9 de Agosto de 2005

En su post "La leyenda del liberalismo sin nombre", Manel resume parte de las discusiones que, durante los últimos días, hemos mantenido en torno a la seguridad privada. Como de costumbre, todo comenzó con Valín. De la misma manera que un liberal anarcocapitalista tiende a responder a las apologías del Estado, los liberales minarquistas son propensos a criticar las objeciones contra su Estado mínimo y, en otros casos, limitado.

Ya de entrada, aunque por prudencia no adscribiré a Manel ni a la corriente partidaria del Estado mínimo ni a la del Estado limitado, los minarquistas se enfrentan con el siguiente problema aparentemente terminológico. Los liberales del Estado mínimo tienen que responder cuan mínimo debe ser el Estado. Si bien es cierto que mínimo da cuenta de un superlativo, lo más pequeño posible, es indudable que, ante cualquier propuesta de Estado, puede encontrarse uno menor. Así pues, el Estado mínimo -aquel que no puede reducirse más- es simplemente inalcanzable, una continua carrera hacia la destrucción del Estado.

Los problemas del Estado limitado no son menores. Todo Estado está limitado, incluso los más despóticos tienen parcelas que no pueden alcanzar. Hay regiones intangibles -como el pensamiento de una persona- y otras que quedan fuera por la propia ineficiencia del Estado. Por tanto, el Estado limitado sigue sin contestar a la pregunta de cuan limitado tiene que ser el Estado. No sólo eso; tiene que explicar quién y cómo debe establecer las limitaciones de ese Estado. El constitucionalismo lo resolverá a través del poder constituyente y de la Constitución.

Sin embargo, apelar al constituyente como fuente de la limitación del Estado simplemente deja sin resolver la pregunta. ¿Es ilimitado el poder constituyente? Y si está limitado, ¿a qué y cómo? Y es que si realmente el único mensaje que puede portar el liberalismo es que conviene que el constituyente se autolimite, el liberalismo defensor del Estado limitado cae en la trampa del estatalismo. Una comunidad que se autolimita no tiene límites, sino que, dentro de su ilimitado campo de actuación, escoge, transitoriamente, qué valores respetar y cuáles no.

Hecha esta digresión -que no tiene que ver particularmente con Manel sino con los opositores a la sociedad sin Estado- pasaré, ahora sí, a dar respuesta a los comentarios que Manel efectúa sobre algunas opiniones mías.

En un post anterior planteé lo siguiente: Los defensores del Estado deberían explicar cómo su esquema de jurisdicción jerarquizada favorece que las mafias desaparezcan. Si la existencia de mafias es un argumento tan poderoso que desmerece el anarcocapitalismo, quizá algunos deberían empezar a criticar el estatalismo por cosas como [el incendio de una flota de camiones por parte de una mafia].

A esto Manel responde con el tradicional enfrentamiento entre libertad y seguridad: la respuesta es tan simple que parece mentira la existencia de la propia pregunta, que se cae de puro maximalista: el Estado en sí no es más que una ficción jurídica con múltiples formas y propósitos. La pregunta pesa en oro la efectividad del sistema, de modo que hay que responder que el Estado puede garantizar la inexistencia de mafias privadas casi al 100% (en todo lo humano hay décimas de error e/o incertidumbre). A cambio, y simétricamente, los ciudadanos pierden libertad de acción.

Afortunadamente, Manel no cae en la típica trampa de creer que una menor libertad implica una mayor seguridad, pues es obvio que una menor libertad implica una mayor inseguridad frente al Estado.

Sin embargo, si bien evita caer en esta trampa, comete un error casi tan grave: En un Estado dictatorial, que lo ocupa todo como una hidra y en el que por cada notario hay cien mil policías secretas y por cada subsecretario cincuenta y dos centros de reeducación, episodios como el de los camiones valencianos saboteados no suceden. Prueba superada, que decía aquel. En un Estado democrático, en cambio, con más huecos que las hombreras de Zapatero, sí son factibles, y también en las variedades estatales permisivas que hay entrambos, y es deseable que lo sean si se trata de no perder libertad de acción.

