8 de Septiembre de 2005

Estamos de enhorabuena. El Gobierno, en una línea propia del grado de responsabilidad que le caracteriza, ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y la cosa suena rica, rica que diría el cocinero. Como el consumidor, proletario él, es incapaz de luchar contra el capitalismo atroz que surge de las entrañas de la injusticia global, papá Estado vela por él y nos regala una serie de medidas que se unen a otras mes tras mes, año tras año, década tras década, permitiendo que aún tengamos algo de esa dignidad perdida en la noche de los tiempos.

Pero por favor, ZP, De la Vega no me protejáis tanto que me duele. Que si no llega a ser por vosotros y por otros que os han precedido estas medidas, que serán tan inútiles como las anteriores, no hubieran tenido que promulgarse. Sale esto a cuento, creo yo, de la decisión de Telefónica Móviles de tarifar por medios minutos en vez de por segundos, como por otra parte ya hacían Vodafone y Amena en algunas de sus ofertas. El barullo que se ha creado y a pesar de que la operadora ha dado marcha atrás, ha sido suficiente para que este tocado Gobierno decida tomar las riendas de la intervención.

Debe resultar curioso para un progre que decida pensar sobre el asunto que la intervención conduzca inevitablemente a más intervención. El mercado de la telefonía móvil, como el de la telefonía fija (que controla el ADSL) así como las concesiones de los parking públicos, el gas, la electricidad, el agua y tantos otros servicios están controlados por el Estado, por sus diferentes Administraciones y ellas dicen cuántas operadoras deben existir, cuáles van a ser su precios (generalmente en forma de precios máximos), cuáles van a ser las tarifas, cuál va a ser la velocidad de transmisión de datos y así una montón de variables más cuyos límites tienen como fin la defensa del consumidor. Es decir, la intervención genera problemas y la única medida del lesgislador es volver a intervenir y la defensa del consumidor siempre es excusa moral y suficiente para perder un poco de nuestra cada vez más escasa libertad.

Si hubiera suficientes operadoras y empresas de servicios , las que los usuarios pudieran mantener, los clientes que se sintieran robados, estafados, toreados o sufrieran otros malos tragos cambiarían sin más a otra que les diera mejor servicio o que fuera más barata o ambas cosas a la vez y en el peor de los casos acude a la justicia o al arbitraje. Un ciudadano libre en una sociedad libre no necesitaría ninguna medida como las tomadas por el Gobierno. También es preocupante que las organizaciones de consumidores se terminen convirtiendo en lobbies de poder defensores del intervencionismo más que en grupos que luchan por los 'derechos' del usuario y su libertad.