15 de Octubre de 2005

Las empresas son de sus accionistas, ellos son los únicos dueños. Esta trivialidad que debería ser evidente para la mayoría de los lectores choca inevitablemente con la mentalidad nacionalizadora o regionalizadora de muchos políticos y no pocos ciudadanos. Recuerdo no hace muchos años cuando se creo un auténtico debate nacional sobre la decisión de la Liga o la Federación Española de Fútbol (no recuerdo cuál de las dos entidades decide sobre ello) de aumentar el número de extranjeros en los clubes de fútbol a la vez que se implantaba la doctrina comunitaria de que todo jugador de la Unión Europea podía jugar en cualquier club sin ocupar plaza de extranjero. No pocos predijeron, sin éxito, el fin de la Selección Española. Evidentemente los malos resultados de España en la clasificación para el Mundial de Alemania poco tienen que ver con la ausencia de jóvenes promesas de nuestro fútbol, que por otra parte y tras unos años en los que los clubes se desquiciaron comprando auténticas nulidades de extraños países, quien sabe si buscando el heredero de un Kubala o u DiEstefano, han sido exportados a otros países y en especial a la Liga inglesa donde son responsables en buena medida de la última Copa de Europa del Liverpool. Cosas de la globalización, que puede realizarse en ambos sentidos.

La decisión de Emilio Botín de vender su 22% que Santander tenía en Unión Fenosa a Florentino Pérez y su ACS ha tirado por tierra los intentos de un grupo de empresarios y cajas gallegas encabezadas por Amancio Ortega, dueño de Inditex (Zara para que nos entendamos), lo que con el tiempo ha levantado las iras del alcalde de La Coruña que considera que la oferta gallega hizo el ridículo. Si de una cosa no se puede acusar al alcalde coruñés Francisco Vázquez es de nacionalista, muy alejado de la doctrina oficial de su partido, pero por lo que se ve sí de regionalista. En un sistema de libre mercado el que hace una oferta más elevada y en unas condiciones aceptables, se suele llevar el premio. Tal es el caso de Florentino que su oferta de 33 euros por acción era sensiblemente superior a la del mencionado grupo, que sólo llegaba a 30 euros, precio nada desdeñable, todo hay que decirlo. ACS ganó e Inditex perdió, nada más ni nada menos.

Vázquez lo mira desde el punto de vista regional, le preocupa que los gallegos hayan hecho el ridículo pero esta es una interpretación equivocada. Las empresas son de sus accionistas sin importar dónde hayan nacido. Adjudica una nacionalidad al dinero de los potenciales compradores y esto se enmarca dentro de la economía intervenida. El dinero de Inditex proviene de múltiples operaciones financieras que se desarrollan en todo el mundo por lo que poco o nada tienen de gallego salvo el domicilio social de la empresa y el lugar de nacimiento de un puñado de sus dueños. Los fondos de Caixanova vienen de múltiples clientes de diferentes regiones e incluso aseguraría que nacionalidades y los rendimientos de la caja gallega de operaciones que no miran o no deberían mirar el lugar de nacimiento o residencia del actor de la operación, por lo que otro tanto podemos decir. La riqueza sólo tiene dueños no nacionalidad. La nacionalidad de las empresas es un convencionalismo útil desde un punto de vista mediático, informativo y, degraciadamente, fiscal pero ahí termina todo.

El patriotismo, el supuesto patriotismo, es una de las mejores excusas para la intervención en la economía. Recordemos los problemas del BBVA para hacerse con la BNL italiana que al final ha terminado en manos de la aseguradora Unipol con un protagonismo inaceptable de las autoridades económicas italianas. Recordemos la intervención estatal en Francia donde se impide por la fuerza de la ley que Danone caiga en manos "extrañas" pero no se mueve un dedo cuando Amena cae en manos de la semiestatal France Telecom. Sería conveniente aprender de otras economías un poco más libres, sólo un poco, como la británica donde Santander ha podido adquirir Abbey sin demasiados problemas. No pido un cambio radical, del todo deseable, sino un simple avance en el que la política deje de intervenir descaradamente en las operaciones financieras.