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¿Qué es el intervencionismo?

Por George Reisman
Traducido por Carlos Oliver Yébenes

Copyright © 2003 by George Reisman. Todos los derechos reservados.
George Reisman, Ph.D., es profesor de economía en la Escuela de Negocios y Gestión de la Universidad Pepperdine y es el autor de Capitalism: A Treatise on Economics (Ottawa, Illinois: Jameson Books, 1996). Su página web es www.capitalism.net.
El intervencionismo es cualquier acto del gobierno que representa el inicio de fuerza física y al mismo tiempo no llega a imponer un sistema económico socialista completo en el que la producción se desarrolla enteramente o al menos característicamente, por iniciativa del gobierno. Al contrario que en el socialismo, el intervencionismo es un sistema en que la producción se caracteriza por desarrollarse por iniciativa privada, incluyendo empresas privadas, y el motivo último es el deseo de obtener beneficio. El intervencionismo existe en el marco de una economía de mercado, aunque como Von Mises dice, una economía de mercado así es una economía de mercado entorpecida.
 
Muchos países, de los que a menudo se piensa que son socialistas, bien sea ahora o en el pasado, como Suecia, Israel, y el Reino Unido bajo el antiguo partido laborista, deberían verse como economías de mercado entorpecidas y restringidas porque la producción en esos países se caracteriza o caracterizaba, por desarrollarse bajo iniciativa privada, y motivada por el beneficio. El efecto del intervencionismo extensivo en esos países es o era el de impedir a los ciudadanos hacer muchísimas cosas que habrían hecho si hubieran sido libres de hacerlo y el de obligar a hacer muchísimas cosas que no habrían hecho si no hubieran sido obligados a hacerlo. Pero dentro de esos límites, las decisiones que atañen a la producción se toman y tomaban por individuos motivados por la posibilidad de obtener beneficios y evitar pérdidas. Por tanto, es todavía la iniciativa privada, motivada por el beneficio, la que anima e impulsa la economía de esos países. El hecho de que el partido en el gobierno de esos países se llame socialista y apoye la filosofía del socialismo no es suficiente para convertir a esos países en estados socialistas.
 
Los únicos países verdaderamente socialistas que han existido son la antigua Unión Soviética y sus países satélites del este de Europa, la China comunista y sus satélites, Cuba y muy importante también, la Alemania Nazi. Mises explica que la Alemania Nazi era un estado socialista por virtud de la existencia de “multitud de controles de precios y las escasez que provocan”. Como respuesta a la existencia de escaseces y el caos económico que las acompaña, el gobierno toma el control de las decisiones fundamentales que atañen a la producción, tales como qué es lo que se produce, en qué cantidades, con qué métodos, y quién consume el producto. Mises llama a ese socialismo, modelo de socialismo alemán o nazi, para distinguirlo del socialismo de los soviéticos, en el que todos los medios de producción están nacionalizados y al que llama modelo de socialismo ruso o bolchevique.
 
El modelo de socialismo alemán es engañoso y a menudo se confunde con el capitalismo porque mantiene la apariencia exterior de propiedad privada de los medios de producción y por tanto de capitalismo. Sin embargo, bajo el estilo nazi de socialismo, la propiedad privada existe como nombre solamente. El poder de tomar todas las decisiones fundamentales, que es la esencia de la propiedad, está en las manos del gobierno y es ejercido por el gobierno. El modelo de socialismo alemán o nazi es un socialismo de facto.
 
De esta manera la distinción entre intervencionismo y socialismo es ahora clara.
 
Sin embargo, también es necesario distinguir el intervencionismo de la acción adecuada y legítima del gobierno, que no constituye intervencionismo.
 
Toda acción gubernamental, buena o mala, lleva consigo el uso de la fuerza física, como bien dice una expresión latina “nulla lege sine poena” que significa “no hay ley sin castigo”. Cada ley, edicto, decreto o regulación que pone en marcha el gobierno, está respaldada por el uso de la fuerza física, llegando incluso al extremo de la muerte si alguien no la obedece. Y esto se aplica incluso a las ofensas sin demasiada importancia, como la negativa a llevar el cinturón de seguridad o de pagar una multa de aparcamiento. Primero, pueden llegar avisos sobre la falta, en forma de cartas, luego, las cartas se hacen más y más agresivas, pidiendo el pago de la multa. Si no se obedecen, vienen multas mayores y por último llega el arresto y la prisión. Y si cuando los oficiales van a arrestar al infractor, éste se resiste, entonces se aplicará toda la fuerza que sea necesaria para vencer esta resistencia incluyendo el uso de armas de fuego y francotiradores.
 
Pero de ninguna manera todos estos ejemplos son erróneos, o no razonables o rechazables. Hay asesinos, ladrones, violadores, asaltadores y timadores de varias clases (las actividades de estos últimos son equivalentes a robos). Las acciones de todos estos tipos de gente representan el uso de la fuerza física, que consiste en hacer físicamente algo con la propiedad privada de la persona o con la persona misma en contra de su voluntad. Cuando el gobierno utiliza la fuerza contra estos malhechores, sus acciones representan el uso de la fuerza física en defensa o represalia, en nombre de las víctimas inocentes.
 
El uso de la fuerza por parte del gobierno en dichos casos, siempre y cuando no sea excesivo, es enteramente apropiado. En esencia, es el mismo uso de la fuerza que utilizaban los Sheriffs y los Marshalls de los Estados unidos, que se veían en las películas del salvaje oeste contra los ladrones de bancos, de ganado, etc. La diferencia entre el uso de la fuerza en defensa o como represalia y el inicio de la fuerza es esencial para distinguir a los buenos y los malos de esas películas del oeste. Esta es la diferencia en el uso de la fuerza entre un ladrón de banco y un vigilante del banco, y entre un secuestrador y los rescatadores del secuestrado.
 
