Teoría política

Desde el siglo XIII hasta el XX se desarrolla todo un proceso evolutivo del Derecho que desemboca en la sustitución por el Derecho Penal del sistema legal basado en la indemnización de la víctima. Dicho de otro modo: la modificación o sustitución de la vieja costumbre por mandatos cuya finalidad era transferir riqueza hacia los grupos relativamente más poderosos. Las justificaciones del "interés público" para un sistema legal e institucional dominado por los gobernantes deben contemplarse más como justificaciones a posteriori que como explicaciones ex ante de su desarrollo.

La absorción del Dª consuetudinario por parte del Derecho real se inicia en el siglo XII. La mayor parte de los Estados europeos empezaron a recoger de forma sistemática y a codificar los usos, la costumbre y se tuvo que instar a las personas a que llevaran sus pleitos, sus reclamaciones, ante los tribunales del Rey.
La resistencia de las víctimas al desarrollo del Dereho penal, vinculado a la pérdida de la restitución y de los incentivos que la acompañaban, significó que los ciudadanos tuvieran que ser obligados a consentir, mediante una lenta política de palo y zanahoria. Por ejemplo, el Dº Penal estableció normas coactivas, declarando criminal a la víctima que obtuviese restitución antes de llevar al delincuente a la jurisdicción del Rey, para que así el monarca pudiese obtener su parte. Al no ser éste un acicate lo suficientemente fuerte, el Dº real tipificó el delito de receptación, convirtiendo en fechoría la acptación por la víctima de la propiedad robada, o el llegar a otro acuerdo con el delincuente para no presentar la acusación.
Posteriormente se añadieron nuevas leyes. Por ejemplo, hasta después del proceso penal no se podían obtener indemnizaciones por responsabilidad civil derivada de un delito; el dueño de lo robado no podía abtener la devolución de sus bienes hasta haber prestado declaración en el proceso penal, y, ni que decir tiene, se establecían penas para aquellos que ofreciesen una recompensa por la devolución de lo robado. Sin embargo, los esfuerzos coercitivos para inducir a las víctimas y a las comunidades a perseguir y acusar a los delincuentes no tuvieron éxito, y la producción de estos servicios tuvo que ser gradualmente asumida por el Estado (Acusación pública).