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Los diez secretos mejor guardados de las pensiones públicas

Por Francisco Moreno

Dentro de poco, para que las pensiones públicas puedan seguir pagándose, el Gobierno de turno nos informará que deben hacerse "unos pequeños ajustes": o bien tocará trabajar más años o bien la cuantía de las pensiones se reducirá. Es perfectamente posible que se nos diga que deben aplicarse ambas medidas a la vez. Tendremos entonces un regusto amargo y la certeza de que nos han estado tomando el pelo descaradamente desde el poder. Tal vez entonces el grueso de la población se entere al fin de algunos secretos sobre este fraude institucional que, disfrazado de protección social, venimos padeciendo desde los tiempos de Franco, a saber:

1. Sistema de reparto no capitalizado

Las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad social (TSS) no se capitalizan sino que son básicamente un instrumento de distribución inmediata de rentas intergeneracionales sin crear riqueza alguna. A pesar de que la totalidad de las aportaciones a la TSS (las del empleado y las de la empresa) es un dinero ingresado en su conjunto en nombre del trabajador, éste no obtiene derecho de propiedad alguno sobre dicho "ahorro" sino una mera expectativa de futuro cobro. Renuncia a un patrimonio propio a cambio de una peligrosa servidumbre de gestión estatal.

2. Superávit exiguo

Fruto de los pactos de Toledo en 1997, el contador del déficit de la Seguridad Social se puso a cero una vez se "sanearon" sus cuentas al transferir a los presupuestos generales del Estado las obligaciones derivadas del sistema sanitario y de los servicios sociales. Con ello la Seguridad Social ha ido haciendo una hucha (Fondo de reserva) con los superávit logrados desde 1999. Pues bien, a pesar de este maquillaje, se prevé que de aquí a poco el sistema de pensiones públicas entre en déficit de nuevo y la hucha actual, el tan cacareado superávit (unos 58.500 millones de euros actualmente) solo daría para nueve meses de pagos a los pensionistas. Tocará, pues, ir progresivamente aplicando artilugios restrictivos al cobro de las pensiones futuras, esto es: se variará la fórmula de fijar la subida anual de las pensiones, se computará no los actuales 15 últimos años de cotización, sino toda la vida laboral del trabajador (incluidos los primeros años en que se cotizaba poco) para fijar la cuantía global de cada pensión y se retrasará la edad de jubilación (¡a por los 70 años en activo!).

3. Dependencia poblacional

Para poder cobrar el trabajador al final de su vida laboral en un sistema público de pensiones, se precisa absolutamente que haya suficiente gente en activo a la que expoliar en ese momento, cosa difícil de lograr en el futuro debido a nuestra baja tasa de natalidad (la menor de Europa) y al fenómeno de la inversión de la pirámide poblacional: tenemos los españoles la mala costumbre de parir poco y vivir de media un año más cada decenio que pasa. España es la cuarta nación en albergar la población más envejecida del mundo, detrás de Japón, Italia y Alemania; si la tendencia sigue igual –y nada hace pensar que vaya a cambiar– para el 2050 ocupará el segundo puesto en el ranking mundial. Además, para mitigar dicha circunstancia nadie puede asegurar que la coyuntura económica sea siempre favorable para propiciar la llegada de inmigrantes a nuestro país. Se sabe que éstos acuden allá donde se genera riqueza pero nuestro gobierno persiste en esquilmarla de manera suicida, trufado como está de ideología intervencionista y keynesiana.

4. Escamoteo de dinero

Entender los fructíferos rendimientos que se generan de la capitalización del interés compuesto del ahorro privado invertido durante extensos periodos de tiempo nos sirve para ver cuán escasas son las pensiones que se nos ofrece en el actual modelo coactivo de mero reparto. Se nos está sisando mucho dinero por el hecho de obligarnos a renunciar no sólo al rendimiento de un capital sino también a la acumulación de intereses sobre el principal inicial en un proceso de retroalimentación que ensancha, año a año, la base del capital total. Dicho enriquecimiento (hoy escamoteado) nos permitiría adelantar la edad de jubilación a una edad mucho más temprana que la fijada por el BOE.