Es el mismo principio el que se aplica a las fuerzas armadas de un determinado país. El uso de la fuerza es legítimo mientras se use en defensa o represalias contra la agresión externa.
 
El uso de la fuerza por represalias o de manera defensiva, no constituye intervencionismo. En esos casos, el gobierno simplemente está haciendo el trabajo totalmente legítimo y limitado de proteger la propiedad privada y los derechos individuales contra el uso de la fuerza física. El concepto de intervencionismo se aplica únicamente a casos en los que el gobierno no utiliza la fuerza en defensa o represalia, sino como el agresor, es decir, que usa la fuerza contra gente que no ha iniciado su uso.
 
Esto es lo que el gobierno hace siempre que prohíbe una relación contractual voluntaria, como el ofrecimiento y la aceptación de un precio o salario o productos o condiciones de trabajo entre dos partes que estiman que es beneficioso para ambos el ofrecer y aceptar dichos precios, salarios, etc. De la misma manera, el gobierno usa la fuerza física, cuando obliga a que una persona pague parte de su capital o ingresos, en contra de su voluntad, para el beneficio o sustento de otra, como es el caso de la financiación del bienestar público, las viviendas de protección oficial y la educación pública o algún supuesto beneficio para ella misma y que prefiere no pagar, como la seguridad social u otros seguros médicos.
 
Hasta aquí hemos tratado la naturaleza del intervencionismo. La política que consiste en evitar férreamente el intervencionismo es la política del laissez-faire, que se puede entender muy sencillamente como: si una acción no representa el inicio de la fuerza física, el gobierno debe mantenerse al margen, es decir, no intervenir.
 
Ahora debemos plantearnos la pregunta de cuál es el alcance del intervencionismo. Esta es una pregunta que está íntimamente relacionada con la pregunta de cuál es el coste del intervencionismo.
 
Un método para juzgar el alcance del intervencionismo, al menos como primera aproximación, es considerar los Departamentos Ministeriales Federales de los EEUU y de las numerosas agencias que existen, y juzgar cuántos de ellos quedarían y cuál sería su límite, si el principio de no iniciar el uso de la fuerza física y de eliminar todo intervencionismo guiara las acciones del gobierno, es decir, el principio del laissez-faire.
 
Actualmente, hay quince Ministerios: Agricultura, Comercio, Defensa, Educación, Energía, Sanidad y Servicios Sociales, Seguridad Interna, Vivienda y Desarrollo Urbano, Interior, Justicia, Trabajo, Estado, Transporte, Tesoro y Asuntos de Veteranos. Las más conocidas del alfabeto de las agencias son probablemente la IRS, la FRB y la FDIC, EPA, FDA, SEC, CFTC, NLRB, FTC, FCC, FERC, NRC, FAA, CAA, INS, OHSA, CPSC, NHTSA, EEOC, BATF, DEA, NIH, NASA, CIA, y el FBI (nota del traductor: iniciales de las agencias en inglés).
 
Si al gobierno se le restringiera el uso de la fuerza sólo para casos de defensa o represalias, los únicos ministerios que quedarían serían el de Justicia – para perseguir actos de inicio de la fuerza dentro del estado y los posibles actos de agresión por parte de gobiernos del estado- Defensa, Estado y Tesoro. Todos los demás serían eliminados. (Esta medida esencialmente reduciría el número de Ministerios a los cinco originales que existían con Washington. El Ministerio de Defensa incorporaría los que eran entonces y hasta 1948, Ministerios de Guerra y Marina).
 
Por supuesto, ni siquiera estos Ministerios continuarían tal y como están constituidos actualmente. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia perdería su Departamento Antimonopolio, y el del Tesoro la IRS que también se cerraría. El Ministerio de Defensa se reduciría para limitarse a defender el territorio de los Estados Unidos y abandonaría la misión de actuar como un policía mundial. El Ministerio de Estado dejaría de conceder ayudas externas.
 
En lo que se refiere al alfabeto de agencias, probablemente sólo el FBI sobreviviría, y su ámbito de investigación estaría limitado exclusivamente a los actos que implicaran el inicio de la fuerza física dentro de los límites o contra los Estados Unidos.
 
El alcance y también el coste del intervencionismo se puede juzgar considerando el actual presupuesto del Gobierno Federal y la magnitud de los gastos de los gobiernos estatales y locales. El Presupuesto Federal para el año fiscal 2003 prevé un desembolso Federal total de 2.140.000 millones de dólares. De esa suma sólo 364.600 millones están incluidos en la “Defensa Nacional”, 25.400 millones en “Defensa de la Patria”, y 18.300 millones en “Justicia”. Por las razones ya explicadas, estas sumas serían substancialmente inferiores bajo una política de laissez-faire. Pero incluso considerándolas a los niveles indicados, está claro que la apabullante mayoría de los gastos del gobierno, esto es, los 2.140.000 millones menos los 408.300 millones que se agrupan bajo estas tres partidas, son gastos que representan la intervención del gobierno, gastos que no existirían bajo el laissez-faire. Dichos gastos a nivel federal son claramente un exceso del 80% o probablemente cerca del 90% del total de los gastos Federales. La eliminación de este gasto haría posible la eliminación de los impuestos de sociedades, y los impuestos especiales que financian la Seguridad Social, Medicare y Medicaid.
 
La situación es esencialmente la misma con respecto a las administraciones estatales y locales. En el primer cuarto de este año el gasto local y estatal, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el propio Departamento de Análisis Económico, tenía un exceso de 1.410.000 millones de dólares sobre la tasa anual. De esta suma, no más del 15-20% estaba en la partida de “Seguridad y Orden Público”.
 
