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4 de Enero de 2005

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Un nuevo modelo de totalitarismo


Todos los totalitarismo dicen actuar representando a la raza, a la clase o al pueblo. Ninguno de ellos pudo, en realidad, arrogarse tal representación. Deformaban la sociedad alegando representaciones falaces e inventadas que pudieran legitimar sus revolucionarias acciones.

Muchos han encontrado en esta ausencia de representación la mayor carencia del totalitarismo. No era tan importante qué hacían cuanto en nombre de quién lo hacían. Para muchos el sistema político ideal no es aquel que limite su actuación, sino aquel que mejor represente la voluntad de sus componentes.

La pregunta, sin embargo es, ¿qué hubiera cambiado si los totalitarismos hubieran estado efectivamente respaldados por la inmensa mayoría de la población? ¿Hubieran sido las purgas menos dolorosas? ¿La sangre derramada se hubiera limpiado con mayor facilidad? ¿Las expropiaciones se hubieran sobrellevado mejor? Emerge, inevitable, la cuestión de fondo sobre la legitimidad de cada acción. ¿Son las acciones legítimas por su origen, por su forma o por su finalidad?

El totalitarismo clásico, el nazismo y el comunismo que hemos conocido hasta la fecha, tendían a responder que sus acciones eran legítimas por su origen y, sobre todo, por su finalidad. Estaban inspiradas en la realición de ideales superiores que se imponían a las finalidades menores y contradictorias de los individuos. El capitalista no podía comprarse un coche con su dinero, pues ello impedía que el Estado gastara el dinero del capitalista en construir una carretera. El coche formaba parte de los fines banales, inferiores y egoistas, mientras que la carretera era un medio que nos conduciría directamente al paraíso.

En el fondo, pues, poco importaba para el totalitarismo clásico que sus propuestas fueran, de hecho, respaldadas por la población ya que habían descubierto la verdad revelada. Aunque, en estos momentos, el pueblo no apoyara sus actuaciones, lo hubiera hecho si contaran con un conocimiento mayor. Eran los sabios, en definitiva, los que dirigían a la sociedad, confiados en que, al encontrar el bien objetivo y universal, el pueblo terminaría ratificando sus actuaciones.

El liberalismo se caracteriza por no subordinar las acciones a los fines. Consciente de que no existen fines objetivos a los que todos debamos dirigirnos, sabe perfectamente que sancionar la legitimidad de todas las acciones en función de los fines, únicamente lo subordinada todo a nuestros fines. Por mucho que nos gustara alcanzar determinados objetivos, existe un patrón que no podemos saltarnosy que nos impone una rígida barrera: la libertad. La forma que revistan las acciones (entendiendo forma en un sentido amplio, es decir, no es lo mismo encarcelar al ladrón que al inocente, aquello es una pena, esto una esclavización) es determinante en su legitimidad.

El nuevo totalitarismo, vestido con los ropajes del ultrademocratismo, no se pronuncia sobre las finalidades. Muy en cambio otorga toda la legitimidad en función del origen de la acción. Toda acción es legítima en tanto obtenga el apoyo real de la población. Y por apoyo real no me refiero a la habitual refriega parlamentaria; por contra, estos nuevos totalitarios se alzan en defensa de una nueva suerte de democracia directa y universal.

Así, el pasado 30 de diciembre, Félix Ovejero Lucas publicó en el Diario el País un artículo titulado Democracia deliberativa, en serio, tratándonos de vender las bondades de este nuevo sistema político. La democracia deliberativa se entiende como un sistema de decisiones colectivas en el que los participantes se ven obligados a defender sus argumentos en un público diálogo regido por principios elementales de racionalidad e imparcialidad.

Este hecho por si sólo aseguraría la legitimidad de las acciones políticas ya que, la democracia deliberativa asegura un razonable vínculo entre las decisiones y la justicia. Toda decisión que el colectivo juzgue razonable, y por tanto apruebe, es justa. Se subordina todo al sentido común de las personas, de todas las personas, puesto que la argumentación pública obliga a mostrar que, en algún sentido, las tesis defendidas se corresponden con principios generalmente aceptables, de imparcialidad o de interés general. Así, obtendremos una decisión política que de verdad enraice con el interés general.