5. Fraude

El mecanismo de las pensiones gestionadas por la "Seguridad" Social es un sistema piramidal estilo Ponzi. Si un particular monta una empresa privada y hace lo mismo a pequeña escala, le meten derechito en la cárcel. Estos sistemas de aceptación de ingresos sin capitalizar en los que se pagan a los antiguos "socios" con las aportaciones de los recién llegados (i.e. Afinsa, Forum filatélico, Madoff) son una estafa como una catedral. Nada cambia éticamente si alcanza coactivamente a toda la población activa de un Estado.

6. Impuesto al trabajo

La financiación de la Seguridad Social por impuestos peculiares que recaen sobre los salarios (cuotas de las cotizaciones) aumenta los costes de trabajo y constituye un importante factor de disuasión y desincentivo para la contratación.Para aquellos que reclaman cambios estructurales en el mercado laboral, deberían reconsiderar en primer lugar el papel fuertemente disuasorio de las cotizaciones sociales (de aplicación general a todos y cada uno de los trabajadores en plantilla de una empresa y con un devengo indefectible mensual) y no tanto el importe de las indemnizaciones por despido (que son ocasionales). Nada desincentiva más a contratar que la obligación que asume el empleador de pagar todos los meses elevadas aportaciones a la Seguridad social cada vez que firma un contrato laboral; estamos hablando de pesadas cargas que se adosan como lapas a todo el tejido productivo y creador de puestos de trabajo. Conviene no olvidar que las cotizaciones de la Seguridad social que se pagan en España por los más emprendedores son de las más altas en Europa.

7. Se pagan dos cuotas, no una

Aparte de la cotización mensual por contingencias comunes (4,7% del salario bruto) que se ingresa en la TSS por parte del trabajador (cuota obrera) hay otro importante pago mensual a la TSS por ese mismo contratado por parte de la empresa que supone aproximadamente un tercio adicional de su salario bruto (o más propiamente hablando, de su base de cotización). Esta segunda y abultada cotización (cuota empresarial) es una cantidad oculta muchas veces a los ojos del trabajador por cuenta ajena, que sólo ve su cuota obrera reflejada en su nómina y en su certificado de retenciones para la declaración del IRPF. Cuando un empleado recibe un salario de, digamos, 1.500 euros brutos mensuales (con las pagas extras prorrateadas) piensa que esa cantidad es lo que le cuesta a la empresa, cuando el verdadero coste salarial total que supone para dicha empresa son unos 1.980 euros al mes. Esos 480 euros adicionales de su salario bruto es parte de la aportación empresarial a la TSS que todo empleador ingresa cada mes –en nombre de su contratado– por los 1.500 euros brutos declarados de su trabajador. Con esa cuota patronal (480 euros) más la cuota obrera (94 euros) podría éste contratar privadamente, si le dejaran desengancharse voluntariamente del sistema público, un fecundo plan privado de pensiones o de jubilación (incluso un seguro médico y de accidentes) sin menoscabo alguno de su poder adquisitivo.

8. Merma de competitividad

El sobrecoste que sufre el trabajo –vía cotizaciones– afecta también a nuestra competitividad, tanto la interior (pues llegan a nuestro mercado interno productos de otros países que no padecen ese coste tan elevado en su fuerza de trabajo) como la exterior (a diferencia del IVA y de los impuestos indirectos, en la facturación de nuestros exportadores no se autorizan las devoluciones de las cuotas ingresadas a la Seguridad social).

