26 de Noviembre de 2005

La izquierda, o el socialismo, se ve constreñido por la existencia de instituciones que cohesionen y den fuerza a la sociedad, como pueda ser, en nuestro caso, la unidad de España. En una sociedad cohesionada, alejada de conflictos, los planes de "cambio" o de "transformación" chocan con ésta con más fuerza y tienen menos probabilidad de éxito. El destruccionismo de la izquierda en los 30, que cita Federico, se topó con "media España que no se resigna a morir", unida en gran parte por el profundo valor moral que insufla la religión católica y su institución, la Iglesia. En 1975 se topó con una sociedad de clases medias, con unas enormes ganas de cambio, pero con pavor a la vuelta a la tragedia de una Guerra Civil. Ese miedo, que agitó Suarez electoralmente con enorme eficacia, se tornó sentido común al aceptar la Ley de Reforma Política, "de la Ley a la Ley", y rechazar, por segunda vez, la ruptura.

CUANDO parecía que el borrador del nuevo Estatuto catalán iba a descarrilar gracias a las divisiones entre los partidos nacionalistas, surgió el presidente del Gobierno de España, terció en la polémica, respaldó sustancialmente las reivindicaciones nacionalistas y confirmó el carácter y la gravedad del proyecto político en que ha embarcado a todos los españoles de una manera absolutamente irresponsable.

Todo lo que está sucediendo en España en torno a los fenómenos nacionalistas, en el País Vasco, Galicia y Cataluña, tiene un hilo conductor, es producto de una estrategia, de un planteamiento previo, no es una improvisación, forma parte de un todo.

Constituye, en mi opinión, un craso error de análisis segmentar y aislar los acontecimientos que estamos viviendo; las coincidencias no son casuales; antes al contrario, existe una profunda relación de causalidad entre acontecimientos políticos, como lo ocurrido con el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña, el cambio radical que el presidente ha introducido en la lucha contra el terrorismo o la proliferación de pactos de los socialistas con los nacionalistas como norma política de actuación sin reparar en el precio de los citados pactos. El Estatuto de Cataluña constituye un jalón muy importante, pero se inscribe en una estrategia de conjunto y tiene, por tanto, en mi opinión, un marcado carácter instrumental. Así hay que analizarlo. Es la segunda transición.

Esta letal e irresponsable segunda transición, que consiste básicamente en sustituir la reforma por la ruptura, es la solución opuesta al consenso reformista de 1976 y exige la legalización de ETA y su legitimación parcial sobre la base de la coincidencia en un proyecto de ruptura constitucional.

El papel político de ETA en este diseño, su protagonismo y peso políticos, marcaría la diferencia entre la primera y esta segunda transición.

De la misma forma que la primera transición democrática tuvo en la legalización del Partido Comunista su símbolo más emblemático, la segunda transición -la ruptura que no pudo triunfar en 1978- tiene en esta mezcla de legalización y legitimación parcial de ETA su símbolo más relevante.

ETA ha estado siempre presente en este proceso, en esta ofensiva nacionalista, con dos impulsos decisivos: el del pacto de Estella y el del acuerdo de Perpiñán. En virtud del primero el PNV se rindió a las tesis de ETA y aceptó el proyecto de ruptura de España, y en virtud del segundo ERC se sumó a este esfuerzo de fractura coordinado o impulsado por ETA.

Tras los acontecimientos de Ermua de julio de 1997 y tras la negativa de negociación del Gobierno anterior, ETA decidió que solos no podían alcanzar sus objetivos, y forzaron el Pacto de Estella, incorporando al PNV a su proyecto de ruptura. Pero el Pacto de Estella fue derrotado en las urnas vascas en 1998 y 1999, y ETA decidió entonces que el territorio y las fuerzas nacionalistas vascas habían devenido también insuficientes e ineficientes para un proyecto, como el suyo, de la envergadura de la ruptura de España.

Y así llegó Perpiñán, la expresión catalana de Estella, y posteriormente la tregua para Cataluña, y por fin el proyecto de Estatuto, que ha sido el gran éxito de los firmantes de Perpiñán.

En definitiva, hasta la fecha el resultado de la ofensiva ha sido, por un lado, en su dimensión vasca, el plan Ibarretxe, que está en hibernación, y por otro lado, en su dimensión catalana, el nuevo Estatuto, que por el contrario está en la primera línea de actualidad.

No estamos ante especulaciones o conjeturas apocalípticas, como insisten en señalar algunos dirigentes socialistas cuando relacionamos Estella con Perpiñán. La verdad es que los socialistas que ahora respaldan la operación de Zapatero repiten prácticamente lo mismo que ya decían los nacionalistas vascos de los constitucionalistas tras el pacto de Estella.

