16 de Julio de 2005

Continuando con esa forma liberticida, especial y un tanto monótona que tiene Cristina Narbona de hacer política medioambiental, la ministra ha dado un paso más y esta vez con el beneplácito de dos Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares y otra socialista, Asturias. Supongo que en breve se le unirán el resto de las Comunidades costeras.

Preocupadísima del estado de las costas españolas y en especial aquellas que han sufrido esa lacra que se llama turismo y que tanto mal ha hecho a España a lo largo de las últimas décadas, la ministra ha propuesto un convenio de colaboración que permita "mejorar las actuaciones conjuntas, preservar mejor las zonas de nuestro litoral y corregir, en lo posible, los efectos indeseables de la ocupación del litoral en zonas que están muy degradadas y donde ha habido una urbanización excesiva que pone en peligro la dinámica de la costa". Para ello el Ministerio "tiene abierto un programa para realizar compras de terrenos adyacentes al dominio público para completar la capacidad de preservar el litoral". De momento, dicho convenio no tiene presupuesto y está en plena negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda, es decir que de momento lo que ha hecho es vender humo. Así que analicemos someramente ese humo.

Esto en mi pueblo se le llama expropiación y eso es un latrocinio perpetrado por el Estado con la excusa del bien común, que es el menos común de los bienes. El buen estado de las costas es uno de los caballos de batalla de los grupos ecologistas y para que irnos por las ramas, para un grupo ecologista el mejor estado de la costa es aquel que no tiene ningún humano pululando por sus rocas o si lo hacen son tribus en estado primitivo, con una media de vida de poco más de 30 años y en grupos no mayores a unas decenas de individuos. Nunca he entendido muy bien por qué un ciudadano medio pude tener una finca en el interior y no puede tener un cacho de costa donde hacerse una casita, un hotelito o cualquier otra cosa que desee. De hecho si por algo ha despegado España a partir de los 60 ha sido por ese desmedido deseo de los guiris por tomar el sol y pillar cualquier afección en la piel residiendo en esos horrorosos edificios que tanto dinero y prosperidad han traído a zonas donde antes se malvivía del mar.

La expropiación y la gestión pública nunca ha sido sinónimo de preservación del medio, por mucho que nos intenten convencer de ello. Como mucho, lo que se consigue es incrementar un gasto público por algo que en todo caso haría el dueño con su propio dinero y que no es otra cosa que vigilar y cuidar su propiedad. La gestión pública no es sinónimo de efectividad ni de solución de nada. Generalmente anda falta de presupuesto por lo que los funcionarios siempre se quejan de exceso de trabajo o los presupuestos se inflan hasta lo inimaginable para cubrir gastos excesivos. El resultado suele ser la pérdida de calidad de la gestión. Sólo hay que comparar la de los montes públicos y la de los montes privados y por supuesto la conservación de la naturaleza y el equilibrio de los ecosistemas en ambos modelos. No sé por qué esta extrapolación no puede ser aplicable a estos nuevos terrenos lindantes con el dominio público.

Precisamente son los ayuntamientos los que permiten a los constructores el construir aquí y allá sin "plan ni límite" y es por tanto responsabilidad de las corporaciones locales esta degradación, suponiendo que sea real que ese es otro asunto. No es la propiedad lo que produce ese mal sino que es el Estado el que se ah arrogado el poder otorgarla arbitrariamente. Las corruptelas locales, con las que ha vivido España durante mucho tiempo y seguirá viviendo, son consecuencia directa de la incapacidad del Estado de hacer bien su trabajo, que en muchos casos nadie le ha pedido que lo hiciera. No discuto que algunas zonas de costa puedan estar degradadas, pero no veo que el expropiar un trozo de costa a alguien vaya a mejorar nada pues no radica ahí el problema sino en la propia naturaleza del Estado.