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Bitácora de Juan Ramón Rallo Julián

Como sabrán he defendido en numerosas ocasiones que la Iglesia no debe mezclarse con el Estado -lo cual incluye en primer lugar que debe dejar de financiarse a través de éste. La maldad de la política no puede confundirse con el amor y la bondad que predica la fe católica; incoherente y contraproducente.

La Iglesia tampoco puede constituirse en órgano legislador, no debe aprobar e imponer leyes a la ciudadanía; no tanto porque esa tarea corresponda al Estado, sino porque compete al libre albedrío de las personas. Los católicos deben tener claro que la fe y las convicciones deben propagarse por persuasión y no por coacción; el principal instrumento doctrinal es la Palabra, no la espada; ni siquiera a San Pedro le fue permitido utilizarla para proteger a Jesucristo.

Ahora bien, como también he repetido en varias ocasiones, todo esto no debe confundirse con que la Iglesia debe permanecer amordazada en materia política. La Iglesia no debe promover la obligatoriedad de sus convicciones, pero sí la libertad de éstas. La Iglesia tiene que ser combativa contra los intentos del Estado por monopolizar la institución del matrimonio, la educación, la caridad o la moral; pero lejos de reclamar la competencia exclusiva sobre ellas -como si del partido de la posición se tratara- debe exigir que el Estado no se inmiscuya.

Iglesia separada del Estado no significa Iglesia apolítica o Iglesia sumisa, sino Iglesia privada, Iglesia voluntaria e Iglesia libre.

Esta incomprensión es la que lleva a Marc Vidal a conclusiones notablemente erróneas. Así, el articulista critica que: Las injerencias de las jerarquías eclesiásticas promoviendo manifestaciones en contra de leyes votadas por los representantes legales de todos los ciudadanos, demuestra que la Iglesia durante el primer año de papado de Benedicto XVI ha optado por la participación política.

El hecho de que la jerarquía haya promovido manifestaciones en contra de leyes votadas por los parlamentarios no nos dice nada sobre si la Iglesia se está moviendo efectivamente en su esfera. Si la Iglesia ha criticado esas leyes por liberticidas y ha pedido una mayor capacidad de elección para los individuos -sin imponerles sus opciones- la participación política de la Iglesia no sólo no será criticable, sino exigible.

El saldo ciertamente es desigual. Cuando la Iglesia se manifestó contra el matrimonio homosexual se equivocó; no porque los homosexuales tengan un derecho a casarse a través del Estado y adquirir los privilegios que ello conlleva, sino porque la protesta seguía aceptando que el Estado monopolizara la regulación del matrimonio y además exigía la extensión de las redistribuciones coactivas de renta hacia las familias. En otras palabras, el Estado y el monopolio matrimonial salieron reforzados de la manifestación.

En cambio cuando centenares de miles de personas se manfiestaron contra la LOE asistimos a un alegato a favor de la libertad de educación. No tanto porque se pidiera su privatización, sino porque al menos se criticaba el celo regulador y adoctrinador del Estado. La idea subyacente a esta manifestación era que la responsabilidad de la educación recaía sobre los padres y no sobre el poder político.

Si esta misma idea hubiera estado en el trasfondo de la manifestación contra el matrimonio homosexual -esto es, que el Estado no tiene derecho a regular el concepto de matrimonio por ser básicamente un contrato privado sancionado ante una confesión religiosa- sólo cabría haberla aplaudido en nombre de la libertad.

Con esto quiero señalar que es posible y deseable que la Iglesia participe en política pero sin convertirse en Estado. Es decir, su modo de participar en política debe ser la calle, los medios de comunicación y los púlpitos, pero no los partidos democristianos; su mensaje debe ser el de la libertad de elección moral y no el de determinación de esa elección.

Y como digo un primer paso sine qua non consiste en rechazar el soborno que con el expolio público practica anualmente el Estado para con la Iglesia. La sinceridad del propio articulista no deja de aterrorizar: si continúan con su incipiente fase de acercamiento al gobierno socialista, aplaudiendo el principio del proceso de paz en Euskadi, puede ser que pronto la casilla voluntaria del IRPF pase a fija. Si es así los voceros de la Cope tienen los días contados.

Insisto, la Iglesia católica no puede aceptar este tipo de comentarios y mucho menos hacerles caso. Lo primero para la Iglesia debe ser la autonomía de su mensaje, no las dádivas estatales. El hecho de que vivamos en una sociedad subvencionada donde todo el mundo atraque a su vecino no significa que la Iglesia deba participar en este juego lamentable; su papel debe ser el de liderar el cargo y la purificación moral, no el de someterse en comandita al yugo de los políticos, burócratas y otros criminales.

Una vez la Iglesia haya entendido este punto, una vez la palanca del chantaje haya desaparecido, su mensaje será mucho más efectivo y razonable. La misma izquierda que hoy critica su excesiva relación con el Estado, lamentará la pérdida de los resortes de control. Cuando se den cuenta de que ya disponen del mecanismo presupuestario para amenazar a esta institución milenaria empezarán a temer su pujanza y su decisión.

Será entonces cuando el Estado muestre su auténtica cara totalizadora y cuando la Iglesia podrá difundir a través de su palabra la necesaria y benéfica beligerencia antiestatal.

Pero si se empeña en convertirse en un órgano del gobierno, en un cacharro en manos de la izquierda gobernante, entonces su autonomía no dejará de reducirse hasta que, al final, se transforme en un apéndice al servicio del Estado y no de Dios.

Este es el camino que la Iglesia quiere recorrer y que, en el fondo, ningún izquierdista victimista quiere que recorra.