preciso incrementar la financiación, de manera que el empresario escolar se convertiría en un chupóptero puro; en un funcionario de facto. Tan despreciable es esta última opción que coincide con el modelo de educación pública.
Fijémonos en el argumento de Joaquim: el programa educativo X (no voy a calificarlo de izquierdista o estatalista porque, en todo caso, es secundario para el argumento) merece la consideración de programa de educación estatal y, por tanto, genere un derecho positivo de unas personas frente a otras; el programa educativo Y (que podría ser el católico) sólo debe poder ser provisto si los padres abonan el importe íntegro de las cuotas: argumento falaz, que intenta hacernos olvidar la obligación de toda Administración Pública de prestar aquellos servicios que son de su competencia.
El Estado tiene la obligación de crear una educación pública universal (traducido, está legitimado para sustraer dinero de unos ciudadanos para financiar la educación estatal), pero esa educación no puede revestir la forma de educación católica, aún cuando un tercio de los alumnos están escolarizados en colegios privados, de los cuales el 90% de los centros concertados pertenecen a congregaciones religiosas católicas.
Es decir, más de un tercio de los receptores del servicio estatal prefieren otro tipo de educación que el autor se niega a concederles, aún cuando supuestamente se trate de un derecho suyo. De nuevo, pues, nos encontramos con que nunca se ha tratado de financiar ningún servicio educativo, sino de adoctrinar a los alumnos. ¿Le molesta al autor que se financien centros educativos donde los padres deciden llevar a sus hijos en buena medida por su contenido moral? A mí sí, pero no por la forma superficial del asunto, sino porque nadie tiene derecho al fruto del trabajo ajeno. Ni los padres laicos ni los católicos.
Ahora bien, si, como argumentan los socialistas, el derecho a la educación es un derecho de las personas y un tercio de esas personas elige un tipo determinado de educación. ¿Qué hay de criticable según los socialistas en que el Estado lo financie? Realmente, nada. Pero es que, en realidad, lo que los socialistas defienden no es un falso derecho positivo a la educación, sino un obsceno derecho del Estado para moldear las mentes de todas las personas. Es el Estado el que determina qué pueden exigir los titulares de ese derecho y lo determina, no atendiendo a las "demandas ciudadanas", sino a la lógica de su poder político.
Con todo, es bastante ingenuo creer que un sistema privado con financiación púlica supondría un sistema realmente libre, sin injerencias y controles políticos. El argumento central de Joaquim es que extendiendo el concierto se orquesta, en la práctica, una privatización de la educación pública: De lo expuesto hasta aquí cabe deducir que nos hallamos ante una ofensiva, sostenida en el tiempo y probablemente cuidadosamente planificada, de sustitución de la enseñanza pública por la privada. El instrumento primero de esa política es la transferencia de fondos públicos a la enseñanza privada, combinada con el recorte del gasto público en materia educativa.
Eso es una mentira catedralicia. Un sistema educativo de gestión privada pero con financiación pública en ningún caso puede calificarse como un sistema privado. El sistema educativo privado extrae su financiación del acuerdo voluntario con los padres para el pago del precio, y no de la coacción estatal. La financiación pública de los centros privados los sustrae totalmente del mercado. Si a privatizar se llama sacar al sector público de la producción pero no de la financiación presupuestaria, la llevamos clara. (Por no hablar de la determinación de los planes de estudio)
No sólo eso, quien pretenda recurrir a este sistema de concierto universal, o de mercado de bonos, como garante de la libertad educativa se está equivocando por completo. Queda pendiente la discusión de si son menos catastróficos los vouchers o la producción pública de educación, pero no olvidemos que, de todas formas, la financiación pública de los centros privados los somete al arbitrio político. Nadie puede sustraerse a las leyes económicas; la soberanía del consumidor no es una excepción. De ahí, que un sistema privado financiado presupuestariamente se adapte a las necesidades de su único consumidor: el Estado. Todos estos caminos socialistas para llegar a objetivos liberales prestan un flaco favor a la libertad.
El cierre del artículo no deja de ser servilmente consecuente: las consecuencias de tipo ideológico que se derivan de esa tutela que la Iglesia Católica mantiene e incluso incrementa sobre una parte importante de los educandos, compromete seriamente la calidad de nuestra democracia: en vez de formar ciudadanos libres, se están modelando creyentes sumisos. Y esa aberración la estamos sufragando entre todos.
