9 de Febrero de 2005

Cuando un liberal defiende de manera insistente la nazionalización de un servicio deberían encenderse todas las luces de alarma. La reiterada petición de que el Estado nazionalice las redes de Internet, que algunos liberales se placen en capitanear, sólo puede ser calificada de mayúscula barbaridad. Y no veo por qué la propuesta debiera merecer un calificativo distinto dependiendo de si procede de Izquierda Unida o de algunos sectores liberales.

Antes de empezar con la crítica, conviene hacer una consideración previa. Cuando una persona propone nacionalizar un servicio está, al mismo tiempo, considerando ese servicio más importante que otros. En cierto modo, considera legítimo el uso de la coacción estatal para imponer a los demás su jerarquía de preferencias. Se trata de una fatalísima arrogancia en muy pocas ocasiones percibida. El sujeto extrapola sus gustos a los de la sociedad entera: Internet constituye una prioridad para todos.

Sin embargo, esta pretensión no casa muy bien con la realidad. Si para todos es una prioridad Internet, ¿por qué es necesaria su nazionalización? Y aquí encontramos los pretextos más manidos de la cienciología económica; si todo el mundo no tiene Internet puede ser por tres motivos, a) no pueden pagarlo, b) pudiendo pagarlo, las personas no se ponen de acuerdo (caso de los bienes públicos) y c) lo quieren, pero no saben que lo quieren (metapreferencias)

La posibilidad a) demuestra la profunda incomprensión de la acción humana. Señalar que alguien no disfruta de un bien porque no puede pagarlo es una nadería monumental. Por ejemplo, todos podríamos adquirir un yate al cabo de 50 años si decidiéramos comer tan sólo las calorías mínimas, dormir al raso y trabajar 18 horas diarias. El caso es que casi nadie está dispuesto a renunciar a 50 años de satisfacciones diversas para comprarse un yate. La cuestión, por tanto, no es si alguien tiene suficiente dinero para comprar un bien, sino a qué tiene que renunciar para comprarlo. Evidentemente, si la renta de todos se multiplicara por 10000 resulta casi seguro que todos tendríamos Internet; la razón es que por muy poco que lo valoremos, su coste de oportunidad sería despreciable. Por tanto, cuando se plantea una nazionalización lo que pretendemos es ofrecer un bien o servicio a unas personas que no lo valoran, hoy por hoy, suficientemente (es decir, lo valoran por debajo de sus otros cursos de acción)

La posibilidad b) la trataremos más adelante, sin embargo, recordemos que los bienes públicos se caracterizan por la no rivalidad en el consumo y por la imposibilidad de exclusión. Pues bien, a priori, se me antoja extraño que en Internet no haya posibilidad de exclusión.

El último pretexto justificativo de las nazionalizaciones es el más peligroso y se corresponde con una crítica de Isaiah Berlín, a la que en varias ocasiones me he referido, de "reprimirme por mi bien". Dado que otros son más sabios, más cultos o más refinados que yo, es legítimo que civilicen al salvaje; que lo repriman hasta el punto de que se vuelva como ellos. En el caso de Internet, justificaría la imposición de un servicio a costa de otros porque, en realidad, es lo que la gente quiere.

Pues bien, las tres excusas se basan en el equívoco común de la pretensión del conocimiento; el intervencionista cree saber más de lo que sabe. Y ese conomiento supremo lo capitacia para dirigir las vidas errabundas del vulgo.

Pero vayamos a analizar el artículo de Enrique Gómez. Su primer argumento refleja el punto a): hay muchas zonas, principalmente rurales y barrios de renta baja en grandes ciudades, donde no llega ni adsl ni cable ni nada de nada, puesto que a muchas empresas no les resulta rentable prestar sus servicios allí. En estos lugares la poca gente que utiliza Internet se ve obligada a acceder mediante un modem y les resulta sumamente difícil conseguir un servicio de alta velocidad. De todas formas, aunque existieran ofertas de acceso de calidad poca gente las podría contratar, por ser áreas de poca implantación de nuevas tecnologías y de bajo poder adquisitivo.

La perversión del término "rentabilidad" es equivalente al que hace la izquierda. Transmite la imagen de unos pobres campesinos sollozantes porque las pérfidas empresas capitalistas no encuentran rentable ofrecerles el servicio. Ahora bien, analicemos el término "rentabilidad". La rentabilidad consiste en ingresar más de lo que se gasta para ingresarlo, es decir, de obtener unos ingresos por Internet mayores de los costes de proveer el servicio. Como tal, la rentabilidad depende más del consumidor que de la empresa, mejor dicho, depende totalmente del consumidor y no de la empresa.