Si a esto se añade la tradicional dificultad de crear una empresa, los elevados costes futuros de energía (cerrando centrales nucleares viables y apostando por energías verdes y re-caras), los de transporte (ante la previsible alza del precio del crudo), los costes financieros (dados los plazos de pago que se gastan aquí), el rally alcista de los impuestos indirectos, el esfuerzo fiscal desmedido de nuestras pymes y el escaso incentivo fiscal para la inversión en I+D+i el panorama para nuestra competitividad no es que sea poco halagüeño, sino que es hostil a toda mejora. Los políticos celtíberos olvidan que la competitividad es, a fin de cuentas, la que financia realmente el gasto público sin necesidad de recurrir a un endeudamiento público alocado.

9. Éxito de pensiones privadas alternativas

Desde el punto de vista empírico, ya existen sistemas exitosos de pensiones total o parcialmente privadas en otros países como el caso de Chile (nov. 1980, reforma de las pensiones de José Piñera Echeñique), Suecia (que fue la primera nación en implantar un sistema público de jubilación universal ha iniciado la privatización del mismo en la década de los 90 con la introducción de las pensiones premium en las reformas de 1994/98) y de Nueva Zelanda (Julio 2007, con el optional KiwiSaver scheme) en los que el trabajador puede optar libremente por seguir en el sistema público (sin capitalizar) o desengancharse progresivamente del mismo y pasar a un sistema donde se dé cabida a un verdadero ahorro privado (con capitalización compuesta).

Con ello se enriquece el afectado, se estimula el trabajo y se fomenta en esos países una muy saludable propensión al ahorro, base de la capitalización de cualquier sistema productivo (logrando, así, un círculo virtuoso). Vemos, por tanto, que en la actualidad hay algunas naciones desarrolladas que están ya transitando por el camino correcto para dejar atrás el bienintencionado pero completamente insostenible sistema de pensiones públicas ideado por el conservador Bismarck y amplificado por la socialdemocracia del siglo XX.

Argentina es un caso aparte en el mundo pues ha pasado de un subsistema privado de pensiones nacido en 1994 a la reciente nacionalización del mismo tras ser asaltado por la facinerosa administración Kirchner con el pretexto de "proteger" a los jubilados a raíz de la actual crisis financiera.

10. Los funcionarios se apuntan a las pensiones privadas

En España desde finales de 2004, los empleados públicos de la Administración General del Estado, con más de medio millón de partícipes, cuentan ya con un plan de pensiones privado que servirá de complemento a las pensiones públicas. Por supuesto cada uno de los partícipes tiene capitalizada una parte individualizada dentro del fondo (derechos consolidados). Los empleados públicos de las comunidades autónomas están haciendo lo mismo. Esto es ya frecuente en muchos otros países.

Pocos argumentos a favor de la privatización son más contundentes cuando se comprueba que una casta privilegiada, generalmente propensa a la intervención del Estado en los asuntos humanos, se decanta en bloque por un sistema privado complementario. Lo mismo sucede en la libre facultad de acceso a la sanidad privada de nuestros funcionarios estatales (que no tienen un pelo de tontos cuando la cosa afecta a su bolsillo) sin necesidad de pagar dos veces como sí sucede con el resto de los acorralados contribuyentes.

La seguridad financiera de nuestra vejez merece que se desvelen todos estos secretos.

Nuestros políticos nos ocultan todas estas cosas porque no hay coraje para poner el cascabel al gato y porque, a la postre, no desean que nos zafemos de su servidumbre y podamos crear una sociedad de propietarios que pueda ser financieramente independiente.

Coda final

La progresía se mantiene en sus trece para apuntalar el entuerto. Ahí va una pequeña muestra: para salvar el actual sistema de pensiones públicas Viçenc Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, propone prohibir a las empresas que echen mano de las prejubilaciones, poner a trabajar a más mujeres o, como último recurso (a que no se lo imaginan), financiar adicionalmente la Seguridad social quebrada con impuestos generales a cargo del contribuyente.

Por desgracia, no me cabe duda que nuestros "amigos" progresistas se sacarán de la chistera otras muchas propuestas que nos harán a todos más serviles antes de que se derrumbe completamente el actual sistema insostenible de pensiones públicas.

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