2 de Enero de 2006

En este post critico la justificación del CAC propuesta por José Antonio Donaire, diputado del PSC. Analizo la superficialidad del derecho ciudadano a "una información veraz", así como las ansias censoras y represoras de los políticos.

José Antonio Donaire es diputado del PSC, tiene una bitácora y defiende el control estatal de los medios de comunicación. En realidad, no es sorprendente. El socialismo pretende conseguir la completa sumisión de los individuos al Estado; la libertad debe desaparecer en manos de los órganos de planificación centralizada. Que un militante orgulloso de esta ideología perversa y liberticida defienda al CAC no es sorprendente, acaso coherente.

Donaire ha escrito tres posts (I, II y III) en su bitácora defendiendo al CAC y, además, ha dejado un comentario en la bitácora de David Millán donde se queja de la moda anti-CAC. Me centraré en su primer post. Su segunda anotación sólo sirve para recordarnos que la censura en Cataluña no es una novedad; la tercera para constatar el grado de degeneración antiliberal en el que ha caido occidente y el comentario es un refrito de la argumentación de su bitácora.

El primer error en el que cae Donaire es empezar a segregar las libertades: La esencia de la argumentación de la COPE es el derecho a la libertad de opinión. Es sabido que éste es un principio básico del sistema democrático, el famoso artículo 20 de la libertad de expresión y de información.

Una cosa es hablar de libertad de expresión para referirse al ámbito en el cual ejercemos nuestra libertad y otra creer que constituye un derecho autónomo y enfrentado con la propiedad privada. De esta manera, acotamos el significado y clarificamos el debate. En realidad, la libertad de expresión procede del derecho a la propiedad privada; no existe un irrestricto derecho a decir cuanto se quiera. Yo, por ejemplo, no puedo subirme en la mesa del salón de José Antonio Donaire y lanzar una soflama anti-CAC. Esto no supone un ejercicio de censura contra mí, ni mucho menos una agresión; más bien al contrario, sería yo quien estaría agrediendo a Donaire si realizara tal actividad.

El primer problema con el que nos topamos es que la clase política ha nacionalizado el espacio radioeléctrico, de manera que no cabe un derecho de propiedad privada sobre el mismo, sino tan sólo una licencia. Conviene tener presente la diferencia entre derecho y licencia: aquel reconoce una jurisdicción del titular sobre ciertos recursos, ésta supone una tolerancia de ciertas acciones por parte del titular del derecho; tolerancia cuya característica esencial es la revocabilidad.

Por ejemplo, el propietario de una manzana puede consentir que otra persona se coma su manzana, pues el poder dominical incluye la capacidad de permitir que otra persona consuma tu propiedad. Sin embargo, el individuo que se come la manzana no tiene derecho a comérsela (a no ser que el propietario le haya traspasado su derecho de propiedad a través de, por ejemplo, la venta), simplemente está siendo beneficiado por un "visto bueno", una "concesión", una licencia. En cualquier momento, el propietario de la manzana puede impedir que se la coma.

El Estado se ha erigido en propietario de todo el espacio radioeléctrico y ha empezado a otorgar licencias para poder hablar. Nuestra libertad de expresión está corrupta desde el momento en que una agencia totalitaria amenaza con usar la violencia contra nosotros en tanto no nos sometamos a sus dictados: sólo el Estado puede establecer quién emite y quién deja de emitir en el espacio radioeléctrico. Así lo reconoce orgullosamente Donaire: Como es sabido, en un espacio limitado de licencias (como la radio o la televisión), la administración establece unos criterios que sirven para justificar la adjudicación de licencias.

Mire, el argumento es demasiado obvio y está demasiado manido como para volver a exponerlo cien veces: toda la realidad es limitada y no por ello el Estado debe racionar el uso que hacemos de ella. ¿Por qué no asigna licencias sobre la venta de manzanas (ya sabe que son limitadas), o sobre la distribución de los ordenadores personales? Mejor aun, ¿por qué no distribuyen los libros entre los individuos más adecuados según sus criterios? No estamos hablando de la comunicación audiovisual, sino ¡de la cultura! ¿No sería obvio que el gobierno fijara los criterios por los que la población puede acceder a los libros? Los libros son escasos, no hay para todos, no hay tantos como queremos. ¿Por qué no?

