15 de Agosto de 2004

Esa es la cantidad que dice el Tribunal de Cuentas que cuestan en España las campañas políticas, por lo menos las últimas elecciones municipales del 2003. PP y PSOE invirtieron entre los dos 27 millones de euros en gastos de campaña, envío de propaganda electoral y otros menesteres electorales. Esto no sería digno de comentar sino fuera porque la mayoría de este dinero tiene su origen en lo público, es decir en los presupuestos del Estado que asigna, por ejemplo, una cantidad al partido por cada cargo electo que consiga. Una fuente de dinero que premia a los departamentos de comunicación y los de políticas rastreras de los politiquillos y castiga al ciudadano que paga sus impuestos. Porque no se puede dudar que los ciudadanos de izquierdas pagan a los partidos de derechas y viceversa siempre que paguen un impuesto. ¿Cabe mayor injusticia?

El PSOE es partidario de cambiar la ley y así lo va a tramitar el próximo otoño pero ¿realmente renunciarán los partidos a toda esta fuente de ingresos?. Sinceramente no lo creo, no será más que un maquillaje con mucho ruido mediático que contentará a unos cuantos y dejará indiferentes a la mayoría. Lo que sí parece claro es que el actual sistema favorece una serie de corrupciones propias de países bananeros, más cartas que electores existen y por las cuales se recibe una subvención es sólo un ejemplo de los oscuros submundos de la política.

La solución pasaría por una desaparición de la subvención pública y la búsqueda de capital privado que financie estas pantagruélicas campañas. Actualmente no se pueden recibir más de 60.000 euros de un mismo donador, pero de nuevo el secretismo y la corrupción, favorecida por un Estado que no hace su labor, permite la llegada de capitales de no se sabe dónde y no se sabe quién (¿Qué fue sino FILESA?).

Bastaría con no poner límites a la donación y hacer públicas las listas de los donantes, una contabilidad transparente y por supuesto la posibilidad de hacer auditorías cada cierto tiempo o después de cada proceso electoral para comprobar la limpieza del proceso. Y observese que digo la posibilidad de, no impongo una revisión obligatoria, no se debe poner bajo sospecha cualquier elección porque sí. Lo que no es necesario es que todos los españoles paguen el oscurantismo de unos pocos y opciones políticas que no apoyan. Aunque aquí reconozco una cosa, los partidos extremistas, entre los que se encontraría IU sin duda alguna, poco dinero podrían conseguir de las fuentes financieras habituales. Ello les llevaría o la desaparición como fuerza electoral o a un proceso de cambio a posiciones más cercanas a la realidad social. Y que eso saldríamos ganando.