Aunque no esté de acuerdo, asumiré que Manel utiliza Estado dictatorial para lo que yo entiendo como Estado grande e intrusivo y Estado democrático como Estado pequeño y ampliamente "limitado". En otras palabras, para Manel el Estado total conseguiría la inexistencia de mafias privadas casi al 100% y el Estado democrático tiene que conformarse con un porcentaje menor.

El problema de este planteamiento es que pasa por encima del problema de la ineficiencia estatal. Un Estado total no consigue una "sanidad perfecta" o una "producción de alimentos completa"; de la misma manera -y por la misma razón- no sería capaz de eliminar la delincuencia "casi al 100%".

Ejemplos de Estados dictatoriales con terrorismo los encontramos en la España de Franco; ejemplos de Estados democráticos intrusivos con terrorismo lo tenemos en la Rusia de Putin. Incluso en una dictadura totalitaria como la URSS encontramos frecuentes actos de terrorismo y sabotaje.

Aun así no estoy negando que los actos terroristas sean menos frecuentes en regímenes totalitarios que en democracias. Sin embargo, no lo atribuyo al poder y competencias del Estado para frenar el terrorismo; es decir, no lo atribuyo a que cuanto más grande sea el terrorismo estatal menor tenderá a ser el terrorismo aestatal.

Las sociedades donde sus Estados se convierten en regímenes cercanos al totalitarismo, llevan aparejada la pobreza material de la gente. No hay respeto por la propiedad privada y los planes privados no llegan a materializarse.

Y esto, a diferencia de lo que cree ZP, es un argumento en contra del terrorismo. La pobreza material impide que los pobres cometan "ataques terroristas", como mucho llegaran a pequeños hurtos para sobrevivir. Sus objetivos diarios serán la provisión de comida o, incluso, la defensa del vecino que quiere robarle la propia. No habrá armas ni medios al alcance; el tiempo de organización será escaso y las posibilidades de evitar ser descubiertos por la policía estatal (por muy torpe que sea), son escasas.

No es que el Estado se vuelva efectivo cuando crezca -más bien todo lo contrario-, sino que los individuos se vuelven torpes -se les priva de los medios que podrían ser usados para cometer terrorismo. La URSS, a pesar de su monumental policía, no podía evitar el espionaje interno estadounidense. Es más, si un grupo de empresarios extranjeros se hubiera reunido durante la época stalinista para decidir secretamente la formación de un grupo de hombres armados con la última tecnología para cometer sabotajes y actos terroristas en la URSS, ¿alguien cree que realmente podría haberlo evitado? ¿alguien cree que si Al Qaeda quisiera atentar en un Imperio Soviético regentado por un Stalin o un Hitler no lo conseguiría? A diferencia de lo que opina Manel, más que una eficacia 100%, hablaríamos de eficacias muy puntuales y cuasi casuales. El monumental Estado soviético no serviría de nada ante una banda terrorista con recursos, es decir, el Estado soviético podría frenar, a través de la pobreza, el terrorismo interno, pero difícilmente conseguiría frenar el internacional.

El problema de las naciones democráticas -libres en mi opinión- es que permiten la formación de un terrorismo interno mientras que, debido a su deficiente provisión de la seguridad, son pasto del terrorismo internacional.

Por ello, la primera conclusión de Manel no es sólo, como dice, espantosa, sino además equivocada: La conclusión de tanto maximalismo en la enunciación del problema espanta: la iniciativa privada, y la mafia es puritita iniciativa privada, es detestable, la libertad un timo y el Estado un primo

La conclusión, más bien, debería ser que un terrorismo eficaz hay que combatirlo eficazmente. Es decir, el terrorismo internacional es capaz de derrotar al Estado no por ser diminuto, sino por ser Estado. Si queremos acabar con la iniciativa privada de las mafias -y en este punto hay que matizar que si bien la iniciativa de las mafias es privada, sus objetivos son estatales- habrá que combatirlo con iniciativa privada.

