25 de Agosto de 2005

En uno de los capítulos de "Economía en Porciones" de la ciberreferencia Juan Urrutia, se analiza la "obsesión" del antiguo presidente del gobierno, José María Aznar, por "prohibir" el déficit público. Dado que el texto pretende pasar como una interpretación libera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conviene examinarlo y sacar las conclusiones pertinentes.

Antes de empezar he de señalar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prohíbe el recurso al déficit, es una buena idea pero, a todas luces, insuficiente. Por un lado porque, como ya hemos visto, es una ley susceptible de cambio parlamentario que, por tanto, en nuestras democracias parlamentarias, sólo limita al gobierno en tanto él esté dispuesto a limitarse. En este sentido, la ley era innecesaria, bastaba la buena voluntad política. Por otro, incluso Llamazares podría cumplir semejante ley. Hay que recordar que para incrementar el gasto público no es necesario recurrir al déficit, basta con incrementar los impuestos. Por tanto, la ley de Estabilidad Presupuestario no es una garantía de control estatal; en definitiva, apela a un pueblo que, en caso de incurrir en enormes déficits permanecería silencioso, pero que se levantaría en contra del gobierno si esos déficits se compensarán con incrementos de impuestos.

Dicho esto, he de decir que los argumentos de Urrutia están del todo mal orientados. Para explicar por qué no es recomendable "prohibir" el déficit público, recurre a una interesante analogía que, sin embargo, deja más flancos descubiertos que en un principio. Tras constatar que la inflación es mala y que el déficit también lo es (si bien por motivos incorrectos, como luego veremos), concluye: El paralelismo se rompe sin embargo en cuanto pensamos en la diferencia entre eliminar y prohibir. También pudo haberse prohibido la inflación; pero se optó por tratar de eliminarla: ¿porqué?, ¿cómo?. Porque prohibirla habría exigido unos controles de precios que ya se han mostrado por doquier como imposibles y nocivos. Pero tratar de eliminarla mediante una política monetaria restrictiva impuesta por el gobierno es también inútil precisamente por un problema de inconsistencia temporal o falta de credibilidad del gobierno.

Es interesante esta inicial contradicción. Asumamos como hace Urrutia que inflación equivale a incremento de precios. Primero asegura que "también pudo haberse prohibido la inflación", entendiendo inflación como incremento de precios, pero luego asegura que los controles de precios son "imposibles". Entonces, ¿cómo puede poderse lo imPOSIBLE?

Por tanto, quizá la diferencia entre por qué prohibir el déficit y no prohibir la inflación se haya en que lo primero es factible (aunque Urrutia, como ahora veremos, sostenga lo contrario) y lo segundo no.

Sin embargo, abandonemos la hipótesis neoclásica de que inflación equivale a incremento de precios. Los "felices años 20" fue una época tremendamente inflacionaria y los precios no aumentaron. La razón es que, aunque la calidad del dinero, y por tanto su valor, empeoraban a un ritmo muy elevado, la utilidad marginal de una producción creciente hacía disminuir aun más su valor, de manera que el precio, como cruce de valoraciones, permanecía más o menos constante.

O al revés, los precios pueden aumentar sin que se produzca ningún tipo de inflación. Si la producción de un país disminuye o sus productos son, de golpe, mucho más valorados, la gente estará dispuesta a entregar una mayor cantidad de dinero por las mismas unidades de un producto, sin que necesariamente la calidad del dinero haya disminuido. Juan Urrutia confunde inflación con las consecuencias habituales de la inflación.

Sin duda, es imposible evitar la inflación una vez el agente encargado de emitir el dinero ya ha realizado las pertinentes acciones que le hacen perder credibilidad. Así, si el gobierno reduce el respaldo, incrementa la deuda, o defrauda a los acreedores, la confianza de la gente en el dinero será menor de lo que en otro caso hubiera sido y, por tanto, se producirá inflación. Sería inútil pretender controlarla, pues ello implicaría querer dominar las mentes y las apreciaciones subjetivas de las personas.