Me explico. La rentabilidad depende de los ingresos y de los costes. Los ingresos dependen en última instancia del máximo precio que esté dispuesto a pagar un consumidor por un servicio (que a su vez depende de las oportunidades de elección a las que tendrá que renunciar, como vimos antes). ¿Y los costes? Los costes son el precio de los bienes con los que ofrecemos esos servicios (es decir, de los factores de producción) Unos precios elevados indican que esos factores de producción se requieren para producir otros bienes; otros bienes que, en tanto sean rentables, deberán ser capaces de cubrir los costes de esos factores de producción. Y si esos otros bienes sí son capaces de cubrir los costes (es decir, son rentables), mientras que Internet no lo es, ello significa que esos otros bienes son más prioritarios que Internet. ¿Pero quién decide si esos otros bienes son más prioritarios? Sin duda, los consumidores. Ellos son los que establecen los precios y, por tanto, los costes.

Si no resulta rentable proveer Internet en los pueblos rurales significa que los habitantes de esos pueblos no están dispuestos a pagar lo necesario para compensar los otros bienes y servicios a los que otra gente tendrá que renunciar. Es decir, que existen otros usos prioritarios para esos factores productivos.

Por si fuera poco, Enrique Gómez reconoce que no existe un total desabastecimiento de Internet en esos lugares, sino que tienen que contentarse con "líneas lentas". En estos casos, aún es más patente que la diferencia de bienestar entre una línea rápida y una línea lenta no justifica movilización de factores productivos que obligue a otros consumidores a renunciar a otros bienes.

Ahora bien, el siguiente párrafo del artículo de un giro al razonamiento inicial: Las redes de telecomunicaciones sin cables permiten dotar de accesos de calidad a cualquier lugar con un coste bajo y sin necesidad de realizar costosas obras de cableado o de cambio de líneas. En los últimos tiempos han aparecido algunos ayuntamientos, empresas y particulares que ofrecen acceso inalámbrico con un precio bajo o incluso gratuito. Esto está produciendo que cada vez más ciudadanos de estas zonas tecnológicamente desfavorecidas puedan acceder a la red y a todas las posibilidades formativas, de información, de negocio y de ocio que esta ofrece.

Entonces, si el mercado y la empresarialidad han resuelto como proveer de redes de alta velocidad de bajo coste a los pueblos rurales, ¿cuál es el problema? Enrique Gómez lo explica en el párrafo siguiente: la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones dictaminó recientemente que para dar acceso a Internet hay que estar registrado como operadora. El gobierno exige que se cierren los puntos de acceso ilegales que hay en España.

Y aquí nos topamos con un problema típicamente político. Los lobbies empresariales asociados con el Estado restringen el mercado, incrementan los precios y reduciendo la cantidad producida. Enrique Gómez, como liberal, critica, obviamente, esta obstrucción política. De acuerdo, entonces, ¿cuál es la razón por la que debamos nacionalizar las redes? o, mejor dicho, ¿cuál es la razón por la que parte de las redes deban ser públicas?

Aunque en el artículo no se explique de manera explícita, parecen destacarse varias razones: a) Son buenas para el desarrollo económico (unas redes amplias, baratas y libres generan un avance considerablemente más rápido de la sociedad), b) el bajo coste de crear un servicio público universal (Las redes de telecomunicaciones sin cables permiten dotar de accesos de calidad a cualquier lugar con un coste bajo y sin necesidad de realizar costosas obras de cableado o de cambio de líneas), c) la imposibilidad del mercado para proveer un bien universal por el fenómeno de los free riders.

La primera crítica carece de sentido. Los empresarios no producen aquellas cosas que consideren globalmente adecuadas para el desarrollo económico; más bien ofertan productos que la gente desea y mejoran los métodos productivos de esos productos. Esto (productos que la gente quiera y mejores métodos) es el desarrollo económico. No debemos confundir desarrollo con crecimiento económico, con mejoras de la productividad o con abundancia de mercancías. No debemos creer que la economía es finalista y se dirige a incrementar la producción per se; la economía se dirige a satisfacer a las personas, independientemente de cómo se plasme esa satisfacción.

Por tanto, los pretendidos empujones estatales para mejorar nuestro bienestar, ofreciendo bienes y servicios que la sociedad no necesita pero que se consideran abstractamente adecuados al desarrollo (multiplicación de las redes carreteras, incluso por lugares intransitados, satélites espaciales, trenes de altísima velocidad...), constituyen un retroceso en nuestro bienestar y, por tanto, una merma en eld esarrollo económico. Estimular el uso de redes porque contribuyan supuestamente al desarrollo significa olvidarse de que el desarrollo se consigue satisfaciendo a los consumidores y no hipertrofiando la producción, sea ésta cual sea.

De la misma manera, el segundo argumento carece de base. Que un servicio sea universalizable mediante bajo coste no significa, per se, que deba producirse. La muerte y la destrucción mediante el lanzamiento de bombas atómicas también son universalizables a un relativo bajo coste, y a nadie se le ocurriría pedir su provisión por el Estado. De la misma manera, también resulta absurdo pedir la construcción pública de un faro en medio de la montaña, aunque resulte universalizable, o solicitar la construcción masiva de carreteras, a pesar de que puedan usarlas todo el mundo.

