Hispanoamérica

Ofensas a Chávez serán sancionadas con penas de cárcel en Venezuela
Fecha edición: 17-03-2005
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Las penas carcelarias por ofensas al Presidente y "delitos de palabra" entraron en vigor en Venezuela al publicarse hoy oficialmente varias modificaciones al Código Penal, entre ellas la eliminación de rebajas a violadores de prostitutas.
Los cambios fueron aprobados recientemente por la mayoría parlamentaria afín al Presidente Hugo Chávez, y en buena parte fueron rechazados por la oposición que ve un empeño por castigarlos y silenciarlos, aunque hubo unanimidad en castigos de otros delitos.
Entre las nuevas tipificaciones se destaca la penalización con seis a 30 meses de cárcel para "quien ofendiere al Presidente" de forma grave, castigo que se reducirá a la mitad en caso de ofensa leve.
Otro artículo sanciona con prisión de cuatro a ocho años a quienes cierren u obstaculicen las vías públicas.
Sobre la difamación se estipula que, "quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de uno a tres años", además de un multa.
La injuria por ofensas al honor, reputación o el decoro de alguna persona será castigado a su vez con prisión de seis meses a un año.
Los opositores al gobierno han admitido como aspecto positivo de la reforma que se sancione "la invasión a terrenos o inmuebles desocupados, pero ajenos", para lo cual los jueces deberán dictar sentencias de prisión de cinco a diez años.
Esa pena "aumentará hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión", pero se rebajarán hasta dos terceras partes en caso de que las invasiones cesen antes de emitirse la sentencia, sostiene otro artículo.
Los opositores también critican que se penalice los "cacerolazos" en señal de protesta y dirigidos contra autoridades, y que se reduzcan los castigos por hurto de comida y medicinas, siempre que sea para "aliviar dolor" y se argumente "estado de extrema necesidad".
Para el delito de secuestro, oficialistas y opositores aprobaron unánimemente elevar de diez hasta 20 años de prisión el castigo al que "utilice cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual y autoría material".
Las penas se incrementarán en un tercio si los secuestros son "niños, adolescentes, ancianos, personas con enfermedades o cuando la víctima sea sometida a violencia, torturas, maltrato físico y psicológico".
Se aplicará "pena máxima si la persona muere durante su cautiverio" y si la víctima es algún funcionario público.