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La extensión del foralismo en España

Por Manuel Llamas

Rothbard afirma que la creación del Estado-nación moderno surgió de la conquista "imperial" a través de la centralización de los poderes que ostentaban las nacionalidades periféricas. Así, resulta absurdo pensar que el Estado es poseedor de todo su ámbito geográfico en la misma medida en que un individuo es propietario de su cuerpo y bienes materiales. Según Rothbard, resulta del todo insostenible defender la proclamación del Estado como propietario absoluto, en todo tiempo y lugar, del espacio físico sobre el que se asienta esgrimiendo el concepto de "integridad territorial", ya que tal radio de influencia ha sido adquirido, bien mediante el ejercicio de la fuerza, bien mediante acuerdos voluntarios que bien podrían ser rescindidos.

De este modo, en su trabajo Naciones por consentimiento. Descomponiendo el Estado-Nación, retoma la teoría del consentimiento del poder emprendida por Juan de Mariana. Rothbard concluye que no todas las fronteras comprendidas bajo el Estado-nación son justas. Sólo será legítimo en la medida en que dichas naciones se adhieran a esa mayor entidad bajo su libre consentimiento. Es más, cada nacionalidad, entendida ésta como masa social perteneciente a una misma cultura o valores, debería ser libre de adherirse o secesionarse de cualquier Estado-nación de forma voluntaria mediante libres acuerdos. Así, los escoceses, según Rothbard, deberían poder separarse de Reino Unido para ser independientes e, incluso, crear una nueva entidad junto a otras naciones a modo de Confederación Céltica. Aquí radica la teoría del libre consentimiento.

Por otro lado, Rothbard asegura que un mayor número de nuevas naciones, de tamaño por tanto más reducido, puede incluso favorecer el desarrollo del libre mercado. A modo de ejemplo, imagínense que cada provincia, vecindario o bloque de edificios imprimiese su propio papel moneda. Esto haría más evidente aún la ineficacia del dinero fiduciario por vía forzosa. Por el contrario, un mundo más descentralizado haría mucho más atractivo el valor de una moneda basada en el oro o la plata.

De hecho, el modelo anarcocapitalista de Rothbard, centrado en la privatización total de calles, distritos y vecindarios (en manos de personas o agencias) discurre, como es lógico, por la senda de la mayor descentralización administrativa posible, de modo que un poder político fuerte y centralizado sería del todo inviable.

De este modo, la descentralización ha de ser entendida como una vía realista y cierta para la consecución de una mayor libertad individual, ya que el poder estatal quedaría contrarrestado a través de la competencia administrativa proveniente de otras entidades políticas en competencia directa.

¿Pero se traduce de algún modo esto en la práctica?

Bien, echemos un vistazo al índice de libertad económica que elabora anualmente la Fundación Heritage, que analiza 157 países de todo el mundo. En la edición de 2008, recientemente publicada, observamos que los modelos federalistas y secesionistas ocupan los primeros puestos de la tabla.

El ranking lo lidera nuevamente Hong Kong, que formalmente se constituye como República Administrativa Especial de la República Popular China, tras su descolonización por el Reino Unido en 1997.

Le sigue Singapur que, durante la II Guerra Mundial cayó bajo el dominio del Imperio Japonés. Posteriormente, en la década de los 60 se constituye como república independiente tras secesionarse de la Federación de Malasia.

El tercer puesto es ocupado por Irlanda, constituido como país independiente del Reino Unido en la primera mitad del siglo XX. Mientras que el cuarto y quinto puesto son ocupados por Australia y EE.UU, respectivamente, ambos con sistemas políticos federales. Es más, el modelo federal de Canadá (puesto 7) y el cantonés de Suiza (9), superan incluso en libertad económica a la avanzada economía liberal de Reino Unido.

Letonia, una república ex soviética alcanza el puesto 12. Todo un avance si tenemos en cuenta que hace menos de 20 años sufría el yugo impuesto por Moscú. También cabe destacar las posiciones que ocupan los denominados paraísos fiscales. Pequeñas entidades políticas que aprovechan su autonomía tributaria para atraer un gran volumen de capitales que, a su vez, redunda en el bienestar económico de sus ciudadanos: es el caso de Luxemburgo (15), Islas Mauricio (18), Barbados (21), Chipre (22) o Bahamas (24), por poner algunos ejemplos. Todos ellos por delante de España, que se sitúa en el puesto 31 del ranking.