Ya que los estados y las administraciones locales reciben actualmente casi 313.000 millones de dólares de los fondos que se gastan del Gobierno Federal, y como esa suma ya está incluida en el gasto federal, el gasto total del gobierno que va a los individuos y empresas es de 3.237.000 millones en vez de 3.550.000 millones.
 
Para poner esta suma en perspectiva, se debe comparar con los ingresos que se obtienen, los llamados ingresos nacionales, que actualmente suponen unos 8.445.000 millones. Se debe aclarar que esta cifra está substancialmente inflada por las llamadas imputaciones, esto es, asignaciones monetarias a actividades económicas que no generan dinero. Un ejemplo de una imputación es el alquiler neto que supuestamente perciben los dueños de las casas cuando se alquilan sus hogares a sí mismos. Si se quitan estas imputaciones los ingresos nacionales se reducen considerablemente, probablemente un 10%, lo que los pondría aproximadamente en 7.600.000 millones.
 
De hecho, esta cifra debe reducirse significativamente aún más. Los ingresos nacionales incluyen aproximadamente 1.028.000 millones de sueldos y salarios pagados a los funcionarios. Para evaluar el impacto de los gastos del gobierno en los contribuyentes, que deben pagar por ello, la mayoría de estos sueldos deben ser deducidos de la cifra de los ingresos nacionales – todos ellos excepto la parte de ellos que son impuestos que no es más de un tercio a lo sumo. De esta forma hemos ajustado la cifra a aproximadamente 6.911.000 millones, que supone una sustracción de 689.000 millones de salarios de funcionarios después de impuestos. De esto, uno debe también restar aproximadamente 218.000 millones de intereses netos pagados por el Gobierno Federal, que se incluyen en los ingresos nacionales. Una vez hecho esto, los ingresos nacionales que caen en las manos de los contribuyentes, encima de los cuales se apoya el peso del gobierno, es de 6.693.000 millones. Es esta la cifra con la que se debe juzgar el impacto de los 3.237.000 millones de gastos del gobierno. Como porcentaje de esta cifra, el gasto del gobierno supone aproximadamente el 48%. Esta es una carga enorme, que es mucho más alta de lo que se dice normalmente.
 
Pero esta no es ni mucho menos toda la historia. Esta es sólo una medida del coste directo del gasto del gobierno. Lo que el gobierno hace con el dinero que se gasta puede suponer costes adicionales. Por ejemplo, el presupuesto federal para este año lista un desembolso de 7.600 millones de dólares como partida para la Agencia de Protección Medioambiental, que se encarga de hacer cumplir y aplicar la legislación medioambiental y promulgar toda clase de regulaciones nuevas y adicionales que se enmarcan dentro de la legislación. Esta agencia es la que decide qué estándares en el aire y en el agua se deben cumplir, y cuáles son las especies en peligro de extinción. El uso de los millones de dólares que tiene como presupuesto ha servido indudablemente para imponer centenas de miles de millones y posiblemente billones de dólares en gastos adicionales a las empresas y a los consumidores a lo largo del país.
 
De hecho, se debe asumir que estos costes indirectos son el resultado de todas las agencias reguladoras. Como consecuencia de la OSHA, la Administración de Salud Ocupacional y Seguridad, CSPC la Comisión de Seguridad de Productos y la NTSB, la Agencia de Seguridad de Transporte, los precios de los productos de consumo se han incrementado significativamente para cumplir con los requisitos de seguridad que dicta el gobierno. La FDA – Administración de Alimentos y Medicamentos – añade a los costes de los nuevos medicamentos los retardos que considere necesarios a su introducción. De hecho, provoca que gente sufra y muera innecesariamente impidiendo la introducción de nuevos medicamentos que han probado su eficacia durante muchos años en otros países. La FTC, Comisión Federal de Comercio junto con el Departamento Antimonopolio del Ministerio de Justicia, impide de forma rutinaria que las empresas consigan mayores economías prohibiendo que se lleven a cabo fusiones que podrían reducir costes y por tanto precios. La NLRB el Consejo de Relaciones del Trabajo, también encarece de manera rutinaria los costes y los precios obligando al regateo con los sindicatos de trabajadores y por tanto el pago de los salarios que demandan y la aceptación de las reglas de trabajo que dictan. Por supuesto, al mismo tiempo, fomenta el desempleo, porque para salarios más altos que impone, la cantidad de trabajo demandada es menor que en comparación con lo que sería en un mercado de trabajo libre. Y quizás lo peor de todo es que la Comisión de la Reserva Federal sistemáticamente infla el suministro de dinero en el país, causando por tanto todos los graves problemas que resultan de la inflación, incluyendo recesiones periódicas y la posibilidad de una deflación seria y de depresión.
 
Estos costes extraordinarios representan la naturaleza misma del intervencionismo. Como hemos visto, mientras hay intervencionismo, se prohíbe a los individuos realizar acciones pacíficas que estiman que van en su propio interés, y se les obliga a realizar acciones que van en contra de sus intereses. Una variedad importante de acciones que los individuos juzgan que van en su propio interés son aquellas que hacen posible que consigan mejores resultados y menores costes. Las acciones que tratan de evitar son aquellas con las que consiguen resultados más pobres e incurren en mayores costes. Impidiendo que los individuos hagan lo que va en su propio interés y obligando a que hagan lo que van en contra de su interés, no es sorprendente que el intervencionismo logre contener el progreso y aumentar los costes.
 
Creo que el coste creciente del intervencionismo es el responsable de que aparte de la contribución de las mujeres trabajando más, los ingresos reales de gran cantidad de familias en los Estados Unidos, han sido estacionarios o incluso han bajado en los últimos treinta años o más.
 
