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Bitácora de Juan Fernando Carpio

La definición clásica, de diccionario de bolsillo, nos dice que el socialismo requiere de la socialización de la propiedad.

A simple vista no parecería que una regulación (la legislación por ejemplo) corresponda a esa definición, ¿cierto?

Error.

Una regulación le dice a otras personas qué hacer con su integridad física y/o su propiedad. Pero entonces nos hallamos ante una aparente paradoja: cuando alguien es dueño de algo es el decisor de última instancia sobre aquello, pero a la vez un órgano puede colocarse en un plano superior y decidir por una o varias partes algo distinto de lo que hubiesen elegido en ausencia de regulación. De otro modo una regulación no tiene sentido, obviamente. El problema es que si alguien es el decisor de última instancia sobre el uso (venta, transformación o destrucción) de un objeto, se vuelve en realidad su dueño.

Una objeción clásica es decir que porque se reducen las opciones de uso de una propiedad, no se ha perdido demasiado. En realidad si tenemos un abanico amplísimo -digamos, un 99%- de posibilidades pero ese 1% se lo reserva alguien (cosa que sólo es posible porque el 100% estaba abierto a su selección de grado de intervención) está siendo generoso y otorgándonos un permiso. Y un permiso -por amplio que sea- es algo muy distinto que un derecho, que es lo que es la propiedad.

Es por eso que el Estado (socialismo judicial), al regular se apropia de facto de lo que está regulando. Regular implica precisamente ser el decisor de última instancia, en otras palabras, su dueño. Por lo tanto, una regulación implícitamente está señalando quién es el propietario realmente de lo que está siendo regulado.

En otras palabras, lo que se vuelve sujeto de regulación está siendo -de facto- socializado. Las regulaciones son socialismo.