Ahora bien, el argumento de la inconsistencia temporal no es sólido. Es cierto que un Banco Central nunca podrá evitar la inflación pues, en tanto monopolio, tendrá incentivos para incrementar el precio de sus servicios (el "impuesto inflacionario" del que habla Urrutia) o a disminuir su calidad (dando paso a una genuina inflación). No obstante, el problema de la inconsistencia temporal puede solucionarse sin demasiadas dificultades rompiendo el monopolio monetario, esto es, permitiendo la competencia entre las distintas divisas (y no, como propone Juan Urrutia, a través de la creación de un Banco Central independiente que sigue actuando como prestamista de última instancia ante las expansiones crediticias sin respaldo de la banca comercial).

De esta manera, la gente sería consciente de que los emisores privados no tienen incentivos para defraudar a sus clientes pues, en ese caso, acudirían a la competencia. Es cierto que, aun así, el fraude sería posible, pero éste ya no estaría institucionalizado. De hecho, el consumidor libremente se dirigiría a aquellas monedas que le proporcionan una mayor "confianza" en su calidad; y este confianza es todo lo contrario a la inconsistencia temporal.

La conclusión es que, obviamente, la inflación no puede prohibirse en tanto las apreciaciones subjetivas de la gente son libres. En ocasiones la confianza puede perderse por unas simples declaraciones desafortunadas. Ahora bien, sí es perfectamente posible prohibir numerosas prácticas que llevan a esa pérdida de confianza (como puede ser el fraude o el robo).

Acto seguido, el economista se pregunta: ¿Por qué se opta por prohibir el déficit público en lugar de eliminarlo?. De hecho se podría eliminar el déficit de una forma análoga a la eliminación de la inflación por parte de un Banco Central Independiente. En efecto una especie de Agencia Central del Gasto, configurada como independiente, podría siempre eliminar gastos a su leal saber y entender si la recaudación prevista los hiciera generadores de déficit. ¿Por qué no se hace así y se opta por prohibirlo?

Como ya digo, ni el Banco Central puede eliminar la inflación (pues niega el mismo concepto de confianza monetaria basado en la posibilidad de elección y discriminación entre monedas), ni una Agencia Central dependiente del Estado -que se asienta sobre el gasto del Estado- podría eliminar el déficit público. Tanto la Agencia como el déficit son aprobados y controlados por el Parlamento. Si el Parlamento desea incurrir en déficit lo tiene tan fácil como modificar los Estatutos de la Agencia o cerrarla.

Urrutia parece coincidir, en última instancia, con este análisis al decir que su incapacidad descansaría en que La mayoría del gasto público lo es como resultado de alguna ley y por lo tanto su reducción exigiría una nueva ley o una modificación de la existente, cosas que una eventual agencia no podría ni siquiera proponer por muy independiente que fuera.

De ahí que la eliminación del déficit tenga que hacerse mediante su prohibición por una ley que faculte al gobierno a tomar iniciativas legislativas que rebajen o eliminen la obligación de gastar impuesta por otra ley

Si bien me resulta extraño imaginar un gobierno austero, respaldado por un Parlamento pródigo; el problema en ambos casos es que todas las agencias, burocracias y brazos ejecutivos SON Estado, y, por tanto, se controlarán a sí mismos mientras lo decidan. Los checks and balances internos son del todo ineficaces y terminan por solaparse unos con otros (aun cuando en muchos casos sean preferibles a una directa concentración de poder en un mismo órgano).

¿Es posible prohibir el déficit público? Tanto como eliminarlo. Creer que es posible eliminar el déficit en un período pero no prohibirlo en ese mismo período es ingenuo. Creer que es posible eliminar el déficit de manera sostenida y no prohibirlo de manera sostenida, es absurdo (tanto como la postura opuesta, esto es, creer que no es posible eliminar el déficit sin prohibirlo). Como ya digo la Ley de Estabilidad Presupuestaria es una buena declaración de intenciones; pero en tanto ley que regula al órgano emisor, papel mojado.

Luego Urrutia pasa a preguntarse, no ya si es posible prohibirlo, sino si será posible y deseable eliminar el déficit. Sobre la posibilidad no voy a hacer un gran comentario: ya ha sido posible y, en tanto se trata de una decisión humana, lo contrario es perfectamente concebible y, por tanto, posible.

Interesa más, sin embargo, examinar los argumentos de Urrutia acerca de la "conveniencia" de su eliminación: Aisladamente la contestación es afirmativo pues el gasto público está sobredimensionado y desincentiva a la iniciativa privada.

