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27 de Agosto de 2004

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Todo un hombre de Estado
Bitácora de Juan Ramón Rallo Julián

Otro punto de vista sobre la huelga


Comenta Dani que debemos ser justos con el gobierno y reconocer cuando acierta. Así, por ejemplo, en el tema de usar grúas públicas para solventar los problemas derivados de la huelga en el sector privado.

En este caso, siento discrepar. Nos encontramos en un punto en el que parece ser que el mercado está atasacado, un punto que valida el dirigismo estatal. Y varios comentarios deben efectuarse al respecto.

Primero, este desagradable fenómeno se debe, sobre todo y en contra de una pronta impresión, a una crisis del estatalismo. Conviene recordar que los coches averiados se amontonan en las carreteras públicas. El Estado, al monopolizar de facto este sector, impide el surgimiento del empresario encargado de velar por el buen Estado de la circulación en sus carreteras. En una economía libre, de darse esta situación, los principales y primeros perjudicados serían aquellos empresarios que no supieran solucionar este problema (o que lo solucionaran peor) En estos momentos, ni las grúas privadas, ni el Estado, ni las aseguradoras (quizá estas últimas en cierta medida, pero en todo caso, a medio plazo) salen fundamentalmente perjudicadas. La perpetuación de esta situación no les resulta especialmente dañina.

En el caso de las carreteras privadas, se establecería una competencia entre aquellas rutas que garanticen la buena circulación y ofrezcan servicios supletorios como trasladar los coches averiados al taller más cercano. Sería una competencia que incidiría sobre los ingresos diarios de cada compañía.

Ahora bien, sin duda no estamos en esa idílica situación; las carreteras son públicas y, por tanto, los empresarios han sido eliminados. Puede parecer que, en esta situación, sí, la intervención esté justificada. Sin embargo, la intuición misiana de que es erróneo corregir cada intervención con una nueva intervención también se mantiene en pie para este caso.

Dani me ha comentado que no todas las grúas se han sumado voluntariamente a la huelga, es decir, parte de las empresas gruistas han sido obligadas a dejar de trabajar. En todo caso, pues, la labor del Estado debería concentrarse en impedir ese tipo de acciones y no en movilizar arbitrariamente las grúas públicas. La huelga, con los esquilores, fracasaría por su propio peso.

Con todo, la situación tiene un atractivo intelectual innegable. ¿Qué ocurriría si todas las compañías de un sector voluntariamente decidieran secundar la huega? ¿Estaría justificada la intervención estatal? Nótese, antes que nada, que el problema se plantea a corto plazo. Si la huelga se mantuviera por todas las compañías sine die, el negocio de las grúas desaparecería de hecho, abriéndose innumerables oportunidades de beneficio que cualquier podría aprovechar.

A corto plazo (utilizado en el sentido neoclásico, esto es, imposibilidad de modificar los bienes de capital; no es momento para discutir los problemas de semejante concepto, pero baste señalar que los plazos los descubre y determina subjetivamente el actor) las empresas de grúas no surgen de la nada. ¿No debería el Estado intervenir?

Aparte de toda la verborrea iusnaturalista, situándonos propiamente en un debate utilitarista, la intervención del Estado coloca un nuevo clavo en el ataud de la libertad; divulga la cultura de la intervención estatal como solución a todos los problemas y, por tanto, cualquier solución temporal a este caso queda oscurecida por las nefastas consecuencias al largo plazo.

Ahora bien, he hablado de solución temporal. No queda claro que está intervención gubernamental sea la panacea (ya que, entre otras cosas, dada la escasez de medios -y que no aumenten ¡por Dios!- las grúas públicas sólo apartaran a los vehículos al arcén) pues, entre otras cosas, podría, por ejemplo, prolongar la huelga de las gruas (al hacer más llevadera la penosa situación). Mas, en todo caso, aún suponiendo que la intervención del Estado solucionara definitivamente el problema, subsiste otra cuestión, ¿solución para quién?

Una huelga es un choque de intereses que tiene lugar en el mercado a través de un mecanismo distinto al de precios. Nadie está obligado a trabajar (en este punto podría discutirse acerca de la obligatoriedad de los contratos y las consecuencias de su incumplimiento, pero no es la cuestión de fondo) y, por tanto, tampoco los empresarios de ningún sector lo están. Toda huelga tiene un final (ya que, por definición, consiste en un paro temporal), momento en el cual los intereses de las partes se habrán conciliado. Cuestión aparte es si las huelgas constituyen un mecanismo eficaz para cumplir los intereses de las partes (por ejemplo, los trabajadores de un país no conseguirán aumentar sus salarios por encima de su productividad marginal), en todo caso, este hecho será motivo de ulterior aprendizaje en el mercado.

Lo cierto es que, finalizada la huelga, los intereses, todos ellos legítimos, habrán sido reconciliados. En este contexto, la intervención del Estado supone tomar parte por uno de esos intereses (que en el caso de los conductores parecen ser los nuestros, de ahí que se nos nuble el análisis) en perjuicio de otros. Los problemas de fondo no quedan resueltos y el campo queda abonado para venideros conflictos. La participación del Estado no deja de ser equiparable a la del elefante que entra en una cacharrería.

No olvidemos que toda acción del Estado, per se, supone una detracción de recursos de allí donde hubieran sido utilizados, pero además, esas actuaciones pueden ser nefastas. La imposición de un elevado salario mínimo necesita de una ingente cantidad de recursos materiales (en inspecciones, por ejemplo) pero además, ocasiona daños indudables. La intervención del Estado en una huelga (dejando aparte cuando interviene para garantizar la libertad de cada cual a trabajar) es dañina qua intervención y, también, por ofrecer una solución aparente de supremacía de una de las partes. En muchos casos, las consecuencias resultan imprevisibles; sólo una cosa es praxeológicamente cierta, sean las que sean, no cumplirá sus objetivos.

Comentarios

 
Desde el punto de vista de la verborrea iusnaturalista: los conductores o empresarios de gruas que no quieran plegar a la huelga deben ser garantizados por el gobierno en no hacerlo. Su precio será alto para el público pero eso llamará poco a poco al resto a trabajar. El espíritu de masa, debe ser quebrantado mediante sorbornos selectivos y en esto un gobierno puede ayudar mucho retirando obstáculos al funcionamiento individual y la rebeldía frente a esa acción "colectiva". El que no quiera el precio que le paga la agencia aseguradora por manejar una grúa, que lo haga independientemente, punto. Los políticos son tan firmes para iniciar guerras pero tan blandos para fijar los límites de la decencia...
Enviado por el día 27 de Agosto de 2004 a las 22:10 (1)
Esa es la única función gubernamental: garantizar que quien lo desee, pueda trabajar. De otro modo, perpetua esta intolerable violación de derechos.
Enviado por el día 28 de Agosto de 2004 a las 00:09 (2)

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