Por el contrario, los países comunistas, de poder gubernamental fuertemente concentrado en pocas manos, reflejan la ausencia total de libertad individual y pobreza económica. Así, los últimos puestos de la tabla corresponden a Corea del Norte, Cuba y Zimbabwe. Otros casos preocupantes son los de Venezuela (148) y Bolivia (123), cuya regresión en el índice es creciente, y cuyos gobiernos comunistas pugnan en la actualidad por borrar del mapa todo atisbo de autonomía regional en sus respectivos países.

¿Casualidad? Lo dudo. En la actualidad, el sistema político español está viviendo un proceso de transformación y profundo cambio que, en la práctica, modifica de forma sustancial el funcionamiento del Estado. En esencia, España avanza hacia el federalismo de modo irreversible.

En la actualidad, las comunidades autónomas ingresan un 33% del IRPF, un 35% de IVA y un 40% de Impuestos Especiales. Pero la reforma del modelo de financiación autonómico, aún por negociar, incrementará dicha participación en los impuestos estatales, al hilo de la senda marcada por el Estatut catalán. Los tramos se elevarán al 50% del IRPF y de IVA y al 58% de los Especiales. Las comunidades autónomas gestionan ya más recursos que el propio Estado en materia de gasto. Así, el gasto público regional, en cuanto a operaciones no financieras, aumentará de media un 6,03% en 2008, hasta alcanzar los 164.396 millones de euros. Esto supone un 7,76% más que el gasto que contempla los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio: 152.560 millones.

Sin, duda, alguno dirá que tal proceso también se está traduciendo en una regresión de las libertades individuales y en el auge de nuevas trabas administrativas y fiscales al libre mercado en ciertas comunidades autónomas. Y no les falta razón. Sin embargo, observo más oportunidades que desventajas.

La descentralización conlleva el auge de entidades administrativas con capacidad autónoma, aunque de momento limitada, para establecer sus propios marcos y normas regulatorias dentro del propio Estado nacional, fomentando con ello la competencia fiscal y económica entre los diversos territorios que lo constituyen y, al mismo tiempo, dificultando, en gran medida, el intervencionismo homogeneizador del Gobierno central.

Ya en 2007, podíamos observar las siguientes diferencias fiscales en función de la residencia del contribuyente. Por poner un ejemplo, una familia integrada por dos cónyuges, una hija de cuatro años y un hijo de ocho meses, con unas rentas medias inferiores a 43.000 euros y con una hipoteca pagarían en Madrid 2.418 euros en IRPF frente a los 3.240 de Asturias o Aragón, según un estudio del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Debido en parte a las deducciones aplicadas en cada territorio.

Pero esto tan sólo es el inicio. El proceso de creciente diferenciación tributaria, avanza más allá, mediante la eliminación de algunas figuras fiscales ciertamente gravosas. A este respecto, destaca la Comunidad de Madrid como referente obligado para el resto de regiones a la hora de fijar sus respectivas políticas fiscales. Desde su llegada al poder en 2003, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha provocado un efecto arrastre en la eliminación de determinados impuestos. Y es que Madrid ha originado una competencia fiscal a nivel regional que, lejos de detenerse, tiene visos de avanzar con fuerza a la vista de los resultados obtenidos.

Desde hace algo más de dos años, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones goza de una bonificación del 99% en Madrid. Si no se ha suprimido es porque tal competencia pertenece al Estado al tratarse de un impuesto cedido.

Su implantación ha generado un aumento sustancial de este tipo de transmisiones en Madrid. Las autonomías populares ya contemplan la puesta en marcha de esta misma medida. Esto ha obligado a que los gobiernos regionales del PSOE aboguen por su eliminación (Castilla-La Mancha) o barajen reducciones importantes, con el fin de no perder competitividad frente a las ventajas tributarias del resto.

A finales del pasado año el Ejecutivo madrileño anunció una "drástica" rebaja de tipos en el Impuesto de Patrimonio (IP). Aguirre situó el máximo en el 1,5% a partir del 1 de enero, mientras que en el resto del Estado se mantendrá en el 2,5%, al tiempo que redujo de ocho a seis los tramos de este tributo, que grava la riqueza de los contribuyentes.

Sin embargo, el objetivo último del Gobierno regional consiste en dejar inoperativa esta carga fiscal a partir de 2010, mediante exenciones de hasta el 99%, tal y como anunció la presidenta madrileña en su discurso de investidura del pasado mes de junio.

