15 de Mayo de 2007

Las empresas son instituciones que tienen dos objetivos, ofrecer servicios/productos y obtener beneficios. Puede que a alguno el servicio le puede parecer absurdo, inmoral o superfluo, pero eso en todo caso lo decide el cliente. También es posible que para otros los beneficios de las empresas sean exagerados y de nuevo inmorales, pero en ese caso, está claro que los clientes están contentos con lo que les ofrecen porque en caso contrario se irían a otra empresa que les ofreciera mayor calidad o simplemente nadie les compraría.

Cuento esto porque da la sensación de que para muchos las empresas son instituciones que se dedican a crear puestos de trabajo y no se percatan de que éstos dependen de las necesidades del resto de ciudadanos y de que las empresas tengan beneficios y puedan existir y si es posible, seguir mejorando. Luego, claro, entraremos en el mercado de trabajo y nos pelearemos por el coste de los sueldos, por eso que se llama sueldo digno y por otros temas afines, pero sin beneficios no hay empresa.

Precisamente esta es la razón por la cual las empresas públicas o las subvenciones no deberían existir, porque en caso de una crisis en el sector, aunque esta sea mínima, las ayudas públicas, las subvenciones pervierten los objetivos empresariales y terminan costando a los contribuyentes, que sin saberlo en muchos casos, son los que sostienen sectores deficitarios y puestos de trabajo que no deberían existir.

No sé que dignidad se ve en mantener a un señor en un puesto de trabajo improductivo a costa del dinero de muchos trabajadores que dedican parte de su vida a que alguien que puede buscar otro puesto de trabajo o crear su propia empresa viva en una especie de realidad virtual o, lo que es más sangrante, no dé un palo al agua. ¿Acaso no son menos dignos los trabajadores a los que se les esquilma el sueldo?.

En muchos casos estos trabajadores, en la mayoría de los casos provenientes del sector público o de sectores que han sido privatizados hace relativamente poco, mantienen actitudes que son básicamente reprobables, cuando no denunciables, con modos violentos, más propias de la mafia o de las pandillas de gamberros que de personas afiliadas a organizaciones que dicen representar a los trabajadores.

El sindicalista o el trabajador que se esconde bajo sus alas parece funcionar ajeno a la ley, puede cortar un puente como el de Carranza o como ha ocurrido hoy, asaltar un edificio de la Xunta, quemar documentos y colgar un retrato del Rey de la ventana, sin que nadie sea detenido, sin que nadie pague por un flagrante delito, sin que los sindicatos tengan ningún tipo de responsabilidad sobre sus afiliados o sus protegidos. El sindicalista tiene bula estatal, al fin y al cabo, los destrozos, los daños que crean estos desaprensivos los pagará el estado tirando de nuevo del dinero de los contribuyentes, o sea de los de siempre que también tienen que hacer frente a estos gastos inesperados. Como se nota que en plena campaña electoral nadie quiere hacer algo que siendo su obligación, sólo le reporte un perjuicio en las urnas ¿Para cuándo un político que decida cargarse este sindicalismo mafioso y elimine las ayudas públicas en la economía, para cuándo más libre mercado y menos proteccionismo? Bienvenidos a la democracia del chiste.