Este ataque frontal a la libertad no se subsana por el hecho de que el propio Estado asuma el compromiso de autorrestringirse reconociendo a los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión. La licencia y el control políticos siguen intactos: en este país sólo hablan por la radio o por la tele quienes los políticos han decidido que hablen. En caso contrario: silencio. ¿Cuánta censura encubierta habrá tenido lugar en este país por obra del Estado?

En cualquier caso, y regresando a la desagregación de los derechos que practica Donaire, la libertad de expresión no es más que una manifestación del derecho a la propiedad privada. Pero como digo, Donaire subdivide este "derecho a la libertad de expresión" de una manera llamativa. Por lo visto, la libertad de expresión incluye la libertad de opinar; de manera que nuestro derecho no es ya un derecho a expresarnos, sino a opinar, a informar, a dudar o a gritar. De un mismo tronco, sacamos veinte ramas; lo coherente sería seguir adelante y hablar de un "derecho a opinar de deporte", de un "derecho a opinar de fútbol", de "un derecho a opinar del Real Madrid", de un "derecho a opinar sobre Florentino Pérez" o incluso de un "derecho a opinar sobre el color de la corbata de Florentino Pérez".

Esta desagregación de derechos es tan absurda como poco práctica pero, en principio, no resulta problemática siempre que seamos conscientes de cuál es el tronco común, esto es, siempre que no confundamos especificación con restricción.

Y es que a los políticos les encanta reglamentar exhaustivamente nuestros derechos para los perdamos en caso de que nuestros comportamientos no encajen completamente en su definición. Aun asi, siempre que mantengamos el tronco común intacto (esto es, el derecho de propiedad), la ausencia de concordancia con un derecho reglamentado supondrá su encaje en otro derecho. Hablar del color de las corbatas de Joan Laporta no encaja en "el derecho a opinar sobre el color de las corbatas de Florentino Pérez" pero ello no significa que no podamos a hablar de las corbatas de Laporta, ya que en tanto nuestro derecho sea a la "libertad de expresión", la falta de amparo en un particular derecho especificado significa el amparo en otro derecho especificado, en este caso "el derecho a opinar sobre el color de las corbatas de Joan Laporta". O dicho de otro modo, si yo tengo un "derecho a comprar fruta", cuando compro manzanas no estoy abusando del "derecho a comprar peras", sino que estoy empleando mi "derecho a comprar manzanas".

El problema, como ya he dicho, es que a los políticos les encanta confundir los términos, prohibiendo hablar de las corbatas de Laporta o la adquisición de manzanas, por el simple hecho de no encajar en sus torpes especificaciones de nuestros derechos.

Donaire incurre en el mismo atropello: Las sentencias del Tribunal Constitucional sostienen no sólo que expresión e información son dos actividades que (a pesar de las dificultades que ello entrañan) han de ser separadas, sino que además la información debe ser veraz. Este principio es capital.

En otras palabras, informar no es lo mismo que expresar (u opinar). Y el derecho a la libertad de información sólo se ejerce cuando se informa de manera veraz. De acuerdo. ¿Significa que una información no veraz atenta contra el derecho a la libertad de información? No, porque el derecho a emitir información no veraz queda amparado por la libertad de expresión.

Ante este "problemilla" los políticos tienen que hacer un doble salto mortal e inventarse que la libertad de información es un derecho también de los consumidores: La libertad de información es un derecho atribuible a los informadores, pero sobre todo a los "consumidores" de la información. A veces, algunos periodistas pecan de corporativos y sostienen este derecho en un solo sentido: desde el informador al informado. Pero el informado (y existe una sentencia del TC que así lo reconoce) también tienen derechoa la información y a que la información sea veraz. En un sistema basado en la capacidad de decisión de todos los ciudadanos, el acceso libre a una información veraz es imprescindible. Sin ciudadanos informados no hay ciudadanos responsables.