Por ejemplo, sería legítima la sumisión coactiva a una determinada moralidad religiosa si así si nos convenciera y votáramos a favor. Si la Iglesia aspira a regular no sólo la vida de los creyentes, sino también la de todos los demás, ha de estar dispuesta a que sus tesis se sometan al escrutinio público. No se trata de que nadie deba imponer nada (esto es, de que nadie deba iniciar la fuerza), sino de que nadie imponga nada que el escrutinio público no haya validado. Por tanto, la conclusión de esta nueva fe en la democracia es una: todo cuanto se apruebe por la mayoría es legítimo, en tanto describe el interés general.

Pero aquí deben plantearse inevitablemente dos cuestiones, una ética y otra económica. La primera es si la constatación de un fin general puede atacar los fines individuales. La segunda es si la mayoría debe necesariamente saber cómo alcanzar esos fines generales.

La respuesta ética no puede ser más negativa. Dado que no existen mentes sociales sólo podemos entender los fines generales como fines mayoritarios. Quienes se plantea fines para ser realizados son individuos; no existe una verdad ancestral y objetiva a la que todo el mundo deba rendir pleitesía. Ése era el discurso del totalitarismo viejo al que el nuevo, en apariencia, parece haber renunciado. Cierto que puede quedar un regusto que describa ese fin objetivo como la tendencia de las voliciones mayoritarias.

Empero esta pretensión es del todo absurda. Cuando el individuo decide en esas democracias deliberativas caben dos opciones; que decida en función de sus intereses particulares o que lo haga dependiendo de su opinión sobre cuál es el fin general. En el primer supuesto, no queda claro por qué el fin particular más común deba considerarse el fin general al que todos deban tender (eliminando la discrepancia, la heterogeneidad, los distintos proyectos vitales); en el segundo, tampoco se entiende por qué las opiniones sesgadas de muchos individuos sobre cuál es el fin general deban dar como resultado este mismo fin. ¿Cabe que las opiniones de los individuos sean erróneas? ¿Por qué han de ser, entonces, mayoritariamente acertadas y no mayoritariamente equívocas? ¿Por qué hemos de aceptar como fin general válido el resultado de una votación?

Por tanto, todo fin puede ser un fin general, sea objetivo o no. En ese caso, resulta irrelevante si existe un fin general, la legitimación, en efecto, se obtiene por el origen y no por el resultado. Por tanto, volvemos a la pregunta, ¿por qué el fin mayoritario debe imponerse sobre los fines particulares? Al fin y al cabo, un fin mayoritario sólo es un fin particular repetido. ¿Por qué, en ese caso, el fin de muchos individuos debe primar sobre el fin de unos pocos? Máxime, lo que no queda del todo claro es por qué se han de excluir los fines minoritarios, subordinando sus medios a los del fin particular mayoritario.

La democracia deliberativa pretende, en última instancia, no satisfacer a las personas, sino satisfacer a la mayoría de las personas. Los medios de las minorías quedan subordinadas para cumplir el fin mayoritario unívoco. La represión deberá surgir cuando los medios de quienes tenían fines particulares minoritarios pretendan utilizarlos, precisamente, para sus fines particulares minoritarios; ya que ello irá en contra del fin general, del bien público.

Y es aquí cuando debemos plantearnos la segunda pregunta, la económica. Una de las mayores bondades del mercado es, precisamente, que la gente podrá satisfacer sus fines minoritarios (incluso singulares y únicos) en tanto logre satisfacer los fines mayoritarios. Es decir, el mercado es un sistema por el que conseguimos implicar a las personas en la satisfacción de intereses que distan mucho de ser los suyos. Pero en todo caso, las personas sólo triunfarán y podrán ser felices si conocen correctamente los fines mayoritarios y les dan respuesta.

El problema es qué incentivos hay en una democracia deliberativa para que una persona colabore en un fin particular mayoritario que no es el suyo, si sabe que su fin no va a obtener ulteriormente respuesta. Evidentemente, ninguno. Un grupo de personas debería, por la fuerza, convertirse en los sirvientes de los demás, esto es, habría que recuperar la esclavitud.

Pero aún obviando este problema fundamental, ¿es la asamblea popular la más adecuada para trazar los proyectos empresariales hacia sus fines unívocos? ¿Será capaz de planificar todas las etapas que conducen hacia su fin?

Y aquí nos topamos con la siguiente dificultad. La respuesta que hay que dar a esta última pregunta no es técnica, sino, sobre todo, económica. ¿Cómo medirá esa asamblea los costes de sus proyectos? Recordemos que cada persona valora el coste de una acción atendiendo a los fines a los que tiene que renunciar por emprender tal acción. No obstante, cuando estamos ante un fin particular mayoritario, es muy dudoso que todos los adhirientes a ese fin mayoritario tuvieran que renunciar al mismo fin. Cada cual tendrá un coste de oportunidad lo cual conducirá al caos más profundo. Las distintas escalas de fines, al cruzarse entre sí, darán lugar a la búsqueda de algunos fines mayoritarios que hará impoble la realización de alguno de ellos, lo cual incrementará el coste de oportunidad y variará la valoración de los fines.

