12 de Julio de 2005
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Bitácora de José Carlos Rodríguez
Armas y violencia doméstica
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos fallado que el Estado no tiene la obligación constitucional de proveer al ciudadano de protección. No es una novedad en absoluto, a pesar de que el fallo es del pasado 27 de junio. Yo conocía esa doctrina, que como recuerda el artículo que ahora comentaré, tiene claros precedentes en la jurisprudencia.
Wendy McElroy, una feminista que no obstante defiende a las mujeres, ha recogido esta sentencia, Castle Rock v. Gonzales, y la ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Antes de llegar a ellas, expondré el caso. En 1999 Jessica Gonzales logró una orden de alejamiento de su marido, Simón Gonzales. Éste raptó y mató a sus tres hijas y luego se suicidó por el curioso método de disparar contra una comisaría hasta que fuera abatido por algún agente. Jessica llevó a la policía ante los tribunales porque, tras el rapto, llamó repetidamente a la policía, que lo único que hizo por ella fue hacerle una visita. La policía no le protegió y la reciente sentencia del Supremo dicta que el Estado no tiene el mandato constitucional de protegerla, y por tanto ella no tiene derecho a llevar a la policía a los tribunales.
Wendy McElroy ha sacado de todo ello una conclusión evidente.
Esto es evidente. Si el Estado no tiene la obligación de defenderte, y la defensa de la vida es un derecho esencial, uno debe mantener intacto su derecho a la autodefensa. En realidad lo tendría en cualquier caso, pero especialmente si el Estado no tiene la obligación constitucional de hacerlo. Pero este es solo un primer paso. El siguiente es que
Es el razonamiento que hice en mi artículo sobre la ética de la libertad de armas. El derecho a la vida no puede separarse del derecho a asegurarse medios para su mantenimiento, como no puede separarse del derecho a defenderla. Y este derecho no puede separarse del derecho a proveerse de los medios adecuados para ello. Si se merma este último derecho, se estará socavando el derecho a la defensa de la vida y en consecuencia se estará vaciando también el derecho a la vida.
Este derecho a la autodefensa tiene especial relevancia en la violencia doméstica. Se decía que Dios había creado al hombre y la mujer y Colt los había hecho iguales. Porque ante el fuego de un arma la diferencia física que pueda haber entre un hombre y una mujer se convierte en algo sin ninguna importancia. Las organizaciones fenimistas, recalca McElroy,
Es más, la policía actúa después de que los crímenes se hayan cometido. Mientras que el uso defensivo del arma es previo al delito, lo previene y cuando se está cometiendo lo detiene.
Estas organizaciones feministas luchan porque los agresores no tengan derecho a poseer y portar armas. Pero como dice McElroy,
La razón para ese olvido, aparte de el nulo interés por defender a las mujeres, es que su verdadero interés es otro. Privar a los ciudadanos de la posibilidad de tomar decisiones responsables. De nuevo McElroy:
Sería mucho pedir que se iniciara ese debate, incluso en el caso de las y de los hombres maltratados. Pero creo que sería muy necesario.
Wendy McElroy, una feminista que no obstante defiende a las mujeres, ha recogido esta sentencia, Castle Rock v. Gonzales, y la ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Antes de llegar a ellas, expondré el caso. En 1999 Jessica Gonzales logró una orden de alejamiento de su marido, Simón Gonzales. Éste raptó y mató a sus tres hijas y luego se suicidó por el curioso método de disparar contra una comisaría hasta que fuera abatido por algún agente. Jessica llevó a la policía ante los tribunales porque, tras el rapto, llamó repetidamente a la policía, que lo único que hizo por ella fue hacerle una visita. La policía no le protegió y la reciente sentencia del Supremo dicta que el Estado no tiene el mandato constitucional de protegerla, y por tanto ella no tiene derecho a llevar a la policía a los tribunales.
Wendy McElroy ha sacado de todo ello una conclusión evidente.
Si el gobierno no te protege, entonces tu tienes la responsabilidad de tu propia autodefensa y la de tu familia.
Esto es evidente. Si el Estado no tiene la obligación de defenderte, y la defensa de la vida es un derecho esencial, uno debe mantener intacto su derecho a la autodefensa. En realidad lo tendría en cualquier caso, pero especialmente si el Estado no tiene la obligación constitucional de hacerlo. Pero este es solo un primer paso. El siguiente es que
Dado que los adultos responsables necesitan de la capacidad de defenderse ellos, ninguna ley o política debería impedir su acceso a la propiedad de armas. Los adultos responsables, tanto hombres como mujeres, tienen a la vez el derecho y la necesidad de defenderse a sí mismos y a sus familias, con una fuerza letal si es necesario.