Un vicio capital del intervencionismo es que tiende a crecer. En palabras de Mises “Intervención anterior engendra intervención posterior.” Por ejemplo, el gobierno impone controles en el precio del alquiler. El resultado es que los inversores privados no quieren construir vivienda de alquiler, porque no es rentable. En lugar de revocar los controles en el precio del alquiler, el gobierno se embarca en la tarea de construir vivienda de protección oficial, y asegura que el mercado libre ha fracasado.
 
O impone regulación en las tarifas ferroviarias y al mismo tiempo infla la oferta de dinero, obliga a las compañías ferroviarias a tratar con los sindicatos y da enormes subsidios para la construcción de autopistas. El resultado: falta de rentabilidad en la industria ferroviaria, inversiones decrecientes y peor calidad de servicio, la suma de todo es otro supuesto fallo del mercado libre y consecuentemente otra supuesta necesidad de nacionalizar otra industria.
 
El mismo patrón se está repitiendo con respecto a las empresas privadas de electricidad, cuyas tarifas están controladas, mientras la inflación eleva sus costes y se les prohíbe construir instalaciones adicionales para cubrir el crecimiento en la demanda, y a las que luego se les culpa de las carencias de energía.
 
O el gobierno impone un salario mínimo y una legislación favorable a los sindicatos, subiendo el precio de mercado de los trabajadores y generando paro. Luego se producen grandes quejas alegando que el capitalismo sufre un problema endémico de desempleo, y necesita un sistema de bienestar público y programas gubernamentales de creación de empleo.
 
O el gobierno impone licencias médicas, que mantienen baja la oferta de médicos e incrementa las tarifas artificialmente, haciendo que ciertos servicios estén fuera del alcance de gente que de otra manera se lo podría permitir. Entonces, en un esfuerzo por aliviar este problema, fomenta los así llamados seguros médicos financiados por la empresa, que tienen el efecto de hacer que el coste de los servicios médicos parezcan gratis para grandes cantidades de trabajadores. Este es un sistema que debe ser entendido no como una clase cualquiera de seguro, sino como una colectivización de los costes de los servicios médicos. Debido a la falta de coste de los servicios médicos para el individuo en este tipo de plan, la demanda tiende a crecer sin límite.
 
Los médicos tratan de aprovecharse del sistema ordenando más y más exámenes y procedimientos que, pudiendo resultar en beneficio de los pacientes, no los habrían ordenado si supieran que son los mismos pacientes lo que tienen que correr con los gastos sin poder permitírselos. En poco tiempo, los médicos se exponen a demandas por negligencia por no ordenar dichos exámenes e incluso por tener en cuenta la situación financiera de los pacientes. Empiezan a practicar “medicina defensiva”, pidiendo más y más exámenes para protegerse ellos mismos de dichas demandas. Las pólizas de seguros por negligencia crecen más y más.
 
En este proceso, el coste de la atención sanitaria se eleva fuera del alcance de más y más gente que no tiene lo que se denomina “seguro” médico. Para arreglar este problema, el gobierno establece los programas de “Medicare” y “Medicaid”. El efecto de estos programas es el de aumentar aún más los costes de la asistencia sanitaria y el de llevar a la ruina a cualquiera que esté fuera del sistema de “seguro” médico y que necesite algún tipo de servicios médicos.
 
Finalmente, para limitar la subida en los costes, el gobierno toma más y más control sobre lo que los médicos y los hospitales pueden hacer y cómo lo hacen. Ese es el estado en el que estamos hoy en cuanto a asistencia sanitaria.
 
Además del coste económico, se debe notar que muchas, si no todas las agencias administrativas que llevan a cabo los programas intervencionistas violan de manera rutinaria las protecciones básicas de la ley anglosajona. Esto es porque en ellas se mezcla el papel de legislador, ejecutor, fiscal, juez y jurado. Las regulaciones que promulgan se publican en el Registro Federal y se añaden al Código de Regulaciones Federales, que ahora contiene varias decenas de millares de páginas. Las regulaciones tienen carácter de ley y son muchas veces ininteligibles, vagas, arbitrarias y contradictorias.
 
Sería un volumen muy valioso, o mejor una serie de volúmenes si se pudiera escribir una obra titulada quizás “Sopa de letras o el coste y las consecuencias de las regulaciones federales” que describiría en detalle el daño hecho por cada una de las agencias administrativas y cada consejo de ministros. Naturalmente, se debería hacer lo mismo a nivel estatal y local.
 
Tal proyecto debería tratar, por supuesto, los fundamentos intelectuales del intervencionismo, esto es, las ideas y argumentos, las doctrinas y las teorías que subyacen en cada caso y cuyas raíces intelectuales están en los escritos de futuras tales como Marx, Keynes, Robinson y Chamberlin.
 
El papel de Marx es especialmente destacable. Es en su teoría de la explotación donde subyace el supuesto que el intervencionismo no tiene ningún coste para nadie excepto para los “explotadores” capitalistas; que de alguna manera sale del “valor sobrante” o de los beneficios. Esta noción de que la intervención del gobierno no tiene ningún coste para los supuestos beneficiarios se refuerza poderosamente por la capacidad del gobierno de crear dinero, que hace que los gastos parezca que no tienen coste para los ciudadanos, a los que no les suben los impuestos inmediatamente para pagar el gasto cuando ese gasto se puede pagar con el nuevo dinero creado.
 
El objetivo último de este proyecto, sería nada menos que la eliminación de toda la intervención del gobierno y por tanto la consecución de una sociedad completamente libre, más próspera y que progresa más rápidamente que la sociedad que tenemos hoy. Su principal inspiración son las obras de Ludwig von Mises, cuya lectura detallada y estudio por parte de expertos sería el prerrequisito más importante para su consecución.
 
