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Fallas del mercado

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En qué consiste el punto de vista de las “fallas del mercado”

Las externalidades ocurren cuando las acciones de una o varias personas afectan a terceros. Según varios economistas, las externalidades pueden provocar fallas del mercado si el mecanismo de precios no considera los “costos sociales totales” y los “beneficios sociales totales” que tienen la producción y el consumo.

Tanto en el caso del productor como en el caso del consumidor el óptimo privado se logra a un nivel de cantidad producida , o a un nivel de consumo, mayor que el óptimo social, concluyendo que el interés particular no coincide con el interés social y por lo tanto ocurriría una falla del mercado, llegando en este punto a una conclusión opuesta a la de Adam Smith y de los economistas liberales según la cual cada uno persiguiendo su bienestar particular o promoviendo sus propios intereses promoverá los de la sociedad de un modo más efectivo que cuando intenta directamente promoverlos.

Según el mainstream economics, otra falla del mercado ocurre en el caso de los denominados “bienes públicos”. Estos bienes públicos tienen externalidades muy positivas haciendo que el mercado no los produzca por no ser rentables, es decir, el mercado no proveerá de estos bienes a los consumidores, y concluyen que el gobierno debe producirlos para que la gente tenga acceso a estos bienes.

 
 
Un enfoque alternativo

No se justifica la intervención del gobierno para “solucionar” las supuestas fallas del mercado, por las razones que vamos a exponer en este apartado.

El propio mercado soluciona el problema de las externalidades de múltiples maneras. Por ejemplo, puede desarrollar sistemas de exclusión como en el caso de la TV por cable o las autopistas privadas. En centros comerciales, los bienes públicos como luz, seguridad, calles, baños, etc, en donde aparecen free riders, se cobra a los dueños de los locales comerciales. Lo mismo sucedería con el típico ejemplo de bien común de los economistas convencionales: los faros. No sólo se podría cobrar a los comerciantes de los puertos cercanos, sino que de hecho la historia muestra que así se hizo.

Muchos de los problemas de los bienes públicos pueden solucionarse definiendo más claramente los derechos de propiedad. Un ejemplo son los animales que tienden a desaparecer en las regiones donde no hay un derecho de propiedad definido.

Sobre este punto la teoría de Coase muestra que la existencia de externalidades no da lugar a una mala asignación de los recursos productivos. El argumento de Coase es que si los costos de transacción son cero y los derechos de propiedad están claramente definidos y pueden hacerse respetar, el causante y receptor de una externalidad tendrán motivos para negociar entre sí. El problema según Coase se produce cuando los derechos de propiedad no están claramente definidos. En este caso nadie es responsable por los costos que generan las externalidades. Por ejemplo si una fábrica en la orilla de un río provoca contaminación del agua. Pero si el río es propiedad privada de alguien los dueños de la fábrica deberán pedir permiso al dueño del río para arrojar residuos. Si los derechos del río los tiene el mismo dueño de la fábrica entonces serían los pescadores los que tendrían que pagarle a la fábrica para que no contamine el agua. Pero si nadie es dueño del río nadie tiene incentivos para pagar los costos de detener la contaminación.

De esta manera Coase llega a una conclusión opuesta a la de Pigou y la doctrina de las fallas del mercado. El problema no es que no se tienen en cuenta los "costos sociales" en las decisiones económicas sino que los derechos de propiedad no están definidos. Por lo tanto en vez de favorecer una mayor intervención del Estado Coase da la solución postulando una mejor definición de los derechos de propiedad privada, reforzando de esta manera el principio de no intervención del Estado. En otras palabras, para esta escuela, las externalidades no nacen de "fallas del mercado" sino justamente al revés por la obstrucción al funcionamiento del libre mercado.

La “solución” de pasar la producción de los bienes públicos a manos del Estado empeora la falla y servicios. Los mercados logran la mejor solución posible. La producción óptima es la que se produce en los procesos de mercado (regidos por el principio de no agresión). La producción sub-óptima tiene lugar cuando los gobiernos alteran los mecanismos de mercado.[1]

La acción correctora del Estado tiene un costo mayor que la falla que se pretende remediar. Como dice Milton Friedman “[a]l igual que hay «defectos de mercado», también hay «defectos de Estado»... Y si estos efectos son importantes en una transacción de mercado, puede serlo igualmente en las medidas que toma el sector público para corregir el «defecto de mercado».” Si a las partes privadas les cuesta trabajo identificar quién les impone costes o les causa beneficios igual le ocurre al Estado. “Como consecuencia de ello, una Administración que trate de rectificar esta situación puede acabar empeorando las cosas, imponiendo costes a terceras partes inocentes o beneficiando a afortunados espectadores. Para financiar sus actividades debe recaudar impuestos, que por sí solos afectan ya a lo que hacen los contribuyentes –es decir, otro efecto sobre terceros-. Además todo incremento de poder público, para la cuestión que sea, aumenta el peligro de que el estado, en vez de servir a la gran mayoría de los ciudadanos, pueda convertirse en un medio por el que algunos de esos ciudadanos se aprovechen de otros. Como vemos, toda medida gubernamental lleva una chimenea en su espalda.”