Sustituyan "ciudadanos libres" por "ciudadanos educados en la fe estatal". Díficilmente puede el Estado inculcar el valor de la libertad cuando es su principal transgresor. Lo importante para el autor, y la mayoría de socialistas, no es, como hemos visto que los ciudadanos sean tan libres como para elegir cómo educar a sus hijos, sino que sean ciudadanos que se crean libres. La sumisión la practica el Estado para con todos los ciudadanos; sumisión a sus presupuestos ideológicos y a su estructura. Una sumisión dependiente que se inculca día a día cuando toda nuestra vida opera a través de sus canales.
El Estado genera, así, esta ficción de necesidad; es imprescindible. ¿Cómo hubiera sido nuestra vida sin el Estado si él lo ha sido todo? Se nos hace vivir en el Estado, para que vivamos para el Estado.
Y esto, según Joaquim, sí debemos sufragarlo todos, incluidos los padres que no comulgan con esta completa servidumbre. Al final, se ha eliminado toda ligazón parental con la educación y, como en los regímenes totalitarios, la relación filial y educativa se ha establecido con el aparato político. Esto es lo que debemos sufragar todos. Los látigos policiales del Estado nos imponen el adoquinamiento de nuestro propio camino de servidumbre. Y todo ello, por nuestro bien.
Comentarios
La gente formada como Manu, piensa que porque hay gestión privada de un recurso estatal (como por ejemplo, los joint ventures hoteleros en Cuba) se trata de "capitalismo". No saben distinguir las partes, por ende para ellos toda motoneta es automóvil.
Otra forma de ponerlo, es que Manu y sus amigos (que son demasiados), ven el volante pero no el motor... ¡y lo denuncian!
"el dinero que han ganado unas personas trabajando"
"Mucha osadía hay en afirmar que el dinero pertenece al Estado cuando no ha hecho nada por conseguirlo -salvo robarlo, claro está."
Lo mires como lo mires la existencia de un sistema tributario está recogido en nuestra Constitución. Eso de que es un robo es una "paja mental" de los anarcoliberales (gracias por ayudarme a hacer distinciones).
"Mucha osadía hay en afirmar que el dinero pertenece al Estado cuando no ha hecho nada por conseguirlo -salvo robarlo, claro está."
Lo mires como lo mires la existencia de un sistema tributario está recogido en nuestra Constitución. Eso de que es un robo es una "paja mental" de los anarcoliberales (gracias por ayudarme a hacer distinciones).
Vaya, veo que tienes mucho a comentar y criticar.
Sobre tu objeción, del todo insustancial. La única diferencia importante entre el Estado y el asaltador de caminos es que éste no actúa en régimen de monopolio. Que se encuentre o no en la Constitución que da carta de naturaleza a ese monopolio poco importa (salvo desde un punto de vista informativo, esto es, el monopolio policial y jurídico nos advierte de que no nos protegerá frente a sus propias agresiones hacia nuestra propiedad)
Por último, una curiosidad, ¿la pena de muerte en EEUU es un homicidio?
Sobre tu objeción, del todo insustancial. La única diferencia importante entre el Estado y el asaltador de caminos es que éste no actúa en régimen de monopolio. Que se encuentre o no en la Constitución que da carta de naturaleza a ese monopolio poco importa (salvo desde un punto de vista informativo, esto es, el monopolio policial y jurídico nos advierte de que no nos protegerá frente a sus propias agresiones hacia nuestra propiedad)
Por último, una curiosidad, ¿la pena de muerte en EEUU es un homicidio?
El método Rallo para debaratar argumentos mal armados, se llama. Y ni lo pienses, ya estoy a punto de patentarlo, y ni Rallo puda usarlo sin pagarme regalías.
Insustancial lo será para tí Juan Ramón. Para mí es fundamental ya que partes de un error de bulto en la base. Por cierto, ¿son para tí monopolio y robo términos equivalentes? Los usas de manera indistinta...
No son agresiones a la propiedad. No te inventes conceptos jurídicos.
La pena de muerte en algunos Estados de los EUA (y en el Código Penal Federal) es, como su propio nombre indica, una pena, no un delito (al igual que en España la pena de prisión es una pena y no un delito de detención ilegal). No sé dónde quieres llegar...
No son agresiones a la propiedad. No te inventes conceptos jurídicos.
