6 de Febrero de 2005

Si no fuera por lo serio de la situación, uno pensaría que la desaparición de cinco edificios en Barcelona, consecuencia de las obras de la línea 5 del Metro, es una broma más de la política de "soluciones habitacionales" del Gobierno español, versión catalana con Maragall y Clos a la cabeza del desaguisado. Pero la cosa es mucho más seria pues afecta miles de personas propietarios o alquilados de estos edificios, personas que de la noche a la mañana han visto como sus propiedades y buena parte de su vida se perdía bajo los escombros.

Supongamos que yo en un ataque de actividad inesperada, me pongo a cavar un túnel bajo los edificios, enfrente de mi casa con la intención de hacerme una bodega y así poder ganarme unas pelillas, eurillos en la versión monetaria actual, porque falta me hacen. Supongamos que este túnel además de no tener el correspondiente y necesario estudio, es ilegal puesto que no he pedido el permiso de obra correspondiente y además usa un sistema de cavado de dudosa reputación, prohibido en otros lugares. Supongamos que como consecuencia de mi irresponsabilidad, dos de los edificios se caen y otros tres sufren tantos daños que los técnicos tienen que proceder a su derribo. ¿Se imaginan queridos lectores lo que me podría caer, no sólo en el plano administrativo sino también en el plano penal?. Lo lógico y necesario es que termine en el trullo más endeudado que el Gobierno argentino y sin la esperanza de ver el sol más allá del patio del penitenciario en los próximos lustros. Eso es lo lógico pero desgraciadamente no estamos ante una situación lógica.

El Estado es un monstruo que teje sus propias defensas según va creciendo. Una red de normas, reglamentos, leyes, procedimientos y protocolos hace que sea una labor propia de Hércules el desentrañar quién es el culpable o culpables de una situación tan injusta cuando no delictiva. Además, el propio sistema se encarga de despojar de responsabilidad a los responsables de forma que no puedan ser juzgados por las consecuencias de sus actuaciones a no ser que el mismo sistema les despoje del privilegio. Andan los vecinos de manifestación y creando una plataforma para revindicar sus derechos pero a lo más que aspiran es a que los responsables, con el alcalde a la cabeza, dimitan. ¿Y quién les devuelve sus posesiones perdidas o en su caso su valor? En una situación así, démonos cuenta, perdemos casi todos: pierden los afectados, no sólo sus posesiones, parte de su vida ya que la faceta emocional es difícil de cuantificar, pierde el resto de ciudadanos ya que en caso de que haya una responsabilidad de las administraciones, el dinero que les llegará será con toda seguridad de los impuestos municipales que pagan los barceloneses y en menor medida el resto de españoles y pierden las empresas que gestionan los servicios o las que habían concedido créditos e hipotecas y que en buena medida dejarán de percibir los cobros de sus inversiones.

Los únicos que no pagarán y que se irán de rositas serán estos funcionarios electos que incumplen sus obligaciones, protegidos por un sistema legal cada vez más preservador de su descarada corrupción. Bajo la mentira cada vez más repetida de que son los representantes de los ciudadanos y que por tanto sus actos son su voluntad, buscarán una cabeza de turco, seguramente tan culpable como ellos pero en otro nivel, y centenares de personas tendrán que rehacer su vida casi desde cero. Corrigiendo al genio, poderoso caballero es Don Estado.