La supuesta acción “correctora” tendría que obtener la información que se requiere para sus ajustes (impuestos y subsidios versus costos y beneficios privados y sociales de la falla y de la propia acción gubernamental), y esto es prácticamente imposible y si lo fuera sería demasiado costosa. Los partidarios de la intervención del gobierno para solucionar las fallas del mercado deben incluir dentro de sus curvas el costo en gasto público que implica juntar esa información, además que puede ser virtualmente imposible hacerlo.

Los incentivos de los funcionarios públicos son distintos a los que tienen las empresas privadas y las empresas del estado suelen ser mucho más ineficientes. Los políticos generalmente están guiados por el interés propio y no necesariamente por el de la población. Por ejemplo, los programas populistas son generalmente el principal motor de las acciones de los políticos para conseguir votos, es decir el sector público se mueve por incentivos diferentes, generando mayores ineficiencias, desperdicio de recursos, otorgando privilegios y costos mayores incluso a terceros.

Por otro lado, toda acción humana genera externalidades pero no todas generan precios (aporte de Mises), es decir, no por ello se tienen que generar precios monetarios. Además, hay efectos negativos que afectan derechos y efectos negativos que no afectan derechos.

Hoppe en su trabajo muestra que es ilusoria la distinción entre bienes públicos y privados y sostiene que todos los bienes son más o menos privados o públicos, y el grado en que lo son pueden cambiar, de hecho lo hacen constantemente, según se van modificando los valores y las evaluaciones de las personas y va cambiando la composición de la sociedad. “Para reconocer que los bienes no pueden ser incluidos de una vez y para siempre en una u otra categoría, sólo hay que recordar qué es lo que convierte a una cosa en un bien. Para que lo sea alguien tiene que considerarlo escaso y tratarlo como tal. Esto significa que una cosa no es un bien en sí misma, sino que sólo lo es para alguien. Únicamente adquiere la condición de bien si una persona la evalúa subjetivamente como tal. De esto se desprende que, si las cosas nunca son bienes en sí mismas –si su condición de bienes económicos no puede determinarse por un análisis fisicoquímico-, es obvio que no existe un criterio invariable para clasificar un bien como privado o público. Los bienes nunca pueden ser una cosa u otra en sí mismos. Su carácter público o privado depende de cuántas o cuán pocas personas los consideren como bienes, y el grado en que son públicos o privados varían a medida que lo hacen las evaluaciones y van desde uno hasta el infinito... Siendo así, no es posible basar ninguna decisión sobre un bien como público o privado”, pero, más allá de eso, puntualiza que “lo que es imposible es decidir si rechazar o no el resultado de la operación de un mercado libre basándose en la evaluación del grado en el cual un bien es público o privado”. Hoppe muestra que la distinción entre bienes públicos y privados, además de ser subjetiva (o en algunos casos arbitraria o impuesta) no es útil para decidir qué es lo que se deja librado al mercado.

Más allá de argumentos utilitaristas o de eficiencia, la intervención del gobierno tiene un problema ético, ya que cualquier intervención del Estado requiere de dinero para financiarlo, el mismo que lo obtiene mediante la fuerza, la agresión y violando los derechos innatos de las personas (al libre usufructo de su trabajo y su propiedad). La función correcta del gobierno es proteger los derechos innatos de los individuos y es, por tanto, inmoral que el gobierno use la fuerza para afectar esos derechos, en definitiva: no es función correcta del gobierno.

 

 
Conclusión
 

Los argumentos con los que se intenta probar las fallas del mercado son claramente absurdos, lo único que demuestran es que el mercado no es perfecto y se caracteriza por el principio de no agresión impuesto en condiciones de escasez; de este modo, aquellos bienes que sólo podrían producirse si la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Pero, esta imperfección del mercado es defendible, tanto en el aspecto ético como en el económico y no justifica las intervenciones del gobierno que generan verdaderas “fallas” o “desastres”. (Hoppe)

 
 
Bibliografía
 
  • Benegas Lynch (h), Alberto, Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado, Fundación Friedrich A. Von Hayek, http://www.hayek.org.ar/art_ensayos/art_ensayos.jsp
  • Cachanosky, Juan Carlos, Externalidades y fallas del mercado.
  • Harold Demsetz, Hacia una teoría de los derechos de propiedad
  • Friedman, Milton y Rose Friedman, Free to Choose, Hardcourt Brace Jovanovich, Capítulo 8.
  • Harper, F. A., Why Wages Rise, The Foundation for Economic Education.
  • Hoppe, Hans-Hermann, Falacias de la Teoría de los Bienes Públicos y la producción de seguridad.
  • Mises Ludwig von, Socialism
  • Röpke, Wilhem, Introducción a la Economía Política, Unión Editorial, Capítulo: "Pobres y Ricos"
  • Rothbard, Murray N, La falacia del sector público, CEES, Guatemala.
  • Rothbard, Murray N, La Ética de la Libertad, Unión Editorial, Madrid, 1995
  • Rothbard, Murray N., Man, Economy and State, Nash Publishing, Capítulo 4.
  • Seldon Arthur, Capitalismo, Ediciones Folio S.A., Barcelona, 1997
  • Skousen, Mark, La economía en tela de juicio, Addison-Wesley Iberoamericana, 1994, Wilmington, USA.


[1] Benegas Lynch y Hoppe explican muy bien este punto, que por razones de espacio me limito solamente a indicar.