El problema de quienes creen que más Estado significa más seguridad frente al terrorismo -hasta el punto de que la inseguridad frente al Estado, por ser democrático, es de momento irrelevante- es que es falsa. Más Estado significa más ineficiencia y, por tanto, más facilidad para que el terrorismo actúe. Cierren todas las fronteras, pongan a un policía en cada casa, registren todas las maletas, entrenen a miles de perros rastreadores o pongan al ejército en los lugares públicos. La cuestión es ¿con qué medios piensan hacer todo eso?

¿Realmente alguien cree que un Estado puede controlar a TODOS los individuos de una sociedad? ¿Que realmente puede controlar TODOS sus movimientos? Obviamente no. El Estado tendrá que organizar, desde arriba, TODA su fuerza policial; y eso abre agujeros, muchos agujeros.

Se puede objetar que tampoco las empresas privadas conseguirían movilizar todos los recursos de los que hemos hablado en los anteriores párrafos. Cierto; pero a diferencia del Estado, la eficiencia privada nunca se ha basado en usar más, sino en usar mejor. El Estado tiene que suplir su ineficiencia con la cantidad, el problema es que mayor cantidad puede implicar incluso peor calidad. El planificador no es consciente de sus limitaciones, pues tiene la obligación de ser maximalista, de acabar él solo con el terrorismo. Tiene que planificarlo todo, sin recurrir a la conciencia de otros seres humanos; sin tener un patrón con el que medir sus errores.

Los empresarios tienen que conseguir más a través de menos y esto se traduce en eficiencia. El Estado cada vez consigue menos a través de más, esto se llama socialismo.

Y la forma de nuestra organización policial, desgraciadamente, es socialista.

De estas primeras conclusiones erróneas Manel extrae nuevas equivocaciones: Por lo demás, ¿cómo abrirse a más iniciativa privada en el sector de la seguridad si la que conocemos es gansteril?.

Aparte de que, obviamente, es falso que la seguridad privada que conocemos sea gansteril -o en ese caso, siguiendo las cifras que Manel extrae de Esplugas habría que concluir que las mafias cuentan en EEUU con el doble de capacidad que el Estado-, el argumento de fondo no se sostiene. ¿Todas las agencias de seguridad privada son mafias? ¿Los detectives privados son peligrosos imitadores de Al Capone? ¿Los guardaespaldas ruines malhechores dispuestos a explotar a su cliente? No sé qué tipo de iniciativa privada conocerá Manel, pero semejantes frases descalifican todo el argumento.

Si todas las mafias son privadas(con la sana excepción del Estado, claro está), ¿todas las empresas de seguridad privada son mafias? Planteemos un juego similar, si todos los genocidios son perpetrados por Estados, ¿todos los Estados son genocidas? En ese caso, la seguridad socialista sería infinitamente peor que la privada, aun cuando esta implicara el reinado de las mafias. Non sequitur.

Más bien uno tendría que preguntarse por qué las mafias son tan eficaces -ya que en caso contrario desaparecen- y por qué el Estado es tan torpe en combatirlas. Las mafias no son eficientes porque no se atengan a normas -y, en cierto sentido, es falso que no lo hagan-, sino porque su fuerte de financiación y de aprovisionamiento está mucho más orientada al mercado. Las mafias suelen financiarse especialmente a través del contrabando y sus proveedores son empresarios.

En otras palabras, la empresa armamentísticas mejoran para sus clientes y éstos obtienen financiación sin estrangular a la economía y, por tanto, a la fuente futura de financiación en caso de guerra prolongada.

