29 de Marzo de 2005

Hace más de un mes, respondí a un artículo de Enrique Gómez en el que defendía la nazionalización de las redes de comunicaciones.

Pues bien, Enrique Gómez vuelve a la carga con una contestación genérica a todos aquellos que le plantearon objeciones. Como yo creo encontrarme entre ellos, procederé a la correspondiente dúplica.

Una mala reformulación

El autor considera que el argumento utilizado [por mis críticos] consiste en afirmar que yo escribí en ese post algo así como que el Estado debe proveer obligatoriamente de redes de calidad a todos los ciudadanos y evitar así la libre competencia. Cuando, sin embargo, lo que Enrique Gómez estaba proponiendo es que el Estado se abstuviera de cerrar las redes que se están creando, y que permita a cualquier ente (individuo que pone un punto de acceso en su casa, comunidad de vecinos que comparten una wifi o ayuntamiento que da acceso gratuito a sus ciudadanos) proveer de conexión a quien quiera. No sólo eso, según Enrique Gómez les hemos acusado de totalitarios.

En realidad, nunca afirmé que esa fuera la tesis de Enrique, ni mucho menos que fuera totalitario. En mi artículo afirmaba que "Y aquí nos topamos con un problema típicamente político. Los lobbies empresariales asociados con el Estado restringen el mercado, incrementan los precios y reduciendo la cantidad producida. Enrique Gómez, como liberal, critica, obviamente, esta obstrucción política. De acuerdo, entonces, ¿cuál es la razón por la que debamos nacionalizar las redes? o, mejor dicho, ¿cuál es la razón por la que parte de las redes deban ser públicas?". Y más adelante: parece que Enrique Gómez esté sugiriendo que todo el mundo quiere Internet y que los empresarios son incapaces de ofrecer esta infraestructura. Es decir, parece que, implícitamente, Enrique Gómez defienda la nazionalización, o provisión pública de parte de las redes, por el siempre recurrente sofisma de los bienes públicos.

Mi objeción no se dirigía a que la provisión pública de redes subvertían la "libre competencia", sino a que atacaban de lleno la propiedad y la soberanía del consumidor: Antes de empezar con la crítica, conviene hacer una consideración previa. Cuando una persona propone nacionalizar un servicio está, al mismo tiempo, considerando ese servicio más importante que otros. En cierto modo, considera legítimo el uso de la coacción estatal para imponer a los demás su jerarquía de preferencias. Se trata de una fatalísima arrogancia en muy pocas ocasiones percibida. El sujeto extrapola sus gustos a los de la sociedad entera: Internet constituye una prioridad para todos.

Ahora bien, si en un principio no adjudicaba ese razonamiento ni ese calificativo a Enrique Gómez, tras el matiz aclaratorio sobre sus verdaderas tesis y leer el artículo completo, empiezo a pensar que Enrique sí defiende la provisión obligatoria de redes de calidad a todos los ciudadanos -evitando la libre competencia- y que, como veremos más adelante, sus ideas pueden acercarse, probablemente por error, a ciertos géneros de totalitarismo.

Volvamos a la tesis expuesta según el autor: En ese artículo lo único que proponía era que el Estado se abstuviera de cerrar las redes que se están creando, y que permita a cualquier ente (individuo que pone un punto de acceso en su casa, comunidad de vecinos que comparten una wifi o ayuntamiento que da acceso gratuito a sus ciudadanos) proveer de conexión a quien quiera. Es curioso que la abstención del Estado se plantee como un conflicto de competencias; los Ayuntamientos sí pueden construir redes, sin que el Estado central pueda impedírselo. Uno creía que la abstención del Estado que defendían los liberales era la de la acción positiva del Estado, tanto en prohibir actividades a gente legitimada para emprenderlas, como en acaparar recursos productivos para conseguir sus fines.

Enrique, además, subordina la provisión del servicio de conexiones al simple deseo o apatencia por parte de los individuos. Uno podría obviar tal sentido, pensando que se trata de un uso adecuado del verbo querer. Recordemos que el simple deseo no sirve para obtener un bien o servicio. Ricardo, por ejemplo, replicaba a Malthus diciendo que: "Estamos de acuerdo también en que la demanda efectiva se compone de dos elementos, a saber, el poder y la voluntad de compra". Por su parte, Henry Hazlitt, criticando la distinción entre demanda y demanda efectiva que hace Keynes, asegura que: "La demanda es efectiva por definición. Si no es efectiva, no se llama demanda, sino necesidad, apetencia, deseo o antojo. La palabra "demanda" implica el requisito del deseo junto con el requisito de poder de compra".