En estas líneas, quizás como una sección de Introducción a una tarea de tal calibre, me gustaría ofrecer lo que creo que sería un programa pro-mercado y anti-pobreza. Esto es, un programa para mitigar la pobreza pero no a través de una mayor intervención gubernamental, que ha sido la forma estándar durante tanto tiempo que la gente ha perdido la capacidad de imaginar una alternativa, sino a través de un rechazo de la intervención del gobierno y el correspondiente crecimiento de la esfera de la libertad económica.
 
Me gustaría explicar qué clases de cosas se deberían hacer, basándose en el principio de abolir la intervención del gobierno y ampliar la libertad económica para hacer posible que los trabajadores que cobran poco puedan ganar más dinero del que ganan ahora y se queden con más dinero de sus ingresos, y también qué cosas se deberían hacer basándose en el mismo principio, para hacer que la gente pobre se pudiera permitir asistencia sanitaria, vivienda y bienes en general. Basándose en una combinación de salarios mayores y menores precios, se puede reducir la pobreza en gran medida, si no eliminarla completamente.
 
Para incrementar los salarios de la gente pobre, la primera cosa que se debe hacer es abolir las leyes que les impiden trabajar y, por tanto, ganar dinero. El ejemplo más claro de este tipo de leyes es la ley del salario mínimo, que hace que la gente se quede en el paro y les priva de una fuente de ingresos que podría ser suya si trabajaran y de la oportunidad de ganar experiencia y desarrollar posiblemente habilidades que les permitirían realizar un trabajo de más valor y, por tanto, ganar más de lo que actualmente ganan.
 
La abolición de la ley del salario mínimo y el consiguiente empleo de más trabajadores a menores sueldos serviría para reducir los costes de producción y para incrementar la oferta de bienes y servicios producidos por el sistema económico, ambas consecuencias contribuirían a reducir los precios. La gente pobre que estaba antes en el paro ganaría más dinero y sería capaz de comprar bienes y servicios a precios menores de los que había antes.
 
Por supuesto, esa gente pobre que tenía la suerte de tener empleo con salario mínimo, estaría ganado un sueldo menor. Hasta cierto punto, esa reducción en sueldo sería compensada por los menores precios, que serían consecuencia de eliminar la ley del salario mínimo, como hemos visto. Si estos precios menores no compensaran la reducción de salario, el mercado libre tiene un remedio por medio del rechazo de las leyes pro-sindicalistas y de las leyes de licencias.
 
Dicha legislación es en esencia muy parecida a las leyes del salario mínimo. Es una ley de salario mínimo para trabajadores semi-cualificados y cualificados. Al igual que la ley del salario mínimo su objetivo es imponer por la fuerza unos sueldos por encima del nivel que un mercado de trabajo libre fijaría. También, al igual que la ley del salario mínimo, reduce la cantidad mano de obra demandada a un nivel por debajo de la oferta disponible y por tanto provoca desempleo.
 
La única diferencia es que los trabajadores en paro, en estos casos no son privados completamente de su empleo. Tienen posibilidades de trabajo alternativas. Destituidos de los trabajos que tendrían en un mercado de trabajo libre, pueden acudir a otros trabajos menos deseables. Por ejemplo, carpinteros, electricistas y fontaneros en paro pueden buscar trabajo en fábricas, restaurantes y otros establecimientos. Su entrada en estas líneas de trabajo, sin embargo, sirve para aumentar la oferta de mano de obra. Esta mayor oferta de trabajadores solamente puede ser empleada con salarios más bajos de los que hubiera habido en ausencia de dicha entrada de trabajadores.
 
Hasta este punto, se debe observar que el efecto de la legislación de licencias y pro-sindicalista, es el de incrementar los salarios de ciertos trabajadores a costa de reducir los salarios de otros trabajadores y al mismo tiempo, reducir la oferta de bienes y servicios de mayor valor y aumentando la oferta de bienes y servicios de menor valor en el sistema económico. El efecto es equivalente a la destrucción de una parte de las habilidades y capacidades humanas.
 
Si los salarios de las líneas de trabajo a las que van los trabajadores desplazados no pueden bajar, porque esas líneas están también sindicalizadas, los trabajadores desplazados podrían todavía encontrar trabajo mientras sus habilidades relativamente superiores les permitieran competir en mejor posición con otros trabajadores menos cualificados en esas líneas. En dichos casos, hay un desplazamiento de mano de obra hacia trabajos menos deseables. El proceso de desplazamiento puede atravesar varias etapas. Una ley de salario mínimo hace que acabe en paro puro y duro, y que los menos cualificados sufran las consecuencias más duras.
 
Rechazando las leyes pro-sindicalistas y de licencias al mismo tiempo que la ley del mínimo empleo invertiría este proceso. Al mismo tiempo que los trabajadores anteriormente en paro entran en el mercado de trabajo por la parte baja, otros que estuvieran en esa posición la dejarían, para moverse hacia arriba, hacia puestos de trabajo de más alto nivel para los cuales estarían cualificados por sus habilidades y de los cuales habrían sido excluidos por las leyes pro-sindicalistas y de licencias. El resultado sería que los salarios en los niveles más bajos no tendrían que caer tanto como lo habrían hecho si la ley de salario mínimo hubiera sido rechazada.
 
En dichas circunstancias, había un incremento en la oferta de mano de obra en todos los niveles de habilidades y capacidades en el sistema económico, una caída en los salarios y en los costes de producción y un incremento de los bienes y servicios acompañados por una caída en los precios.
 
Los mayores beneficiados por este proceso serían los pobres, especialmente aquellos que previamente estaban en el paro. Estarían trabajando con un salario resultado de la mínima bajada posible en el nivel de sueldos, pero esa bajada en los salarios le los pobres que tienen la suerte de estar trabajando estaría acompañada de una bajada en precios casi mayor.
 
