Portada » Bitácoras » Orden Natural » Mitos sobre pobreza y desigualdad en Chile, de la mano del gran José Piñera

Bitácora de Juan Fernando Carpio

(José Piñera fue el gestor del sistema de capitalización individual previsional -lease, lo que debería haber en vez de IESS en el Ecuador y similares en toda L.A.- que medio planeta -Polonia, Ucrania, Estonia, El Salvador, ¡Suecia!, etc- está copiando total o parcialmente, en Colombia por ejemplo uno puede elegir una combinación de salud prepagada y ahorro y salirse de la (In)Seguridad Social estatal colombiana)


Una reflexión sobre pobreza y desigualdad.

Es errónea la noción de que el crecimiento económico, si bien está eliminando la pobreza, aumentaría la "desigualdad". Lo prueba la evolución durante el período 1987-96 de los ingresos autónomos de los hogares (no incluyen los subsidios sociales del Estado y, por lo tanto, subestiman el mejoramiento efectivo de los más necesitados). El promedio de ingreso del quintil más pobre subió un 61% el período 87-96, de $52.276 a $84.173 (todas las cifras son oficiales y expresadas en pesos del mismo valor de noviembre de 1998). Mientras el promedio de ingresos a nivel país subió en un 58,5%, los del quintil más rico subieron en un 56%, de $800.182 a $1.249.466. Las cifras demuestran, entonces, que los ingresos de todos los hogares suben en porcentajes importantes, y aquellos de los hogares más ricos lo hacen a un ritmo inferior al promedio y al del quintil más pobre. Por lo tanto, la revolución de libre mercado fue la causa principal de la dramática reducción de la pobreza en Chile. Si la desigualdad de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre es medida como el cuociente entre tales ingresos promedios, la desigualdad también disminuyó en este período, ya que el cuociente desciende desde 15.3 en 1987 a 14.8 en 1996 (reflejo del hecho de que los ingresos del quintil más pobre crecieron en un 61% versus el 56% del quintil más rico). Se requiere una definición alambicada de desigualdad, como brecha absoluta de ingresos, para poder llamar "desigual'''' el crecimiento del período 1987-96, ya que esa brecha aumentó desde $ 747.906 a $ 1.165.293 (diferencia aritmética entre los ingresos promedios del quintil más rico y el más pobre). Una definición así es más pariente de la envidia que de la equidad. En la Biblia del igualitarismo -"A Theory of Justice" (1971)- el filósofo John Rawls sostiene que "una política que beneficia a toda la raza humana excepto a una persona no debe ser adoptada (incluso si esa persona no es dañada por la política), porque esa sería una ''''injusta'''' distribución de los beneficios de esa política". Esa equivocada conclusión fue refutada brillantemente por Robert Nozick en "Anarchy, State and Utopia" (1974) y por Thomas Sowell en "Knowledge and Decisions" (1980). Para avanzar aún más rápido en la eliminación de la pobreza, lo más importante es realizar la verdadera reforma de la educación que necesita Chile. Además, reduciría la desigualdad de ingresos, no expropiando a los más productivos sino aumentando fuertemente la productividad de los más pobres. La clave está en comprender que es imposible lograr un país sin pobres y sin ricos. El crecimiento acelerado que elimina la pobreza también recompensa a los más productivos con mayores ingresos, creando "ricos". Por otra parte, las políticas públicas que intentan eliminar a los ricos crean inevitablemente un país de pobres, ya que ellas tienen que expropiar los ingresos de los sectores más trabajadores, innovadores y dinámicos y limitar las libertades personales en tal grado que debilitan mortalmente los estímulos claves del crecimiento. La igualdad de ingresos y patrimonios sólo se puede lograr dentro de la pobreza (y el totalitarismo, como en Cuba). Un estadista debe tener el coraje para explicarle a la ciudadanía que para lograr un país sin pobres se debe aceptar, incluso valorar, un país con ricos, siempre que esa riqueza provenga de logros en un mercado competitivo y no de subsidios estatales, abuso de posiciones monopólicas, fraude o corrupción. Y una sociedad madura es aquella que acepta una pluralidad de jerarquías, limitando el prestigio de la riqueza a su justa dimensión y reconociendo que hay otras jerarquías tan o más valiosas.

Documento completo: "Chile: Agenda 2010"
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Nota 1: El actual Código del "Trabajo" es culpable de que la desocupación se mantenga muy elevada: 8,7% a abril del 2004 según el INE; tres puntos más arriba, según la Universidad de Chile para el Gran Santiago. Sólo 60.000 plazas fueron creadas en los doce últimos meses, la tercera parte de los 200.000 anuales prometidos. Una proporción inusualmente alta de las ocupaciones corresponde a trabajadores independientes. En el 60% restante de trabajadores asalariados, se incluyen los contratos a plazo fijo y por obra, los cuales, según destaca un reciente estudio de la OECD, abarcan las tres cuartas partes de los nuevos contratos laborales. Así mientras unos pocos gozan de ocupaciones protegidas por una legislación rígida y anacrónica, la mayoría se debate entre brevísimos contratos temporales, el trabajo informal o la cesantía. Así el crecimiento económico tarda mucho en llegar a todos, se reduce la cobertura previsional, aumenta la delincuencia, y se posterga la meta de superar la pobreza.

Nota 2: Propongo reducir un punto por año esta tasa a partir de 2004 y así llegar con arancel cero el 2010. Tendríamos un país sin estas distorsiones artificiales en la asignación de recursos, sin el costo en tiempo que significan estos trámites anacrónicos, sin toda una burocracia para recolectar a los importadores (y devolver a los exportadores) un escuálido arancel de 6%, sin privilegios para funcionarios internacionales y diplomáticos, etc.

Nota 3: Hernán Büchi ha sostenido que "para asegurar la provisión de bienes públicos y dar un alivio contundente a la pobreza, un 15% de gasto público sobre el PGB es suficiente". Un Comentario Macroeconómico había llegado a una cifra similar, la cual convergía a un 10% del PGB cuando terminaba la transición previsional.

Nota 4: El ideal sería que ello ocurriera primero frente a una comisión de expertos (como aquella de economistas que establece el PIB potencial para efectos de las metas de superávit estructural), la cual deba producir un informe público con posturas fundamentadas. En base a éste, la decisión final quedaría en manos del gobierno y el Congreso. ¿Cree alguien que el Ministerio de Bienes Nacionales sería algo más que un "memory stick"? Y así sucedería con cientos de programas, direcciones, subsecretarías, gobernaciones, embajadas, etc., etc., que ya perdieron toda su utilidad (suponiendo que alguna vez la tuvieron y no fueron simplemente el resultado de una transacción política).