24 de Agosto de 2010

He dedicado mi último artículo de LD a la pretensión del Gobierno de crear una sociedad laica, es decir, una sociedad desinfectada de toda huella de la Iglesia. Lo más interesante del artículo no lo digo yo, lo dice Olegario González de Cardedal en un artículo de El País escrito en noviembre de 2004, preclaro que es el hombre, cuando define en qué consiste la ideología del Gobierno en este campo:

Un tipo de pensamiento y de política se ha propuesto convencer a los ciudadanos de que: la democracia sólo es posible cuando la religión haya sido definitivamente eliminada de lo público; que el Estado sólo es libre cuando se desentiende de las realidades religiosas y de su forma institucional como Iglesia; que la modernidad ha superado la comprensión religiosa de la existencia; que la vida laica, en cuanto a negación de toda referencia trascendente y rechazo de la idea de Dios, es la condición necesaria para una modernización de España; que, por tanto, sólo una ciudadanía comprendida y ejercitada de modo no religioso es capaz de crear una España progresista. Más allá de las minucias políticas y administrativas de cada día, ésos son los presupuestos que están tras ciertos proyectos legislativos: frenar o anular la presencia de un factor católico que se considera premoderno, antidemocrático, antiprogresista.

A este tema le dediqué dos artículos en 2008. Y me temo que tendré que volver en 2011, a tenor de la Ley de Libertad Religiosa, que se llama así por un odio visceral a la ley, a la libertad y a la religión.

En mayo de 2008 escribí O libertad o laicismo, en el que recogía este pellizco del programa del PSOE en las elecciones de ese año:

Los socialistas valoramos la contribución de las confesiones a la deliberación pública en las sociedades democráticas, a su desarrollo ético y cultural, pero dicha contribución debe entenderse siempre subordinada a la soberanía de las instituciones democráticas, al imperio de la ley y, en definitiva, a la voluntad ciudadana mayoritaria.

Es decir, que la Iglesia tiene todo el derecho a hablar de temas sociales, siempre que sea en los ámbitos ético y cultural y, sobre todo, siempre que se atenga a la "voluntad ciudadana mayoritaria". Se dirá que cuando gane el PP las elecciones, la Iglesia podrá expresarse libremente, a diferencia de cuando esté el PSOE en el poder. Nada de eso. Porque lo que dice el PSOE es que la Iglesia representa a una minoría de la sociedad, y la "voluntad ciudadana", que identifican con su propia grey, es siempre mayoritaria.

Por cierto, que el lema de la campaña socialista era "Motivos para creer".

Ya en agosto de ese 2008, le dediqué al tema el artículo Laicismo totalitario:

La razón por la que se hablaba de separar Estado e Iglesia es porque la Iglesia no puede pretender valerse del Estado para imponer sus criterios morales y su visión de las cosas. El ámbito de la Iglesia es la sociedad civil. Pero, por un lado, dentro de la sociedad tiene todos los derechos que los demás, incluyendo, claro está, el de manifestar públicamente sus creencias y su fe. Y, por otro, igual que no se le debe permitir que se valga del Estado para imponerse, lo mismo ocurre con cualquier otra forma de pensar o ver la vida. Y sin embargo lo que pretende el Gobierno es, precisamente, crear nuevos hombres progresistas moldeando las tiernas mentes de los estudiantes. ¿No se imponen desde el Estado campañas con ideas que no todos compartimos? El Gobierno entiende el laicismo no como el respeto escrupuloso hacia todas las formas de pensamiento sino como la erradicación de la Iglesia de la sociedad civil y la sustitución de su mensaje, BOE en mano, por el evangelio progresista.

Y me refería a Educación para la Ciudadanía, todavía no sabía nada de la Ley de Libertad Religiosa. Concluía el artículo:

Detrás de este laicismo hay una pretensión totalizadora; totalitaria, en realidad. Pretende el Gobierno ordenar qué se puede permitir y qué no dentro del desarrollo de la sociedad civil. Y cree que el respaldo democrático le da licencia para moldear a la sociedad a su antojo. Zapatero se lo ha dejado claro a Rouco: no se echará atrás ni permitirá ninguna oposición a su política, una vez aprobada en el Parlamento. Es el secuestro de la libertad por la democracia.