No es mal comienzo, pero más que desincentivar la iniciativa privada hay que señalar que la destruye. Primero, el déficit es posible porque el gobierno obtiene de forma sibilina unos recursos que, de otra forma, hubieran ido a parar al sector privado. En ese sentido, cuando el gobierno gasta esos recursos no podrán ser invertidos por los empresarios. Por tanto, no se trata de que el empresario pierda los incentivos cuando contempla una corriente futura de impuestos muy elevada (que también), sino principalmente que los recursos con los que la iniciativa privada se hubiera llevado a cabo, están en manos del gobierno.

Segundo, porque el pago de intereses por parte del gobierno a los suscriptores de deuda pública que posibilitan el déficit, se hace de forma pervertida. Un empresario privado devuelve el principal y los intereses a través de su inversión e incremento productivo. El Estado, en cambio, emplea esos recursos en gastos corrientes o en bienes de equipo sin rentabilidad en flujos monetarios (por ejemplo edificios para escuelas públicas), de manera que, en realidad, su déficit no se corresponde con una inversión al estilo privado, sino con un retraso del gasto. De esta manera, el principal y los intereses no se devuelven utilizando la propia rentabilidad de la inversión, sino expoliando a otros empresarios productivos de la economía vía impuestos.

Por último, no deja de ser conveniente mencionar que un Estado muy endeudado es un Estado con una mayor apariencia de insolvente, lo cual, como hemos visto más arriba, provoca la pérdida de confianza en su moneda (una economía muy endeudada supone una producción futura castigada por los impuestos, de manera que tenderá a disminuir o crecer menos de lo que lo hubiera hecho; esto implica un incremento de los precios que, sin ser propiamente inflación, si disminuye la demanda y confianza presente en esa divisa, lo cual sí es inflación).

Con todo, hasta aquí Urrutia se muestra favorable a eliminar el déficit. Sin embargo, como buen neoclásico, comienzan los peros a las medidas liberales: pero cuando la cuestión se plantea en una economía en la que ya hay una política monetaria antiinflacionista independiente, la respuesta es mucho más compleja y matizada..

Fíjense; por política antiinflacionista Urrutia se refiere, no a recuperar la credibilidad perdida en la moneda, sino utilizar los rudimentarios instrumentos de la teoría cuantitativa para pretender doblegar las apreciaciones de los individuos. En concreto, disminuir la oferta monetaria para que así su valor aumente. Sólo hay dos problemas. El primero, ¿qué confianza puede tener el público en que el defraudador se vuelva honrado a través de los mecanismos por los que antes ha defraudado? El segundo, ¿por qué Urrutia, si pretende combatir la inflación, considera al déficit (que como hemos dicho hace perder credibilidad a la moneda) como un problema?

Él mismo contesta: Y esto porque un país así estará completamente inerme ante shocks asimétricos. Para verlo supongamos que o todos los países están en equilibrio sin inflación, con déficit públicos eliminados y con una balanza de pagos que solo refleja el equilibrio de exportación e importación para el tipo de cambio de equilibrio, tipo de cambio que, claro está, refleja la productividad relativa entre el extranjero y nuestro país.

En esta situación supongamos un shock tecnológico en el extranjero que aumenta su productividad. El tipo de cambio se modifica, nuestra moneda se deprecia, las importaciones se hacen más caras y aumenta la inflación

Primero, los tipos de cambio no reflejan productividades relativas. De hecho la productividad de cualquier actividad suele calcularse en unidades monetarias; por tanto, el valor del dinero es anterior a cualquier consideración sobre la productividad. En caso contrario entramos en un razonamiento circular. Si la productividad de un país determina el valor de la moneda, entonces esa moneda carece por completo de valor propio y la productividad no podría ser objeto de cálculo.

Además, la moneda tiene muchas otras finalidades. Nadie puede creerse que el tipo de cambio entre el marco suizo y el akán ghanés refleja la productividad relativa entre ambos países. De la misma manera, si un empresario privado emite moneda respaldada por oro, sería absurdo pensar que el tipo de cambio entre la moneda privada y otra moneda nacional viene determinada por la productividad relativa del emisor (¿productividad en qué?).

