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En favor de los homosexuales

Por Enrique de Diego

Cortesía de Libertad Digital.

Uno de los más claros principios liberales es la defensa de la igualdad de todos ante la ley y del respeto a la libre opción de las personas. No voy a decir aquella tan recurrente de que tengo amigos homosexuales y que son gente espléndida, pero es así. Si no los tuviera sería irrelevante para el principio: la no discriminación por razones de sexo. La no discriminación por ninguna razón, ni positiva, ni negativa.

Tampoco me parece ni necesario ni imprescindible estar todo el día saliendo del armario, definiéndose la gente como homosexual o heterosexual, porque ello pertenece a la privacidad, pero puede entenderse, incluso en un sentido positivo, porque durante siglos e incluso milenios la homosexualidad ha sido sañudamente perseguida, o a la búsqueda de la existencia de un mercado o de una solidaridad interna de grupo.

Hay dos cuestiones polémicas. Una se refiere a la equiparación de las llamadas uniones de hecho con la familia heterosexual. Ningún agravio se produce a las familias, ni se las minusvalora en ningún sentido por tal equiparación, salvo que la homosexualidad se considere pecaminosa, lo cual es muy respetable tenerlo como criterio de moral personal –tal y como hace la Iglesia católica– pero no ha de tener consecuencias jurídicas. Las carencias de la política familiar no se producen por esa equiparación, frente a la que hasta el momento no he escuchado ni leído, ningún argumento razonable, más allá del prejuicio. Esas carencias, insuficiencias, han sido llevadas a cabo por políticos heterosexuales. La idea de que dos personas homosexuales decidan compartir su vida entra dentro de la lógica, y el deseo de que cada uno de ellos de que eso produzca efectos jurídicos es consecuente y respetable. Si hay que desgravar a las familias, ese un debate distinto, y muy necesario. Tampoco es preciso que ambas uniones reciban el mismo nombre, si de eso se trata. Pero porque mis vecinas sean lesbianas no provocan ninguna minusvaloración de mi coyunda heterosexual.

La salvedad esencial se refiere a la adopción. Ésta no es un derecho de las personas. No existe un derecho a tener hijos, pues ello es, en todo caso, una posibilidad que exige responsabilidad. El derecho se encuentra en el niño. Es muy posible que resulte razonable que la adopción se produzca en el seno de matrimonios heterosexuales, porque la maduración de la personalidad precisa de la existencia de roles diferenciados. A eso parece inducir la experiencia. Sin ser especialista en nada, percibo en muchos de los gays que conozco una relación muy intensa con su madre. Es decir, es posible que incluso los gays necesiten un padre y una madre. El hijo adoptado por una unión de hecho sería una excepción, lo que podría generarle problemas de integración, pero eso también podría sugerir una intolerancia subliminal. Puede ser injusto que un niño quede sin ser adoptado habiendo parejas homosexuales dispuestas a la adopción.

No sería de recibo la sospecha de que la adopción podría conllevar abusos, pues ellos se dan, desgraciadamente, en el ámbito de las familias. Es posible que fuera conveniente desarrollar experiencias limitadas y estudiar sus consecuencias, viendo si es verdad que la maduración precisa de roles diferenciados. Si fuera así, la adopción habría de ser proscrita. Pero también hay que tener en cuenta que las experiencias con las que contamos son el fruto de una larga historia de exclusión.

En cualquier caso, echo de menos en quienes muestran una postura contraria a ambas cuestiones una suficiente explicación y argumentación de su criterio, de forma que, con frecuencia, transmiten la imagen de un estricto dogmatismo. Tal cuestión siempre ha sido combatida por los liberales.

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