Pero, en todo caso, hay que dejar claro que las mafias se distinguen nítidamente de las agencias de seguridad privada no mafiosas. Una parte importante del comportamiento que un grupo mafioso desarrollo sobre un territorio es equivalente al comportamiento del Estado, ¿esto es iniciativa privada? En ese caso también las actuaciones del Estado serían iniciativa privada (de los representantes del poder constituyente-propietario), todo sería privado en tanto "el público" sólo actúa a través de órganos y esos órganos son al fin y al cabo personas individuales.

Lo importante de la propiedad privada son las restricciones que lleva implícitas. Yo soy propietario y acepto al resto de propietarios: esto es, acepto LA propiedad privada como institución. La mafia utiliza su propiedad privada para atacar otra propiedad privada: desarrolla un comportamiento típicamente estatal. Su iniciativa privada no se basa en las relaciones voluntarias y en LA propiedad privada. Por tanto, es impropio equipararlas siquiera con las agencias de seguridad privada (a pesar de que Manel sólo conozca mafias y no agencias de seguridad privada).

Las mafias impiden a los propietarios hacer uso de su propiedad. El anarcocapitalismo es tan contrario a las mafias como a los Estados; es más, la diferencia entre aquéllas y éste es una de estabilidad: el Estado es una mafia que ha devenido preponderante y estable.

Y por ello el argumento de Manel se enreda en una batalla contra unos fantasmas inexistentes: Probablemente, más iniciativa privada estimularía más mafias. Volvamos a la dictadura, podió, y no democraticemos nada, que los padres nos han recordado mil veces que en sus tiempos se podía salir tranquilamente a cualquier hora de la noche sin que pasara nada.

Las mafias suelen prosperar al calor de las restricciones estatales (repito, el poder de las mafias viene en buena parte de la política del mercado negro, esto es, de la regulación estatal), como ya he dicho. No obstante, es evidente que pueden existir mafias sin restricciones estatales. Ahora bien, que Manel suponga que sólo prosperarán mafias es equivalente a señalar que los empresarios que no actúen de manera mafiosa (esto es, expoliando y robando a los individuos) serán incapaces de defender a sus clientes. Parte de la suposición de que las mafias serán más efectivas que las agencias privadas no mafiosas.

Y nuevamente caemos en el error de suponer que a mayor coacción mayor ventaja relativa. Hemos dicho que las mafias están más orientadas al mercado que el Estado, pero indudablemente lo están menos que las empresas privadas. Las mafias integran demasiadas funciones (empresario de defensa y empresario de contrabando) y basan parte de su financiación en expoliar a quienes dicen defender (a través de contribuciones coactivas). Esto significa que: a) en buena medida su crecimiento, vía competencia, se estanca, b) las mafias no aprovechan la división del trabajo y la riqueza de la población.

Una empresa de seguridad privada no mafiosa obtiene su financiación de sus clientes quienes, a su vez, la obtienen sirviendo al mercado, enriqueciendo a otra gente. La empresa se especializa en la seguridad (mientras que la mafia no puede especializarse específicamente en ella, pues tiene que dedicarse también al contrabando) y, además, toda la sociedad sale mutuamente beneficiada. Cuanto más eficientes sean los clientes en sus labores como empresarios (granjeros, industriales, ingenieros...) mayores fondos podrán aportar a la seguridad a través de agencias. Y esta creación de riqueza no se ve bloqueada por la actividad de financiación coactiva típica de las mafias.

En todo caso, la conclusión que deriva Manel no se sigue de nuestras premisas. ¿Volvamos a la dictadura? ¿Al Estado ineficiente? ¿Al Estado destructor de la riqueza? ¿Al Estado que bloquea la innovación en defensa? Es curioso, pero sin duda el punto de llegada en nuestro caso no puede ser la dictadura, sino mayor libertad (incluso para la provisión seguridad).

