25 de Enero de 2004

"Greenpeace pide a los candidatos de la Junta de Andalucía que se opongan al recorte de libertades". Expresado de esta manera parece que Andalucía formara parte de un oscuro país dirigido por un oscuro régimen totalitario que ha decidido convocar unos comicios electorales de los que suele ganar el dictador de turno por el 99% de los votos.

Durante la jornada del 14 de marzo de 2003, los alegres activistas de Greenpeace decidieron manifestarse contra el inminente ataque americano en Irak y para ello dirigieron su Rainbow Warrior a la bocana del puerto militar de Rota para, según ellos, iniciar una 'protesta pacífica', impidiendo la salida del puerto de los barcos, principalmente norteamericanos. El resultado es conocido, requerimiento judicial para que se retiraran, el asalto de la Guardia Civil al barco, la detención de varios activistas por resistencia a la autoridad, la inmovilización del barco y el inicio de las acciones judiciales correspondientes.

Sin embargo, Greenpeace dice que lo que está en juego es la 'libertad de expresión'. Durante los primeros meses de 2003, en España hubo día sí, día también, innumerables manifestaciones contra la política del Gobierno por el accidente del 'Prestige' primero y por la Guerra de Irak después. En ellas millones de personas en toda España, y en el resto del mundo occidental, dejaron constancia que la 'libertad de expresión' estaba salvaguardada en estos y otros asuntos. Entonces que es lo ¿qué se destila de la denuncia de Greepeace?.

Básicamente, lo que pretenden estos ecologistas es cargarse el Estado de Derecho, uno de los pilares de la democracia, y el establecer una anarquía legal en beneficio propio. Este es un ejemplo más del carácter totalitario de este tipo de organizaciones por mucho que se les llene la boca de palabras como libertad, democracia o derechos. Como otros tantos ciudadanos, podían haber convocado una manifestación en otro lugar incluso cerca de la base militar pero decidieron que debían introducir sus barcos dentro del mismo puerto. Al impedírselo, entienden que las autoridades van contra su libertad de expresión cuando lo que hacen es aplicar la ley. Si yo u otro particular entra en una base militar, lo mínimo que le puede pasar es la celebración de un juicio por dicho acto, ¿por qué ellos deben tener más derechos que otro ciudadano?. Pero es que además, y teniendo en cuenta los actos de terrorismo internacional de los últimos años, podían haber puesto en peligro la vida de los protagonistas de las protestas. No cabe mayor acto de irresponsabilidad.

La petición de la Fiscalía de 12 años de cárcel para los cinco activistas procesados no es por tanto "un intento de recortar las libertades ciudadanas y de limitar el ejercicio de los Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Constitución" ni tampoco es "una muestra más de la tenaz persecución del Gobierno hacia los que protestaron contra la Guerra de Irak". Sólo es un acto de legalidad.

La denuncia de que "Greenpeace ha sufrido varios intentos por parte del Gobierno de limitar sus actividades y de impedir su actividad en defensa del medio ambiente y de la Paz" es además de una falacia una tomadura de pelo de una organización acostumbrada a manejar los hechos en su propio beneficio.