7 de Octubre de 2006

Berlín Smith nos ha propuesto a una serie de bloggers responder a un conjunto de preguntas sobre el alcance del intervencionismo estatal en unos campos determinados.

¿Tiene sentido que tras treinta años de democracia, definida en la Constitución como economía social de mercado, el estado siga efectuando concesiones personales hereditarias a individuos para el comercio de farmacia, de tabaco y la venta de loterías y quinielas?

Ni tiene sentido ahora ni lo tenía hace 100 años cuando nuestro país no venía calificado como “economía social de mercado”. La necesidad no ha caducado con la modernización de la sociedad española, no se trata de un capricho liberalizador que podamos darnos por nuestra mayor riqueza. El monopolio de estos servicios es y siempre ha sido una necesidad artificial e impuesta a golpe de decreto. Los individuos nunca se beneficiaron de la restricción artificial de la competencia y de la concesión de prebendas a los afines al régimen. Mayores precios, mala distribución, peor servicio y, lo que suele olvidarse, mayor control político.

Lo más gracioso de todo es como conclusiones tan palmarias han tratado de ser evitadas a cualquier precio por todos los aduladores del Estado, quienes han confeccionado toda una literatura justificativa para respaldar lo aberrante y lo absurdo.

El cambio de estos últimos treinta años no lo ubicaría, por consiguiente, en que ahora resulte más conveniente la liberalización para la sociedad, sino más bien en que el Estado ha perdido interés en su monopolización. Y en la medida en que ese interés ha decaído, por razones que ahora explicaremos, podremos ver también como los distintos socialistas a los que se les ha planteado el debate han decidido relajar su defensa de la monopolización o, incluso, pedir su liberalización. Que nadie se confunda; su posición poco tiene que ver con una súbita iluminación capitalista, sino con la dirección del viento estatista.

Empecemos por los estancos. La razón subyacente a la concesión de un monopolio local sobre el tabaco es facilitar la imposición del timbre, esto es, del impuesto sobre el tabaco. Recordemos que las drogas son una importante fuente de financiación del Estado dada su fuerte inelasticidad. Si el gobierno decreta un incremento del precio del tabaco del 50% para financiar la sanidad, pocos fumadores dejarán de comprar tabaco (cosa que no ocurriría con otros productos que generen menos dependencia). El tabaco es un asidero fiscal robusto y difícil de eludir.

Con todo, si bien los fumadores no tratarán de sustituir el tabaco por la manzanilla ante subidas de impuestos, sí intentarán sustituir el tabaco gravado por el tabaco de contrabando. El Estado, por tanto, necesita un mecanismo para determinar aquellos puntos donde se compra tabaco y donde no se puede comprar tabaco. En otras palabras, cualquier distribución al margen de los estancos sería inmediatamente culpable e ilegal. Asimismo, la concesión del privilegio de la venta de tabaco aseguraba una cierta fidelidad por parte de los estanqueros para que estos no se convirtieran en contrabandistas vestidos de agentes del Estado.

Hoy ese monopolio ha ido perdiendo importancia, por dos motivos esenciales. Primero, el contrabando de drogas ha ido derivando hacia otros productos de mucha mayor rentabilidad, dejando al tabaco en una posición residual. Segundo, la estrategia del Estado para autoperpetuarse ha virado desde la provisión de la droga al represor del drogadicto. O dicho de otro modo, la rentabilidad en términos de consolidación del poder es mucho mayor alzándose como puritano antitabaco que recaudando impuestos sobre los cigarrillos.

De ahí que, por un lado, el Estado haya abierto la mano permitiendo más puntos de venta (kioscos, máquinas expendedoras…), haya reubicado la lucha policial contra las drogas hacia otras mercancías (cannabis y cocaína) y, sobre todo, haya comenzado a aprobar una legislación represiva que restrinja no dónde se puede comprar tabaco, sino dónde se puede fumar.

