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Bitácora de José Carlos Rodríguez

Las ideas sobre el Copyright vienen a cuento de una carta abierta llamada Manifiesto por la Liberación de la Cultura, de la que entre otros Ignacio Escolar se está haciendo eco. Yo creo que merece un pequeño análisis.

En el capítulo Manifestamos, dice:

que la extrema vigencia temporal de los denominados "derechos de autor" tal y como están establecidos en la actualidad representan una barrera a la incorporación de la cultura al dominio público, bien común, en una época histórica análoga a la que acompaña la revolución de la imprenta.

Los llamados derechos de autor son derechos de exclusión del uso de su obra. Su protección no está del todo clara, fuera de un contrato tácito privado, cuyo cumplimiento depende únicamente de la voluntad de las partes. Si los derechos del autor están protegidos por ley, cualquier período que se elija es arbitrario y por tanto tan abusivamente alto como ridículamente corto, según crea cada cual. No hay ningún baremo objetivo al que agarrarse. Lo de la imprenta no queda claro. ¿En qué sentido vivimos una época análoga a la de la imprenta y con qué implicaciones?

que desde determinadas organizaciones se viene incurriendo en un proceso de demonización de la red de difusión, distribución e intercambio de información más igualitaria jamás concebida, así como en un afán recaudatorio injusto, abusivo y a todas luces excesivo.

Llámese a las cosas por su nombre. Se están refiriendo a la SGAE. Es cierto que se está demonizando al internet, al que se refieren sin citarlo, y también que se hace entre otros por la SGAE. El afán recaudatorio es bueno, si se tiene título a él. El problema con la SGAE es que recaudan de manera injusta. Son como una mafia, porque ofrecen una protección que no se pide a cambio de un dinero extraído de forma coactiva. Esa protección, que se arrogan en régimen de monopolio, la quieren extender fuera de su ámbito. Por ejemplo cobrando cánones sobre los soportes de copia, como cintas, CDs o DVDs. Es una pena que los redactores no nombren a lo que se refieren y que no expliquen estas cosas.

que la mera edición impresa, o publicación de cualquier contenido audiovisual disfruta de unos derechos de explotación comercial cuyo plazo de duración, ampliado artificialmente, amenaza el ejercicio del derecho de acceso universal a la cultura.

Esto resulta algo paradójico. En el primer párrafo habían dicho:

que al calor de los resultados fruto del esfuerzo en la creación de contenidos culturales, existe una floreciente industria de difusión y distribución de dichos contenidos.

Esa floreciente industria, como dicen, surge por los frutos del esfuerzo en la creación de contenidos culturales. No por su mera edición impresa, o publicación. Lo que está en discusión es si la creación original ha de estar protegida por un derecho de exclusión definido por el Estado. Cualquier plazo es arbitrario. Que los autores lo consideren excesivo no está mal, pero no añade nada.

que el acceso universal a la cultura beneficia tanto al público como a los creadores

y en los Reivindicamos,

que acorde a los tiempos, se garantice el acceso universal y la distribución masiva, de forma libre y gratuita de todos los contenidos culturales propiedad del estado en sus fondos, bibliotecas o almacenes de depósito legal.

Ahí está el error. Una cosa es negar al Estado el derecho a imponer un derecho de exclusión sobre la producción y otra exigir que los culturales son bienes que han de ser accesibles de forma obligatoriamente gratuita. No es igual una cosa a la otra ni mucho menos. Proclamar la gratuidad obligatoria de un bien es convertir en quienes lo producen en esclavos. Si fuerzas la gratuidad estás impidiendo al productor y al consumidor llegar a un acuerdo para realizar un intercambio al precio que acuerden. El productor, que no cobra por sus servicios, puede reservárselos, no producirlos, o intercambiarlos por otro tipo de compensaciones. La oferta cultural se resiente. ¿Es eso lo que desean los abajofirmantes?

No parece, porque en principio se refiere a

todos los contenidos culturales propiedad del estado en sus fondos, bibliotecas o almacenes de depósito legal.

Pero lo que posee el Estado es una parte muy pequeña de los bienes culturales que hay en España. Al menos de los bienes de los que parecen hablar. De los libros, de los CDs, de las películas. No acabo de entender esta referencia.

Quieren la gratuidad de los bienes culturales, pero por otro lado reivindican

que la sociedad, la industria y los autores busquen un nuevo modelo de relaciones económicas que, en vez de constreñir el uso de las tecnologías de la comunicación, potencie y se aproveche de su desarrollo y multiplique sus beneficios.

y

que este nuevo acuerdo entre los autores y el público garantice las recompensas necesarias para incentivar la creación sin impedir la difusión de la cultura.

Algo se temían los redactores de que si se fuerza la gratuidad de un bien, en este caso un bien cultural, los productores van a renunciar a crear. Y no desean eso. Hablan de un nuevo modelo de relaciones económicas que no explican. Pero que podría apuntar a todos los contenidos culturales propiedad del estado en sus fondos, bibliotecas o almacenes de depósito legal. Es decir, a la socialización de la cultura. Al final, lo que se presenta como una liberación de la cultura desemboca en todo lo contrario. Pero esto no es más que una suposición, porque el manifiesto no lo aclara.

Las sospechas en tal sentido crecen cuando en su desvencijado ramo de exigencias incluyen

La recuperación de las funciones originariamente atribuidas al Ministerio de Cultura en detrimento de la actual actitud de salvaguardia a la industria del entretenimiento.

No sé qué funciones son estas, pero me las temo. Y me temo que identifican a los derechos de autor con el mercado, es decir, con la actual actitud de salvaguardia a la industria del entretenimiento, esa industria de la que nos hablaban en el primer manifestamos y que decían que estaba recalentada por los resultados fruto del esfuerzo en la creación de contenidos culturales. De hecho unas líneas más arriba reniegan

de los argumentos falaces que equiparan la cultura con la explotación comercial, industrial o que la degrada a un mero elemento de consumo.

Qué es entonces para los redactores la cultura. Si no es para el consumo, ¿para qué es? ¿Para la producción? Uno a estas alturas se sospecha que la cultura, en sus manos, las que no son capaces de redactar un manifiesto con una coherencia interna, no es un bien orientado al consumo. Porque el consumo es un acto voluntario. Para los redactores me temo que sea una imposición, sostenida por el Estado y distribuida gratis, esa palabra tan querida para los engañabobos, al pueblo.

Por último, en una de las reivindicaciones, listan

la limitación temporal de los llamados "derechos de autor" en unos términos más acordes con el derecho de acceso a la cultura reconocido por la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Pero ¿No habían defendido la gratuidad de los bienes culturales? ¿Cómo se casa con una limitación temporal de los derechos de autor más acorde con nosequé? (imagino que más breve).

En fin, que no veo razones para sumarme a una carta mal planteada, contradictoria, que no deja claro lo que pide y tampoco explica muy bien por qué, y que lo que sugiere es aterrador. El mejor comentario que he leído sobre ella lo ha escrito Lipe, de Divergencias. Dice en su anotación Cultura Libre...., y lo demás, ¿qué?:

pero tiene una contradicción interna que lo recorre. Si entendemos el acceso a la cultura como un derecho básico cuyo alcance debe expandirse a costa de los derechos de propiedad tal como están definidos, la pregunta es: ¿qué tiene la cultura para recibir esa consideración tan particular? No es una necesidad tan primaria como la alimentación, la sanidad o el trabajo digno.

Lipe ha vuelto a dar en el clavo. Efectivamente, ¿Porqué?