Otra cosa es que la productividad influya en la evolución del tipo de cambio. Dado que la moneda cuyo país ha sufrido el shock tecnológico puede ahora adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios, sus tenedores estarán dispuestos a ofrecer una menor cantidad por divisas extranjeras (que pueden adquirir, en los países donde son de curso legal, una menor cantidad de bienes). Aparte, los especuladores pueden prever incrementos futuros de la productividad, de manera que les interese conservar divisas a modo de inversión.

Ahora bien, este proceso NO es inflacionario como afirma Urrutia. Primero, dice Urrutia que El tipo de cambio se modifica, nuestra moneda se deprecia, las importaciones se hacen más caras y aumenta la inflación; el problema es que el tipo de cambio se modifica en tanto ha habido un shock tecnológico que ha reducido los precios. Por tanto, aunque los europeos, por ejemplo, puedan comprar menos dólares que antes, con esa menor cantidad de dólares pueden adquirir más productos. En otras palabras, las importaciones no se encarecen (es posible que algunos bienes caigan de precio y en otros no; en éste último caso podría pensarse que el mayor tipo de cambio los encarece, sin embargo mediante un arbitraje interno, estos problemas desaparecen).

Segundo, si EEUU ve incrementada su productividad su poder de compra aumentará, de manera que adquirirán mayor cantidad de bienes y servicios europeos que antes, sin que su oferta haya aumentado. Esto podría parecer un proceso inflacionario, aunque no sea así. Como ya hemos dicho, Urrutia confunde inflación con incremento de precios; y ante un incremento de la demanda de bienes y servicios europeos hay un precio que no sube, sino que empieza, el del dólar. Los europeos empiezan a acumular más dólares que si la demanda de sus productos no hubiera aumentado y, por tanto, su poder de compra en bienes de EEUU aumenta.

Aparte, hay que tener en cuenta que aunque esos dólares no se gasten, sino que se acumulen, los ahorros europeos se incrementarán (sobre los bienes de EEUU), de manera que el coste de invertir en bienes de capital disminuye. Nuevamente, no todos los precios de la economía aumentan y, por tanto, ni siquiera desde la perspectiva cuantitativista podría considerarse inflación (como mucho inflación en los bienes de consumo).

En resumen, la productividad no determina el tipo de cambio, sino que, en nuestra época de dinero fiduciario, influye en su evolución. Ahora bien, la consecuencia de los cambios de productividad de un país no es la inflación en los restantes, sino alteraciones en los precios relativos dependiendo de la evolución de las distintas demandas individuales.

Dicho esto, es evidente que los Bancos Centrales de los países que no han experimentado el shock pueden estar tentados, en estas circunstancias, a expandir la oferta monetaria nacional para acaparar una mayor cantidad de divisas extranjeras y, así, aprovecharse del shock tecnológico.

Una vez hemos demostrado que el punto de partida de Urrutia es falso (esto es, que un incremento de la productividad de un país extranjero genera inflación en el propio), las siguientes consecuencias simplemente caen por su propio peso: Nuestro Banco Central reduce la oferta monetaria para frenar la inflación y genera desempleo. La consiguiente reducción en el PIB nominal reduce la recaudación y el gobierno cumple la ley reduciendo un gasto público (supongamos que de consumo y no de capital para no perjudicar a las generaciones futuras). Esto hace disminuir aún más el PIB nominal y el proceso se recrudece.

Vamos, el Apocalipsis personalizado. Al margen que no hay inflación que combatir sino la que el Banco Central haya creado a través de su expansión monetaria, la subsiguiente contradicción no genera ninguna crisis. Tengámoslo claro. La expansión monetaria puede dar lugar a un boom ficticio si ésta se filtra al mercado crediticio, pero la contradicción subsiguiente es, sólo, una consecuencia inevitable del crédito fiduciario previo; la crisis es una catarsis. Cuando el Banco Central abandona la expansión crediticia salen a relucir los manifiestos errores en la inversión y en la duración de los procesos productivos.

En todo caso, la receta de expandir el gasto público durante la crisis, como propone Urrutia, no puede ser más descabellada. Como decimos, la crisis económica se origina por una insuficiencia de ahorro para completar los proyectos emprendidos ante el espejismo del ahorro fiduciario. Si el gobierno expande el gasto público vía déficit durante una crisis, el resultado será una disminución del nivel de ahorros; en otras palabras, se dificultará incluso más la recuperación.

