21 de Noviembre de 2005

Estoy bastante cansado de que nuestros infames políticos chantajeen un día tras otro a la Iglesia Católica. Estos tiranos de opereta no dudan ya en utilizar de manera abierta los fondos públicos para sus fines particulares. El último ha sido Carod-Rovira, pero la lista de amenazas es numerosa.

El tema me duele y me molesta por distintos motivos y razones. Como liberal, ninguna institución debería recibir subvención pública, ni siquiera aquellas que se dediquen a actuar subsidiariamente con respecto al Estado. Al fin y al cabo, el Estado debería actuar subsidiariamente con respecto al mercado: demasiada subsidiariedad junta para terminar legitimando el intervencionismo. Como decía este domingo Emilio: la Iglesia debe demostrar su verdadera utilidad social a través de la capacidad para autofinanciarse.

Pero sobre todo me indigna como católico. No ya porque creo en una Iglesia independiente y reticente del poder político, sino porque una institución milenaria que ha ayudado a forjar la sociedad libre no tiene por qué aguantar las soplapolleces de cuatro aprendices a dictador. La Iglesia sigue siendo suficientemente importante y relevante como para tener que depender de la rosoña aportación de quienes quieren destruirla.

Comenta Ignacio Escolar que la Conferencia Episcopal podría decidir esta semana despedir a Losantos para conseguir incrementar las ayudas a los colegios concertados. Supongo que el post no pasa de una pirueta periodística o de una plasmación de deseos precipitada, pero la simple posibilidad de que la Conferencia Episcopal lo considere, me parece un tremebundo error.

En esta situación, la Iglesia debe ser valiente y dar un paso adelante. No sólo tiene que reafirmar a Losantos sino solicitar la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede para renunciar a toda financiación pública. Ha llegado el momento. No queremos su dinero, no lo necesitamos. Si los católicos debemos defender la libertad en España, parece evidente que debemos marcar claras distancias con su principal agresor. Ya basta de chantajes, la libertad de la Iglesia no puede estar en venta.

Echar a Losantos sería el comienzo de una mayor ofensiva contra la Iglesia. No hay que mostrar ningún símbolo de debilidad, precisamente porque la Iglesia no es débil. Si ellos nos lanzan un envite, coloquemos el órdago encima de la mesa. ¿O es que acaso alguien cree que las aguas están revueltas por Losantos? ¿O es que acaso las advertencias y consejos de Carod Rovira en contra de que los obispos se manifiesten no son la antesala de negar cualquier espacio público al catolicismo?

Ahora bien, estos politiquillos deberían tener presente que la ficción es el principal activo del Estado y de su poder. A pesar de que algunos ya nos hayamos caído de guindo, hemos de tener presente que la inmensa mayoría de la población española sigue adormilada en las pamplinas del interés general. De lo que parecen no haberse dado cuenta es de que si el Estado retira la financiación a la Iglesia bajo el argumento de que ninguna asociación debería vivir a costa de las arcas públicas, puede que más de un católico se empiece a preguntar por qué los sindicatos, los partidos políticos, los funcionarios, los agricultores o los cineastas sí pueden vivir a costa del erario público. Quizá entonces, alguno se daría cuenta de que el Estado es un entramado redistributivo con patrones chantajistas, una maquinaria cuyo único cometido es conservar y ampliar su poder.

Si la izquierda retira la subvención a la Iglesia, la izquierda deberá explicar por qué ella sí puede continuar recibiendo fondos públicos y por qué los católicos tenemos que continuar financiando sus delirantes proyectos de explotación. Detrás de las arbitrariedades despóticas del poder político estaremos los liberales para recordar a cada español las profundas incoherencias del entramado estatal. Cada vez está más claro que en este país la igualdad ante la ley se ha sustituido por una igualdad ante el político, por una desigualdad de las lisonjas emitidas al Estado.

Por coherencia interna, la Iglesia debe consolidar a Losantos y renunciar a una financiación que el poder político protesta por entregarle. Y debe hacerlo ya; no caben medias tintas. Es el precio que hay que pagar por desatarse las manos, el precio de la autonomía y la coherencia. La Iglesia puede y debe pagarlo. Las componendas deben terminar.