Para terminar con este bloque, Manel asegura que: En fins, si toda la falla se limita a decidir quién puede ser más cabrón, si un funcionario o un gánster, solo cabe admitir, con José María, que el cabrón siempre es el ser humano, cualquiera sea su uniforme de trabajo, pero cabe apostar a que la codicia promete personalmente más tesoros, ergo más predisposición a la cabronada, que el boletín oficial.

La misma codicia es la que estimularía a ser eficiente a un empresario de seguridad. Si una mafia se vuelve preponderante, los beneficios de defender a la población de ella serán muy considerables.

Pero, aparte, el argumento de Manel tampoco es correcto. El ser humano al frente del Estado también es codicioso, ni más ni menos que el empresario. En cambio, al empresario codicioso tienen que ofrecerle una cuantía que supere los beneficios que puede obtener libremente. Por ejemplo, una persona homo economicus sólo estará dispuesta a robar a otra cuando pueda obtener más dinero de esta manera que comerciando (y por tanto, asumiendo el coste de no dedicarse a comerciar o de perder la reputación en su negocio).

Un funcionario puede corromperse y utilizar los medios estatales para lucrarse sin coste alguno. Ya de entrada, expoliar al individuo como hacen las mafias es su función legítima. Pero además, un funcionario puede construir una carretera por una zona para que otro individuo le pague una prima. Un empresario privado nunca haría eso; construir una carretera puede costar, pongamos, 100 millones de euros. Para asumir ese coste, al empresario le tendrían que dar, al menos, 100 millones de euros. Al funcionario le basta con una cantidad mucho inferior, pues no soporta el coste.

Esto podemos verlo reflejado en las restricciones gubernamentales a determinadas empresas (que benefician a otras) o industrias enteras. Se ataca a unos empresarios y se beneficia a otros a través de la fuerza. Comportamiento mafioso, pero sin los costes de la mafia. No hace falta declarar una guerra, basta con creerse en posesión de la soberanía.

Aún diría más. El peligroso anarcocapitalista, Friedrich von Hayek, nos explicó en Camino de Servidumbre por qué siempre los peores llegan al poder. Es una cuestión simple: aquel que se cree capaz de dirigir los destinos de millones de persona o es un inconsciente o un sádico (o frecuentemente las dos cosas). El empresario sólo quiere enriquecerse a sí mismo, no tiene afán paternalista o despótico y, en todo caso, su poder es sustancialmente menor al de una maquinaria que aglutina casi el 50% de los recursos de la sociedad (y ya sabemos qué dijo Lord Acton acerca del poder y del poder absoluto).

Posteriormente, Manel pasa a dar algunos ejemplos para ilustrar su argumento: En esa misma anotación eginense, precisamente José María suscita los casos de Somalia, Afganistán y Sudán. Bien está. Cabría añadir Colombia, Guatemala, Pakistán, el País Vasco o el barrio tal de cual ciudad, entre otros susceptibles de ser llamados a declarar. ¿Qué tienen en común estos ejemplos? El Estado -democrático, pseudodemocrático, dictatorial o tribal- es incapaz de controlar todo su territorio y, en consecuencia, en esas zonas negras, la vida humana vale cuatro chavos, la propiedad pende del hilo del capricho privado y la seguridad jurídica tiene viruela.

Hemos llegado a un punto interesante. Manel viene a admitir que la forma del Estado es cuanto menos irrelevante para la provisión de seguridad. Si líneas más arriba sostenía que el Estado podría alcanzar una eficacia del 100% en caso de que los ciudadanos renunciaran completamente a su libertad de acción, ahora nos ilustra con casos de democracias y dictaduras, casi todas intrusivas, incapaces de garantizar esa seguridad. Qué tienen en común estos ejemplos? El Estado(...)es incapaz de controlar todo su territorio.