No creo que Enrique Gómez no utilice el verbo demandar deliberadamente. No intento ser puntilloso en ese sentido. De hecho, en caso de no haber incluido a los Ayuntamientos en la terna de quienes debían proveer Internet, tan sólo hubiera pasado de largo ese detalle. Ahora bien, al mezclar el sector público con los deseos de la gente, las conclusiones son harto distintas.

¿Debe un Ayuntamiento dotar de acceso gratuito a quien quiera? Si ello es así, el Ayuntamiento sí tendrá una obligación de proveer redes de calidad frente a todos los ciudadanos que así lo quieran. ¿Adulteraría ello la libre competencia? Parece evidente que frente a la provisión vía precios por parte de una empresa privada y la provisión vía presupuesto (y por tanto sin precios finales de venta), todos los consumidores de las empresas privadas (a menos que la calidad de la provisión pública sea lamentable) migrarán a la provisión "gratuita".

Por tanto, el replanteamiento que Enrique Gómez efectúa sobre su tesis confirma, en todo caso, la objeción crítica que pretendía refutar. Y en ese sentido, le son aplicables las anteriores críticas; si el simple deseo basta para que el sector público provea un bien, los recursos deberán ser retraídos de manera forzosa desde otros fines "prioritarios". Los fines de miles de otras personas quedarán insatisfechos por el simple juicio de la categórica necesidad de Internet efectuado por el Alcalde con su tropa de ungidos punkies cibernéticos. La cuestión, pues, a la que debe responder Enrique es por qué considera más justa y más adecuada una distribución de los recursos hecha vía juicios políticos en lugar de vía precios. Y, en su caso, por qué los juicios políticos no son igualmente útiles para cualquier otro sector de la economía.

Los neocon no sabemos economía

Pero Enrique no se detiene ahí: Estos neocon no se enteran: cualquier alumno de primero de Economía sabe lo que es un monopolio y un oligopolio, y que la libre competencia nunca es perfecta, sobretodo cuando se trata de infraestructuras.

Es curiosa la apelación a los conocimientos económicos de un alumno de primero de Economía. Si estos son los mimbres sobre los que Enrique pretende edificar su teoría, muy mal vamos. Y es que, en efecto, cualquier alumno de primero de Economía puede que sepa que la libre competencia nunca es perfecta, pero lo que no saben es que no conviene que lo sea. Es decir, no debe constituir un objetivo de la política económica intentar acoplar la realidad con los ilusorios modelos de "competencia perfecta". Si todas las compañías venden un producto idéntico, de igual calidad y al mismo precio, ¿dónde está la competencia? De hecho, no pocos socialistas, como Oskar Lange, pretendieron asentar sobre los modelos de competencia perfecta su famosa solución competitiva a la imposibilidad del cálculo económico socialista, puesta de manifiesto por Mises.

De lo que no estoy tan seguro es de que un alumno de primero de Economía sepa qué es un monopolio. En las Universidades se nos dice que tenemos una situación monopolística cuando hay una única empresa en el mercado, de manera que es capaz (tiene poder de mercado) de fijar un precio superior a su coste marginal. La situación histórica de que haya una sola empresa en el mercado, efectivamente, puede ser un caso de monopolio (cuando el Estado concede la licencia estatal para ello), pero también puede no serlo (cuando la empresa sea la que mejor sirva a todos los consumidores)

El alumno de primero de Economía señalaría que la empresa eficiente es también un caso de monopolio, cuando, en realidad, perderá cuota de mercado en el momento en que deje de servir mejor que nadie a los consumidores. Si un empresario que no está en el sector considera que es capaz de producir más barato y con mayor calidad que la "empresa monopolística" entrará en el mercado; así, toda empresa, si no hay restricción estatal, está sometida a la competencia potencial del mercado.

Como ejemplo histórico tenemos el caso de la Standard Oil de Rockefeller. Esta compañía llegó a ostentar el 90% de la cuota de mercado en EEUU, partiendo de unas dimensiones reducidas, gracias a las continuadas reducciones de costes y de precios. En 1911, la Sherman Act (la ley antitrust de EEUU) se decidió a disolver la compañía en numerosas empresas estatales a pesar de que la cuota de mercado de la Standard Oil había caído de manera continuada durante el s.XX hasta el 64%.