La pena de muerte en algunos Estados de los EUA (y en el Código Penal Federal) es, como su propio nombre indica, una pena, no un delito (al igual que en España la pena de prisión es una pena y no un delito de detención ilegal). No sé dónde quieres llegar...
No veo dónde uso monopolio y crimen de manera indistinta. De hecho, el asaltador es un ladrón, pero no monopolista. El Estado es el único monopolio del crimen.
He dicho homicidio, no delito de homicidio. Me temo que los conceptos son previos a su positivación jurídica, de la misma manera que dije robo, no delito de robo.
El monopolio criminal puede establecer las actividades frente a las que protegerá a sus súbditos, pero no puede alterar el contenido de sus actos.
Comprenderás que si un ladrón deviene monopolio y una mayoría de la población dentro de su territorio consiente sus acciones criminales, no por ello convalide sus actuaciones.
He dicho homicidio, no delito de homicidio. Me temo que los conceptos son previos a su positivación jurídica, de la misma manera que dije robo, no delito de robo.
El monopolio criminal puede establecer las actividades frente a las que protegerá a sus súbditos, pero no puede alterar el contenido de sus actos.
Comprenderás que si un ladrón deviene monopolio y una mayoría de la población dentro de su territorio consiente sus acciones criminales, no por ello convalide sus actuaciones.
Manutc:
«No son agresiones [impuestos del Estado] a la propiedad. No te inventes conceptos jurídicos.»
¿Cómo no va a ser agresión si el próximo año te pueden quitar un 10% más de tus ingresos sin tu permiso?
Jaque mate fácil.
«No son agresiones [impuestos del Estado] a la propiedad. No te inventes conceptos jurídicos.»
¿Cómo no va a ser agresión si el próximo año te pueden quitar un 10% más de tus ingresos sin tu permiso?
Jaque mate fácil.
Qué el dinero de los impuestos fuese sólo para mantener las fuerzas del orden, podríamos estar charlando sobre un «pacto social»; podríamos por lo menos discutir si es un robo o no.
Pero cuando te exigen tus pertenencias para «luchar contra la pobreza», opino que se trata de un robo mayúsculo, o sino Fidel Castro no es un ladrón.
Pero cuando te exigen tus pertenencias para «luchar contra la pobreza», opino que se trata de un robo mayúsculo, o sino Fidel Castro no es un ladrón.
Lo mejor del argumento de Manu es la idea de que la financiación pública actual a través de conciertos es un paso más en el avance de la privatización de la enseñanza (o algo así). No tiene ni una sola prueba empírica que diga que la proporción de alumnos que van a la enseñanza concertada ha seguido una tendencia de aumento. Al contrario, lo que se observa es una enorme estabilidad desde hace lustros. Casi, casi, desde que el PSOE se inventó el sistema de conciertos.
No sé por qué os empeñáis en debatir con quien no quiere hacerlo. Manu es un hombre de partido, no un hombre de argumentos.
El método Manu consiste en que frente a una argumentación sólida, te pide que definas "solidez" y a continuación que definas cada uno de los términos que has empleado para definir solidez y así sucesivamente hasta que te aburres y entonces se inventa que no le has respondido. O bien te llama la atención sobre un acento, una coma o una letra que se te ha colado y te dice que según la RAE tal y tal y que reconozcas el error, como por si el cometer un error ortográfico desmoronaran tus tesis teóricas. Le reconozco el mérito, eso sí, de no recurrir a la palabra "fascita" cuando ve que no puede más porque no es posible (al menos yo no lo he visto, pero que igual sí...) Ante eso tengo que quitarme el sombrero, porque es lo habitual entre los de su clan. Pero a partir de ahí poco.
En cuanto al método Rallo, pues es el que es: Juan Ramón responde con en extensos post y con una prolija batería de argumentos donde le viene en gana. Tiene derecho a hacerlo. Y vaya si lo hace.
El método Manu consiste en que frente a una argumentación sólida, te pide que definas "solidez" y a continuación que definas cada uno de los términos que has empleado para definir solidez y así sucesivamente hasta que te aburres y entonces se inventa que no le has respondido. O bien te llama la atención sobre un acento, una coma o una letra que se te ha colado y te dice que según la RAE tal y tal y que reconozcas el error, como por si el cometer un error ortográfico desmoronaran tus tesis teóricas. Le reconozco el mérito, eso sí, de no recurrir a la palabra "fascita" cuando ve que no puede más porque no es posible (al menos yo no lo he visto, pero que igual sí...) Ante eso tengo que quitarme el sombrero, porque es lo habitual entre los de su clan. Pero a partir de ahí poco.