En realidad, habría que decir que el Estado (sí, el Estado) es ineficiente y no puede garantizar la seguridad. No ya en casos como el País Vasco donde el Estado (o parte de él) se alía con los terroristas, sino en otros como Colombia, donde el Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos o incluso en nuestra civilizada Unión Europea, cuando un delincuente roba un bolso o un reloj. Lo importante no es si el Estado controla o no todo su territorio (¿por qué no es capaz de controlarlo?), sino si el Estado es un buen garante de la seguridad. Obviamente no; estos casos lo ilustran.

Digámoslo de otra manera; supongamos que Somalia se creara un gobierno para todo el país. ¿Conseguiría eliminar el crimen actual? Por supuesto que no; y en primer lugar porque es dudoso que la formación de un Estado sea posible en toda Somalia. Y segundo, por supuesto, uno debería responder a la pregunta de qué ocurriría si uno de esos criminales alcanzara (democráticamente o no) el Estado.

En otras palabras, ¿estarían mejor los amenazados del País Vasco con o sin administración vasca? En mi opinión es indudable que sin ella: la administración sólo ha servido para financiar o respaldar a los terroristas en sus acciones. Si los ciudadanos no nacionalistas del País Vasco hubieran podido acogerse a otra agencia de seguridad, distinta a la tomada por sus enemigos, otra muy distinta seguridad hubiera sido ofrecida.

Por tanto, los casos referidos no son ejemplos de fracasos de una sociedad libre, sino los fracasos del Estado para proporcionar una seguridad adecuada.

Dado que Manel parece no ser capaz de distinguir una mafia de una agencia privada de seguridad, llega a conclusiones poco sólidas: Visto desde la otra parte, en cambio, hay lo que podríamos definir como un florecer del sector privado ramo intimidación. La iniciativa privada de bandas terroristas como las FARC colombianas se enseñorea sobre provincias enteras del país, en las cuales no existe el aparato estatal. La iniciativa privada de las mafias guatemaltecas ha secuestrado ciudades enteras, en las que no hay presencia policial o efectivos militares y donde perder la vida cuesta así como 10 dólares. La iniciativa privada de las tribus domina extensiones de Pakistán tan grandes como España, a las que el Estado paquistaní debe acercarse como quien entra en territorio apache: con la caballería por delante disparando a todo lo que se mueve(...)La iniciativa privada de los terroristas de ETA es bien conocida, y no merece más exposición.

Como ya hemos dicho, definiendo iniciativa privada de una manera tan estrecha, llegamos a la conclusión inevitable que también las actuaciones del Estado suponen una iniciativa privada, de manera que por unas o por otras, siempre triunfa. Esto es absurdo. Lo que califica a la iniciativa privada es el respeto de la propiedad privada. Las situaciones que describe Manel, lejos de ser ejemplos de iniciativas privadas, lo son de un Estado sustituido por otro. Las FARC que se enseñorea(n) sobre provincias enteras del país o las mafias guatemaltecas que ha(n) secuestrado ciudades enteras se han convertido en Estados. Ah, pero estos Estados no son del agrado de Manel y demás liberales no anarcocapitalistas. De acuerdo, pero su proliferación ha sido consecuencia directa de un Estado incapaz de proteger a sus clientes/ciudadanos. Lo que explicita, nuevamente, la existencia de mafias en el mundo actual es el fracaso rotundo del estatalismo. Un tipo de Estado desaparece y otro nuevo surge; pero ese nuevo sigue siendo suficientemente débil como para que sea derrocado. Si, como luego veremos, Manel está tan preocupado por el hecho de que una sociedad libre sería incapaz de defenderse de agresiones externas de otros Estados, ¿por qué no constata Manel el fracaso del estatalismo para eso mismo? Y no estoy hablando necesariamente de un estatalismo débil -a no ser que creamos que la dictadura pakistaní es respetuosa con los derechos naturales-, sino de un estatalismo torpe, esto es, de estatalismo.

