13 de Julio de 2005

Inseparable de la telefonía móvil se encuentran las antenas que permiten la transmisión de datos e inseparables de las antenas se encuentra una polémica con la que llevamos mucho tiempo conviviendo y que en buena medida es la responsable de que en muchos centros turísticos españoles pueda haber dificultades de cobertura este verano. La afluencia de turistas, todos con su móvil en la mano y la carencia de antenas, que se sobresaturarán por momentos, será una molestia a la que tendremos que acostumbrarnos.

La polémica en España empezó o al menos se popularizó cuando se dieron varios casos de leucemia entre los alumnos del Colegio García Quintana de Valladolid. Se daba la circunstancia de que en edificios cercanos había una acumulación de mástiles de antenas que no se producía en otra parte de la ciudad. Tal cantidad de cánceres llevó a unos padres preocupados y con ganas de saber las causas de su desgracia, a buscarla en las radiaciones electromagnéticas que generaban las antenas junto apoyados en algunos informes que no descartaban, pero tampoco aseguraban, que estas radiaciones podían tener alguna relación con la generación de procesos cancerígenos, eran por tanto unos sospechosos bastante creíbles.

A partir de aquí, la cosa se escapó de las manos de defensores y detractores. El incremento de los casos y la muerte de alguno de los niños, encendió no sólo Valladolid sino toda España y se empezó a ver estas instalaciones como un peligro. La instalación de una antena, sencilla hasta esa fecha, fruto por lo general del acuerdo entre una comunidad de vecinos y la operadora, empezó a ser investigada por las autoridades locales que sacaron bandos con normativas en algunos casos ridículas. Las asociaciones de afectados por la telefonía móvil surgieron como setas e incluso hace bien poco se ha propuesto hacer una asociación a nivel nacional a propuesta de la vallisoletana Avaate. Esta situación no pudo pasar inadvertida a políticos, en especial los de los partidos más populistas así como a grupos de defensa de la consumidores, ecologistas y cualquier otro que quiera tomar cierta relevancia. La situación se volvió insostenible para las operadoras que vieron frenados todos sus planes de expansión por España. La campaña publicitaria lanzada por las tres, Telefónica, Vodafone y Amena, sólo consiguió levantar la ira de los grupos que multiplicaron sus protestas y consiguieron cierta relevancia en los medios escritos, locales principalmente, y algunas televisiones. Tres años después seguimos con la misma polémica y seguimos con muchas menos antenas de las que serían necesarias.

Pero, ¿qué hay de cierto en los supuestos daños?. Sinceramente, yo creo que ninguno. Las potencias de emisión legales se encuentran muy lejos de los límites que según los experimentos pueden ser peligrosos para el humano común. Es cierto que hay ciertas disparidades estadísticas, el mismo caso del Colegio García Quintana es un ejemplo. La acumulación de casos de cáncer es elevada pero hasta la fecha no se ha podido demostrar la relación causa - efecto entre radiaciones y leucemia, y esto es el resultado de un juicio en el que acudieron peritos por las dos partes enfrentadas.

Es importante darse cuenta que una estadística alejada de la media no es de por sí prueba de nada, hay que demostrar científicamente que dicha circunstancia tiene sus causas en lo que se denuncia. Tal es el caso del cambio climático y las acciones de los humanos, no hay demostrada una relación de causa efecto de forma categórica. Precisamente, en nuestra actividad cotidiana nos exponemos a campos electromagnéticos mucho más intensos que los producidos por las antenas y durante más tiempo: los microondas, las pantallas de televisión, los campos que se crean entre los tendidos eléctricos de los trenes y metros y las vías, incluso el mismo móvil que estamos usando y que cuanto más lejos esté de una antena, más potente será el campo que genere. Sin embargo, en ningún momento nos planteamos que todas estas actividades pueden provocarnos algún tipo de tumoración. Además hay que buscar otras fuentes y descartarlas. En el Colegio García Quintana, las sustancias químicas del museo anexo al instituto, se han investigado como fuente de estas enfermedades. Desgraciadamente, tampoco se ha podido establecer que estas son las causas. Valladolid sigue sin saber si todo esto se ha debido a algo o sólo ha sido una casualidad siniestra.

Pero a pesar de que varios estudios públicos y privados, incluido uno reciente de la OMS, descartan que las radiaciones electromagnéticas del tipo no ionizante, que son las que se usan o crean estos casos, sean culpables de los males que les afectan, las asociaciones vecinales crecen y los políticos que las 'aguantan' no pueden ignorarlas. Para ser objetivos y antes de seguir, también existen otros estudios que si encuentran algún tipo de relación por lo que en términos científicos, no se puede asegurar una cosa pero tampoco la otra.

Esta situación genera cierta incertidumbre entre nuestros políticos. Por una parte, saben que tienen que permitir la instalación de antenas ya que la telefonía es un servicio esencial, tanto que es uno de los sectores más intervenidos. Por otra parte, no pueden hacer oídos sordos a estas ruidosas organizaciones, en algunos casos con aliados poderosos y poco recomendables como enemigos. En estas situaciones prima el Principio de Precaución, uno de los frenos más potentes al desarrollo. Si existe el menor peligro de que esto sea perjudicial, sean cuáles sean los supuestos beneficios, se escribe un bando o se publica una norma que lo prohíbe o en el mejor de los casos, lo entorpece. Durante estos últimos tres años, las operadoras de telefonía móvil han tenido que hacer frente, no sólo a las organizaciones de afectados sino a grupos políticos aliados y a normativas municipales que hacían imposible poner una antena. Además, estas normativas podían cambiar de la noche a la mañana, de forma que una instalación legal se convertía en ilegal en una decisión arbitraria e injusta. Las condiciones eran diferentes incluso en municipios lindantes y en muchos casos ha habido que eliminarlas, con lo que supone de pérdida de calidad y cobertura. Las obligaciones que tienen las operadoras con el Ministerio impide que se puedan retirar de las poblaciones con problemas. El reciente acuerdo entre Ministerio, operadoras y Federación Española de Municipios y Provincias pretende dos cosas, disminuir el periodo de instalación que, si no me falla la memoria, está actualmente por encima del medio año y establecer una norma única, un único bando municipal que evite la anarquía normativa.

Dos son por tanto las razones de esta situación. La primera sería un desconocimiento por parte de la ciudadanía de los peligros de las radiaciones electromagnéticas y de sus verdaderos efectos sobre los seres vivos y un no menos importante desconocimiento de nuestra clase dirigente que no duda en ponerse de parte de grupos poco recomendables, léase ambientalistas, o con un grado de subjetivismo que los hace poco fiables en sus apreciaciones, léase afectados por las antenas. La segunda una intervención pública en un sector en el que sobra, sin lugar a dudas, mucha normativa, mucho político y mucha mano izquierda.

En esta dirección podeis encontrar mucha más información y enlaces sobre el tema.