En cuanto al método Rallo, pues es el que es: Juan Ramón responde con en extensos post y con una prolija batería de argumentos donde le viene en gana. Tiene derecho a hacerlo. Y vaya si lo hace.
Ahora los argumentos, para no incurrir en el método Manu.
Manu que la Constitución establezca un sistema tributario con tales o cuales características, no implica que la cuestión quede fuera del debate racional. Si la Constitución reconociese la pena de muerte o negase derechos a categorías de individuos, no por ese motivo tendríamos que comulgar con esas medidas.
Permíteme, Manu, tú que eres hombre versado en cuestiones jurídicas, que te recuerte lo que es el legalismo ético, tesis que te será familiar a partir de tus lecturas de Norberto Bobbio. El legalismo ético o positismo ideológico consiste en considerar a algo justo por el mero hecho de estar dispuesto o mandado. El legalismo ético reduce la justicia a la validez jurídica. El legalismo ético sacraliza al poder y niega la autonomía moral del individuo y por ese merece las críticas de Bobbio, que era persona y jurista "de izquierdas", que lo considera un reduccionismo desde el punto de vista teórico y, añado yo, un planteamiento tendencialmente totalitario.
Pues bien, el único argumento que has presentado es un perfecto ejemplo de legalismo ético. La argumentación de Juan Ramón, según tú, no vale nada porque la Constitución establece que tal y cual y se acabó el debate.
Pues no, Manu, no. Juan Ramón no estaba describiendo la constitución ni haciendo filología constitucional. Estaba argumentando política y moralmente. Si quieres debatir ofrece algún argumento de esa naturaleza. Mientras tanto estamos a la espera.
Manu que la Constitución establezca un sistema tributario con tales o cuales características, no implica que la cuestión quede fuera del debate racional. Si la Constitución reconociese la pena de muerte o negase derechos a categorías de individuos, no por ese motivo tendríamos que comulgar con esas medidas.
Permíteme, Manu, tú que eres hombre versado en cuestiones jurídicas, que te recuerte lo que es el legalismo ético, tesis que te será familiar a partir de tus lecturas de Norberto Bobbio. El legalismo ético o positismo ideológico consiste en considerar a algo justo por el mero hecho de estar dispuesto o mandado. El legalismo ético reduce la justicia a la validez jurídica. El legalismo ético sacraliza al poder y niega la autonomía moral del individuo y por ese merece las críticas de Bobbio, que era persona y jurista "de izquierdas", que lo considera un reduccionismo desde el punto de vista teórico y, añado yo, un planteamiento tendencialmente totalitario.
Pues bien, el único argumento que has presentado es un perfecto ejemplo de legalismo ético. La argumentación de Juan Ramón, según tú, no vale nada porque la Constitución establece que tal y cual y se acabó el debate.
Pues no, Manu, no. Juan Ramón no estaba describiendo la constitución ni haciendo filología constitucional. Estaba argumentando política y moralmente. Si quieres debatir ofrece algún argumento de esa naturaleza. Mientras tanto estamos a la espera.
El segundo pseudo-argumento de Manu es el siguiente (es que no es fácil encontrarlo): Juan Ramón, al equiparar la orden del salteador con la del recaudador, inventa conceptos jurídicos.
Me cuesta seguirlo, pero operaré conforme al principio de caridad que nos obliga a considerar que nuestro interlocutor es racional y a interpretar sus proposiciones de modo que tengan algún sentido o mejor, el mejor sentido de entre los posibles.
Primero: la distinción no es invento de Juan Ramón. Ya San Agustín, seguro que también lo has estudiado en Derecho Natural y Filosofía del derecho, se refirió a la cuestión cuando dijo aquello de que quita la justicia y qué son los estados sino poderosas bandas de ladrones. También Hans Kelsen, a quien sin duda conoces, supuso una norma fundamental (Grundnorm) que daba validez a los sistemas jurídicos y que permitía distinguir a cada norma de la orden de un salteador en un camino. Y Hart, qué te voy a contar, trataba de distinguir entre el "have to" y el "must" en similares términos.
Luego Juan Ramón no inventa nada.
