4 de Diciembre de 2006

De la cuna a la tumba. Vivimos en una sociedad oprimida por los impuestos y las regulaciones, sí, pero en la que no se nos deja caer porque a lo largo de toda nuestra vida tenemos la fría mano del Estado, recogiéndonos. Mermados en nuestra libertad y responsabilidad, tratados como niños de teta, no como auténticos ciudadanos, tenemos al menos al Leviatán haciéndose pasar por madre amantísima. El consenso es amplio, o al menos tan poderoso como para que los políticos (en Europa, no fuera) no se puedan permitir discursos contra el Estado de Bienestar.

Solo que, como todo lo político, ese consenso es falso. Pagamos impuestos porque no podemos elegir otra cosa. Pero a la hora de recibir los presuntos beneficios confeccionados por la Administración con nuestro botín, los rechazamos. No nos devuelven el dinero, una vez nos quitan lo que hemos generado con trabajo y ahorro, no hay vuelta atrás. Todo lo que rechacemos de las dádivas del Estado no lo podremos recuperar por otro lado. Para mantener una conversación con amigos y demostrar a los demás lo solidario y generoso que es uno con el dinero de los demás, incluso para votar, está muy bien eso de defender el Estado Providencia.

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Prácticamente nadie pide la completa abolición de la educación pública, si bien todos los que pueden se aseguran de matricular a sus hijos en escuelas privadas o, cuando menos, de ofrecerles clases de repaso que ofrecen instituciones privadas y particulares. Tres cuartos de lo mismo sucede con la sanidad, los planes de jubilación, la seguridad, los transportes, las comunicaciones y tantos otros servicios ofrecidos por el Estado.

Tranquiliza pensar que si las cosas pintan mal, llegará Papá Estado cual John Wayne al mando del 7º de Caballería al rescate. Además, aun cuando uno no lo necesite para sí, se siente cierta satisfacción al saber que se contribuye en un esfuerzo colectivo para con aquellos que sí lo necesitan de verdad. Y, sin embargo, a poco que se pueda, cada cual intenta escabullirse de John Wayne. No es sólo que todo el mundo intenta pagar los menos impuestos que su conocimiento (o atrevimiento) fiscal le permite, ¡es que incluso se escaquean de recibir buena parte de los beneficios!

Pagan un impuesto sobre el valor añadido cada vez que compran cualquier tipo de mercancía, o un impuesto especial todavía más elevado si se trata de gasolina, tabaco, alcohol o por matricular un vehículo. Se les aplica una retención en su sueldo por el hecho de tener un trabajo honrado. Se les cobra un impuesto por el hecho de heredar. Pagan otro impuesto si es que su patrimonio se ha incrementado. Pagan otro por el simple hecho de tener ese patrimonio. Paga otro por las donaciones. Y otro por tener bienes inmuebles. Si son accionistas pagan otro en forma de impuesto sobre la sociedad en cuestión y si compran al extranjero pagan en la aduana. Destinan, en fin, más de la mitad de su riqueza a engrosar las arcas del Estado. Y cuando éste les ofrece sus servicios “universales y gratuitos”, ¡oh, sorpresa!, todo el que puede contesta en la práctica con un rotundo “¡no, gracias!” que, de hecho, es un “¡no, gracias, y quédese el cambio!”

Mientras tanto, con el menguante tercio que los Estados graciosamente dejan cual limosna a sus súbditos, los mercados intervenidos de las economías mixtas modernas producen unos servicios que todo el mundo prefiere a los de los Estados. Con lo que sobra, encima, el sector privado es capaz de producir bienes triviales y superfluos como entretenimiento y diversión de todo tipo, por no hablar de innovaciones técnicas.

En sus torres de marfil prehistóricas, los estudiosos con sueldos a cuenta de los contribuyentes, producen teorías según las cuales los ciudadanos cambian de residencia en función de los saldos fiscales. Es cierto, llegan a reconocer en un alarde de honestidad, que a la gente no le gusta pagar impuestos y, por tanto, tiende a huir de los regímenes confiscatorios. Pero, ojo, a la gente, dicen, le gustan los beneficios del Estado del Bienestar, por eso lo de votar con los pies depende de un cálculo de costes y beneficios. Se olvidan convenientemente de este pequeño detalle que he venido comentando: esos “beneficios sociales” los esquiva todo el que puede.

El hecho de que a la gente no le guste pagar impuestos no se debe a la tacañería antisocial de unos insolidarios. Se debe a que cada cual quiere comprar lo mejor que su riqueza le permita. Y nadie confía en que lo mejor pueda proceder de una institución que elimina a sus competidores a base del monopolio de la fuerza. Eso, cuando lo hace un hombre, es tachado de chantaje y matonismo. Cuando lo hace un grupito, se tacha de mafia. Que se haga democráticamente puede empujar a muchos a darle coba de cara a la galería. Pero, cuando se trata del bienestar propio, la gente no se deja engañar.

Y así, a medida que empeora la hipertrofia de las instituciones, más son los que van desprendiéndose del Estado. La madre que busca un refuerzo escolar a sus hijos porque, vote lo que vote y diga lo que diga, no se fía de la educación pública aunque no pueda permitirse matricularles en una privada. El padre que les va guardando unos ahorrillos porque, diga lo que diga y vote lo que vote, sabe que con las pensiones públicas lo van a tener crudo. El comerciante que descubre una forma de evitar tal impuesto o tal prohibición. El consumidor de cierto artículo o sustancia que se da una alegría al conseguir disfrutar de lo prohibido sin molestar a nadie. Una sociedad de adultos con ganas de emanciparse de un Papá Estado carca, metomentodo y fracasado. No es un desprendimiento tajante. Es gradual a medida que cada uno va descubriendo nuevas salidas hacia la libertad y la responsabilidad individual. Se agrava el problema de la economía sumergida, dirán los que se han especializado en partir y repartir desde arriba. No, lo que pasa es que la confianza en el Estado del Bienestar se hunde porque éste hace aguas y la gente se espabila y aprende a nadar.