Precisamente, en épocas de crisis, el gobierno tiene que ser austero al máximo y disminuir el gasto público. Sólo así liberará los ahorros y recursos necesarios para que los proyectos empezados pero no finalizados puedan concluir. Ya que a Juan Urrutia le gusta, y con razón, Hayek, quizá debería repasar algunas citas del maestro austriaco: La impresión de que la estructura de capital ya existente nos permite incrementar la producción de manera casi indefinida es un error. Todos los ingenieros pueden decirnos que tenemos una inmensa capacidad productiva sin usar, pero no existe ninguna posibilidad de incrementar la producción en esa medida. Estos ingenieros y también esos economistas que creen que tenemos más capital del que necesitamos, se decepcionan ante el hecho de que existe una estructura de capital capaz de producir más de lo que estamos produciendo. Lo que olvidan es que los medios duraderos de producción no representan todo el capital que se necesita para incrementar la producción y que para que los bienes duraderos pudieran ser usados a plena capacidad sería necesario invertir una gran cantidad de otros medios de producción en procesos de larga duración que sólo madurarían en un futuro lejano. La existencia de capital sin usar no es, por lo tanto, en ningún caso una prueba de que existe un exceso de capital y que el consumo es insuficiente: al contrario, es un síntoma de que no somos capaces de usa los bienes duraderos a plena capacidad porque la demanda actual de bienes de consumo es demasiado urgente para permitirnos invertir medios productivos en procesos de producción para los que los bienes duraderos están disponibles"

En otras palabras, lo que requieren los procesos productivos no es más consumo, sino más ahorro que permita financiar los procesos productivos hasta su maduración.

La conclusión del proceso descrito por Urrutia es que nos empobrecemos, nuestro paro se incrementa y el consumo se reduce. Conviene detenernos un momento aquí para darnos cuenta de hasta qué punto la teoría neoclásica está corrupta. Juan Urrutia dice que un país vecino aumenta su productividad (ergo, se vuelve más rico) y la consecuencia es que nuestros precios aumentan. En caso de inacción por parte del Banco Central, tendremos incluso desempleo, pobreza y menor consumo. Por lo tanto, si no hacemos nada, la consecuencia última del enriquecimiento ajeno será ¡nuestro empobrecimiento! Diantre, volvemos al juego de suma cero, al mercantilismo antiliberal.

Y por esa regla de tres, el enriquecimiento de una empresa debería provocar el empobrecimiento del resto de la sociedad. Somos pobres porque ellos son ricos. Bonita pero absurda conclusión.

Pues bien, como la política contractiva del Banco Central da lugar a nuestro empobrecimiento siempre que, según Urrutia, no incurramos en déficit, la conclusión es obvia: si creemos que nunca alcanzaremos tecnológicamente a nuestros vecinos, es razonable exigir que esto se refleje en nuestra manera de vivir en relación con ellos; pero si pensamos que el shock tecnológico acabará permeando a nuestro aparato productivo ¿no sería avispado capear el temporal con un poco de déficit que de alegría a la producción hasta que absorbamos el shock?

Pues no. Las alegrías con el vino, y el vino con el dinero de cada cual. Eso de alegrar a quienes no lo necesitan con la riqueza ajena -y, en este caso, con la riqueza de gente que ni ha nacido- está muy mal. No sólo está mal, sino que es del todo incorrecto.

Veamos, si esperamos absorber el shock tecnológico será a través de las estructuras de capital. Los neoclásicos que diferencian entre tecnología y bienes de capital son tremendamente graciosos. Toda tecnología se materializa en una estructura productiva. De hecho, los capitalistas tienen que elegir continuamente como renovar y reorganizar esas estructuras atendiendo al conocimiento tecnológico vigente.

Por tanto, ¿cómo se materializará el shock tecnológico en nuestra economía? A través de estructuras productivas de capital. ¿Y qué requiere el capital para acumularse? Ahorros. ¿Y que provoca el déficit? La reducción de esos ahorros y el cortoplacismo consumista (esto es, provoca una tendencia de la estructura productiva a achatarse y orientarse más al consumo).

