Hispanoamérica
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detenidos desaparecidos, adn e intimidad
Enviado por el día 19 de Noviembre de 2005 a las 00:08
sabemos de la practica de entregar a los hijos de detenidos desaparecidos argentinos a familias de militares, Ahora bien, http://www.biotech.bioetica.org/i41.htm
"Durante los años pasados, era criterio generalizado –doctrinaria y jurisprudencialmente- que, siendo las víctimas de la supresión de su identidad menores de edad, sus tutores debían actuar de la manera que resultara más conveniente para ellos. Por lo tanto, eran sometidos a las pruebas genéticas más allá de su voluntad, desde que se entendía que lo mejor para la salud mental de una persona era conocer su identidad biológica. Sin embargo, en los albores del año 2003, puede presuponerse que casi el 100% de los entonces niños sustraidos de su familia son hoy hombres y mujeres mayores edad. Entonces, el interrogante que surge es ¿resulta posible que el Estado obligue a esas personas a la realización de estas pruebas? ¿Cuáles serían, en cualquier caso, las consecuencias jurídicas suscitadas?
Para el Dr. Petracchi, en la causa “M. J. S/ denuncia del 13/11/90”, “el normal desarrollo psicofísico exige que no se trabe la obtención de respuesta a estos interrogantes vitales. La dignidad de la persona está en juego, porque es la específica ‘verdad personal’, es la cognición de aquello que se es realmente, lo que todo sujeto naturalmente anhela poseer, como vía irremplazable que le permita optar por proyectos de vida elegidos desde la libertad. Pues es ésta –finalmente- la que resulta mansillada cuando el acceso a la verdad es obstruido”.
En consecuencia, se ha obligado a una persona mayor de edad a someterse a examenes de ADN, incluso con el auxilio de la fuerza pùblica si se opone, y aun cuando esto traiga consecuencias penales adversas para quienes considera sus padres.
Me pregunto si esto es lìcito y no atenta contra los derechos humanos de esa persona.
"Durante los años pasados, era criterio generalizado –doctrinaria y jurisprudencialmente- que, siendo las víctimas de la supresión de su identidad menores de edad, sus tutores debían actuar de la manera que resultara más conveniente para ellos. Por lo tanto, eran sometidos a las pruebas genéticas más allá de su voluntad, desde que se entendía que lo mejor para la salud mental de una persona era conocer su identidad biológica. Sin embargo, en los albores del año 2003, puede presuponerse que casi el 100% de los entonces niños sustraidos de su familia son hoy hombres y mujeres mayores edad. Entonces, el interrogante que surge es ¿resulta posible que el Estado obligue a esas personas a la realización de estas pruebas? ¿Cuáles serían, en cualquier caso, las consecuencias jurídicas suscitadas?
Para el Dr. Petracchi, en la causa “M. J. S/ denuncia del 13/11/90”, “el normal desarrollo psicofísico exige que no se trabe la obtención de respuesta a estos interrogantes vitales. La dignidad de la persona está en juego, porque es la específica ‘verdad personal’, es la cognición de aquello que se es realmente, lo que todo sujeto naturalmente anhela poseer, como vía irremplazable que le permita optar por proyectos de vida elegidos desde la libertad. Pues es ésta –finalmente- la que resulta mansillada cuando el acceso a la verdad es obstruido”.
En consecuencia, se ha obligado a una persona mayor de edad a someterse a examenes de ADN, incluso con el auxilio de la fuerza pùblica si se opone, y aun cuando esto traiga consecuencias penales adversas para quienes considera sus padres.
Me pregunto si esto es lìcito y no atenta contra los derechos humanos de esa persona.
Re: detenidos desaparecidos, adn e intimidad
Enviado por el día 19 de Noviembre de 2005 a las 22:30
El cumplimiento de una diligencia de ése tipo, realizado con la oposición del sujeto constituye efectivamente una violación a sus derechos fundamentales.
Sin embargo, si se realizan con el objeto de determinar la existencia de un delito o la participación penal, y bajo control jurisdiccional en el marco de un debido proceso se justifica esta medida coercitiva.
Eso de la "verdad personal" resulta autoexplicativo y conduce a desechar la legitmidad de la medida: sólo la voluntad de quien busca esa verdad puede legitimar el mecanismo para obtenerla.
Sin embargo, si se realizan con el objeto de determinar la existencia de un delito o la participación penal, y bajo control jurisdiccional en el marco de un debido proceso se justifica esta medida coercitiva.
Eso de la "verdad personal" resulta autoexplicativo y conduce a desechar la legitmidad de la medida: sólo la voluntad de quien busca esa verdad puede legitimar el mecanismo para obtenerla.