La caída de precios no sólo sería mayor en el caso de los salarios de las clases más pobres sino también en los salarios medios. Esto se sobreentiende del hecho de que la mano de obra empleada no sólo es mayor pero también está siendo empleada de forma que se aprovechan mejor sus habilidades y capacidades, esto es, de manera que la productividad es mayor.
 
El aumento en productividad se manifiesta en parte con el crecimiento de la producción de los bienes más valorados a expensas la producción de los bienes menos valorados. Esto implica un incremento de la oferta de productos mayor que la oferta de mano de obra empleada y por tanto, si la demanda monetaria por trabajo y productos se mantiene estable, la caída en los precios de los productos será mayor que la caída en los salarios.
 
El incremento en la productividad de la mano de obra y el consiguiente incremento en la oferta de productos en mayor proporción que el incremento en la oferta de mano de obra y por tanto la caída en los precios de los productos en mayor proporción que la caída en salarios resulta de la abolición de la legislación pro-sindicalista. Esta legislación permite a los sindicatos la prohibición o el retraso en la introducción de maquinaria que ahorre mano de obra, para evitar o minimizar la competencia entre trabajadores y parar imponer costosas y arbitrarias reglas de trabajo y monstruosas prácticas de sobre-contratación, suponiendo todo esto una menor productividad de la mano de obra y por tanto una menor oferta de productos relativa a la oferta de mano de obra y por tanto un mayor precio de los productos mayor relativa a los salarios. Eliminando esta interferencia los precios bajarían con relación a los salarios, es decir, los salarios reales se incrementarían.
 
Además, y esto es muy importante, el final del paro masivo que se conseguiría en un mercado de trabajo libre serviría para incrementar los salarios reales eliminando la carga de mantener a los desempleados los trabajadores tienen que soportar, bien a través de contribuciones voluntarias para mantener a amigos o familiares o a través de los impuestos para mantener la compensación de desempleo y el bienestar público.
 
Otra fuente adicional para incrementar los salarios reales sería la abolición de los programas del gobierno de Seguridad Social y Ayuda Médica. Esto tendría el potencial de incrementar directamente lo que los trabajadores se llevan a casa de sus salarios en un 15 %, siempre y cuando las así llamadas contribuciones de la empresa para estos programas que ya son parte de los costes de mano de obra para el empresario se pasaran a los trabajadores en forma de salarios netos mayores.
 
Un incremento adicional en los salarios netos se conseguiría si a los trabajadores se les diera la opción de salirse de los programas de seguro médico financiados por la empresa y esas contribuciones se les dieran a los trabajadores directamente, como salario neto en vez de ser beneficios libres de impuestos. Este cambio, como mostraré más adelante, es un paso importante para hacer posible una reducción drástica del coste de la atención sanitaria.
 
Si el intervencionismo no se elimina de la manera que he descrito, o en otras maneras no descritas aquí o al menos no se reduce substancialmente, entonces sería necesario centrarse especialmente en la eliminación de las restricciones que pesan sobre los trabajadores en otros aspectos. Mientras que en una economía libre es posible que los salarios reales crezcan a niveles mayores y por tanto reducir progresivamente la cantidad de trabajo necesaria para conseguir un determinado nivel de vida, es decir, reducir al mismo tiempo las horas de trabajo y la edad a la que se empieza a trabajar, un sistema económico caracterizado por la intervención del gobierno requiere que el resultado sea opuesto si las personas no se quieren empobrecer totalmente. Esto es, requiere que las personas trabajen más horas y empiecen a trabajar a una edad menor, para producir lo suficiente para conseguir cubrir las voraces demandas del gobierno y sus propias necesidades vitales. En otras palabras, para evitar que el intervencionismo lleve a cantidades crecientes de personas a la más abyecta pobreza, se necesita que en un determinado momento se rechacen las leyes contra el trabajo infantil y las jornadas máximas de trabajo.
 
Las leyes de jornadas máximas de trabajo y de trabajo infantil son las vacas sagradas del intervencionismo, porque generalmente se cree que la cantidad de trabajo que los trabajadores ponen afecta a los beneficios de los empresarios en vez de a los salarios de los trabajadores. La base de esta idea está en la teoría de la explotación de Marx, que sostiene que los salarios en un mercado de trabajo libre están determinados por la cantidad de horas de trabajo necesarias para producir los medios de subsistencia del trabajador y que las horas de trabajo adicionales sirven para incrementar los beneficios del empresario. Basados en esta idea completamente errónea, la gente cree que la obligatoria reducción de la jornada de trabajo sirve meramente para reducir los beneficios y no los salarios y que la prohibición del trabajo infantil tiene exactamente el mismo efecto.
 
Por supuesto, la verdad es que los salarios no están determinados por los medios de subsistencia mínimos sino por la demanda y oferta de mano de obra. Y mientras una mayor oferta de mano de obra sirve para reducir los salarios por hora, su rendimiento también incrementa la oferta de bienes para los consumidores y reduce los precios de estos bienes. Asumiendo que las demandas de mano de obra y de bienes se mantienen constantes, y una producción constante por unidad de mano de obra, la caída media en los salarios por hora, debe estar acompañada por la correspondiente caída en los precios de los bienes. A debido a que los trabajadores que trabajan horas extra son capaces de compensar la caída en los sueldos por horas, se benefician del trabajo extra en forma de precios menores en los bienes que compran.
 