Segundo: ¿y si lo hiciera qué? El lenguaje que usa Juan Ramón, el mismo que usas tú, es un lenguaje natural. Eso quiere decir que es un fenómeno convencional en el que la relación entre términos y conceptos no es esencial ni real.
Juan Ramón considera que dos conceptos, usualmente tenidos por distintos, realmente son lo mismo y por ese motivo emplea el mismo término para designar a ambos. Es una operación formalmente correcta y además está en su derecho.
El tuyo es exigir que se le entienda y se le entiende. Y también es tu derecho exigir argumentos si hay alguna operación lingüística o conceptual no habitual. Y Juan Ramón los dio, vaya si los dio.
Ahí terminan sus obligaciones y comienzan las tuyas: intenta demostrar que la asimilación conceptual de Juan Ramón y, por ende, su reducción lingüística, no son plausibles.
Seguimos a la espera.
Me cuesta seguirlo, pero operaré conforme al principio de caridad que nos obliga a considerar que nuestro interlocutor es racional y a interpretar sus proposiciones de modo que tengan algún sentido o mejor, el mejor sentido de entre los posibles.
Primero: la distinción no es invento de Juan Ramón. Ya San Agustín, seguro que también lo has estudiado en Derecho Natural y Filosofía del derecho, se refirió a la cuestión cuando dijo aquello de que quita la justicia y qué son los estados sino poderosas bandas de ladrones. También Hans Kelsen, a quien sin duda conoces, supuso una norma fundamental (Grundnorm) que daba validez a los sistemas jurídicos y que permitía distinguir a cada norma de la orden de un salteador en un camino. Y Hart, qué te voy a contar, trataba de distinguir entre el "have to" y el "must" en similares términos.
Luego Juan Ramón no inventa nada.
Segundo: ¿y si lo hiciera qué? El lenguaje que usa Juan Ramón, el mismo que usas tú, es un lenguaje natural. Eso quiere decir que es un fenómeno convencional en el que la relación entre términos y conceptos no es esencial ni real.
Juan Ramón considera que dos conceptos, usualmente tenidos por distintos, realmente son lo mismo y por ese motivo emplea el mismo término para designar a ambos. Es una operación formalmente correcta y además está en su derecho.
El tuyo es exigir que se le entienda y se le entiende. Y también es tu derecho exigir argumentos si hay alguna operación lingüística o conceptual no habitual. Y Juan Ramón los dio, vaya si los dio.
Ahí terminan sus obligaciones y comienzan las tuyas: intenta demostrar que la asimilación conceptual de Juan Ramón y, por ende, su reducción lingüística, no son plausibles.
Seguimos a la espera.
Las variantes no jurídicas de conceptos jurídicos son despreciables para un debate serio.
El Estado ni es ladrón ni comete crímenes.
El Estado ni es ladrón ni comete crímenes.
"El Estado ni es ladrón ni comete crímenes": El GAL, Manu, el GAL, no te olvides del GAL.
"Las variantes no jurídicas de conceptos jurídicos son despreciables para un debate serio": ejemplo del método Manu.
Primero porque el debate no era jurídico, sino más bien moral, pero como Manu dice que era jurídico pues lo dicho no vale ya que sólo él es fuente auténtica del debate jurídico y sólo en su entendimiento moran los conceptos que fluyen, cual platónicas sombras, a través de sus palabras que reflejan sólo teorías e ideas genuinas.
En segundo lugar porque presupone una definición de seriedad, cuyo significado sólo él posee y sólo a él es asequible, que hace que nosotros o nuestro debate pasemos a ser no-serios y despreciables.
Como si Juan Ramón, en lugar de opinar hubiera dictado una sentencia en sede judicial. Lo cierto, Manu, es que luego, cuando os interesa, os mostráis partidarios del uso alternativo del derecho, del garantismo y del alternativismo que os permiten torcer a voluntad los conceptos jurídicos en la dirección "correcta" (la ORA que no tiene nada que ver con la zona azul ni la roja ni la verde, sino con la One Right Answer que seguro también conoces). Sois alternativistas mientras conviene porque ahora te muestras más formalista que el primer Ihering y a tu lado la Jurisprudencia de conceptos es vulgata sociología corrompida por juicios de valor subjetivos no susceptibles de análisis racional.
A partir de ahora, Manu, para obtener el certificado de seriedad habrá que petirte permiso y presentar los cinco cupones que vienen con El País.
