Hispanoamérica

30 años después

VICENTE ECHERRI


Se cumplieron ayer 30 años del golpe de Estado que derribó al gobierno del socialista chileno Salvador Allende. Ocurrido un 11 de septiembre, es inevitable que muchos se sientan tentados a establecer algún paralelismo con el desplome del Centro Mundial del Comercio que tuviera lugar hace dos años en la misma fecha. Para los que se sienten afines o comprometidos con esa retacería de lugares comunes que podemos catalogar genéricamente de ''izquierda'', se trata de una infortunada coincidencia que hace del 11 de septiembre una efemérides doblemente aciaga. Llevado el paralelismo un poco más lejos, no faltará quien establezca una macabra simetría entre el número de los que perecieron en el atentado terrorista de Nueva York y el de los que liquidó la represión de los golpistas chilenos luego del derrocamiento de Allende.

Yo creo, sinceramente, que el golpe de Estado que derribó al gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende fue una acción patriótica de las fuerzas armadas de Chile, por la cual los chilenos de varias generaciones deberían sentirse agradecidos --y muchos me consta que así se sienten-- mediante la cual los militares libraron a ese país, con toda seguridad, de una dictadura comunista que, como bien lo ilustra el ejemplo de Cuba, hubiera sido nefasta para la libertad del pueblo chileno y desastrosa para su economía. Lejos de contarse entre los países más adelantados de América Latina, como lo ha sido por el último cuarto de siglo, Chile, minado por el atraso y la arbitrariedad, estaría hoy compitiendo con Cuba por uno de los últimos lugares.

El golpe militar, en mi opinión, estuvo enteramente justificado, porque, si bien es cierto que Salvador Allende era un presidente legítimo, también es verdad que, siguiendo el libreto diseñado por Castro y tal vez por Moscú, estaba barrenando las instituciones que había jurado defender y no andaba muy lejos de encontrar justificaciones para imponer, desde arriba, un régimen de fuerza que violentara el orden constitucional. Si los militares no llegan a intervenir en el momento en que lo hicieron, tal vez nunca hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. Allende se preparaba, con la ayuda de mercenarios cubanos y paramilitares comunistas, a reclamar más poder mediante un autogolpe. La junta militar tan sólo se le adelantó.

Esta opinión la sustenté entonces (yo vivía en Cuba, y estudiaba en el Seminario Evangélico de Teología donde rehusé firmar una declaración de condena al golpe que hicieron circular mis profesores) y la reafirmo ahora treinta años después: los chilenos deberían celebrar el 11 de septiembre como una fiesta magna. Ahora bien, si justificado me pareció y me sigue pareciendo el golpe que llevó a Augusto Pinochet al poder, a la represión que siguió al golpe, con sus tres o cuatro millares de muertos y desaparecidos, no le encontré entonces, ni le encuentro ahora, ninguna justificación. Por el contrario, creo que fue un exceso inútil que serviría para estigmatizar definitivamente una gesta noble y desacreditar a un gobierno que, por otra parte, resultó muy positivo para Chile.

Aunque la gestión de Allende había generado mucho odio y, como alguna vez me dijera el poeta Nicanor Parra, ''la matanza estaba en el aire'', los militares golpistas debían haber resistido el impulso bárbaro hacia la orgía de sangre que el gobierno de Pinochet nunca pudo borrar de la memoria del mundo. No creo que esos muertos fueran necesarios. En el momento en que Allende es derrocado su impopularidad era enorme y a los militares les hubiera bastado --más allá de liquidar cualquier foco de resistencia-- rodear el Palacio de la Moneda con una multitud de amas de casa sonando incansablemente sus cacerolas. Allende, que, a pesar de todo, tenía un cierto sentido de la vergüenza, tal vez hubiera terminado suicidándose de todos modos. Asimismo, la dictadura de Pinochet, que se justificó en sus comienzos como una restauración del orden que Allende amenazaba, también resultó demasiado larga. Un gobierno de transición no creo que tenga que durar 16 años.

Es precio distinguir, pues, entre el golpe de Estado, llevado a cabo por unas fuerzas armadas que se sintieron llamadas a preservar las libertades que el gobierno de Allende amenazaba y la sangrienta represión posterior que me parece obra de la improvisación más que de un premeditado libreto de terror. Derrocar a un mandatario electo --e incluso ajusticiarlo-- puede justificarse si ese mandatario quiere pervertir las instituciones en favor de un orden arbitrario (el voto no es una vacuna contra la tiranía; bien lo ilustra el caso de Hitler, de Perón y ahora de Chávez), pero esas instituciones nunca podrán ser defendidas --con permanente dignidad-- si para ello hay que apelar al crimen.