En otras palabras, unas jornadas de trabajo mayores y una edad de trabajo menor sirve para incrementar los salarios reales y por tanto, una jornada de trabajo menor y una edad más alta sirve para reducir los salarios reales. En un mercado libre, el incremento progresivo en la producción por unidad de trabajo – la productividad de la mano de obra – que es posible por el trabajo de científicos, inventores y los empresarios y capitalistas, hace posible una caída progresiva en los precios con relación a los salarios y por tanto un incremento progresivo en los salarios reales. Es esto lo que permite la progresiva reducción de la jornada de trabajo y la eliminación del trabajo infantil que caracteriza un mercado libre. Por el contrario, la creciente intervención del gobierno invierte este proceso. Y entonces, debido a la imperante ignorancia de la economía, mientras los intervencionistas se llevan la gloria inmerecida por la reducción de las jornadas de trabajo y la eliminación del trabajo infantil, los abanderados de la libertad económica son criticados injustamente por promover la eliminación de dicha legislación para evitar las consecuencias desastrosas del creciente intervencionismo.
 
Mi discusión sobre las maneras de incrementar los ingresos monetarios de la gente pobre ha estado entrelazada con discusiones acerca de los precios que se deben pagar y qué cosas contribuirían a reducir dichos precios. Esto es inevitable porque los salarios reales están determinados por los precios tanto como por su cantidad monetaria, y por tanto no hay manera lógica de discutir salarios sin discutir precios.
 
Ahora quiero indicar las principales vías en las que los precios o coste que la gente pobre tiene que pagar se podrían reducir por medio de la reducción de la intervención del gobierno. Por supuesto, esta reducción de los costes beneficiaría a cualquiera que comprara estos bienes y servicios.
 
Empecemos con la asistencia médica. Ya he dicho que un gran paso para reducir radicalmente el coste de la asistencia médica sería que las contribuciones que hacen las empresas como seguro médico se pagaran directamente a los trabajadores en forma de ingresos libres de impuesto. Haciendo que los individuos sean responsables financieros de su propia asistencia médica produciría que se estos se resistieran en gran medida a incrementar los costes médicos y al mismo tiempo introduciría presión para bajar dichos costes.
 
Para bajar los precios absurdamente inflados del sistema actual, también sería necesario ampliar la esfera de la libertad económica de otras maneras. Una forma fundamental de hacerlo sería la de establecer libertad de competencia entre los hospitales. Incluso sin eliminar el restrictivo sistema actual de licencias, si fuera posible que por ejemplo tres médicos con licencia establecieran su propio hospital, y se especializaran en cualquier rama que quisieran, desde simples anginas o apendicitis a operaciones coronarias de cuádruple bypass o tumores cerebrales, los precios de hospitalización se reducirían drásticamente.
 
Esto es debido a que los precios actuales de 2000 dólares al día exceden en gran medida los costes de proveer los servicios hospitalarios. La competencia hospitalaria reduciría los costes hasta el punto de que cubrieran los costes y rindieran una tasa de beneficio suficiente. También operaría para reducir progresivamente dichos costes mientras se mejora la calidad de los servicios que se ofrecen, tal y como ocurre a lo largo y ancho del sistema económico. Se podrían eliminar todos los costes del papeleo innecesario y del cumplimiento de interminables regulaciones arbitrarias del gobierno, así como la necesidad de subvencionar a los pacientes que no paguen.
 
Un requerimiento esencial para reducir los costes sería respetar la libertad de los pacientes y de los hospitales de salirse de los estándares de negligencia que se han desarrollado en las últimas décadas y de guiarse por estándares anteriores mucho más razonables. La misma libertad de contrato en los estándares de negligencia se podría aplicar a la relación entre el médico y el paciente y todas las leyes y regulaciones del gobierno que impiden que los médicos ofrezcan descuentos a pacientes que no están asegurados deberían abolirse. Sería tremendamente útil el permitir que los médicos no declararan los ingresos de los pacientes que no están asegurados en la declaración de la renta.
 
Estas medidas harían que los individuos que eligieran recibir el dinero del seguro médico que pagan las empresas como sueldo neto, se pudieran permitir el coste de la asistencia médica.
 
Ahora centrémonos en el coste de la vivienda y como se podría reducir para beneficiar a la gente más pobre. Las leyes y regulaciones que imponen estándares mínimos de vivienda, tales como las que afectan al tamaño mínimo de los apartamentos y el área mínima de las ventanas tienen el efecto de imponer estándares que muchas veces son más altos de los que la gente pobre se puede permitir. Son comparables a una ley que en nombre de la seguridad o la reducción de la contaminación prohibiera circular por las calles y las autopistas a vehículos con más de ciertos años. Precisamente los vehículos más viejos son los más baratos y son los que la gente pobre se puede permitir. El efecto que dicha ley tendría en la gente más pobre es el de prohibirles conducir. De la misma manera, las leyes que prohíben viviendas de calidades más bajas, que son la gente pobre se puede permitir, sirven para privarles de vivienda. Las leyes y regulaciones que prohíben que adultos sin ningún tipo de relación compartan vivienda tienen exactamente el mismo efecto. Estoy convencido que todas esas leyes y regulaciones son las responsable del fenómeno de los “sin-techo”.
 
La prohibición de construir en ciertos terrenos por regulaciones medioambientales hace que el terreno sea más escaso y más caro y por tanto, contribuye a subir el precio de la vivienda. Las leyes de zonas que limitan la altura de los edificios e incrementan arbitrariamente el tamaño de las parcelas tienen el mismo efecto. Los códigos de seguridad en la construcción impuestos por el gobierno, los retrasos en los permisos de construcción, y las leyes y regulaciones que apoyan los salarios más altos y las prácticas restrictivas de los sindicatos también sirven para aumentar el precio de la vivienda, al igual que lo hacen los impuestos sobre la propiedad y todo lo que obstaculice el ahorro. (El ahorro es la base de la construcción en la vivienda y de las hipotecas. Cuanto mayor sea la oferta de ahorro en relación con la demanda de bienes, menores serán los tipos de interés, incluidas las hipotecas, y por tanto menor será el coste de la vivienda, incluida la vivienda de alquiler. Más adelante, hablaré un poco acerca de cómo la intervención del gobierno socava el ahorro y la acumulación de capital a lo largo y ancho del sistema económico).
 