El ejemplo para entender este punto es lioso pero creo que merece la pena. Tenemos tres individuos: A, B, C. La escala de preferencias de A en el momento de la votación es A(carretera, coche, microondas, TV, frigorífico), la de B(coche, TV, microondas, frigorífico y carretera) y el de C(carretera, TV, microondas, frigorífico y coche) Los individuos son conscientes de que si se realiza el coche y la carretera no podrán realizarse la TV y el frigorífico; en cambio, si no se realiza el coche y la carretera conjuntamente, podrán realizarse cuatro de los cinco proyectos. Pues bien, según esta escala de preferencias, el resultado de la votación será que deben realizarse la carretera, el coche y el microondas. Ahora bien, ello eleva el coste de oportunidad para B y C (B tendrá que renunciar a su segundo y tercer fin y C a su segundo y cuarto) de perseguir su primer proyecto (coche y carretera respectivamente).

Fijémonos que el coste de oportunidad de los proyectos del sujeto A sí era la TV y el frigorífico, estando dispuesto a aceptarlos (por ello estaban al final de su escala de preferencias). No así B y C que relegaron o el coche o la carretera al final de sus escalas de preferencias porque no estaban dispuestos a asumir los costes del frigorífico y la TV. La superposición de proyectos con distintos costes de oportunidad altera, al final, la composición de lo que hubiera debido de ser el fin mayoritario. Aún cuando este punto se corrigiera, volverían a superponerse nuevamente los costes de oportunidad que modificarían a posteriori la escala de preferencias individual.

Dado que la decisión no tiene en cuenta los mismos costes, las distintas acciones no estarán coordinadas y los resultados serán contradictorios para cada una de sus partes.

Y este es un problema que aparece teniendo en cuenta el coste de oportunidad de los bienes de consumo pero, ¿qué ocurrirá cuando los costes de oportunidad sean bienes de capital valorados conforme al uso que se espera hacer de ellos? El coste de oportunidad dependerá de los usos variables hacia los que puedan dirigirse. La coordinación intertemporal será imposible y el problema del cálculo económico socialista sin propiedad (es decir, sin que cada individuo pueda dirigir su propiedad hacia sus fines) subsitirá.

El fin general se tornará a posteriori necesariamente como un fin insatisfactorio para una buena parte de quienes lo apoyaron. La democracia económica que plantea el artículo (El poder económico no es el menos importante. En buena sensibilidad democrática cada ciudadano - directamente o a través de sus representantes- ha de disponer de la misma posibilidad de influir en las decisiones y de poder hacer oír su voz), aún con un conocimiento técnico perfecto, enterrará toda posibilidad de realizar esos fines mayoritarios.

Se esclavizará a una buena parte de la población para no conseguir absolutamente nada. Así mismo, la represión será el instrumento habitual, pues no es esperable que los esclavos y los que progresivamente vayan constantando el fracaso del sistema se mantengan impasibles.

Éticamente inaceptable, económicamente un desastre. El totalitarismo nuevo es igual que el totalitarismo viejo.

Comentarios

 
Toda la razón y magnífico post. Feliz año y aprovecho para felicitarlo a todos.
Enviado por el día 4 de Enero de 2005 a las 22:44 (1)
Esto es tan viejo como Rousseau, la "democracia" sin república; volvamos a Locke.
Enviado por el día 4 de Enero de 2005 a las 23:24 (2)
Tu talento en 2005 también permanece inalterado. Excelente post, Rallete. ;)
Enviado por el día 5 de Enero de 2005 a las 01:17 (3)
"El liberalismo se caracteriza por no subordinar las acciones a los fines"

Imagino que ya se habrá notado que no estoy conectandome apenas por lo que no se si podré seguir un buen debate.
Lo que quiero apuntar es que no creo que todos los liberales, ni mucho menos la inmensa mayoría, otorguen a la "sociedad" ese carácter nomocrático sino algo como "levemente" (permitiendo licencias a esta imprecisión) teleocrático. Por ejemplo, una sociedad que busca el fin de la pobreza puede ser perfectamente liberal, sin embargo, sería difícil determinar bajo que cauces de acción la sociedad sería liberal y bajo que cauces no. Se resuelve con una definición acertada de la libertad sin embargo, ésta no parece fácil empresa. Hay liberales que hablan de restricciones objetivas de la libertad como la absoluta penuria, que otros liberales más anarcos no considerarían falta de libertad. Por ejemplo. Sólo eso. No se si ha quedado claro el punto pero el caso es que me ha saltado un poco la chispa al leer ese alegato nomocrático. Lo que no quiere decir que no esté muy de acuerdo contigo y que entienda (y asuma)perfectamente tu crítica a estas nuevas invenciones políticas.

