Hispanoamérica

Algunos de los instrumentos jurídicos que se han aprobado y entrado en vigencia en los meses recientes representan verdaderos misiles lanzados contra la línea de flotación de la economía nacional, la actividad empresarial y la iniciativa privada. Uno de ellos es la Solvencia Laboral, que entró en vigencia el pasado primero de mayo, luego de ser aprobada por el teniente coronel en Consejo de Ministros. La fulana solvencia constituye uno de los instrumentos más perversos de la ya abigarrada legislación laboral venezolana: eleva el costo de la fuerza laboral hasta niveles insospechados, les da un poder discrecional desmedido a los funcionarios del Ministerio del Trabajo encargados de otorgarla o revocarla y le proporciona al Gobierno una información completa de todos los datos de la empresa (nómina, salarios, etc.). Poseer ese papel resulta indispensable para tramitar dólares preferenciales ante CADIVI o para formalizar negocios y contratos con los organismos públicos, entre otras. La ausencia de un reglamento que establezca límites precisos a la actuación de los funcionaros y a los derechos de los particulares, crea un ambiente favorable para que prospere la corrupción. Esa solvencia, desde luego, promoverá aún más la informalidad. Los trámites para obtenerla, además de costosos, resultan endiabladamente engorrosos. También estimulará la desocupación: los altos costos que supone la creación de un empleo formal actuarán como un desincentivo para la inversión. Sin embargo, estos desestímulos a la iniciativa privada no le importan al Gobierno. Su propósito apunta a cercar la actividad empresarial privada. Asfixiarla hasta que quede agotada.

Otra bomba atómica del colectivismo chavista es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT). Al igual que la Solvencia Laboral, abre las compuertas para que los responsables de su instrumentación, los consejos de trabajadores electos para tal fin, cometan toda suerte de abusos. La “democracia participativa” cristaliza en una Ley punitiva, que utiliza como coartada una supuesta intención de resguardar a los trabajadores frente a las inclemencias del ambiente laboral y la indolencia de los patronos, cuando en realidad lo que persigue es crear un clima de terror y amenaza constante contra los empresarios. Las sanciones contempladas en la LOPCYMAT no guardan relación con el carácter de las faltas. La ausencia de luz adecuada, un ruido demasiado alto o la carencia de agua fría, por ejemplo, puede dar lugar a multas exorbitantes. La filosofía que la inspira es idéntica a la que anima la Ley Resorte: provocar temor. La simetría que debe existir entre el pecado y la penitencia no existe. Se nota que el fin de la ley no es corregir errores, sino quebrar industrias y empresas, y desincentivar la iniciativa particular, para que toda la actividad empresarial pase a formar parte del Estado, de las cooperativas o de las empresas cogestionadas.