14 de Julio de 2006

Urbanismo, políticos y propiedad

Me refiero a Nigrán y a las cartas publicadas en FARO reclamando un urbanismo diferente, sostenible, alternativo y demás lugares comunes sin concretar a qué nos referimos más allá de vagas ideas y abstracciones. Nadie, sin embargo, se atreve a plantear si la cuestión es otra: si es aceptable que exista el urbanismo como normativa impuesta a unos ciudadanos que ven limitados sus derechos de propiedad y expectativas vitales. Se nos explica los beneficios que tiene la regulación de esta materia para la sociedad en su conjunto: evitar la especulación, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, planificar los servicios que vaya a necesitar la colectividad... pero ¿cuáles son los resultados? Inmuebles a precios prohibitivos, corrupción generalizada o sospechas de corrupción en la que tanto participan los gobiernos locales como las oposiciones en los Ayuntamientos (tanto daño causa a la democracia la corrupción existente como la calumnia contra quienes no hayan incurrido en dicha corrupción), intereses creados, etc... Y todo, porque aceptamos que los Srs. Avelino, Rodríguez o Touriño nos digan si alguien puede o no puede edificar en un terreno que pertenecía a la familia de uno desde mucho antes que estos señores naciesen. ¿Con qué derecho nos pueden imponer cargas y limitaciones? ¿Quiénes son para decidir que algo que quiero hacer en mi casa no es conveniente para la sociedad y limitar mis derechos sobre un bien que es mío y que ellos ni siquiera han visto? Si no existe ningún daño a quienes están a mi alrededor, si no provoco ningún perjuicio directo y claro a otros ciudadanos, ¿quién es un político para decirme qué puedo o no puedo hacer con mi propiedad? ¿Cómo se atreven a decir que alguien no puede edificar teniendo 3.900 m2 pero sí con 4.050? La gente no es estúpida. Si no hay servicios suficientes para todos, no se preocupen: los promotores no edifican donde no hay servicios por temor a no tener ventas y la gente no compra algo en un sitio donde está tan claro que los servicios no llegarán, habrá superpoblación, o quedará degradada.

Limitando el urbanismo a los aspectos más fundamentales y permitiendo a los ciudadanos actuar con sus bienes hasta donde entren en conflicto con otros ciudadanos se lograría disminuir la corrupción existente, se eliminaría la sospecha generalizada sobre nuestros políticos (no cabe duda de que muchos dejarían la política), probablemente el uso del suelo fuese mucho más racional y los precios de la vivienda fueran más razonables, además de permitir a los ciudadanos dirigir sus propias vidas en algo tan de primera necesidad como es la vivienda.

Pero claro, hay políticos que o bien consideran a los ciudadanos demasiado tontos para saber qué les conviene y creen que estos pobres desdichados les necesitan (buen ejemplo de concepción democrática de la política y la sociedad) o bien saben perfectamente lo que están haciendo.

Por favor, señores políticos, dejen de regular todos los aspectos de nuestras vidas. Dejen de llamar a las puertas de nuestra casa para anunciarnos que vienen a resolver altruistamente nuestros problemas previo pago de impuestos.
Bastante problema son Uds ya.

Fernando Lojo Elcid - Vigo