Vayamos por partes, que este párrafo tiene tela. Primero, si los consumidores de información tienen derecho a una información "veraz" ya estamos mandando a galeras a todos los políticos y sicofantes del Estado. Los impuestos no son una contribución a las arcas públicas, sino un robo que no sirve para lograr un difuso bienestar general; las regulaciones públicas atentan contra la función empresarial, reprimen a los individuos y son totalizadoras; los políticos no son imprescindibles, son el cáncer de la convivencia y de la prosperidad, una casta de privilegiados que viven a costa de todos los demás. Siglos de mentiras para enterarnos ahora de que tenemos el derecho a que no nos mientan. Si tuvieran un poco de decoro renunciarían a todas sus prebendas.

Segundo, un derecho a recibir información veraz implica el derecho a establecer e imponer la verdad. Frecuentemente los progres citan el caso de Galileo para bramar contra la Iglesia. ¡Vaya por Dios! Ahora resulta que nunca les molestó la condena a Galileo, sino el motivo de la condena; esto es, que Galileo tenía razón. Por lo tanto, es de suponer que si la Iglesia hubiera tenido razón, la persecución inquisitorial de Galileo hubiera resultado legítima. Vaya con los rojos, no pierden las buenas costumbres.

Tercero, la fijación, imposición y cristalización de la verdad supone la dictadura del statu quo, el conservadurismo militarizado y coactivo más atroz que quepa imaginar. Toda desviación del credo veraz establecido, no supone una opinión que debe ser rebatida probando la fortaleza de las convicciones establecidas, sino una opinión que debe ser perseguida, destruida y aniquilada.

Cuarto, la información veraz no es imprescindible para ningún sistema, en caso contrario la humanidad hubiera desaparecido hace milenios. De hecho, el punto de partida de la investigación científica es la duda, no la verdad establecida. Recibir una información que hoy se considera veraz y recibir SÓLO esa información, implica no sólo un proceso de adoctrinamiento colosal por parte de aquellos que tengan la potestad de fijar esa verdad, sino también la parálisis de la duda, de la investigación y de la búsqueda de la verdad.

Quinto, los ciudadanos ejercitan su derecho a recibir información veraz dejándoles libertad para juzgar qué es y qué no es veraz. No necesitan de un paternalismo totalitario que les imponga su fe; les basta con cambiar el dial.

Sexto, la acción, efectivamente, depende de la información; por tanto, la responsabilidad también depende de la información. Sin embargo, es sumamente obtuso pensar que la única información que impele a un individuo a actuar es la información. La información que cada día recibe un individuo es tan vasta que no sólo tiene capacidad para seleccionar parcialmente la información que recibe, sino que, sobre todo, debe seleccionar la información útil (esto es, la información que considera veraz) para actuar. Los políticos pretenden seleccionarnos su información veraz para que actuemos conforme a sus criterios. ¿Acaso creen que los ciudadanos son estúpidos? ¿Acaso consideran legítimo estirparles la posibilidad de juzgar y de distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira?

Séptimo, que un político defienda la necesidad de una información veraz cuando ha castrado la pluralidad informativa al nacionalizar el espacio radioeléctrico y ha asignado las licencias de explotación conforme a su particular criterio, resulta tan abyecto que no merece un mayor comentario.

Y octavo; como conclusión, sólo cabe decir que el CAC atenta contra su propio fundamento: al defender la información veraz consolida un conocimiento científico y tecnológico primitivo. No garantiza la información veraz, sino la superchería contemporánea. La primera acción que debería emprender el CAC es, por tanto, su propia clausura.

Una vez comprobado cuál es el corazón de la argumentación censora, es evidente que el medio para acallar a cualquier medio de comunicación pasará por argüir que miente y que ello vulnera los derechos de los ciudadanos. Ni Orwell. Apaleados, aislados y ahora usados como trapos.

De esta manera, Donaire sostiene que cuando en la COPE se afirma que Montilla quiere crear otro GAL para matar terroristas (...) se falta a la verdad. Objetivamente. La COPE ofrece una mentira como si fuera información. Y eso, hay que decirlo, también vulnera el principio constitucional a una información veraz.