Pero revisemos las acciones que ha impulsado el presidente Rodríguez Zapatero, que es el primer gran protagonista de este proyecto: la inacción del Gobierno ante la presentación en las elecciones vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas; la aprobación por parte del Congreso de una moción instando al Gobierno a negociar con ETA; el silencio y la parálisis de un Gobierno ante la multiplicación de actos organizados por Batasuna en los últimos meses pese a su carácter ilegal; la aprobación de los Presupuestos Generales precisamente con el apoyo de los firmantes de Estella y Perpiñán; la crisis provocada de los movimientos constitucionalistas; el intento de aislamiento de la asociación de víctimas del terrorismo. Y, como broche de oro de esta primera fase, la aprobación en el Parlamento Catalán del Estatuto (muy similar en sus contenidos al plan Ibarretxe), con un papel protagonista del presidente del Gobierno de España.

Repasemos las actuaciones de ETA, el otro gran protagonista del proyecto de ruptura: la tregua trampa tras el acuerdo de Estella; la tregua en Cataluña tras el acuerdo de Perpiñán; el anuncio de la tregua parcial (por afectar sólo a representantes políticos) de ETA justo el día de reflexión de las elecciones gallegas, valorando, en un comunicado posterior, la estrategia de Gobierno que culminaría horas después en un acuerdo entre socialistas y el bloque.

ETA mantiene y recuerda su presencia, de tiempo en tiempo, pero evita el crimen, porque la actual situación política, y especialmente el impulso de Rodríguez Zapatero, le ha devuelto la esperanza de poder alcanzar sus objetivos políticos de siempre.

Lo diré con claridad: hay dos protagonistas principales de este proyecto global, ETA y el presidente del Gobierno. Y uno y otro se necesitan en este momento mutuamente. Los demás desempeñan un papel instrumental.

Rodríguez Zapatero necesita a ETA para llevar adelante su proyecto, para que el Estatuto de Cataluña tenga la explicación política que hoy no tiene en la sociedad española. Zapatero necesita que ETA confirme la bondad del Estatuto mediante una tregua que, a su vez, legitime al presidente para abrir esa segunda transición.

ETA necesita a un presidente como Rodríguez Zapatero, para alcanzar sus objetivos, el primero de ellos su legalización y vuelta a todos los ayuntamientos vascos en 2007.

El juego es macabro y sencillo al mismo tiempo: Rodríguez Zapatero cambia la estructura de España, rompe la Constitución, y ETA y el Gobierno abren un mal llamado proceso de paz.

En apariencia no hay una relación política entre ambos, pero cuando se cambia el Estatuto de Cataluña se anuncia simultáneamente el nuevo Estatuto vasco, y se está pensando esencialmente en la satisfacción y conformidad de ETA.

Una vez consumado el disparatado texto del Estatuto de Cataluña, lo que sin duda pretende Rodríguez Zapatero es que el Partido Popular participe, de un modo u otro, en la discusión del articulado del texto en las Cortes Generales. Todo lo contrario de lo que debemos hacer.

La urgencia ahora, para Zapatero, es implicar al Partido Popular en el desaguisado, y por ello el Partido Socialista utiliza las voces que reclaman un consenso entre los dos grandes partidos nacionales para acordar un texto en el Congreso.

Esas voces, que no se oyeron cuando el tripartito catalán aceptó la cláusula por la que se imposibilitaba el acuerdo político con el Partido Popular, o cuando Pasqual Maragall decidió pactar con ERC, pese al profundo significado del acuerdo de Perpiñán; esas voces socialistas que hoy se alzan, cuya intencionalidad no voy a enjuiciar, en la práctica benefician y favorecen la estrategia de Rodríguez Zapatero: le dan cobertura.

Pactemos con el Partido Popular, muchos, bastantes o pocos artículos del texto, y mantengamos lo nuclear del instrumento del Estatuto catalán para mantener vivo el proyecto global, que tiene como objetivo final la legalización de ETA y como objetivos intermedios la ruptura constitucional con la configuración de tres nuevas naciones: País Vasco, Cataluña y Galicia.

Lo lógico es que el siguiente movimiento político de este terrible plan provenga de ETA, que va a decidir el momento más adecuado, entre la fecha de hoy y el final de la tramitación del Estatuto de Cataluña, que hoy tanto aprecia y valora la organización terrorista, para marcar su posición y respaldar la estrategia de Rodríguez Zapatero. Escogerá el peor momento para la defensa de la Constitución Española, el peor escenario para que podamos alzar la voz quienes consideremos un disparate histórico esta iniciativa, propia de un aprendiz de brujo e impropia de un presidente de Gobierno, del país que fuera.

Lo lógico es que ETA repita la misma cadencia que en Estella, esto es, una tregua, una falsa expectativa de paz que actúe como preámbulo de unas elecciones. ETA buscará dar cobertura al proceso, que Rodríguez Zapatero intentará legitimar presentándose a unas elecciones con la baza engañosa de la tregua.

La estrategia de anestesiar a la sociedad respecto al disparatado proyecto de Rodríguez Zapatero constituye el aliado principal del Gobierno y de la ruptura. Frente a ello sólo queda la voz, queda la razón política, la razón histórica y la razón moral, queda tomar la palabra, abrir los ojos a la realidad y llevar a cabo la movilización más democrática y del mayor número de los españoles que se haya realizado en España desde aquella primera transición que ahora quieren derribar. Todos tenemos algo que decir, algo que hacer, algo que aportar. Que cada cual asuma su propia cuota-parte de responsabilidad.