Manu, seguro que habré cometido algún error ortográfico o habré tenido un deliz semántico, pero seguimos esperando un argumento de fondo, sólo uno, que refute algo de lo dicho por Rallo. Por mi parte, estoy incluso dispuesto a eximirte de citas y alardes de erudición porque, como habrás visto, te la presupongo. Pero un argumento, por caridad, un argumento, es lo que estamos esperando.
"Las variantes no jurídicas de conceptos jurídicos son despreciables para un debate serio": ejemplo del método Manu.
Primero porque el debate no era jurídico, sino más bien moral, pero como Manu dice que era jurídico pues lo dicho no vale ya que sólo él es fuente auténtica del debate jurídico y sólo en su entendimiento moran los conceptos que fluyen, cual platónicas sombras, a través de sus palabras que reflejan sólo teorías e ideas genuinas.
En segundo lugar porque presupone una definición de seriedad, cuyo significado sólo él posee y sólo a él es asequible, que hace que nosotros o nuestro debate pasemos a ser no-serios y despreciables.
Como si Juan Ramón, en lugar de opinar hubiera dictado una sentencia en sede judicial. Lo cierto, Manu, es que luego, cuando os interesa, os mostráis partidarios del uso alternativo del derecho, del garantismo y del alternativismo que os permiten torcer a voluntad los conceptos jurídicos en la dirección "correcta" (la ORA que no tiene nada que ver con la zona azul ni la roja ni la verde, sino con la One Right Answer que seguro también conoces). Sois alternativistas mientras conviene porque ahora te muestras más formalista que el primer Ihering y a tu lado la Jurisprudencia de conceptos es vulgata sociología corrompida por juicios de valor subjetivos no susceptibles de análisis racional.
A partir de ahora, Manu, para obtener el certificado de seriedad habrá que petirte permiso y presentar los cinco cupones que vienen con El País.
Manu, seguro que habré cometido algún error ortográfico o habré tenido un deliz semántico, pero seguimos esperando un argumento de fondo, sólo uno, que refute algo de lo dicho por Rallo. Por mi parte, estoy incluso dispuesto a eximirte de citas y alardes de erudición porque, como habrás visto, te la presupongo. Pero un argumento, por caridad, un argumento, es lo que estamos esperando.
manutc es una persona para mi gusto muy limitada, pero vosotros le dedicáis una atención desmesurada para sus escasos méritos intelectuales, supongo que es porque atizándole a manu en cierto modo atizamos al PSOE, y ahí me apunto yo.
Dice manu El Estado ni es ladrón ni comete crímenes.
¿Entonces en Irán cuando lapidan o ahorcan no cometen un crimen? supongo que tú crees que no, porque según la ley iraní todo es legal, pero qué quieres que te diga, a mí me repugna, y si estuviera en mis manos te aseguro que todos los islamistas estarían hoy en el Paraíso con sus 72 vírgenes y su mozalbete (y no me importa demasiado si eso es legal o moral, esas disquisiciones se las dejo a otros).
Lo que te quiero decir es que tu forma de pensar es terriblemente conservadora y contraria a todo progreso, ¿cómo vamos a aceptar que lo que dice la ley está bien? por favor, precisamente los cambios son la única posibilidad que nos queda para progresar.
Por lo demás estoy de acuerdo en que en este caso los impuestos destinados a subvencionar la educación sobran. En lo que no estoy de acuerdo es en llamarle robo, porque desgraciadamente la sociedad no lo percibe así, la prueba es que mayoritariamente gobiernan los manu &cia.
Y si alguien insiste en llamar robo a eso entonces por coherencia debería de concederme que la mayor parte de la sociedad roba de una manera u otra y no se considera culpable en absoluto (al contrario más bien).
Dice manu El Estado ni es ladrón ni comete crímenes.
¿Entonces en Irán cuando lapidan o ahorcan no cometen un crimen? supongo que tú crees que no, porque según la ley iraní todo es legal, pero qué quieres que te diga, a mí me repugna, y si estuviera en mis manos te aseguro que todos los islamistas estarían hoy en el Paraíso con sus 72 vírgenes y su mozalbete (y no me importa demasiado si eso es legal o moral, esas disquisiciones se las dejo a otros).