Las reacciones a esta iniciativa no se han hecho esperar a nivel político: el propio PSOE ha anunciado la eliminación del IP en toda España, contradiciendo su supuesta ideología progresista. Hasta el momento, tan sólo Cantabria, Canarias, Cataluña, Galicia y Extremadura habían elevado en diferente grado, el mínimo exento de cotización, pero sin llegar a aplicar rebajas de tipos.

Sin embargo, Madrid se ha convertido en un ejemplo a seguir para las comunidades gobernadas por el PP, ya que se muestran dispuestas a avanzar por la senda de las reducciones fiscales que marca Aguirre: Valencia, Murcia, La Rioja Castilla y León o Canarias –tras el pacto entre PP y CC– anunciaron el pasado año la supresión de esta carga para los contribuyentes con patrimonios bajos y medios, entre diversas deducciones impositivas.

Ante este proceso, resultó sorprendente la respuesta del consejero de Economía de la Generalitat que, contradiciendo su tradicional discurso sobre la defensa de la autonomía fiscal, abogaba por la intervención del Estado para que estableciera un umbral mínimo ante las rebajas "desleales" de Madrid y, sobre todo, Valencia. Y es que, en los últimos años, se viene presenciando un creciente trasvase de capital, sedes empresariales y registros de residencia entre comunidades autónomas que responde estrictamente a motivos fiscales (es el denominado voto con los pies).

Así pues, ya no es algo exclusivo de Navarra y País Vasco (territorios forales) que, por cierto, lideraron nuevamente en 2007 todos los indicadores económicos de bienestar, riqueza y renta per cápita del país. En concreto, según los últimos datos oficiales, los vascos disponen de una PIB per cápita de 30.600 euros, duplicando casi la de los extremeños y andaluces. Le siguen Madrid (29.900) y Navarra (29.500).

Por el contrario, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, receptores netos de los recursos tributarios de las comunidades autónomas más ricas, siguen ocupando los puestos de cola en este ámbito. Su PIB per cápita sigue siendo inferior al 80% del PIB per cápita medio español (situado en 23.396 euros).

De hecho, la diferencia entre regiones ricas y pobres se ha ampliado el pasado año, poniendo en evidencia algo que la Escuela Austriaca viene demostrando desde sus inicios: la redistribución de los recursos no genera en ningún caso riqueza ni capital, tan sólo dependencia e ineficiencias económicas.

En este sentido, el sistema de financiación autonómica regional gira sobre el eje del controvertido concepto de "solidaridad interterritorial". Pero de solidaridad nada de nada. Se trata de una mera imposición estatal basada en la transferencia bruta del capital usurpado a los contribuyentes de las comunidades autónomas más ricas a favor de las más pobres.

Este sistema tan sólo ha generado una amplia red pública de subvenciones y clientelas políticas a favor de determinados colectivos (véase mineros, agricultores o empresas públicas autonómicas, por citar tan sólo algunos ejemplos) que en nada ha contribuido al desarrollo de sus respectivas economías. Además, los criterios de reparto dependen más del equilibrio de fuerzas políticas (juego de alianzas democráticas) propio de lo partidos que de las necesidades reales de financiación pública.

De hecho, tal y como reflejan los últimos datos de la Contabilidad Regional Nacional del INE, la brecha del PIB per cápita entre ricos y pobres (vascos y extremeños) se acentúa. El Fondo de Suficiencia prevé el reparto de 33.648 millones de euros en 2008, entre todas las autonomías de régimen común. Pero, ¿cómo se distribuye el pastel? Según un informe del Servicio de Estudios del BBVA, Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al conjunto del Estado, con una media de 12.304 millones de euros durante el periodo comprendido entre 1991 y 2005, duplicando la contribución de Cataluña (6.934 millones), segunda autonomía que más aporta al sistema de solidaridad.

Dicha cuantía equivale a la diferencia que existe entre los recursos aportados al erario público por los contribuyentes de cada región en comparación con las prestaciones recibidas de la Administración Pública Central en esta etapa. Así, la Comunidad de Madrid se sitúa como el principal contribuyente neto del sistema de solidaridad interterritorial existente en España, seguido de Cataluña, Baleares, con un saldo negativo de 770 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, cuyo déficit fiscal alcanza los 228 millones.

Los resultados del informe reflejan que el sistema de reparto mantiene, en general, (a excepción del caso particular de las regiones forales), la lógica que inspira el principio de solidaridad interterritorial: las regiones con más recursos (Madrid y Cataluña concentran cerca del 40% del PIB nacional) deben aportar más dinero (impuestos), para favorecer a las más pobres.