El caso es análogo con un tema que no ha propuesto Berlin Smith pero que también merece unas sucintas palabras: la venta de sellos, íntimamente relacionada con el monopolio sobre Correos y Telégrafos.

Este monopolio surge de la necesidad del Estado de controlar las misivas entre países, esto es, de censurar aquellas cartas que provinieran de lugares “peligrosos” y “revolucionarios” para evitar la infiltración de ideas peligrosas. Dado que este monopolio resultaba “irrenunciable” por motivos de “seguridad nacional” se estableció un sistema tributario para financiarlo basado en la venta de sellos, es decir, una especie de tasa por el uso del servicio público.

Por supuesto nada impedía que la distribución de estos sellos tuviera un carácter privado, pero al Estado le resultaba, de nuevo, mucho más cómodo controlar y planificar los puntos de venta de esos sellos; puestos a decidir a quién vender, mejor decidirlo ex ante.

Hoy la quiebra del sistema de Correos derivada de las nuevas tecnologías ha propiciado la pérdida de interés por parte del Estado en estos servicios. Es probable que el e-mail elimine el correo tradicional en alrededor de una década, de modo que la regulación de este sector carece de utilidad. Mucho más inteligente va siendo la regulación y control de Internet como ya han propuesto muchos testaferros del Estado.

Pasemos ahora con las loterías y apuestas del Estado. Los gobiernos siempre han tenido una especial aversión a todo lo relacionado con el juego. En numerosas épocas el juego y las apuestas han estado simplemente prohibidos (célebre fue en España la prohibición de Esquilache). La explicación convencional ha pasado por combatir la corrupción moral que el juego ocasionaba entre los sectores más débiles de la sociedad. El juego destruía familias enteras y ello lo hacía intolerable.

En realidad, las razones para prohibir el juego son bastante menos moralizadoras (aunque sin duda encontraron un aliado entre los conservadores antiliberales). El juego ofrece unas oportunidades enormes para blanquear el dinero y esto es algo que ningún gobierno puede consentir. No sólo eso, el juego generalmente supone una redistribución de renta entre gente con pocos recursos (que esperan ganar dinero jugando) a gente con muchos recursos (suficientes como para responder ante pérdidas de apuestas). Y si bien los primeros tienen pocos o nulos medios para evadir impuestos, los segundos disponen de técnicas y herramientas mucho más desarrolladas.

El juego, en definitiva, era una industria a eliminar. Pero al mismo tiempo que el juego privado era barrido, los gobiernos se dieron cuenta de que la gente seguía queriendo apostar de alguna manera y que ello les permitía lograr una redistribución de renta a su favor. El juego público le permitía al Estado aunar recursos sin utilizar la fuerza, de ahí que se concedieran monopolios para su explotación.

La prohibición del juego se hizo cada vez más insostenible, conforme el Estado se volvía incapaz de proporcionar nuevas modalidades de apuestas y divertimento. Hoy en día el juego privado tiene su espacio en la sociedad pero sometido a numerosas regulaciones: la administración sigue teniendo que autorizar la apertura de un casino, regulando la entrada a los locales, sus horarios, restricción de las apuestas a crédito, multiplicación de los registros necesarios, o los beneficios fiscales a favor de las apuestas del Estado (que están exentas de tributación).

Asimismo, el gobierno de EEUU prohibió recientemente los juegos de azar por Internet, el principal competidor potencial que el juego de azar territorializado tendrá que afrontar en los próximos años.

Si se fijan, en estos momentos el discurso estatista coincide con las necesidades del Estado: no hay que prohibir el juego privado, pero sí hay que sobrerregularlo para proteger a la sociedad de la ruina que propician.

He dejado para el final el asunto de las farmacias, ya que en buena medida los intereses del Estado permanecen cuasi inalterados en este punto. La razón del monopolio farmacéutico deriva de la necesidad de mantener un monopolio sobre la sanidad.

