12 de Octubre de 2005

Aunque hay diferencias significativas, la maniobra nacional-socialista contra la eléctrica Endesa, a la que me refería hace dos días, me recuerda mucho a lo que ocurrió durante los primeros años del primer Gobierno de Felipe González. Con una ley aprobada ex profeso para arrebatarle a José María Ruiz Mateos todo su holding de empresas, Felipe González dio un golpe de efecto de consecuencias sabidas por todos y de paso marcó su política intervencionista y corrupta de los siguientes años. Aunque la ley no pasó el trámite del Tribunal Constitucional, la expropiación ya estaba hecha y la venta en trocitos del imperio empresarial a empresarios amigos, nacionales e internacionales, hizo imposible la devolución. Los precios pagados por algunos de estos activos fueron ridículos, muy por debajo del precio de mercado incluida la deuda, supuesta o real. Recuerdo el caso de Galerías Preciados, competidor directo de El Corte Inglés y durante una buena época favorito de Doña Carmen Polo, esposa del dictador. Tras algunos avatares financieros terminó formando parte de Rumasa. Tras la expropiación, fue vendida a Gustavo Cisneros, empresario venezolano amigo de González, a un precio de saldo y revendida con una ganancia más que evidente. Para hacernos una idea, en tres años el Grupo Cisneros se embolsó 29.250 millones de pesetas.

Precisamente hoy recoge el diario ABC una denuncia de Endesa que asegura que los activos que Iberdrola adquiriría por 8.000 millones de euros, en el supuesto que la OPA salga adelante y Gas Natural la absorba, valen 11.000 millones, un 37,5% más. Estos activos no son precisamente poco relevantes, el millón y cuarto de clientes de gas de Endesa, la filial balear Gesa y diversas centrales de carbón repartidas por España, Francia e Italia. No sería a precio de saldo como el caso de Cisneros pero sí en una posición ajena al libre mercado. Esta situación plantearía la exclusión del resto de empresas, españolas y europeas, incluso mundiales que pudieran pujar por estos activos, amén de lo que puedan decir las autoridades regulatorias de otros países como Italia o Francia donde Endesa tiene cuotas de mercado nada desdeñables. En definitiva, un acuerdo hecho en los despachos de los políticos socialistas ajeno a toda norma y ley y nunca un proceso de compraventa.

Aunque los motivos de ZP son diferentes a los que movieron a González a expropiar Rumasa, el resultado es el mismo, una desvirtuación de la democracia liberal, un avance más en la corrupción de la sociedad, un incremento del papel del Estado y un paso más hacia el totalitarismo, un totalitarismo fascista donde la empresa como el individuo trabajan al ritmo que impone el Estado que no duda en sacrificar al peón para conseguir sus metas políticas. José Luis Rodríguez Zapatero se permite medios fascistas para alcanzar sus fines y esto no debería sorprender a nadie que conozca como se mueve el Presidente.