28 de Marzo de 2005

Uno de los mayores problemas presupuestarios de este país, hasta ahora llamado España, es la educación pública. El hecho de convertirla, por arte del intervensionismo, en un derecho, supone por el mismo arte, un latrocinio continuo del bolsillo del ciudadano. Entre las consecuencias del sistema quisiera destacar una, que para que se pueda justificar semejante gasto se ha de dar sensación de eficiencia. Si una mayoría de alumnos, o una cantidad elegida arbitrariamente, no consigue aprobar podría plantearse su viabilidad o en el peor de los casos si la gestión es la adecuada.

En tal punto debe estar el Gobierno valenciano, dirigido hace años por el PP. Parece ser que la Universidad pública está generando un sobrecoste al generalizarse los abandonos y las repeticiones de curso. 150 millones de euros nos ha supuesto tal situación a los españoles, de momento. Los cerebros grises de esta administración han puesto sus neuronas a trabajar y como era de esperar no han llegado a nada ni bueno ni nuevo. El Consell ha decidido penalizar el fracaso académico con menos subvenciones a las universidades.

Las Universidades valencianas se encuentran ante un problema que pueden solucionar de dos maneras. La primera y más lógica de cara al contribuyente, sería que las pruebas de entrada fueran más duras de forma que sólo ingresen aquellos que sean lo suficientemente aptos para cursar la carrera. Pero ello choca con la doctrina oficial, con lo políticamente correcto. La universidad pública debe ser popular y debe ser accesible a casi todo el que quiera, sea o no capaz. Uno de los dislates de los que más orgulloso está este estado del bienestar que padecemos es precisamente la masificación de colegios, institutos y universidades. Cualquiera termina con un papelote que dice que tiene tal o cual título.

La segunda manera de solucionar el asunto es, evidentemente, bajando el nivel exigido. Y seguramente será el elegido pues soluciona muchos problemas a corto plazo, generándolos a medio y largo, aunque ninguno de ellos afectará el ámbito universitario. Las subvenciones y los presupuestos volverán cuando el nivel de aprobados sea el adecuado y los políticos se felicitarán por el buen hacer de la administración y la disminución del fracaso académico.

El problema, por su puesto, se deriva hacia el ámbito laboral. En primer lugar se genera un exceso de graduados que para nada tiene que ver con la demanda de tanto título. Ello supone que la mayoría trabajará en empleos lejos de su nivel de formación, con sueldos mucho más bajos de lo esperado. Evidentemente el dinero del contribuyente se ha derrochado en algo que para nada necesitaba la sociedad. Paradójicamente, aquellos puestos de trabajo menos intelectuales, por decirlo de alguna manera, son mucho más demandados de forma que los que se deciden por esta formación, terminan cobrando muchísimo más al existir menor oferta.

Los problemas siguen, la formación media de estos graduados es menor que la de sus colegas de otros países donde el sistema es más racional. El hecho de que se demanden masters y otros cursos de postgrado para diferenciarse del resto, supone primero la aparición de cursos de bajo nivel y que los que tienen el nivel adecuado, suban su precio de forma que sólo personas con suficiente poder adquisitivo, se lo puedan permitir. Incluso estos pierden de alguna manera su prestigio cuando hay demasiados alumnos.

El resultado de todo ello es un viaje hacia lo absurdo, viaje en el que se embarcan miles de jóvenes que podrían dedicar sus esfuerzos hacia otras formaciones tan dignas como cualquier carrera, mucho más cercanas a la realidad social y sobre todo, y ya que tenemos una educación pública, buscando cierta eficiencia en el gasto del dinero del contribuyente.