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Presuntos culpables

Por Alberto Illán Oviedo

Imagínese, querido lector, que va tranquilamente por la calle y unos individuos de aspecto fiero y desaseado deciden que esa noche se van a correr una juerga con un presupuesto equivalente al que usted tiene en ese momento en el bolsillo. Más concretamente con el que usted tiene en el bolsillo. Para ello le conminan a que, en un alarde de generosidad con los más necesitados, entregue esos dineros que tan egoístamente ha ganado con su trabajo a ellos, desheredados de la vida, víctimas de la sociedad. Claro que usted se negará y esta banda para ayudarle a tan primordial decisión esgrimirá algún arma contundente: un bate de béisbol, una navaja toledana o una pistola de fogueo trucada para disparar balas de verdad. Si como creo, estimado lector, aprecia más su vida que su dinero, cederá a su petición e incluso invitará a sus nuevos colegas a una pasadita por el cajero automático ya que la tarjeta de crédito del banco también se puede usar para complacer estas necesidades ajenas.

Tras despedirse de sus nuevos amigos, no tardará mucho en sentir que la ira va tomando el lugar del miedo y al final la cólera llegará a hacerle decir esas palabras que su madre, santa mujer, nunca hubiera deseado oírle decir. Es posible que varios viandantes y convecinos de la zona hayan estado en una situación parecida a la suya y si usted es una persona amiga del asociacionismo, proponga al vecindario la creación de algún tipo de asociación que proponga e incluso realice algún tipo de acción destinada a eliminar o alejar a tan molestas amistades.

Pero lo que sería esperpéntico es que la asociación de damnificados ante esta escalada de la violencia, decidiera que la mejor manera de luchar contra ello no fuera la labor policial o educacional, sino que todo o parte del dinero o los bienes sustraídos los reembolsaran aquello ciudadanos que no hubieran sufrido este delito. Pues querido lector, aquí en España está ocurriendo continuamente, a usted le habrá pasado más de una vez, cuando haya comprado una cinta virgen de audio o de vídeo, y más recientemente en la compra de un CD o DVD virgen. Y lo peor de todo, es que es legal.


El Problema

El fenómeno de la piratería no es nuevo, pero el fenómeno mediático de la piratería sí lo es. Hasta hace unos años que hubiera copias de artículos de empresas con cierta entidad no era malo. Incluso era socialmente positivo, sobre todo si la empresa era extranjera. Multitud de artículos de vestir piratas se venden frente a las puertas de los grandes almacenes o en los mercadillos de pueblo y en los tenderetes de los vendedores ambulantes. La proliferación de estos productos textiles o de marroquinería se ha multiplicado con la llegada de inmigrantes sin papeles que son usados en talleres ilegales. También por que mafias y otras organizaciones aprovechan las debilidades o ausencias legales de ciertos países, generalmente en el tercer mundo, para una vez confeccionadas las ropas-copias exportarlas y venderlas en occidente. Los márgenes son extraordinarios.

Sin embargo, lo que ha hecho saltar la liebre es la más moderna piratería de los CD’s y DVD’s y es que la ciencia avanza que es una barbaridad y la tecnología con ella. Hace unos años la grabación era más complicada. Para hacerlo en vinilo había que tener un equipo que pocos se podían permitir, la cinta de audio facilitó la cosa pero el ritmo de grabación era el mismo que la duración de la cinta o como mucho la mitad, y eso no daba lugar a que se pudieran piratear demasiados discos. Pero desde la aparición del CD y las tecnologías multimedia las copias se pueden hacer por miles al día y los otrora defensores de la piratería musical se han unido en asociaciones para defender sus derechos, vamos la pasta gansa, la guita, la plata, el dinero.

No voy a entrar en las razones de por qué la piratería tiene tanto éxito en España. Desde luego los precios de los discos y los videojuegos son cuanto menos exagerados, sobre todo para los bolsillos de los jóvenes que seguramente son los mayores consumidores de este tipo de ocio. Es más fácil que un adolescente se dirija a un mantero (término acuñado en España para aquellos individuos que venden las copias piratas por la calle que colocan en una sábana o manta) que entre en una tienda a comprar un disco. De esta manera, autores, productores y distribuidores ven menguados sus ingresos y piden soluciones a la administración. Es indudable que estamos ante un delito, y que este debe ser perseguido.