No creo que sea necesario extendernos de por qué el Estado ha tratado de apropiarse de la sanidad. Basta con que pregunten a cualquier persona de la calle si estaría dispuesta a privatizar la sanidad. La respuesta será un rotundo NO, y lo será por su profunda dependencia del sistema sanitario público y por su enorme incapacidad para imaginar un sistema privado. Nunca lo ha visto ni lo ha experimentado; toda su vida ha mamado la asistencia pública. Para muchos la sanidad privada es algo tan incierto como para otros la eliminación del Estado (y viceversa).

El Estado no sólo ha logrado que la vida de millones de personas dependa de él (¿acaso los jubilados pueden estar dispuestos a asumir hoy los costes de una transición hacia un sistema privado?), sino también ha eliminado cualquier experimentación individual con un sistema privado.

El monopolio farmacéutico deriva de este monopolio sanitario basado en la colectivización de los costes. Muchos medicamentos suponen un coste inasumible para las arcas públicas, de modo que lo más fácil es censurar su existencia. El Estado debe controlar qué medicamentos se venden y dónde se venden y para ello debe establecer los puntos de venta.

Si la apertura de farmacias fuera completamente libre, en la práctica estaríamos eliminando la prohibición sobre la publicidad de los medicamentos (cuyas causas y consecuencias analizó el Juan de Mariana aquí), favoreciendo peticiones sociales para ampliar las coberturas. Un ejemplo de esto es la institucionalización del silencio en torno a los “inhibidores de reabsorción” para los que sufren osteoporosis. Este tratamiento preventivo frena la aparición de la osteoporosis, pero sus costes han llevado a las autoridades a silenciar su existencia. Como ya analicé, Europa a diferencia de EEUU ha decidido que unas pocas vidas individuales no valen la pena si ello significa incrementar el coste agregado de la sanidad.

El discurso oficialista a favor de la regulación de las farmacias, por supuesto, no toca estos aspectos esenciales. Muy al contrario, se nos dice que el monopolio de las licencias se ha instituido para proteger y favorecer a la ciudadanía en dos aspectos esenciales: la distribución y los precios.

Obviamente, todo esto atenta contra el sentido común. Por lo visto, la reducción del número de establecimiento favorece una mejor distribución (¿allí donde se prohíbe establecer una farmacia?) y unos mejores precios (¿reduciendo la competencia?).

Algunos incluso nos dicen que los medicamentos no son un producto como cualquier otro. Yo añadiría que ningún producto es como cualquier otro, de ahí que la soberanía del consumidor sea imprescindible para discriminar que productos prefiere sobre otros. Soberanía que en ningún caso puede prevalecer si sus elecciones no tienen una traslación en el mercado (por ejemplo, a través de la apertura de nuevas farmacias, de la venta de medicamentos en los supermercados, de la aparición de farmacéuticos ambulantes en competencia…).

Decir que las farmacias tienen que tener algún tipo de monopolio para hacerlas rentables en los pequeños barrios, tampoco tiene demasiado sentido. Se asume que la unidad distribuidora adecuada de medicamentos es la farmacia, cuando ello no tiene por qué ser así. Es posible que una farmacia no sea rentable en un pueblo de 500 personas, pero a buen seguro sí lo será una tienda mediana de pueblo que ofrezca, entre muchos otros productos, los medicamentos. ¿Por qué hay que segregar la provisión de medicamentos en distintos establecimientos, duplicando por decreto los costes fijos? Se genera un problema y luego se nos dice que la única forma de solucionar ese problema es conservando la causa que lo provocó.

En definitiva, ninguno de los tres monopolios tiene nada que ver con un mejor servicio al consumidor, y sí con su sometimiento a los intereses de Estado.

Ahora bien, si esta contraposición de intereses era tan flagrante, ¿por qué ha subsistido hasta la fecha?

La primera y evidente razón es el discurso legitimador que se ha ido construyendo en torno a estos monopolios.