Como ya he explicado, si no quiere llamar a los gatos perros, llámelos gatos, pero ello no les niega su categoría de vertebrados. Si la mentira no es información, es expresión, y ello no transgrede ningún derecho; salvo los derechos que ustedes se han inventado para reprimir los derechos individuales. ¿Se imaginan que el derecho a la salud supisiera la potestad estatal de recluir a todos los enfermos en una isla desierta? Donaire nos propone este esquema para garantizar nuestro bienestar. Las limitaciones del poder político son cada vez menores; proceso paralelo a la mengua de nuestra libertad.

Ante el flagrante atentado contra la libertad que supone valerse de inconsistentes derechos políticos para eliminar las opiniones disidentes, Donaire recurre a una generalización demagógica que, no por ello, deja de ser incorrecta: Es el mismo que encontraríamos frente a un medio xenófobo, vejatorio contra las mujeres o nacionalsocialista. Si un medio sostuviera de forma reiterada que las mujeres son seres inferiores o que debemos contemplar la limpieza étnica o que este país va a la deriva por la infección mora, ¿debemos limitarnos a cambiar el dial, en virtud del derecho constitucional a la libertad de expresión o de información?.

¿Deberíamos limitarnos a cambiar de dial siempre que un socialista afirme que la redistribución, el uso estatal de la coacción, la militarización de la sociedad o la hiperregulación contribuyen al bien público? Sí. Las opiniones no delinquen, sólo lo hace el ejercicio de la fuerza. Yo puedo opinar que las mujeres o los moros son inferiores, lo cual me convertirá en un misógino y en un racista, pero no en un delincuente. Otra cosa es que esclavizara a la mujer, a los extranjeros o a los árabes; en ese caso sería un represor. El único que utiliza la fuerza en toda esta operación es el Estado, lo cual le convierte en algo peor que los misóginos o los racistas; al menos ellos, por muy necios y malvados que puedan ser, no utilizan la coacción; a diferencia del Estado, por muy pulcras que considere sus opiniones.

Dicho de otro modo, ¿quién es peor persona? ¿El que odia con todo su corazón a su vecino o el que le quema la casa para hacer feliz a la comunidad ante el espectáculo de una falla? El primero es malvado, pero no usa la fuerza; el segundo es, en principio, bienintencionado, pero desconoce que el fin no justifica los medios. ¿Acaso Donaire nos está diciendo que debemos ser crueles con el primero y clementes con el segundo? ¿Qué daño físico comete el primero? ¿Qué grandilocuentes finalidades absuelven la violación de la propiedad practicada por el segundo? Estas son las preguntas pertinentes y no el repertorio de sandeces destinadas a camelarse al auditorio para justificar la represión contra las opiniones que no nos agradan.

Lo más gracioso de todo esto no es ya que Donaire quiera convencernos de que la censura es legítima por ser un derecho de los consumidores; es que además quiere vendernos la moto de que las sanciones por emitir opiniones contrarias al poder no son censura: Como reconoce el informe del CAC no estamos ante un acto de censura, ya que ésta por definición es a priori. En este caso, no se regulan los contenidos antes de que sean emitidos sino que se evalúan los que ya se ha realizado.

No mire, si yo le digo: "En caso de que hables de la corbata de Florentino Pérez te mando directamente al hospital", y tú, apercibido de mi amenaza, dejas de hablar, asistimos a un ejercicio de censura. Si tú hablas de la corbata de Florentino Pérez y te digo: "como vuelvas a hablar de la corbata de Florentino Pérez, te mando directamente al hospital", y tú, apercibido de mi amenaza, no vuelves a hablar de la corbata cuando querías hacerlo, asistimos de nuevo a un ejercicio de censura. El CAC opera así, como un vulgar matón ofensivo al servicio de los intereses estatales. "Vete y no peques más o de lo contrario irás al infierno". La diferencia entre la religión y el Estado, con todo, es demasiado obvia: puedo tener fe o no tenerla, pero la coacción estatal nadie me la quita, tenga fe en el Estado o no.

Después de todo esto, no cabe dudar de que José Antonio Donaire, diputado en el Parlamento catalán del PSC, odia la libertad. De hecho, él mismo lo reconoce: un laisez faire condescendiente, me lleva plantearme los límites de la opinión y la información. La libertad le da miedo y busca limitarla. Cuando el sillón peligra hay que reprimir y moralizar. Esto es un político: la coacción al servicio del poder.