19 de Septiembre de 2003

Este artículo debe ser considerado como la plasmación en papel de una realidad tangible, visible y preocupante. El problema de la enseñanza pública no radica única y exclusivamente en la falta de incentivos por parte del profesorado ni en la calidad del alumnado, -que es generalmente baja por la deconstrucción de la civilización y destrucción de valores útiles para el ser humano- sino en la politización de las Universidades.

Amén de la imposibilidad lógica de fundamentar la propiedad pública, refutada magníficamente por Rothbard, Mises, Hoppe y Huerta de Soto, deberíamos ver cómo evidentemente, deja de una manera u otra su ineficiencia intrínseca plasmada en la sociedad en la cual actúa.

Entiendo que a mi compañero de bitácora no le gusten demasiado las experiencias ni los datos para afirmar y corroborar una teoría, pero considero necesario plasmar de una manera u otra la forma en la que el Estado mantiene su poder, su influencia y por tanto su coacción sistemática al individuo.

Siempre se ha comentado que la Universidad pública es y debe ser para todos, que la educación universitaria es fundamental para el desarrollo de un país (¿desarrollo de qué?), y por ende, fundamental para el crecimiento económico de éste. Pues bien, precisamente, ni la Universidad puede de ser para todos - entendiendo en mis palabras el sentido de “pagar la educación de otro por la fuerza y coacción”- con lo que desaparecería de por sí el concepto de ‘Universidad pública’ , ni es ésta fundamental para el desarrollo de un país, sino más bien todo lo contrario. Los argumentos son los siguientes: Asumiendo que no existe algo así como un ‘individuo colectivo’ o una ‘mente común’, no podemos determinar en qué grado la educación universitaria (valga también para el resto de graduados) es un bien público. Evidentemente, es un bien, porque existen personas que reconocen que la educación universitaria es útil y escasa. Es un bien económico, pero no podemos determinar si todos los individuos desean consumir ese bien, y por tanto, no podemos validar como justo que aquellos que los consumidores de dicho bien, realicen su función con el dinero de aquellos que no desean consumirlo. (Dicho de otro modo, no podemos imponer su consumo) Precisamente en este punto es donde se produce una clara expropiación y ‘explotación’ al individuo.

El ejemplo que describo es precisamente esclarecedor en este sentido. Las personas con rentas medias-bajas / bajas que tienen hijos, éstos normalmente tienden a ejercer una profesión basada en un rápido aprendizaje y puesta en marcha de los conocimientos. Así, además de considerar que el mercado laboral está altamente intervenido, debemos percatarnos de que los hijos de estas personas no suelen ir por lo general a la universidad. Subrayar esto es de vital importancia, pues estas familias o personas están pagando por un servicio que jamás utilizarán, están financiando obligatoriamente y coaccionados por el Estado actividades que ellos consideran terciarias en su escala de valores o en su preferencia temporal. De este modo se expropia dinero de dichas familias, para producir dicho servicio, que además de basarse en criterios poco éticos (Como algunos he demostrado) resultan ineficientes e improductivos. En otras palabras, las familias con rentas medias-bajas/ bajas son aún más propicias a verse en una situación económicamente desagradable y alarmante por la expropiación estatal vía impuestos o tasas.

Habiendo el Estado expropiado el capital ‘necesario’ para llevar a cabo su producción, construye sus ‘bases’ en aquellas zonas más concurridas de su monopolio, es decir, en las ciudades. No pudiendo rechazar el proyecto de construcción, el Estado ya dispone de asentamientos para crear su cuerpo de funcionarios para la enseñanza. Evidentemente, un puesto en el Estado a través de una oposición es muy demandado, porque el salario es fijo, en la mayoría de los casos de por vida laboral y normalmente por encima del precio que ese servicio costaría en el mercado, incurriendo el Estado en gastos innecesarios. Lo anecdótico del asunto es que incluso el propio funcionario puede estar pagándose el sueldo, como por ejemplo, a través del impuesto que ha de pagar por la venta de un piso, coche, o cualquier otra cosa.

Otro argumento de peso en contra del establecimiento del sector público en lo que a producción del servicio de educación se refiere es el tan comentado ‘desincentivo progresivo’ que sufren los propios empleados-profesores-catedráticos. Si bien es cierto que existen profesores en universidades públicas de gran prestigio, como por ejemplo el profesor Huerta de Soto o Rodríguez Braun, no es menos cierto que al tener un salario fijo su acomodamiento y flaqueza didáctica comienza a flaquear. Por supuesto, al no preocuparnos de nuestro nivel de eficiencia y eficacia de nuestros métodos de enseñanza al alumnado debido a la plena garantía de una suma fija quasi per vita, la calidad de la enseñanza del profesorado público empieza a disminuir. No es de extrañar que muchos catedráticos se queden obsoletos en cuanto a formación se refiere. Formación tanto profesional como didáctica, esto es, acercamiento de su información al alumnado para que ésta sea entendible.

Por tanto, aquellas personas que realmente gozan de una gran formación, pierden facultades educativas y didácticas, con lo que se está desaprovechando el talento de estos ‘cerebros’, no siendo esto así si los profesores que hemos tomado como ejemplo u otros de similar formación, estuvieran en el sector privado. Bajo este panorama, asoman otras vicisitudes que resultan de la absurda creencia en el “sector público”.