Es el razonamiento que hice en mi artículo sobre la ética de la libertad de armas. El derecho a la vida no puede separarse del derecho a asegurarse medios para su mantenimiento, como no puede separarse del derecho a defenderla. Y este derecho no puede separarse del derecho a proveerse de los medios adecuados para ello. Si se merma este último derecho, se estará socavando el derecho a la defensa de la vida y en consecuencia se estará vaciando también el derecho a la vida.
Este derecho a la autodefensa tiene especial relevancia en la violencia doméstica. Se decía que Dios había creado al hombre y la mujer y Colt los había hecho iguales. Porque ante el fuego de un arma la diferencia física que pueda haber entre un hombre y una mujer se convierte en algo sin ninguna importancia. Las organizaciones fenimistas, recalca McElroy,
Evitan la posesión de armas como posible solución a la violencia doméstica. En su lugar, piden mayor protección policial incluso cuando la policía no tiene la obligación de ofrecer esa protección.
Es más, la policía actúa después de que los crímenes se hayan cometido. Mientras que el uso defensivo del arma es previo al delito, lo previene y cuando se está cometiendo lo detiene.
Estas organizaciones feministas luchan porque los agresores no tengan derecho a poseer y portar armas. Pero como dice McElroy,
Ello ignora la mitad de la ecuación. Ignora la necesidad de las víctimas potenciales de defenderse a sí mismas y a sus familias. Los grupos anti violencia doméstica y feministas crean la impresión de que las armas son siempre parte del problema, pero nunca parte de la solución.
La razón para ese olvido, aparte de el nulo interés por defender a las mujeres, es que su verdadero interés es otro. Privar a los ciudadanos de la posibilidad de tomar decisiones responsables. De nuevo McElroy:
Al final, estas activistas no confían en el juicio de las mujeres que dicen defender.
Sería mucho pedir que se iniciara ese debate, incluso en el caso de las y de los hombres maltratados. Pero creo que sería muy necesario.
Comentarios
Interesante historia, pero tengo una duda, ¿estamos hablando de la misma Corte Suprema que dictaminó que el Estado puede confiscar casas particulares para usos no públicos? Un poco esquizofrénico afirmar que no tiene obligación de proveer seguridad, digo.
Sí, no he querido ir por ahí por no introducir una idea distinta en el post. Pero lo cierto es que la contradicción es flagrante. En nombre de la seguridad, que por otro lado reconoce que el Estado no está obligado a ofrecer, le permite a éste violar cualquier derecho.
Y si bien reconoce que el Estado no tiene la obligación de ofrecer seguridad, le permite hacer un montón de cosas en función de otros objetivos en teoría menos importantes, como la provisión de determinados bienes y servicios.
Es alucinante.
Y si bien reconoce que el Estado no tiene la obligación de ofrecer seguridad, le permite hacer un montón de cosas en función de otros objetivos en teoría menos importantes, como la provisión de determinados bienes y servicios.
Es alucinante.
En realidad, la cosa no parece tan "genérica". Según el texto de McElroy, el Tribunal Supremo sentenció que "Jessica Gonzales did not have a constitutional right to police protection from a private individual even in the presence of a restraining order". Es decir, tiene la pinta de que tiene el derecho a una protección, digamos, general, pero no a una específica frente a un posible agresor con nombre y apellidos. No tendría mucho sentido que el estado abdicase de su principal razón de ser. Otra cosa es que la cumpla bien. Otra más que la haya cumplido bien en este caso (que es que no). Y otra más que, puesto que deja indefensos a los ciudadanos, éstos no tengan más remedio (además del derecho) que defenderse por su cuenta.
El resultado del fallo no es ninguna sorpresa, es mas, es algo totalmente logico. Pues de no serlo, eso implicaria que deberia haber por lo menos un policia por cada ciudadano, cosa que es imposible.
Si el Estado no tiene obligación de defender a sus ciudadanos, tampoco encuentro yo razón para desposeer a ninguno de armas, ni a los delincuentes, porque o asume su defensa (primero encarcelados por sus delitos y luego protegidos por la policia) o les permite defenderse. El hecho de que hayan delinquido no significa que de por vida puedan quedar a merced del resto de los ciudadanos.
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