24 de Junio de 2005

Aun no siendo un experto en economía, la lógica y la razón pueden sustituir de alguna forma, los conocimientos. Lo que me dice la lógica es que si un país o región sufre una crisis económica, o los datos indican que está iniciando un periodo de recesión, lo que no se debe hacer de cualquier manera es espantar la actividad empresarial, la que aún permanece en la territorio o la que podría estar interesada en invertir.

Personalmente creo que los ministros económicos del gobierno (?) de Zapatero aprendieron economía en algo más de dos tardes y la olvidaron en algo menos de un minuto. El ministro Montilla, del PSC, pretende aplicar la técnica tripartita de poner castigos a aquellas empresas extranjeras que decidan salir de España buscando países donde los costes son menores. Lo que me dice la lógica, y ya que la intervención estatal parece inevitable, es que el Gobierno de turno debería establecer beneficios fiscales, abaratar el despido o cualquiera otra medida positiva que desanime la huida. Si aún así la empresa decide irse, pues un apretón de manos y la invitación para que en el futuro vuelva a invertir. Quizá es importante recordar que las empresas no pertenecen ni a la nación ni al Estado ni a sus trabajadores, salvo que sean cooperativas; son de sus accionistas y sus consejos de administración responden ante ellos y no ante los políticos de turno.

Montilla, ajeno a toda lógica, intervensionista por vocación, ha preparado un plan (que ahora niega haber creado) que no es otra cosa que una serie de obstáculos de carácter social (no podía ser de otra manera) como la recolocación de los trabajadores, asumir los costes de formación de los ex empleados, la devolución de algunas de las ayudas públicas. A medidas absurdas como la necesidad de consultar dicha salida con los trabajadores (lo que me recuerda los procesos revolucionarios en los que los trabajadores terminaban haciéndose con la gestión de las fábricas hasta su cierre definitivo), se unen otras que parecen más propios del Gran Hermano 'orwelliano' como el seguimiento por parte de las AA. PP. de las actividades empresariales para detectar los 'riesgos de fuga'. (Expansión del día 24 de junio)

No hay que ser un lince para percatarse que las empresas que aún permanecen en España podrían asumir estos costes y decir un adiós para siempre, ni tampoco se debe ser un lince para pensar que estas medidas desanimarán a las empresas que tenían pensado invertir. Y esta medida es una majadería aún mayor si nos percatamos que actualmente y en plena Unión Europea hay otros países cuyos costes laborales son bajos, sus ansias de inversiones grandes y su futuro prometedor, como son los antiguos países del la órbita soviética, deseosos de prosperar y en algún caso con una lección bien aprendida de cómo se pasa cuando el Estado te aprieta las tuercas.

Mayor delito tiene la medida si hoy mismo sabemos que la inversión extranjera ha caído en España un 62% durante el primer año del glorioso mandato de ZP. Esta tendencia a la baja, para ser objetivos, empezó ya el último año de gobierno popular cuando el descenso fue del 41%. Tampoco sería especialmente malo si no fuera porque si exceptuamos Francia y Alemania, en el resto de la UE se experimentan subidas de la inversión. A ello se le une que las propias empresas españolas están empezando a buscar lugares más apropiados para sus inversiones que el propio territorio español y que el dinero destinado a ello creció un 48% en 2004. Añadamos al panorama el hecho de que las importaciones crecen el triple que las exportaciones, lo que algunos achacan a la falta de competitividad y lo que nos deja un déficit comercial que ha crecido un 42% en los primeros cuatro meses del año.

Con este panorama, no podemos dejar de concluir que lo que pretende ZP es igualar a los españoles en miseria porque otra cosa no me parece ni razonable ni lógica. Pero no conforme con ello, ayer mismo anunció un plan estatal para que se invierta en I+D+i, dando la espalda a la investigación privada, la que verdaderamente mueve el mundo, su ciencia y su tecnología. Investigación privada que buscará eficiencia, no tenderá al despilfarro, se alejará de planteamientos políticos o políticamente correctos, en la medida que se lo permitan, y buscará cubrir muchos más objetivos que los que puedan cubrir los becados y subvencionados proyectos estatales. Ah, se me olvidaba sin utilizar ni una pizca de nuestros impuestos.