Consideremos otro aspecto de esta prueba de la ineficiencia estatal. España, teniendo las Comunidades Autónomas cada provincia un ayuntamiento con un partido gobernante normalmente diferente (sea PP, PSOE o PNV/ CiU ) los políticos pueden aprovechar la Universidad y la educación pública en general para hacer campaña basada en subterfugios y demás propaganda, financiando forzosamente no ya el servicio en cuestión, sino financiar una campaña política que desempeñan los profesores y catedráticos de la Universidad. Bajo mi punto de vista, y bajo el prisma de la imposibilidad de la propiedad pública, es totalmente comprensible y normal que existan alumnos y/o padres (consumidores del servicio) , que estén realmente en contra de que sus hijos sean educados bajo un prisma neo-conservador, socialista o nacionalista. Eso hace que muchos alumnos abandonen la carrera y pasen a una universidad privada (Asumiendo un gasto mayor que la pública, por cuestiones de ahogo de la competencia, como veremos más tarde) , que se le cierren puertas por motivos políticos (aún pagando el servicio) y sean suspendidos porque no son ‘recomendables’ o ‘el enfoque del examen no es el que yo quería’, todo esto traducido en una coacción sistemática por el órgano rector de la universidad -léase partido político-, atisbado de contactos burocráticos, concesiones públicas, etc.

El Estado (y sus instituciones) lo que realmente busca es ‘influenciar’ y coaccionar al individuo para mantener su poder. Concretamente en las ciudades y pueblos para que los ayuntamientos mantengan o aumenten sus votos. Hemos visto cómo y por qué el Estado establece sus ‘Universibases’ y cuál es su funcionamiento. Pasemos ahora a ver cuales son las consecuencias de dicho establecimiento.

Cuando el Estado decide situar los centros educativos, tiende también a ampliar su capacidad para recaudar mayor número de asistentes. El motivo por el cual aumenta su capacidad no nos importa, debemos basarnos en el hecho y sus consecuencias. Ingenuos, desconocedores, determinadas personas ven cómo el Estado proporciona este servicio, y a qué precio -sin detenerse a observar el efecto colateral y originario de ese precio y su correspondiente pago- las cuales quedan satisfechas por la cantidad que han de pagar.

No entraré en conceptos relacionados con el precio del servicio, pues no nos incumbe en demasía, ya que nuestro objetivo en este artículo es que quede claro la consecuencia del monopolio estatal.

Pues bien, al gozar el Estado de un monopolio de violencia y legislación sobre un determinado territorio, él es el último decididor sobre éste y todos sus ‘subterritorios’. De este modo, establece por tanto su monopolio de producción de educación universitaria (y otras) siendo el Estado quien determina si se debe establecer una nueva universidad, si es conveniente que dicho monopolio educativo sea privado -normalmente ni siquiera esto sucede- con el fin de no perder la dependencia que ha creado, dependencia basada en la coacción sistemática a los individuos que están bajo su dominio.

Sólo en el libre ejercicio del mercado el servicio educativo será competente, ofrecerá al consumidor una amplia gama de variedades que satisfagan sus necesidades en función de sus criterios y valoraciones subjetivas, además de concordar con la ética de la naturaleza humana.

En efecto, no podemos decir que en estos días se ofrezca, aun habiendo universidades privadas en las ciudades más importantes de España, una apertura en el sector educativo, y no se ha desarrollado precisamente porque el gobierno no quiere perder influencia ni importancia en este sector, pues desde aquí puede manipular a los ciudadanos para desarrollar los fines que el Estado se proponga. Es más, existe en las escuelas y universidades privadas un cierto porcentaje de capital público, destinado a controlar e influir sobre éstas, se fundamenten en motivos religiosos, políticos u otros. Nótese que en la década de los años 30 del siglo XX, tanto en Alemania, Portugal, España, Italia y Rusia, la influencia del Estado en la educación para perseguir los fines de los dirigentes de turno era una cuestión clave para aquellos.

De momento y con el actual sistema democrático -el cual es incompatible con la propiedad privada- el Estado ha planificado no solo los temarios de cada carrera, sino el número de plazas para cada una de ellas. El Estado sigue planificando, sigue diciéndonos cuántos economistas deben graduarse, cuántos ingenieros se necesitan, cuántos médicos son necesarios y cuáles deben cubrir trabajos desarrollados por el sector público. Además, el hecho de que planifique los temarios de las carreras no es sólo algo escandaloso, pues es fijado por una persona o grupo de personas que creen que es lo adecuado o, quien sabe, si lo planifican para mantener el sistema que ellos creen viable y moral, como si los demás tuviéramos que seguirlo ciegamente. Respecto a lo que yo conozco, los planes de carrera de Economía predican, en las zonas donde gobiernan los socialistas, modelos keynesianos y lo completan con asignaturas varias como puede ser Sociología y Sociología de la Industria y de la empresa, enseñando tales asignaturas únicamente desde el enfoque marxista. Por otro lado, en los gobiernos donde gobiernan los neo-conservadores, sea PP o CiU , los planes de estudio contienen prácticamente economía keynesiana, si bien se estudia ‘algo’ de ‘monetarismo’.

Espero que este artículo sirva como complemento a la afirmación de que el Estado coacciona sistemáticamente a los individuos, establece criterios arbitrarios que el resto de ciudadanos han de acatar, da lugar al proceso de decivilización y sus desastrosas consecuencias.

No cabe duda de que el Estado siempre hace todo aquello que esté en su mano para mantener su monopolio territorial y de coacción, bien sea a través de la expansión de éste, tendiendo al imperialismo, bien a través de un aumento de la coacción en el propio monopolio. Resulta interesante y necesario conocer el cómo y el por qué de la formación de un Estado y creo que los lectores agradecerán la lectura de un pequeño artículo de Hans-Hermann Hoppe.

Aprender del pasado y el presente, interpretando los datos que la historia y la actualidad nos ofrece a través de nuestro método de análisis libertario, es fundamental si queremos desarrollar una sólida formación y conocimiento del derecho inalienable que tenemos los seres humanos a disfrutar la libertad.