25 de Febrero de 2006

Que el Gobierno cambie por decreto una legislación para que se adapte a sus maniobras políticas en el ámbito de la economía, es más propio de un república bananera que de un país miembro de pleno derecho de la Unión Europea pero eso es exactamente lo que ha ocurrido tras el anuncio de E.ON de realizar una OPA sobre el capital de Endesa. En una maniobra más propia del fascismo, del nazismo, del socialismo o de cualquier otro intervensionismo que nos podamos imaginar, el Gobierno ha dado más poder a la CMNV para poder entorpecer o incluso parar la OPA de los alemanes. Aunque hablar de libre mercado en el sector energético sería mentir, esta medida reduce aún más la escasa libertad que existe. Pero es todavía peor, pasamos del Estado de Derecho a una incertidumbre legal fruto de las necesidades partidistas de este Gobierno, lo que indudablemente ahuyentará otras inversiones extranjeras, sobre todo si se trata de sectores políticamente estratégicos.

Toda esta situación ha llamado la atención de una burocracia no menos intervencionista pero con otros intereses más amplios que los de unos minúsculos pero poderosos grupos nacionalistas. Bruselas ha pedido al Gobierno español que no tome medidas unilaterales lo que nos podría llevar a represalias en forma de multas o de otros conceptos económicos. Y habría que recordar que de producirse, lo pagaríamos con el dinero de TODOS los españoles, de unos contribuyentes que ven como parte del expolio estatal se destina para pagar los desmanes intervensionistas del Gobierno. El Gobierno amenaza con llevar la decisión europea al Tribunal de Luxemburgo lo que alargaría el conflicto aún más.

Mientras tanto, Manuel Pizarro ha apostado por su proyecto, el de la original Endesa, el que ya existía antes de la OPA de Gas Natural y el que tendría que seguir existiendo si ZP no tuviera que pagar las exigencias nacionalistas. De todas las propuestas que he escuchado en los últimos meses, me parece la más razonable puesto que no nace ni de una necesidad política ni de una operación que surge del desatino de un Gobierno hipotecado en todos los sentidos, el gobierno de una España bananera.