La táctica que utiliza Manel es totalmente reduccionista. Equiparar el crimen con la iniciativa privada -y el Estado con la supremacía del Derecho- no sólo es peligroso, sino falaz. La primacía del derecho no está relacionada con que un grupo mafioso estatalizado haga valer sus normas. Precisamente, ese hecho supone una negación de la supremacía del Derecho. Mucho menos la iniciativa privada es igual a delincuencia. Cuando dos personas perfeccionan un contrato de compraventa y cumplen la regla contractual, estamos ante una primacía del Derecho a través de la iniciativa privada que, en ningún caso, necesita del Estado.

La afirmación de que Eaco propone apagar el fuego con fuego -avalando por ejemplo este simplón y falaz texto de Valín-, pero no precisa si la iniciativa privada contraterrorista tendría que cumplir las leyes o podría, como los cazapiratas malayos a quienes también se confía, atronar sus cañones al menor mosqueo es el lógico corolario de todo ello.

Eaco propone que las agencias puedan defender a sus clientes, más fuego. Se me antoja que hay una diferencia sustancial entre el ataque y la defensa; entre el asesino en serie y el guardaespaldas. Para Manel todo es "iniciativa privada", más fuego. Pero entonces, el panadero y el ladrón que lo atraca serían exactamente lo mismo: iniciativa privada. En otras palabras, sería una locura pretender que el panadero se defendiera porque sólo añadiría fuego al asunto.

Supongo -espero- que el motivo de preocupación de Manel es hasta qué punto la defensa es legítima en ausencia de leyes. Sin embargo, el error de Manel consiste en pensar que todo el Derecho -o incluso la ley en su sentido no positivista- proviene del Estado. Y de nuevo no hace falta recurrir a pensadores anarquistas para encontrar defensas del Derecho aestatal. De hecho, el primer constitucionalismo -esto es, la primera base del Estado liberal- creía que el Derecho restringía al Estado, es decir, que era algo externo a él.

De la misma manera, las actuaciones de unos y otros deben ser juzgadas por un árbitro externo, de la misma manera que las controversias entre Estados actualmente se someten a Cortes Internacionales sin necesidad de un Estado mundial.

Aparte, si discutimos estrictamente de agencias de seguridad privadas -cosa que, salvo en este párrafo, no es mi intención- no hay motivo para suponer la eliminación del Estado. Éste podría seguir conservando el poder militar y judicial, aun cuando se privatizara la seguridad interna. Ésta es una posibilidad que Manel no ha contemplado, quizá porque nadie la haya defendido, y no voy a ser yo el primero.

Y al fin llegamos a la tesis que subyace todo el post: La lección, de nuevo: más y mejor Estado es bueno. Llamativo, digo yo. Liberal, no mucho. Anarcoloquesea, nada.

La idea, sin duda no es liberal, lo cual no sería problema si fuera cierta, pero no lo es. Primero, hay una contradicción insuperable entre más y mejor Estado. Segundo, los enemigos de las sociedades sin Estado suelen acusar a los anarcocapitalistas de dibujar una sociedad idílica, alejada de la realidad. Pero este alejamiento es infinitamente mayor en el caso de los minarquistas. ¿Basta decir que es necesario un mejor Estado para que éste lo sea? ¿Basta decir que el socialismo funciona para que lo haga? Me temo que no. Precisamente éste es el principal problema del intervencionismo. Apelar a un mejor Estado es fácil, demostrar que ese mejor Estado sea posible, no tanto.

Cierto que uno puede referirse a Estados más efectivos que el de Pakistán. Pero nuevamente la cuestión sigue siendo si el Estado en Occidente es menos torpe debido a su organización interna o a la sociedad que intenta dirigir. Es decir, ¿alguien cree que trasladando toda la administración española, Moratinos incluido, a Colombia el problema de las FARC desaparecería en tanto no existe en España? Obviamente no.

Uno estaría tentado a decir que no es casualidad que Manel llegue a conclusiones equivocadas y antiliberales a la vez, pero éste sería otro debate.