Lo que te quiero decir es que tu forma de pensar es terriblemente conservadora y contraria a todo progreso, ¿cómo vamos a aceptar que lo que dice la ley está bien? por favor, precisamente los cambios son la única posibilidad que nos queda para progresar.
Por lo demás estoy de acuerdo en que en este caso los impuestos destinados a subvencionar la educación sobran. En lo que no estoy de acuerdo es en llamarle robo, porque desgraciadamente la sociedad no lo percibe así, la prueba es que mayoritariamente gobiernan los manu &cia.
Y si alguien insiste en llamar robo a eso entonces por coherencia debería de concederme que la mayor parte de la sociedad roba de una manera u otra y no se considera culpable en absoluto (al contrario más bien).
Si me permitis intervenir en discusión jurídica tan refinada,
Vengo de entrar en el blog de Manutc.
Parte de muchos errores de bulto, a los cuales me atrevo a añadir a los descritos, a su absurda y estalinista definición de la sociedad en contraposición de la mayoria de sus miembros que eligen la educación concertada.
Pero ya sabemos, para la izquierda el que no piensa como ella, no forma parte de su "sociedad", y se le puede privar de sus derechos, en este caso de elección de la educación de sus hijos.
No solo el concepto de plusvalía sino el del estado, la sociedad y el bien más preciado que es la libertad están deformados en sus argumentos.
Vengo de entrar en el blog de Manutc.
Parte de muchos errores de bulto, a los cuales me atrevo a añadir a los descritos, a su absurda y estalinista definición de la sociedad en contraposición de la mayoria de sus miembros que eligen la educación concertada.
Pero ya sabemos, para la izquierda el que no piensa como ella, no forma parte de su "sociedad", y se le puede privar de sus derechos, en este caso de elección de la educación de sus hijos.
No solo el concepto de plusvalía sino el del estado, la sociedad y el bien más preciado que es la libertad están deformados en sus argumentos.
Sí, es cierto, sus argumentos son limitados aunque se vé que el muchacho le pone voluntad.
Pero no es atizar al PSOE. Creo que no.
Todos hemos debatido en ocasiones con gentes progres que pululan por aquí y muchos de ellos refinan sus críticas y presentan tesis de peso. Pero Manu no lo hace, se limita al despecho y al desprecio intelectual, a ir de incendiario, a mirar por encima del hombro sin refutar tus tesis, a la simple condenscendencia. En conjunto a veces resulta poco prudente e incluso algo insolente. Quizás por eso me veo movido de tiempo en tiempo a responderle. No es por atizar ni al PSOE ni a él, la verdad, que igual luego el muchacho seguro que es buena gente y todo, vamos.
Pero no es atizar al PSOE. Creo que no.
Todos hemos debatido en ocasiones con gentes progres que pululan por aquí y muchos de ellos refinan sus críticas y presentan tesis de peso. Pero Manu no lo hace, se limita al despecho y al desprecio intelectual, a ir de incendiario, a mirar por encima del hombro sin refutar tus tesis, a la simple condenscendencia. En conjunto a veces resulta poco prudente e incluso algo insolente. Quizás por eso me veo movido de tiempo en tiempo a responderle. No es por atizar ni al PSOE ni a él, la verdad, que igual luego el muchacho seguro que es buena gente y todo, vamos.
Una vez manutc citó, admirativamente, fragmentos del discurso de despedida del dictador Salvador (!) Allende. Ahora dice que el estado no comete crímenes ni robos. Estamos listos. Fidel Castro debe ser uno de sus héroes, y veo que realmente responde según la descripción exacta de apfner.
Jaun Ramón Rallo ha hablado racionalmente y teniendo presente la Ética de la libertad. Quien le acuse de no ser racional lo que tiene que hacer es demostrarlo con argumentos racionales.
Juan Ramón Rallo Julián ha contribuido también con su presente intervención a que se hable de una vez de la situación tan irracional que existe en la Universidad española: ¿ dónde están los departamentos que defiendan a la Escuela Austriaca? Si la Universidad quiere ser "universal" como lo es la "razón" ¿ por qué no existen departamentos de economía de la Escuela Austriaca en las Universidades españolas (públicas o concertadas)?
Lo siento, no puedo callarme: que vergüenza ajena defender el latrocinio del estado, besar sumisamente la mano que esculca nuestros bolsillos y se roba nuestra riqueza. Que vergüenza ser esclavo del estado, pretender seguir siéndolo y encima legitimar y publicitar sus desafueros.
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