En la misma trampa (en la de un inocente estudiante de primero de Economía) parece caer Enrique Gómez cuando afirma que: Telefónica disfruta de un monopolio en algunos servicios, ya que para contratar cualquier oferta de ADSL con otra compañía es necesario tener contratada previamente una línea con Telefónica. El resultado de este monopolio son unos precios prohibitivos para muchos ciudadanos de este país, con la consiguiente desigualdad de oportunidades que la situación genera.

Como valenciano esta discurso no puede sonarme más disparatado. En la Comunidad Valenciana la empresa ONO ha recurrido a su propio sistema de cableado consiguiendo buena parte de la cuota de Telefónica. Cierto que el servicio de Internet de ONO no es propiamente ADSL, sino Internet por cable. Sin embargo, es evidente que la gran mayoría de consumidores no demanda el servicio "Internet con ADSL", sino "nternet con alta velocidad" y, en ese sentido, ONO es una competencia directa con Telefónica. Es un grave error pretender objetivizar un bien, entre otras cosas porque las empresarios compiten por intentar satisfacer los fines de los consumidores de la mejor manera posible; y, a ese efecto, no es relevante las características técnicas propias del medio que propogan, sino la especial aptitud del mismo para satisfacerlos. En caso contrario, llegaríamos al absurdo de afirmar que cada producto, como no es perfectamente homogéneo en términos materiales, constituye un monopolio en sí mismo.

Pero es que, aparte, ya existen al menos dos proveedores de Internet ADSL en España que no pasan a través de Telefónica: Servidores.com y Jazztel.

De lo dicho hasta ahora podríamos concluir que Enrique Gómez no consigue edificar, de manera satisfactoria, la necesidad de provisión pública de redes en el caso de los deseos insatisfechos y del monopolio. Pero, a mi juicio, en las ideas novedosas de este artículo reside su mayor peligrosidad.

La emancipación institucional

En la tercera parte, Enrique trata el tema de la emancipación institucional -algo no explorado en su anterior artículo: En el caso de las redes de telecomunicaciones los neocon llevan el debate al mismo punto de siempre: ¿confiamos más en el Estado o confiamos más en el mercado? En realidad nos cansamos de ese debate, porque estamos hablando siempre de las mismas instituciones. Desde la óptica de un ciberpunk no hay muchas diferencias entre un socialista y un liberal, ya que ambos confían ciegamente en las instituciones, y además en las del S.XIX y anteriores: los socialistas confían más en el Estado, el sindicato, la asamblea, etc. y los liberales lo hacen en mayor grado en la empresa, la familia o la Iglesia.

Como nota previa a mi crítica, conviene hacer notar dos cosas. Primero, es curioso el cambio de apelativo de neocon a liberal. Es como si Enrique hubiera tenido un lapsus calami y, harto de forzar "la consigna" de llamar neocons a los liberales, decidiera abandonarla para escribir con más soltura. Y, segundo, Enrique separa con meridiana claridad a los ciberpunks de los liberales. Si durante mucho tiempo aquellos quisieron considerarse una parte de éstos, quede claro que, al menos para Enrique, esta clasificación no tiene sentido alguno. Los ciberpunks NO son liberales, al menos según uno de sus más destacados miembros.

Yo, sinceramente, no me atrevo a dar o quitar etiquetas de liberal a nadie. ¿Qué "peso" de liberalismo y de intervencionismo es necesario para calificar o no a uno como liberal? Prefiero, sencillamente, opinar sobre determinadas políticas o propuestas, sobre si éstas son más o menos respetuosas con la libertad. En el caso que nos ocupa, aprecio en Enrique Gómez un marcado constructivismo institucional altamente peligroso.

Dice Enrique que tanto socialistas como liberales confían en las instituciones, por tanto, ambos son iguales. Esto es idéntico a afirmar que hay pocas diferencias entre el asesino y la víctima porque ambos crean tener un derecho sobre la vida de la víctima. Lo que caracteriza a los liberales es el confiar en las instituciones "correctas". Puede ser sencillo descalificar esta afirmación diciendo que también los socialistas creían que sus instituciones fueran correctas, pero el hecho de que lo creyeran no las convirtió en válidas.

Pero es que, además, un Estado no es una institución, sino una pretendida cristalización de la misma. Lo que caracteriza a la institución es su capacidad para variar, adaptándose a las necesidades de los individuos (por ejemplo la evolución lingüística). El Estado impide frontalmente esa evolución.

