18 de Noviembre de 2005

Con cierta asiduidad, las organizaciones de consumidores y otros grupos que aparentemente se preocupan por investigar y denunciar los abusos de las empresas, denuncian acuerdos entre las principales líneas aéreas españolas. Iberia, Air Europa y Spanair tienen ya una larga lista a la que hacen frente con mayor o menor éxito. Por ejemplo en este enlace se puede leer la preocupación de la Unión de Consumidores de España:

La UCE reclama al Servicio de Defensa de la Competencia la incoación de un expediente sancionador contra Iberia, Spanair y Air Europa "por restringir la libre competencia en el sector del transporte aéreo, mediante un acuerdo concertado de prácticas comerciales y de precios, con el consiguiente perjuicio de consumidores y usuarios"

No hace mucho, saltó al los medios la tarificación en tramos de 30 segundos por parte de las operadoras de telefonía móvil en vez de por segundos. Aparentemente, las empresas cometen un abuso ya que les están cobrando un tiempo en el que no hablan. La propia UCE, Ausbanc, Facua y otras asociaciones junto a no pocos gobiernos autonómicos como el de Madrid, decidieron ir al juzgado e incluso se llegó a instancias europeas para evitarlo. La denuncia fue para las tres operadoras, Telefónica Móviles, Amena y Vodafone.

El asunto me resulta paradójico. Cuando varias empresas se ponen de acuerdo para, como en estos casos, elevar el precio de un servicio o tarificar de una determinada manera y no de otra, estamos hablando de una práctica inmoral, fruto del egoísmo innato de las personas, de un capitalismo rapaz que hay que eliminar o en su caso controlar para evitar abusos del poderoso (la empresa), frente al débil (el consumidor). Es en estos casos donde surge la necesidad del Estado, un organismo que nos cuida y nos indica lo que no es mejor o al menos nos encamina por la vía adecuada.

Sin embargo, hoy mismo nos hemos desayunado con esta noticia, Zapatero y Durao Barroso se reunieron en Moncloa y en secreto para dar hacer viable la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Tal reunión tenía por objetivo que no fueran las autoridades comunitarias, sino las españolas, las que den el plácet a la operación, decisión a todas luces, polémica sino alegal, por no decir ilegal.

Es decir que si varios presidentes de compañías privadas conspiran para pactar un precio o una determinada tarifa, estamos ante un caso inaceptable a todas luces, un lamentable caso de egoísmo insano. Si lo hacen los máximos representantes del Estado español, su presidente de Gobierno y el máximo representante de la superburocracia europea, el tema no tiene la mayor importancia ya que los Estados se han creado para acotar el egoísmo natural del humano medio. Lo uno es conspiración, lo otro... lo otro se ha hecho con un Mistere de la fuerza aérea española para meterse en un asunto que sólo afectaría a los accionistas de las dos empresas, sus dueños, y que de cualquier manera irá en contra de una de las dos, presumiblemente Endesa. Los fondos públicos españoles se han usado para perjudicar a los españoles.

El problema del egoísmo humano es que se es egoísta se esté en una empresa, en una ONG o en cualquier estamento estatal. Si es así, el Estado, dado su poder y tamaño, será el peor enemigo del ciudadano ya que dotará de herramientas poderosas a los que en ese momento lo dominen. Y este es el verdadero problema, es aquí donde se tejen las conspiraciones más peligrosas.