Parece más bien que Enrique Gómez esté sugiriendo que todo el mundo quiere Internet y que los empresarios son incapaces de ofrecer esta infraestructura. Es decir, parece que, implícitamente, Enrique Gómez defienda la nazionalización, o provisión pública de parte de las redes, por el siempre recurrente sofisma de los bienes públicos.

No es necesario entrar en una refutación de fondo del concepto, más que nada porque, aunque normalmente no se diga, los bienes públicos requieren de una tercera condición: el elevado coste del proyecto. Es decir, para que existan incentivos al free-riderismo (a no contribuir a un proyecto porque, una vez emprendido, todo el mundo se beneficiará de él, esto es, escaquearse de pagar) el coste del proyecto debe ser elevado. Si su coste es reducido los free riders tendrán menos razones para no pagar (existe una mayor predisposición a pagar precios reducidos) y, sobre todo, a los que de verdad deseen el bien o servicio, no les importará que algunas personas se escaqueen, dado que el coste del proyecto es bajo.

Si se según Enrique Gómez las redes sin cables suponen un bajo coste, ¿qué impedirá a las empresas su provisión? Aún en el supuesto de que esas redes sin cables fueran capaces de abastecer con el servicio de Internet a todo un pueblo sin gastos adicionales, las empresas de Internet pasarían de ser suministradoras a constructoras. Es decir, se les pagaría por construir las infraestructuras de Internet: como quien construye un edificio, una presa, o una central eléctrica. Económicamente no tiene mayor importancia; actualmente Internet constituye un servicio provisto por una empresa, en el futuro Internet podría considerarse el servicio que se deriva de un bien de capital. Por tanto, las empresas se dedicarían a ofertar esos bienes de capital: más baratos y de mayor calidad.

Esos bienes de capital también podrían ser arrendados a las empresas, de manera que se generarían unas rentas de alquiler. El único problema de esta alternativa sería si existe una posibilidad real de discriminación entre usuarios. Admitiendo que mi ignorancia sobre este tema es reconocida, sí me atrevo a señalar, como ya ha dicho, que se me antoja extraño que las empresas sean incapaces de discriminar entre usuarios de Internet (no digo que hoy sea posible la discriminación, sino que me extraña que las empresas no puedan descubrir e inventar métodos de discriminación) Y en tanto sea posible la discriminación, el argumento de los bienes públicos, incluso desde su lógica interna, no se sostiene.

Claro que, quizá, tales infraestructuras no supongan un bajo coste, pero en ese caso, deberíamos preguntarnos con qué legitimidad un gobierno puede emprender proyectos que él considera prioritarios, aún cuando sus ciudadanos no lo creen, como ya hemos analizado. Y en esta línea, cabría preguntarse por qué sólo puede meter la mano en las redes. ¿Por qué, si defendemos la imposición gubernamental en Internet, no hacemos lo propio con cualquier otro bien o servicio? Bastaría con que el gobierno lo calificara de prioritario para que se dedicara a su producción y distribución. Así pues, ¿nazionalizamos la economía entera? Si el gobierno conoce nuestras necesidades y las provee mejor que los empresarios, ¿por qué no lograr una igualdad de oportunidades efectiva y real en todos los aspectos de la vida?

Y, por último, sí querría añadir una crítica adicional a la nazionalización de las redes -crítica que, tradicionalmente, se calificaría de no ecónomica. El liberalismo siempre se ha caracterizado por limitar la influencia y el poder del gobierno; ha mostrado una cierta desconfianza y aversión hacia el Estado, aún cuando los clásicos lo hayan considerado indispensable. El intervencionismo económico se basa en la pretensión de poder utilizar ese poder para el bien. Pero olvidamos que nuestro bien no tiene por qué coincidir con el bien ajeno. Cuando expandimos el poder del Estado, aún cuando lo hagamos con buena intención -eso sí, con visionaria buena intención-, se sientan las condiciones para una serie de violaciones futuras a la libertad individual. La nacionalización del correo postal permitió controlar las comunicaciones entre personas, eliminando y persiguiendo a quienes conspiraban contra el orden político establecido. Aunque el argumento para nazionalizar el correo postal hubiera sido de eficiencia (por ejemplo, aludiendo a economías de escala internas) el resultado fue, en todo caso, el de permitir el abuso político.

Nazionalizar la red en una época donde, día a día, encontramos ejemplos de deseos censores, significa otogarle a los Estados un poder y unas capacidades a las que nunca deberían tener acceso. Significa abrir los diques al Estado orwelliano que tanto aborrecemos, con razón, los liberales. Aunque sólo fuera por eso, ya deberíamos oponernos frontalmente a cualquier nazionalización. Pero es que, aparte, no es sólo por eso.