Tampoco es cierto que los liberales confiemos en "la empresa, la familia o la Iglesia", si fuera así pediríamos una protección específica por parte del Estado para cada una de ellas. Nos sobra con que el Estado no las agredan de manera sistemática como viene ocurriendo. Y eso no es menos falso que la supuesta falta de confianza de los liberales en las asambleas o los sindicatos. Las Asambleas son fundamentales incluso para el funcionamiento de determinados ámbitos de una empresa y de las Asociaciones que, necesariamente, afloran en una sociedad liberal. Los sindicatos, por su parte, simplemente son representantes de los trabajadores que en ellos decidan inscribirse. Otra cosa muy distinta son los privilegios que el Estado, de manera escandalosa, les otorga.

Por ello, la primera conclusión de Enrique sobre las Instituciones no puede ser más incorrecta: Así que el resultado final es un diálogo de besugos entre unos y otros que siempre radica en elegir qué instituciones deben regir nuestras vidas. El autor observa el tema institucional desde una perspectiva radicalmente constructivista. Los liberales, dice, seleccionan qué instituciones y con qué contenido deben regir las vidas de los ciudadanos. Todo lo contrario, los liberales no imponen instituciones sino que las dejan aflorar espontáneamente. Si Hayek leyera ciertas cosas caería sentado del susto.

Con estas nociones sobre evolucionismo institucional, las propuestas de Enrique son congruentemente escalofriantes: Lo que nos ofrece la nueva sociedad-red tiene muy superado ese diálogo estéril. Gracias a los avances tecnológicos podemos independizarnos poco a poco de todas esas insituciones y superar los mitos y valores de la era industrial. Ahora podemos crear unas instituciones nuevas que nos ofrezcan más libertad, transformar las que ya existen o institucionalizarnos a nosotros mismos.

Este párrafo recoge la esencia del pensamiento constructivista de Enrique. La confusión es palamaria. Las instituciones (lenguaje, derecho, dinero, seguros, precios de mercado) son, por naturaleza y definición, sociales. No sólo eso, las instituciones no son, ni pueden ser, concebidas previamente por ninguna mente humana, pues surgen de la interacción de miles de seres humanos, cuyas consecuencias no intencionadas darán lugar a estos comportamientos pautados que les ayudarán en la futura consecución de sus fines. Una cosa es que las comunidades de vecinos se paguen su punto de acceso y, otra muy distinta, que todo este entramado suponga una nueva institución.

En realidad, cuando Enrique habla de "institucionalizarnos a nosotros mismos" se está refiriendo a sustraerse de instituciones vigentes, pues no cabe la posibilidad de que un individuo cree otras nuevas. De hecho, esta concepción de las instituciones (que un individuo puede planificar las instituciones) fue denunciada por Hayek como atomismo, y lo enlazó con el socialismo. Al fin y al cabo, si los individuos son seres absolutamente impermeables que conciben conscientemente las instituciones, ¿qué impide al planificador socialista crearlas para todo el mundo?

Y éste es precisamente el punto más peligroso del artículo-respuesta de Enrique. Entre los sujetos capaces y legitimados para crear esas nuevas instituciones que barrerían a todas las anteriores se encuentran los Ayuntamientos y, por tanto, el Estado. Así, las instituciones "viejas" serían reemplazadas por las nuevas: el mercado -autosuficiencia cibernética- las empresas -comunas vecinales o locales- la propiedad -universalidad o propiedad pública de las redes dado su coste cero en uso- el derecho -es necesario crear normas específicas para las relaciones en Internet- el lenguaje -la jerga ciberpunk y el lenguaje informático- y el dinero -en caso de que existiera en esas comunas autosuficientes de vecinos o municipios sería una especie de dinero electrónico. No sé a ustedes, pero a mí me recuerda al maoísmo.

Las instituciones ni se crean ni se destruyen, evolucionan. Las r-evoluciones degeneran necesariamente en caos social, pues los comportamientos pautados en los que ha venido basándose la acción humana desaparecen de súbito. Existe, pues, una descoordinación total, similar a la que ocurre en un sistema socialista cuando desaparece el sistema de precios.

Este es el proyecto visionario de unos pocos que creen posible emplear la coacción del sector público para imponer su estándar óptimo de sociedad; para crear, en definitiva, unas nuevas instituciones. Y este punto genera más que evidentes conflictos con el ideario liberal. Quizá, por ello, los ciberpunks hayan empezado a renegar de tal calificativo.

Como lo ignoro, no voy a entrar en juicios de intenciones. Prefiero pensar que siguen defendiendo la libertad si bien, en este caso, han metido la pata hasta el fondo. La disyuntiva es diáfana: ¿a qué sienten más apego, a su proyecto omnicomprensivo de redes o a la libertad?