La segunda, y no menos importante, son los enormes beneficios que proporcionaban a sus propietarios. La licencia de un estanco en tiempos de Franco le solucionaba la vida a uno y los farmacéuticos siempre se han encontrado entre los caciques locales.

Dado que, en principio, cualquiera podía acceder a esas licencias, todos tenían una expectativa y esperanza de saquear al consumidor. “Me perjudica que exista un estanco, ¡pero si tan sólo llegara a ser estanquero!”. De nuevo, las palabras de Bastiat resuenan con preocupante actualidad: El Estado es la gran ficción por la que todo el mundo desea vivir a costa de los demás.

Si a esto le añadimos un tufillo social(ista) -como las concesiones franquistas a viudas y huérfanos- la legitimación del monopolio logra un fuerte respaldo popular.

Así mismo, la constitución de estos centros de poder ha favorecido la creación de auténticos lobbys (el más importante de los cuales es, sin duda, el de los farmacéuticos) que presionan para que el monopolio no termine. Se ha creado un nuevo foco de poder dentro del Estado que trata de legitimar sus privilegios a través de la propaganda y la influencia política.

¿Afecta o no afecta la igualdad y/o a la libertad de los ciudadanos el no poder dedicarse a estas actividades libremente? ¿Y a la eficiencia?

Por supuesto afecta a la libertad y a la eficiencia, que son dos caras de la misma moneda. Sin libertad no puede existir eficiencia; la eficiencia es una relación fines-medios que simplemente desaparece cuando los fines, los medios o ambos vienen impuestos. Sólo la libertad de escoger fines y medios (de experimentar y crear) permite su relación eficiente.

Al haber eliminado la función empresarial de todos estos campos, no se ha permitido la mejora, el cambio o la revolución de estos sectores. En buena medida se ha consolidado un modelo precario en vías de extinción por la investigación exógena.

Correos no ha podido adaptarse a las nuevas tecnologías y será barrido por el e-mail. ¿Habrían encontrado los empresarios de mensajería privada medios para competir con Internet? Tal vez. Pensemos tan sólo en alianzas con las compañías de telefonía para desarrollar redes de comunicación internas o en su transición hacia empresas de transporte de correo pesado (actividad a la que correos se dedica con poca eficacia frente a agencias privadas como Seur, MRW…). Correos simplemente desaparecerá por su imposibilidad de adaptación.

Lo mismo puede decirse de las loterías y apuestas cuando el juego por Internet alcance una mayor difusión. Los concesionarios no se habrán adaptado –ya que no tienen licencia para ello- y simplemente se marchitarán.

Ojalá suceda lo mismo con el comercio internacional de medicamentos (por ejemplo a través de su venta por ebay), aunque barrunto que pronto vendrán las restricciones estatistas que, nuevamente, paralizarán la investigación y la mejora en este sector.

Cuestión distinta es si esto afecta a la igualdad. La pregunta me parece desacertada debido a la insuficiencia del concepto de igualdad de oportunidades, como ya analicé aquí.

¿Deben incluirlo el PSOE (o IU) y el PP en su programa electoral si dicen que son partidos que defienden la igualdad, especialmente en un caso, y la libertad, especialmente en el otro?

Dudo de que ningún partido político sea partidario de la libertad. Más bien son máquinas de conseguir votos y de esquilmar al contribuyente. Así que me cuidaré de prescribirles nada, ya que sólo lo propondrán cuando sepan que ello les va a traer réditos electorales. En cuyo caso y momento, mi consejo será irrelevante. Eso sí, si alguno lo incluye en el programa, me alegraré (siempre y cuando sea una liberalización SIN contrapartidas reguladoras).

Si fuera así, ¿qué se hace con las actuales concesiones?

Las concesiones actuales pueden mantenerse, siempre que no hayan acarreado la expropiación de propiedades. Lo único necesario es permitir que otros individuos emprendan negocios similares sin censura regia.