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Kyoto

Por Alberto Illán Oviedo

No quiero extenderme en consideraciones técnicas y académicas sobre la verosimilitud de las bases científicas en la que se basa el Protocolo de Kyoto. El que haya leído el “Ecologista Escéptico” tendrá una idea clara de lo que los detractores dicen, el que haya hecho caso a las informaciones de las ONG’s ambientalistas tendrá una idea de lo que sus valedores defienden. Personalmente veo en los segundos unos defensores iluminados, basados en la fe y la manipulación torticera de los datos y en el primero un intento de racionalizar los datos que se poseen y alejarse de posiciones extremistas. Pero de cualquier manera, lo que supone Kyoto está aquí y negar la realidad y agarrarme a su ausencia de disciplina científica sería una estupidez. Lo que sí quiero hacer es dejar claro que es lo que yo creo que supone Kyoto para los españoles y de paso para los europeos.
 
 
Qué es Kyoto
 
Kyoto es un protocolo por el cual los países firmantes se comprometen a que sus gobiernos o sus parlamentos ratifiquen un tratado por el cual se limitarán las emisiones globales de dióxido de carbono y otros gases en una cantidad aparecida en el tratado en un periodo que llega hasta el 2012. En el caso español, para 2012 no deberá superar en un 15% el nivel de CO2 que emitía en 1990. Es decir que por cada 100 toneladas de CO2 emitidas en 1990, en 2012 no podrán emitir más de 115. El problema nacional es que ya hemos sobrepasado excesivamente esa cantidad llegando a más de 140 toneladas sobre esa base. Existen otras consideraciones de las que los publicistas de Kyoto no suelen informar. El 60% de esas emisiones se deben a los sectores de transporte, agricultura y residencial pero esos sectores no está sujetos a las limitaciones que impone Kyoto. Es decir, la disminución va a ser soportada en una primera aproximación por los sectores industrial y energético.
 
Kyoto se impone con la máxima del que contamina paga. Una vez establecida la cuota de contaminación para cada sector y para cada industria, por cada tonelada de más que se emita supondrá una multa que podrá llegar a los 100 euros. El gobierno es el que pone estos límites, es decir el gobierno y la burocracia de Bruselas disponen y el sector privado obedece; no debemos perder de vista este aspecto.
 
Sin embargo, no todo es tan rígido. Las empresas pueden, si ven que sus emisiones van a ser más altas de lo que preveían, comprar a otra empresa derechos de emisiones. Estas empresas oferentes estarían especulando con emisiones asignadas o con el exceso consecuencia de una mejora tecnológica. Se crea por tanto un negocio que es una mezcla entre un mercado de futuros y una bolsa de residuos. Evidentemente el precio deberá estar en todo caso por debajo de la multa correspondiente para que tenga sentido, por lo que actualmente se baraja un precio entre los 10 y los 20 euros. Existe la posibilidad de que estos intercambios se puedan establecer entre empresas de diferentes países e incluso entre los propios países, todo ello encaminado a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el CO2 a la cabeza. En el caso europeo, el mercado no es libre, habrá un organismo regulador centralizado y la forma de intercambio será electrónica, aunque no está nada claro si habrá un centro de negociación en cada estado o uno único para todo la UE. Hay que decir que no es algo nuevo ya que actualmente existe un ‘mercado gris de emisiones’, en el que se mueve muy poco volumen y no se sabe ni quién compra ni quién vende.
 
 
¿Qué nos supone Kyoto?
 
La ministra de medio ambiente ya ha establecido que las emisiones se reducirán en un 0,4% de 2005 a 2007 y la industria se reducirá en un 2,7% respecto al año 2002, es decir, 156,25 millones de toneladas de CO2 en promedio anual para 2005-2007. Todo ello llevará un incremento de las tarifas eléctricas para todos los clientes. Precisamente, para las eléctricas, la asignación prevista es de 264 millones de toneladas para el periodo, 88 al año, lo que supone un 6,4% menos respecto a la tendencia actual y un 3% menos frente a la media de emisiones entre 2000 y 2002.
 
Pero Kyoto supone mucho más que esto, supone un esfuerzo involuntario que aunque parezca que recae en las empresas terminará afectando a los ciudadanos en muchos aspectos, no sólo en el montante final de sus recibos. En primer lugar, al estar el 60% de las emisiones en sectores en los que Kyoto nada tiene que hacer, se exige un esfuerzo extra para el tejido industrial y energético. La industria se verá afectada de dos maneras. La primera es el incremento de lo que gastan en energía al subirles los precios, mientras que la segunda es que tendrán que elegir entre comprar derechos de emisión o hacer un esfuerzo en el cambio tecnológico. Ambas posibilidades significan o un incremento del precio del bien o servicio que ofrecen, con la consecuente bajada de la demanda, o una reducción de costes que perfectamente se puede reflejar en una regulación de empleo o en un caso extremo, la salida de la empresa de la zona, es decir la temida deslocalización a otro país donde Kyoto no se aplique. En cualquiera de los dos casos, el ciudadano será en última instancia la víctima. También es posible que las pequeñas industrias no puedan adaptarse y no les quede más remedio que cerrar. Todo ello independientemente del beneficio de la empresa que indudablemente se verá afectado al bajar los márgenes. El ahorro de energía puede ser una opción pero llegará un momento que ese ahorro sea máximo y aún así puede no ser suficiente.
 
En las empresas energéticas las consecuencias son diferentes pero igual de negativas. La limitación también les obliga a cambiar el sistema de generación a fuentes que generen menos CO2 o a la compra de derechos de emisión. En el caso de un cambio a sistemas menos contaminantes que suponen un esfuerzo inversor, teniendo en cuenta que el mercado está intervenido y el precio que paga el cliente no se corresponde con el coste de generación y distribución, el ciudadano tendrá que pagar más directamente o a través de mayores impuestos. O ambas cosas, que es lo que seguramente pasará. Si se cambian los medios de generación los problemas vendrán de cuál es el sistema elegido. Las energías ‘limpias’ no son rentables hoy por hoy y su uso supone ayudas y subvenciones, es decir, impuestos. La nuclear está vetada, así que la alternativa al carbón y a los derivados del petróleo está en el gas de los ciclos combinados. Además de los puestos de trabajo perdidos al cerrar las minas de carbón e, intuyo, las ayudas a los desempleados de la reconversión, se produce una situación en la que se pierde la diversidad y se pierde la visión geoestratégica. Se pierde la diversidad al depender principalmente de una fuente energética, el gas. Si se disparan los precios o disminuye la oferta, entraremos en una situación no deseada y peligrosa para nuestra economía. Pero además, al venir el gas del norte de África, la situación política de la zona puede crear crisis no apetecidas: un atentado, un cambio político o religioso en alguno de estos países y aunque los nuevos señores del gas tengan que venderlo para sobrevivir, ni España tiene porqué ser su nuevo destino o ni las condiciones del contrato mantenerse. La diversidad de fuentes minimizaría este riesgo al no depender de una situación política o económica concreta.
 
Y por último los ciudadanos. Ya se ha hablado de las consecuencias en el recibo y en sus impuestos, amén de las posibles pérdidas de puestos de trabajo por una peor marcha de la economía, pero es que en líneas generales los españoles incrementan el gasto de energía todos los años en un 5 al 10% respecto del anterior, según los datos aportados por REE. Tenemos que reducir el nivel de CO2 a niveles de 1999 con la demanda de 2007. No sé como vamos a hacer eso pero o paramos o incluso hacemos retroceder la economía española o mandamos a tomar viento a Kyoto y todo lo que supone o hacemos trampa y no se los decimos a nadie.

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