Las autonomías que son beneficiarias netas del sistema son Andalucía, con una balanza fiscal positiva de 10.237 millones de euros, seguida de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, cuyos saldos se sitúan entre los 4.000 y los 2.000 millones.

Con dicho modelo, el saldo negativo de Cataluña con respecto a su PIB se eleva hasta el 5,2% (en Madrid se eleva al 10,18%). Así, atendiendo a los ingresos imputados, es decir, a las cargas impositivas que nutren las arcas del Estado, las comunidades que más contribuyen a financiar la Administración Central son Madrid y Cataluña, con una aportación media per cápita de 7.826 y 6.754 euros, respectivamente, entre 1991 y 2005.

Por el contrario, Navarra, Canarias, Extremadura y País Vasco son las que menos aportan, con una contribución media por habitante inferior a los 4.000 euros. Y eso que tanto Navarra como el País Vasco, que gozan de regímenes forales, lideran el nivel de riqueza per cápita nacional. De hecho, en términos de balanza fiscal, el saldo de Navarra arroja una aportación estatal extra de 584 euros per cápita, mientras que en el País Vasco se eleva hasta los 792 euros.

Así pues, la descentralización política y administrativa, que tantos insisten en criticar, lejos de suponer un peligro o riesgo, acentúa dos esferas básicas de la praxis política. Por un lado, la autoridad de los gobiernos locales y regionales, lo cual implica el acercamiento de la administración a los ciudadanos, en términos de eficiencia, accesibilidad y comprensión. Pero también, en cuanto a la posibilidad de ejercer un control más férreo y directo de la gestión pública por parte de los individuos, ya que la decisión de aumentar impuestos es mucho más perceptible.

Por otro, al competir más estrechamente, con entes descentralizados similares, el Gobierno regional pondrá énfasis y esfuerzo en el desarrollo y mantenimiento de políticas públicas claramente tendentes a mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento económico puesto que, de no seguir tal dinámica, su población emigraría a contextos más favorables para sus intereses particulares, votando con los pies.

Tal argumentación teórica ya está demostrando algunos de sus efectos: el impuesto de sucesiones y donaciones, en manos de las autonomías, tiende a desaparecer; algunos gobiernos, como el de Madrid, ha anunciado rebajas tributarias notables en las rentas individuales, mientras que otras, como el País Vasco o Navarra, aspiran a bajar aún más el impuesto de Sociedades.

La España de las Autonomías ofrece así un escenario político favorable para el desarrollo y puesta en práctica de medidas liberales... Y todo ello, gracias a un principio económico básico: la libre competencia. Sólo que, en este caso, no se aplica sobre empresas o individuos, sino sobre entes administrativos, cuyo fin, no olvidemos, es igual al del resto: la mayor obtención de beneficios (impuestos) a través de la captación de clientes (contribuyentes). Luxemburgo, Mónaco, Irlanda, Andorra o Gibraltar constituyen hoy en día claros ejemplos de las premisas aquí expuestas.

A pesar de todo, cabe recordar también que la tan recurrente redistribución económica, igualmente aplicable al mercado interterritorial (Fondo de Suficiencia, subvenciones de la UE, etc.) configura un marco de competencia desleal y elevada intervención política que, sin duda, desvirtúa en gran medida los numerosos logros y avances propios de la descentralización administrativa que propugna y defiende el pensamiento liberal. Por ello, se hace necesaria la eliminación de este sistema de redistribución interterritorial de ingresos fiscales.

Autores austríacos de la talla de Rothbard, Hans Hermann Hoppe, el español López Amo o el propio Huerta de Soto han avanzado en la línea de la defensa de la descentralización política. Un ámbito en el que España se ha convertido en referente internacional a lo largo de los últimos años. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar.

Desde mi punto de vista, asistimos a una oportunidad histórica para el tránsito del estado autonómico a un estado federal. Y más aún, para la posible consolidación en el futuro de un modelo netamente foral (ya sea de regiones o de provincias) en el que las distintas comunidades administrativas dispongan de plena autonomía tributaria bajo el principio de libre consentimiento. De este modo, se abre una puerta a la configuración de un Estado central mínimo que se alimentaría de las aportaciones voluntarias de cada entidad política, bajo la férrea y cercana supervisión de sus respectivos contribuyentes.

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