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Bitácora de José Carlos Rodríguez

El caso de Terri Schiavo tiene muchas facetas. Es un caso terrible que, como indica Álvaro Martín, es difícil calificar como de eutanasia, dado que esto significa "buena muerte" y Schiavo está en estos momentos muriendo de sed. No tiene, seguramente, ninguna salida buena. Yo seguramente no querría vivir como Schiavo, pero tampoco querría morir como está muriendo ella.

No dejó ningún testamento vital escrito, de modo que no sabemos qué querría ella. Su marido asegura que querría morir y su familia que no. Es el marido quien decide, según la ley. Los jueces, si encuentran algún buen motivo, pueden decidir retirar la custodia. Creo que llevar viviendo con otra mujer nueve años, tener un hijo con ella y estar esperando el segundo parecen buenas razones para suponer que el marido de Terri Schiavo no es ya en la práctica el familiar más cercano, pero los jueces han decidido lo contrario.

Algunos se quejan porque esto significa que el congreso es está metiendo a legislar en asuntos íntimos en los que nunca debería entrar. Es una crítica muy débil. La ley siempre va a tener que otorgar a alguien la potestad para tomar una decisión sobre la vida y la muerte. Es precisamente sobre esas decisiones violentas en las que está involucrada más de una persona donde tiene sentido la ley. Eso no está en discusión. La duda, en el caso estadounidense, es si dicha ley debe ser dictada y su aplicación decidida en el ámbito de los estados o a nivel federal.

La ley aprobada de urgencia en el congreso permitió a la familia de Schiavo recurrir la retirada del tubo con bebida y comida a un tribunal federal, que rechazó el recurso. Aunque van agotando las opciones, aún les quedan salidas dentro del sistema judicial federal, aunque lo más probable es que la ley no sirva de nada. Tan sólo para que los repúblicanos echen por tierra su imagen de defender los derechos de los estados frente al poder federal, como muestra la viñeta que me ha enviado Franco Alemán:

El caso Roe vs. Wade reconoció a nivel federal un derecho a abortar. Evidentemente, éste no estaba en la constitución estadounidense y debía haberse dejado a los estados. El resultado de haber obedecido la constitución no hubiera sido excesivo: algunos estados lo hubieran permitido y otros no y las mujeres de los últimos acudirían a los primeros. El aborto hubiera acabado practicándose; hubiera tardado quizá más, eso sí.

La decisión es un modelo del activismo judicial que tanto ha denunciado Sowell: se legisla desde el judicial para cambiar las leyes que no gustan. En este caso decidieron que el aborto entraba dentro del ¡derecho a la intimidad! de la mujer y, como un caso anterior había decidido que dicho derecho debía ser garantizado por los Estados Unidos y no por los estados, en una interpretación amplia de la decimocuarta enmienda, pues el derecho a abortar también.

Mi oposición a la ley aprobada en el congreso se basa en las mismas razones por las que me opongo a aquella decisión judicial, como me opongo a tantas decisiones del Supremo que expandieron el concepto de "comercio interestatal" hasta lograr que el congreso pudiera regular toda la vida económica del país: los jueces no deben reescribir las leyes. Las leyes se escribieron con unos límites determinados, por unos hombres que empleaban el lenguaje de su época y cuyas intenciones eran bien conocidas. Si las palabras y las expresiones cambian de significado con el tiempo, eso no significa que las leyes escritas con esas plabras y expresiones deban hacerlo también. Si se desean cambiar, que se cambien por los procedimientos reglados, no por los jueces.

Por eso estoy, por una vez, en desacuerdo con Sowell, que creo traiciona esa postura que tanto ha defendido, con mucha más elocuencia y habilidad que yo. Es cierto que no estamos ante un caso de activismo judicial. Han sido los legisladores y no los jueces los que han actuado, como debe ser. Pero creo que la ley incumple la constitución, porque invade el terreno reservado a los estados. También es cierto que eso deberá decidirlo el Supremo, en todo caso.

En lo que sí tiene razón es en la sorpresa que provoca, si de ellos nos sorprendiera aún algo, la actitud de muchos izquierdistas que jamás pondrían el grito en el cielo por ningún otro caso de vulneración de los derechos de los estados por parte del poder federal y, de hecho, no lo han puesto nunca hasta ahora. Una cosa es que la preocupación por la vida de Schiavo haya llevado a muchos a equivocarse, renunciando a los principios, y otra que algunos se olviden de sus propios principios para adoptar una postura favorable a matarla. Son, además, los mismos que se oponen allá a la pena de muerte. Habría que oirles si algún estado condenara a un asesino a morir de sed.