Un saludo
Enviado por el día 5 de Enero de 2005 a las 03:27 (4)
Milton, son los individuos los que pueden buscar el fin de la pobreza. Si la sociedad lo busca en una asamble vindicándolo está prohibiendo a otros individuos que integran esa sociedad que busquen otros fines, lo cual deja de ser liberal.

Claro que una sociedad puede tender a la pobreza, pero será como resultado no intencionado; como dirección indirecta a la que la han conducido los planes deliberados hacia la pobreza de cada uno de los individuos.
Enviado por el día 5 de Enero de 2005 a las 11:45 (5)
Entiendo lo que me dices. Me has vuelto a decir el argumento nomocrático. Yo creo que la sociedad también tiene un valor (abstente de llamarme socialista!!), por ejemplo de economías de escala y que, por ejemplo, puede fijarse el objetivo de acabar con la pobreza a través de un instrumento de decisión que no reúna las voluntades de todos aunque ello suponga un leve grado de coacción. Tu propuesta es radicalmente anarquista (y muy respetable) pero siempre me deja la impresión de que al final, de implementarse, deribaría en un status quo muy acentuado y difícilmente movible. Lo contrario al sueño americano...

Un saludo
Enviado por el día 6 de Enero de 2005 a las 03:11 (6)
Hombre, se me hace difícil pensar que el sueño americano se haya debido a la intervención del Estado, entonces tendríamos el sueño europeo.

Es más, no se a que statu quo te refieres; ¿un mantenimiento de la posición social? Aunque eso fuera así, cosa del todo improbable dado los numerosos cambios que tienen lugar en la economía, los pobres serían cada vez más ricos en términos absolutos. No veo que hay de malo en eso.
Enviado por el día 6 de Enero de 2005 a las 14:09 (7)
se me hace difícil pensar que el sueño americano se haya debido a la intervención del Estado

El Estado en el papel de garante de una relativa igualdad de oportunidades, por ejemplo, impidiendo las aristocarcias económicas intrínsecamente tendentes a la colusión y al "techo de cristal". Mismas que serían del todo inevitables bajo los parámetros anaracos. Imaginemos la misma situación de "liberalizaión" pero con los estamentos del XVIII. La moral tan, tan, tan restrictiva favorecería un status quo del todo repugnante pero escrupulosamente respetuoso con la libertad, digamos, Hoppeana. Yo si veo mal en ello. Independientemente de lo improbable que resulta que en el largo plazo aquello engendrase un paraíso anarcocapitalista, en el mientras, la inmovilidad social haría que, a pesar de que sean más ricos en términos absolutos, exista una restricción objetiva a su libertad de ser, por ejemplo, profesores de universidad, función reservada para estamentos que han accedido a la educación. Ojo, no digo que tengan derecho a ser profesores sino que hay una restricción extrínseca que les impide serlo. Y eso en el mejor de los casos.Eso, si fuese antropológicamente sostenible tal invento. Me temo que la tendencia intrínseca a la belicosidad y a la comunidad del ser humano echaría al traste el invento.

Un saludo
Enviado por el día 6 de Enero de 2005 a las 14:41 (8)
Ojo, no digo que tengan derecho a ser profesores

Me refiero a los desfavorecidos y, esta frase, debe de ser interpretada como, haciendo un paralelísmo, "la constitución dice que tengo derecho a una vivienda digna, luego dámela". Lo mismo pero con profesor en vez de casa.
Enviado por el día 6 de Enero de 2005 a las 14:43 (9)
Milton, me temo quelos estamentos del XVIII eran parte de la organización del Estado, no de un sistema anarquista.
Enviado por el día 6 de Enero de 2005 a las 23:51 (10)
El problema es la implementación bajo una situación actual dada. El modelo social actual de España también es reflejo de las instituciones democráticas, nada anarquistas por otra parte.

Un saludo
Enviado por el día 7 de Enero de 2005 a las 23:15 (11)

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