Las tarifas proteccionistas y los subsidios agrícolas se deben mencionar también como causas de que los precios sean mayores y por tanto de que los salarios reales sean menores de lo que deberían ser. Ya que los pobres son los que menos se pueden permitir una reducción el los salarios reales, son las principales víctimas. Los pobres son las principales víctimas de la intervención del gobierno en general, porque son los que menos se pueden permitir pagar el coste de las ineficiencias que derivan en costes y precios mayores.
 
Y esto me lleva a un tema más amplio. A saber, se debe entender que la principal forma, la única forma significativa para eliminar la pobreza es aumentar la productividad de la mano de obra. Esto es lo que hace que los sueldos reales se incrementen, aumentando la oferta de bienes y servicios en relación a la oferta de mano de obra y por consiguiente, reduciendo los precios en relación con los salarios.
 
El incremento en productividad de la mano de obra se basa en la acumulación de capital. La acumulación de capital es lo que pone en las manos del trabajador medio las herramientas, la maquinaria, los materiales y los bienes manufacturados de todas clases que hacen posible un aumento en la productividad. La acumulación de capital está basada en sí misma, en la combinación de un nivel suficiente de ahorro y provisión del consumo futuro en relación con el actual, y en el progreso científico y tecnológico. Hace posible la progresiva adopción de tecnologías más avanzadas y se apoya en dicha adopción, que hace posible la producción creciente de más y mejores productos incluyendo futuros bienes de producción.
 
Un aspecto clave del ahorro y de la provisión del consumo futuro en relación con el actual es que determina la demanda de mano de obra en relación con la demanda de bienes de consumo y por tanto el nivel de los salarios en relación con los beneficios. Cuanto mayor es el ahorro y la provisión del consumo futuro, mayores son los salarios con relación a los beneficios.
 
Más profundo todavía que el ahorro, la acumulación de capital y el progreso científico y tecnológico es la libertad económica con respecto a los derechos de propiedad. La seguridad de la propiedad es esencial para que la gente ahorre e invierta. Para ahorrar e invertir, la gente debe saber que lo que invierten y ahorran será suyo y que no va a ser requisado por el gobierno o por otros individuos. La libertad económica es indispensable para la acumulación de capital y el progreso económico porque es la condición previa para que empresarios y capitalistas inviertan, ahorren y hagan el uso más eficiente de los medios de producción. Cuanto mayor sea el producto obtenido con los medios de producción existentes, no sólo es mayor la cantidad de bienes de consumo sino también la cantidad de bienes de producción. El resultado de cualquier acumulación de capital o provisión para el futuro son mayores y por tanto la acumulación de capital es más fácil y mayor.
 
Los impuestos como el impuesto progresivo de la renta, el impuesto de sociedades y el impuesto de herencia y de ganancias de capital perjudican la capacidad de acumular capital y ahorrar. Se pagan con fondos que se podrían haber dedicado al ahorro o se podían haber gastado productivamente, por ejemplo, se podrían haber gastado en bienes de producción o en mano de obra por parte de las empresas. Sin embargo, el dinero se lo gasta el gobierno, o aquellos a los que el gobierno se lo da, en bienes de consumo. El efecto de este proceso es el de reducir la demanda de bienes de producción en relación a los bienes de consumo y por tanto la producción de bienes de producción con relación a los bienes de consumo. Esta es una fórmula muy efectiva parar impedir la acumulación de capital.
 
El déficit de los presupuestos del gobierno, el sistema de seguridad social, y la oferta de dinero inflada producen efectos negativos simulares en la acumulación de capital. El déficit quita ahorro de las inversiones de las empresas y lo asigna a financiar el gasto de consumo del gobierno. El sistema seguridad social hace que los individuos ahorren menos, privándoles de los ingresos necesarios para ahorrar y haciéndoles creer que los impuestos que pagan sus empresas al sistema son ahorros para le futuro. Mientras tanto, el gobierno, consume dichos impuestos.
 
La oferta de dinero inflada, socava la acumulación de capital llevando a una exageración sistemática de los beneficios y de los ingresos por interés y produciendo un aumento de los impuestos sobre dichos ingresos, mientras que simultáneamente aumenta los precios de los bienes de producción. El resultado es que las empresas no tienen fondos suficientes. Al mismo tiempo, la exageración del beneficio y los ingresos por interés, causados por dicha oferta inflada, fomenta el consumo por parte de los individuos, a quienes se les hace creer que son más ricos por el mero hecho de que la inflación ha elevado sus ingresos y los precios de sus activos. La oferta de dinero inflada, socava la acumulación de capital de otras formas también y lo discutiré en “La economía de la inflación”.
 
El intervencionismo en todas sus formas sirve para minar la acumulación de capital, la productividad de la mano de obra y los salarios reales. Lo hace en la medida que sirve para reducir la producción del sistema económico, porque una gran parte de esa producción son bienes de producción, y por tanto no sólo reduce los bienes de consumo sino también los bienes de producción, y hace que la acumulación de capital sea difícil o imposible.
 
Como conclusión, el intervencionismo reduce el nivel de vida de todo el mundo pero su impacto es más brutal en los pobres que son los que menos se pueden permitir dicha reducción. Si uno quiere eliminar la pobreza, sólo hay una manera esencial de hacerlo y es la de establecer un sistema de libertad económica en su nivel más amplio, es decir, el establecimiento de laissez-faire.
 
El principio más general y fundamental es el de que toda prosperidad económica se basa en libertad económica.

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