Tampoco voy a entrar en el polémico concepto de propiedad intelectual ya que eso daría para otro artículo pero si diré que presenta ciertos problemas conceptuales. Cuando yo compro un libro lo puedo leer pero ¿puedo reproducirlo de alguna manera?, en ese caso ¿leer un párrafo a otra persona es un delito? Si compro una película en DVD, ¿sólo la puedo ver yo o si la ve otro miembro de mi familia o algún amigo cometemos una ilegalidad? ¿Dejar un libro, disco o película puede terminar conmigo en la cárcel? ¿Qué clase de propiedad adquiero cuando compro alguna de estos productos culturales, el soporte, las ideas, todo o nada?


¿La Solución?

Ante la proliferación del ‘top manta’, que es como se denomina este fenómeno, seis asociaciones de autores, entre las que se encuentra la más famosa SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y la Asimelec (Asociación Multisectorial de Electrónica y Comunicaciones) ha llegado a un acuerdo para que los CD’s vírgenes soporten un canon ‘anti piratería’ entre los 13 céntimos y los 1,4 euros. El objetivo es avanzar en la lucha contra la piratería musical y es una tasa similar a la que se usa para las cintas de vídeo y de audio. Este canon que redunda en el consumidor, último eslabón de la cadena, es independiente de la información grabada y su destino.

Esto es importante porque la ley ampara o amparaba al ciudadano que quería hacer una copia de algún libro, disco o película si esta es para uso propio. Yo conozco varias personas que prefieren llevar discos copiados en el coche en vez del original que compraron en su día. De la misma manera, el estudio sobre fotocopias de un libro te puede permitir guardar en buenas condiciones el libro original y facilita esta labor, por lo menos ese fue mi caso. Para llegar a este acuerdo las asociaciones negociaron durante 20 meses y supone para los fabricantes e importadores la aceptación de la imposición del canon y para los autores la renuncia a llevar a las primeras a reclamaciones judiciales.

Resulta lamentable que en esta larga negociación no estuviera presente ninguna asociación de consumidores. No es extraño que asociaciones de internautas, seguramente uno de los colectivos más perjudicados, rechacen la tasa y se sientan abandonados por la Administración. ¿Estamos ante la rendición de aquellos que deben salvaguardar los derechos de los individuos ante un lobby con un poder casi monopolístico?


El Atropello

Sin embargo, ni los propios contrayentes del acuerdo tiene muy claro para que se ha tomado semejante medida, pues el comunicado de la agencia Europa Press se especifica la medida tiene como objetivo avanzar en la lucha anti pirata y, sin embargo, los fabricantes señalan que "a pesar de que todos estamos convencidos de que no todos estos soportes copian material protegido y que muchos se utilizan para aplicaciones profesionales –copias de seguridad o almacenamiento de información- y, por tanto, no debían pagar nada, no es menos cierto que los tribunales reconocieron al principio la validez del pago" y luego señalan que el acuerdo se refiere a las copias que individuos realizan legalmente para su uso exclusivo, "nada tienen que ver con la realización de miles de copias ilegales que no pagan derechos de autor y que son comercializadas de manera ilegal, esto es la piratería".

¿En qué quedamos? ¿Esta medida va contra la piratería o contra los profesionales y el ocio legal? Pero es que además esto tiene una dimensión nueva. Hemos creado la figura del presunto culpable. Sí amigo lector, usted es un presunto culpable y además tiene que pagar por eso. Concretamente hasta 1,40 euros por disco. Pero ¡qué dislate es este! Como Sabina, Aute, Ramoncín y compañía no pueden demostrar que si yo compro un disco es para realizar una copia pirata de alguno de sus discos, resuelven que la copia se hace, independientemente de si ocurre tal hecho, y que tengo que pagar por ello, como (presunto) delincuente que soy. Porque en el canon está la sentencia y el castigo. Este acuerdo es juez, fiscal y jurado a la vez. Yo pensaba que éramos inocentes mientras no se demostrara lo contrario. Yo creía que la inocencia estaba cubierta por la Constitución y las Leyes. Yo creía que estábamos amparados por el imperio de la ley. Y lo que veo es que soy un crédulo.

¿No estamos ante una medida inconstitucional? ¿No deberían las asociaciones de consumidores investigarlo y poner sus servicios jurídicos a trabajar en ello? ¿No estamos ante una medida confiscatoria por no decir ante un latrocinio? ¿No se debe perseguir al que delinque en vez de al que no y, en todo caso, demostrándolo? ¿Por qué ese tipo de asociaciones tienen un poder casi estatal? ¿Ante qué tipo de intervencionismos estamos? Así que ya sabe amigo lector, cuando compre un disco no tenga miedo a grabar lo que quiera, que ya ha pagado por adelantado.

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