Para sustentar la idea de que más y mejor Estado es bueno (ciertamente más Estado no es bueno; y "mejor" es menos malo), Manel recurre a unas cifras de Esplugas en las que básicamente se describe que desde 1960 a 1980 las agencias de seguridad privadas en EEUU aumentaron en un 285%, mientras que en 1980 menos del 20% de los delitos denunciados terminaron con detención y un 60% de los hurtos sin contacto personal con el ladrón ni siquiera se denuncian, así como el 50% de las agresiones, el 60% de los robos con allanamiento y el 30% de los robos en domicilios . Manel, en consecuencia, se pregunta: ¿y qué diantres de repercusión -de buena repercusión, quiero decir- tuvo entonces en Estados Unidos el espectacular aumento de la seguridad provista por el mercado entre 1964 y 1981, aparte de no aumentar en idéntico modo el número de detenciones ni las denuncias y de costar a los contratadores (Gobierno federal incluso) one egg and the yoke of the other?.

Me sorprende que Manel yerre tanto en este punto. Primero porque Esplugas en ningún momento ha hablado de un aumento del crimen entre 1964 y 1980. Segundo y principal, porque se trata de cifras que corresponden a la seguridad pública y no de la privada. Y tercero, porque, aun obviando los dos primeros puntos, cabe la posibilidad de que la delincuencia hubiera aumentado mucho más o se hubiera recrudecido en mayor medida en caso de que las agencias privadas no crecieran en un 285%.

Para terminar, Manel acusa a los anarcos de obviar el problema de la defensa exterior: Los anarcos siempre se callan -la A en el circulito sabrá por qué- que una sociedad sin ejército estatal y únicamente con policía privada solo es posible universalmente hablando y en idílicas condiciones de convivencia. Me temo que no. Puede que uno de los libros anarquistas más importantes en relación con la seguridad privada sea "The Myth of National Defense" donde se puede encontrar un artículo de Joseph Stromberg "Mercenaries, Guerrillas, Militias, and the Defense of Minimal States and Free Societies". Me temo que ningún autor anarcocapitalista ha pasado por encima o ha intentado eludir la discusión sobre la defensa privada.

Es más, el que se reputa como primer pensador anarcocapitalista, Gustave de Molinari, basó toda su obra en reflexionar sobre el sistema de defensa privada. ¿Qué impide que una sociedad libre se organice vía milicias, guerrillas o financie un ejército privado? El argumento típico es el de los bienes públicos, del que da cuenta Walter Block en el capítulo 9 del libro.

En todo caso, una sociedad rica siempre estará mejor capacitada que una pobre para ganar una guerra. Como ya dije, el ataque a un territorio libre tiene el problema de declarar la guerra, a su vez, a múltiples agencias de seguridad; no sólo eso, ¿cuáles son los límites del ataque? Es concebible que un agresor se conforme con conquistar el Estado español, pero ¿lo es realmente que acepte conquistar sólo el territorio de un valle? En realidad, el coste de dominar una pequeña zona adicional es diminuto, por tanto los incentivos son a conquistar todo el territorio libre. En el caso de un mundo troceado en Estados no es así; una vez controlada España, para conquistar una parcelita del territorio francés hay que declararle toda la guerra al Estado francés. De ahí que los Estados otorguen cierta credibilidad a las afirmaciones sobre la limitación del ataque.

Pero, como ya he dicho, en una guerra contra un territorio libre no es así. Los incentivos de la agencia atacante siempre serán a expandirse poco a poco, y eso es de sobras conocido por el resto de habitantes. En otras palabras, las zonas libres tenderán a defenderse conjuntamente cuanto se produzca el primer ataque y no esperarán a la ofensiva directa.

Creo que ya me he extendido suficiente y además, si he intuido correctamente, Manel quiere seguir con su crítica al anarcocapitalismo en sucesivos posts. Así que continuaremos con los futuros argumentos.