En conclusión, las recetas deficitarias de Urrutia para solucionar problemas generados por el gobierno siguen siendo nefastas. Y todo ello, en especial, si lo situamos en un contexto de crisis económica, donde el ahorro es incluso más escaso.

Y es que, en opinión de Urrutia: para un economista no querer utilizar nunca el déficit público es como negarse a comprar cualquier tipo de seguro. Si no estamos asegurados no tenemos más remedio que pechar con lo que no mande el señor

Todo lo contrario. Los seguros reducen el riesgo, el déficit lo incrementa. Somos mucho más capaces de afrontar una crisis económica con un bajo nivel de gasto público y en ausencia de déficit, que si nos endeudamos hasta las cejas. Si mañana se quedan desempleados, ¿cómo vivirán más seguros? ¿Teniendo las deudas liquidadas o debiendo ingentes cantidades de dinero? Negarse a utilizar el déficit público para "dar alegrías a la economía" refleja simplemente un mínimo conocimiento de la ciencia económica, no una locura dogmática.

El siguiente razonamiento también es de órdago: Se podrá argüir que, los seguros son siempre mutuos pues unos nos aseguramos a otros y que agregadamente no podemos asegurarnos. Esta verdad general permite una excepción cuando son las generaciones futuras las que nos aseguran mediante el pago de la deuda pública que nuestra generación ha producido para financiar el déficit en el que hemos incurrido para paliar nuestra falta de productividad actual

Los seguros reducen el riesgo actuarial de todos al formar un fondo común del que echarán mano los afectados. El déficit no tiene nada que ver con los seguros y el riesgo: a) primero, porque es coactivo, las generaciones futuras no pueden decidir si quieren reducir el riesgo o no, b) segundo, porque ¿cuál es el riesgo que ven reducidas las generaciones futuras? Si yo me aseguro contra riesgos presentes a cargo de contribuciones futuras, los riesgos que se minoran son los presentes y quienes financian esa minoración son las generaciones futuras. A no ser que Urrutia esté pensando en una especie de esquema Ponzi del déficit (de manera que las generaciones futuras tendrían, a su vez, derecho a endeudar a las posteriores) esta idea se me antoja absurda, c) tercero, porque el incremento del déficit se efectúa con cargo al ahorro presente (aún cuando ese vencimiento sea futuro), de manera que reducimos la cantidad de ahorros que los empresarios necesitan para abandonar la crisis.

Claro que tales afirmaciones no sorprenden cuando después continúa diciendo: En esto, como en cualquier seguro, cabe un cálculo actuarial y es este cálculo actuarial el que yo esperaría que hiciera el gobierno y que lo hiciera bien permitiendo ligeros déficits a veces aunque nunca un gran déficit estructural

Urrutia simplemente está retorciendo las palabras. En cualquier seguro cabe un cálculo probabilístico sobre la ocurrencia del riesgo. Pero no todo evento es asegurable, esto es, no sobre todo evento cabe ese cálculo de probabilidad (sólo en la probabilidad de clase y no en la de caso). Por ejemplo, el riesgo de la ocurrencia de una guerra no puede formalizarse en probabilidad alguna, pues es un evento único dependiente de la acción humana libre (integraría la incertidumbre más que el riesgo, esto es la probabilidad de caso). De la misma manera, tampoco cabe el cálculo actuarial en el evento "riesgo de crisis económica", pues depende, nuevamente, de cuánto tiempo el Banco Central esté dispuesto a proporcionar liquidez adicional a los bancos comerciales, agravando la crisis venidera.

Por tanto, este cálculo es simplemente imposible. Lo máximo que puede hacer el gobierno es apostar sobre cuándo ocurrirá la crisis, pero nuevamente esto no tiene nada que ver con una reducción de riesgos a partir de un fondo común redistribuidor.

Eso sí, la conclusión final de Urrutia es parcialmente adecuada: Prohibir el déficit público es renunciar a hacer esta tarea que sólo un gobierno puede hacer pues es el único que puede velar por la justicia intergeneracional.

Sí, prohibir el déficit es prohibir una de las delictuosas tareas que sólo el gobierno puede hacer. Ahora, no hablemos de "justicia intergeneracional", el expolio de nuestros hijos para beneficio de los presentes tiene bien poco de justicia ciega. Es una rifa amañada desde el principio.